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Nº 198 - TOMO 413 - 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2002

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

45ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO Presidente en ejercicio

Y EL SEÑOR SENADOR DOCTOR RUBEN CORREA FREITAS Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO, ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y LA PROSECRETARIA SEÑORA EMMA ABDALA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley referido al derecho de conocimiento de la información de los organismos del Estado sobre las personas que habitan el país.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

5 y 14) Solicitudes de licencia

- Las formulan el señor Presidente del Cuerpo y el señor Senador Gallinal.

- Concedidas.

6 y 11) Reprogramación de depósitos bancarios. Minuta de comunicación

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar una Comunicación, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a los Directorios de los Bancos de la República Oriental del Uruguay e Hipotecario del Uruguay, para que conceda adelantos a los titulares de las cuentas a plazo fijo.

7, 9, 13 y 15) Reactivación de los sectores productivos y concreción de proyectos de inversión

- Proyecto de ley por el que se dictan normas al respecto.

-En consideración.

8 y 10) Extensión por ciento veinte días de la cobertura del Seguro por Desempleo de los trabajado-res de las Empresas HISUD S.A. y FIBRATEX S.A.

- Proyecto de ley por el que se amplía la cobertura de Seguro por Desempleo a los trabajadores de las mencionadas firmas.

- Por moción del señor Senador Michelini, se procede al repartido del proyecto de ley, y por moción del propio señor Senador el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial de Comercio

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Por moción del señor Senador Gargano, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Se levanta la sesión

- Por moción del señor Senador Pereyra, el Senado resuelve levantar la sesión y continuar el análisis del tema en debate el próximo lunes a partir de la hora 10, en régimen de cuarto intermedio.

1) TEXTO DE LA CITACION

Montevideo, 21 de agosto de 2002.

"La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana jueves 22, a la hora 9 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se dictan normas para la reactivación de los sectores productivos y se propicia la concreción de proyectos de inversión.

Carp. Nº 840/02 - Rep. Nº 507/02

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Borsari, Brause, Couriel, Dalmás, de Boismenu, Dini, Fau, Fernández Huidobro, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, el señor Presidente del Cuerpo y los señores Senadores Cid y Gallinal.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 6 minutos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley, por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender hasta por un plazo máximo de 120 días la cobertura del Seguro por Desempleo de las Empresas HISUD S.A y FIBRATEX S.A.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se modifican disposiciones relativas a la Ley de Cheques;

- por el que se designa ‘Doctor Aníbal Costa Estapé’ al Liceo de Río Branco, departamento de Cerro Largo;

- por el que se designa ‘Daniel Fernández Crespo’ la Escuela Nº 83 de la ciudad de San José de Mayo, del departamento de San José;

- por el que se modifican los artículos 432 y 1279 del Código Civil referidos a la incapacidad y a la curatela;

- por el que se establece como ‘Día del Cantor Nacional’ el 24 de junio de cada año;

- por el que se designa ‘Doctor Guillermo L. Ruggia’ el Instituto de Formación Docente de Fray Bentos, departamento de Río Negro;

- por el que designa ‘Dardo Salguero Dela Hanty’ la Escuela Nº 51 de la ciudad de San José de Mayo del departamento de San José;

- por el que se designa ‘Andresito’ al Liceo Nº 2 del departamento de Tacuarembó.

- TENGANSE PRESENTES Y ARCHIVENSE.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite documento con rectificaciones al ‘Informe 2001’ del Sistema de Distribución del Gasto correspondiente a la Rendición de Cuentas 2001.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES.

La Cámara de Representantes remite la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Sebastián Da Silva referidas a la Ley Nº 17. 523 que creó el Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario.

- TENGASE PRESENTE.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrito el 25 de mayo de 2000 en la ciudad de Nueva York;

- y por el que se aprueba el Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en la ciudad de Seatle, en los Estados Unidos de América, el 30 de noviembre de 1999.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN LA PROXIMA SESION ORDINARIA."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora Mónica Xavier y los señores Senadores Reinaldo Gargano, José Korzeniak y Manuel Núñez presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley referido al derecho al conocimiento de la información de los Organismos del Estado sobre las personas que habitan en el país.

- A LA COMISION DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN."

(Texto del proyecto presentado:)

"DERECHO AL CONOCIMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO SOBRE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL PAIS

EXPOSICION DE MOTIVOS

Siguiendo las tendencias más modernas en materia de derecho a la información, es necesario incorporar el instituto de ‘habeas data’ para los habitantes, posibilitando que la información recopilada especialmente en los ámbitos de ‘información e inteligencia’ pertenecientes a los Ministerios del Interior y Defensa Nacional sea susceptible de ser conocida por quienes estén interesados en la misma.

Por otra parte, se deben habilitar los mecanismos para que la documentación existente sea desclasificada transcurrido un plazo de 25 años a partir de que es producida, a efectos de que la verdad histórica esté al alcance de todos los medios de comunicación.

Elementales razones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y al afianzamiento de la democracia han sido atendidas con leyes de contenidos similares en el derecho comparado. Las normas contenidas en este proyecto de ley contribuyen, de manera decisiva, a favor de estos valores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- A partir de la sanción de la presente ley, todo habitante tendrá derecho a acudir ante las autoridades encargadas de los servicios de información del Estado, sean dependencias del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, y solicitar que se les autorice a verificar los antecedentes a su nombre y consultarlos.

La autoridad respectiva estará obligada a suministrarlos de forma inmediata bajo pena de destitución.

Artículo 2º.- Los Ministerios referidos en el artículo anterior estarán obligados a desclasificar y poner a disposición de los medios de comunicación toda aquella información sobre personas o hechos políticos, sociales y económicos, calificada como secreta o reservada, una vez transcurridos 25 años de producidos los documentos que la recogen.

A partir de la promulgación de la presente ley se procederá a las desclasificación de toda la información del carácter mencionado recopilada entre los años 1939 y 1987.

Mónica Xavier, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Manuel Núñez, Senadores."

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente de la Asamblea General, don Luis Hierro López, solicita licencia por el día de la fecha."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Continúa ejerciendo el cargo el señor Senador Dini.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Gallinal solicita licencia los días 22 y 23 de los corrientes".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 21 de agosto de 2002

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

Por la presente le solicito licencia por los días jueves 22 y viernes 23 del mes en curso por motivos personales, y le ruego se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular saluda atentamente.

Dr. Francisco Gallinal Nieto, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, se convoca al suplente respectivo, señor Senador Borsari, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Borsari)

6) REPROGRAMACION DE DEPOSITOS BANCARIOS. MINUTA DE COMUNICACION

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: tenemos conocimiento de que existe un conjunto de solicitudes que se vienen tramitando ante el Banco de la República, en un número cercano a trescientas, todas ellas vinculadas con los plazos fijos reprogramados por la reciente Ley Nº 17.523. Estos depositantes a plazo fijo, cuyos depósitos fueron reprogramados al amparo del artículo 3º de la Ley que acabo de mencionar, solicitan, por razones estrictamente vinculadas con la salud, con emergencias sanitarias, con la compra de medicamentos realmente costosos, con tratamientos médicos ya estipulados y con determinadas operaciones quirúrgicas, el retiro en pequeñas cantidades a los efectos de lograr solucionar estos problemas. Lamentablemente, por lo que nos informa el Servicio Jurídico del Banco de la República, no se accedería a dichas solicitudes. Inclusive, tenemos en nuestro poder un informe de ese Servicio que niega el retiro total o parcial, aunque sea por razones de enfermedad, de los depósitos reprogramados. El espíritu de este Cuerpo cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario fue, fundamentalmente mediante el artículo 4º, establecer una cierta discrecionalidad de los Bancos de la República e Hipotecario. Por lo tanto, señor Presidente, nuestra aspiración, si es compartida por los demás integrantes del Senado, es enviar una nota de comunicación a los Directorios de los Bancos mencionados, solicitando que, por unanimidad y por razones excepcionales vinculadas con la salud, se permita proceder a retiros totales o parciales, en función de las demandas de estos depositantes, teniendo en cuenta los montos y las urgencias, que deben ser debidamente comprobadas. Reitero que solamente en el Banco de la República hay acumuladas 300 solicitudes en un total de 70.000 depositantes.

La minuta de comunicación expresaría lo siguiente: "Vista una serie de solicitudes que se han presentado en el Banco de la República, referidas a depósitos a plazo fijo reprogramados al amparo del artículo 3º de la Ley Nº 17.523, que plantean necesidades vinculadas a la salud, compra de medicamentos costosos, tratamientos médicos u otros similares, el Senado de la República solicita al Directorio del BROU y al Directorio del BHU:

Interpreten el artículo 4º de la Ley Nº 17.523, analizando cada carpeta en particular y por las razones anteriormente mencionadas, concediéndoles a los titulares de las mismas, adelantos de sus plazos fijos, en los montos que el Directorio del BROU o del BHU por unanimidad, entiendan necesario.

Montevideo, 21 de agosto de 2002."

Solamente quiero agregar que en la tarde de ayer conversamos sobre este tema con el señor Ministro de Economía y Finanzas, quien nos manifestó que iba a realizar los trámites correspondientes y que aceptaba una minuta de comunicación de esta naturaleza.

7) REACTIVACION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y CONCRECION DE PROYECTOS DE INVERSION

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración de su único punto: "Proyecto de ley por el que se dictan normas para la reactivación de los sectores productivos y se propicia la concreción de proyectos de inversión (Carp. Nº 840/02 - Rep. Nº 507/02. Anexo II)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 840/02

Rep. Nº 507/02

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Deporte y Juventud

Montevideo, 11 de julio de 2002.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de enviar a ese Alto Cuerpo el presente proyecto de ley que incluye un conjunto de normas destinadas a impulsar la reactivación de los sectores productivos y facilitar la presentación y desarrollo de proyectos de inversión, habilitando la pronta concreción de distintas iniciativas vinculadas a varios sectores de la actividad nacional.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las normas sustanciales refieren en síntesis a lo siguiente:

a. Se incluyen normas para fomentar la industria de la construcción, otorgándose una reducción del 50% en el total del Aporte Unificado de la Construcción a las obras privadas nuevas o a aquellas que reinicien su ejecución dentro de determinados plazos, exonerándose del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a ambas partes intervinientes en la compraventa de unidades de propiedad horizontal nuevas y exonerándose del Impuesto al Valor Agregado a los intereses de los préstamos destinados a la primera enajenación o promesa de enajenación de unidades de propiedad horizontal nuevas (artículo 1, 2 y 3).

b. Se dispone un régimen de facilidades de pago para aportes al Banco de Previsión Social, contemplando en forma primordial el cumplimiento del principio básico de la intangibilidad de los aportes personales y salvaguardando la rentabilidad correspondiente al trabajador (artículos 4 a 9).

c. Se comete al Poder Ejecutivo para que se simplifique y unifique los trámites a cumplir por quienes pretendan desarrollar nuevas inversiones, impulsando el sistema de ventanilla única (artículo 10).

d. Se regula el instituto de la iniciativa privada, como forma de estimular la presentación, evaluación y aprobación de proyectos (artículos 11 y 12).

e. Se proponen normas tendientes a viabilizar la rápida definición y ejecución de distintos proyectos de inversión: Aeropuerto Internacional de Carrasco (artículos 13 a 15), Megaconcesión (artículos 16 a 21), Depósitos de Arenas Negras (artículos 22 y 23), Terminal Polivalente de Nueva Palmira (artículo 24), Declaración de interés nacional de zonas turísticas (artículos 25 y 26) y Programas de obras públicas (artículos 37 a 44).

f. Se incluyen además algunas normas tendientes a precisar competencias (artículo 28), a regular la administración, reconocimiento y control de créditos derivados de trámites de exportación (artículos 29 a 34), a definir los aportes del personal embarcado de la Marina Mercante (artículo 36) y de aquéllos que trabajen en establecimientos rurales con actividades turísticas (artículo 45) y a regular el funcionamiento de la Comisión de Aplicación prevista en la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998.

Saludan al señor Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Gonzalo González, Mario Curbelo, Antonio Mercader, Luis Brezzo, Guillermo Valles, Alberto Bensión, Alvaro Alonso, Juan Bordaberry, CarlosCat, Alfonso Varela, Lucio Cáceres, Jaime Trobo, Guillermo Stirling.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º (Reducción de aportes a las obras privadas). Los propietarios de las obras privadas del sector de la construcción, que se construyan al amparo del régimen de propiedad horizontal o que hayan sido declaradas de interés turístico o nacional, que se inicien antes del 31 de diciembre de 2003 o que habiéndose iniciado antes y estando suspendidas por más de seis meses a esa fecha se reinicien dentro del plazo máximo referido, pagarán en concepto del Aporte Unificado de la Construcción previsto en el Decreto-Ley Nº 14.411, un 50% del monto total previsto en esa norma, conforme lo que determine la reglamentación.

El beneficio previsto en el inciso anterior regirá para los aportes devengados hasta el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 2º (Exoneración del Impuesto al Valor Agregado e intereses). Exonérese del Impuesto al Valor Agregado a los intereses de los préstamos destinados a la primera enajenación o promesa de enajenación de unidades de propiedad horizontal nuevas, concedidos por las instituciones de intermediación financiera comprendidas en el Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982.

Esta disposición regirá para préstamos otorgados dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

La exoneración se mantendrá en el caso en que se produzcan novaciones de deudas originadas en préstamos que hayan sido objeto del beneficio establecido en la presente disposición.

Artículo 3º (Exoneración de ITP). Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar un certificado de crédito por el monto resultante del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales establecido en el Título 19 del Texto Ordenado 1996 a la parte vendedora o promitente vendedora, por los actos referidos en los Literales A) y B) del artículo 1º del mismo, por la primera enajenación o promesa de enajenación de unidades de propiedad horizontal nuevas. Este crédito no será endosable y sólo se admitirá para compensar aportes del Banco de Previsión Social para construcción.

El beneficio se aplicará a la primera enajenación o promesa de enajenación que se otorgue antes del 31 de diciembre de 2003, facultándose al Poder Ejecutivo a extender dicho plazo.

Artículo 4º (Refinanciación de multas y recargos de aportes personales). Las empresas que sean deudoras de aportes personales por dependientes ante el Banco de Previsión Social, devengados al 31 de mayo de 2002, podrán cancelar sus deudas en la siguiente forma:

a) el monto de la obligación original se cancelará al contado.

b) en sustitución de las multas y recargos, se deberá pagar la rentabilidad que el monto a que refiere el literal anterior hubiera generado, entre la fecha de devengamiento de la obligación original y la del convenio. A tales efectos, la obligación original se convertirá a unidades reajustables del mes en que fue exigible y sobre esta base se aplicará la rentabilidad máxima del Mercado de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional.

c) La suma deducida según lo establecido en el literal precedente podrá cancelarse conforme a los mecanismos dispuestos en el inciso tercero del artículo 5º de la presente ley.

Artículo 5º. Creáse un régimen de facilidades de pago para los tributos que recaude el Banco de Previsión Social, devengados al 31 de mayo de 2002, excluidos los aportes personales por dependientes en los términos establecidos en el artículo precedente.

A los efectos del otorgamiento de estas facilidades se tomará el monto de la deuda original en unidades reajustables al momento en que se generó la obligación, adicionándole un interés igual al de la rentabilidad máxima del mercado de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, hasta la fecha de celebración del Convenio.

El monto resultante será pagadero en hasta 72 cuotas mensuales calculadas en unidades reajustables, más el 2% anual, hasta la extinción total de la obligación, con un período de gracia inicial de 6 meses contados a partir de la firma del convenio de refinanciación.

Artículo 6º. A los trabajadores no dependientes que regularicen su situación al amparo de la presente ley, les serán registrados sus servicios y asignaciones computables por los períodos y montos declarados, una vez canceladas totalmente las obligaciones convenidas, siempre que el contribuyente se encontrara registrado ante el Banco de Previsión Social a la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 7º. Los convenios suscritos al amparo del régimen de facilidades previsto por los artículos 4º y 5º de la presente ley, caducarán por la falta de pago de tres cuotas consecutivas del plan de financiación y/o la falta de tres meses de sus obligaciones corrientes.

En los casos referidos por el inciso precedente, se hará exigible el saldo de la deuda originaria convenida, con más los recargos que correspondieren de acuerdo al Art. 94 del Código Tributario hasta su efectiva cancelación.

Artículo 8º. La reglamentación podrá admitir la rehabilitación de las facilidades de pago referidas.

Artículo 9º. Los contribuyentes tendrán un plazo de 90 días a partir de la vigencia de la presente ley para ampararse al régimen de facilidades previsto en las normas precedentes.

Artículo 10 (Ventanilla única para trámites de inversores). Cométese al Poder Ejecutivo para que, con el asesoramiento del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE), establezca mecanismos que simplifiquen y unifiquen la tramitación de propuestas de inversión presentadas por parte del sector privado, con el objetivo de crear un único organismo que actúe como coordinador de las consultas y de los trámites que se deban cumplir ante cualquier oficina del Estado, propiciando la colaboración interinstitucional y la abreviación de los plazos y procedimientos.

El Poder Ejecutivo deberá disponer, cuando así corresponda, la creación de un organismo que funcione como ventanilla única para proyectos de inversión presentados por el sector privado, la supresión y/o fusión de aquellos organismos que tengan una competencia común o superpuesta y la eliminación de aquellos trámites innecesarios.

Artículo 11 (Iniciativa privada). Facúltase al Estado, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales a recibir iniciativas privadas a ser ejecutadas mediante concesión, sea a impulso de parte o mediante invitación de oficio.

A tal efecto, la reglamentación establecerá las condiciones y requisitos a ser cumplidos por la Administración y los particulares en relación con la presentación de iniciativas privadas y otorgamiento de concesiones u otros mecanismos en virtud de dicho régimen.

El procedimiento y los derechos de los promotores de la iniciativa se ajustarán a las siguientes bases:

a) En la fase de presentación de la iniciativa, el promotor asumirá los riesgos de su elaboración y no percibirá contraprestación alguna. La Administración dispondrá de un plazo máximo de 90 días para examinarla y mientras no la acepte, toda la información relativa a la iniciativa será confidencial.

b) En caso de ser aceptada la iniciativa por la Administración, ésta levantará la confidencialidad y requerirá los estudios de factibilidad, los que serán llevados a cabo por el promotor a su cargo y controlados en su calidad, costo y plenitud por la misma Administración. En caso de que por cualquier causa el promotor no realice los estudios de factibilidad, la Administración podrá realizarlos por sí o contratarlos conforme a los procedimientos de contratación que corresponda, perdiendo aquél todo derecho a recibir contraprestación o beneficio alguno.

c) Cumplida dicha etapa a satisfacción de la Administración, ésta dispondrá de un plazo máximo de 120 días, contado a partir de la conformidad prestada a los estudios de factibilidad, para convocar a audiencia pública, llamar a licitación o promover el procedimiento que se determine por razones de buena administración. Si no lo hiciera, el promotor de la iniciativa mantendrá todos los derechos sobre la misma por un período de dos años.

d) El procedimiento competitivo y el contrato respectivo podrá adjudicarse por subasta pública, cuando el proyecto generado por la iniciativa privada tenga un objeto preciso y concreto que permita determinar y uniformar, en forma previa, los requisitos básicos y esenciales que deberán acreditar y cumplir todos los eventuales oferentes.

e) Adoptada por la Administración la decisión de someter la iniciativa a cualquiera de los procedimientos competitivos señalados, la iniciativa quedará transferida de pleno derecho a la Administración.

f) Si el promotor se presentare al procedimiento competitivo, sólo o integrado a un consorcio o sociedad, tendrá como única compensación el derecho a beneficiarse con un porcentaje no menor al 15% ni mayor al 20%, que deberá ser precisado en el pliego de condiciones particulares de acuerdo a la complejidad de la iniciativa y que se aplicará sobre el valor o guarismo aritmético único ofertado. Asimismo, el promotor de la iniciativa no deberá abonar los pliegos correspondientes del procedimiento competitivo correspondiente. Si la oferta del promotor, considerando el beneficio respectivo, fuera similar en los términos del artículo 57 del TOCAF a la de otro oferente, se preferirá la oferta del promotor sin reconocer una instancia de mejora de ofertas.

g) Si el promotor resolviese no presentarse al procedimiento competitivo, tendrá como única compensación el derecho al cobro de una compensación por única vez equivalente al costo efectivamente incurrido y comprobado en la etapa previa, conforme los criterios y máximos que establezca la reglamentación. La compensación referida será abonada por el adjudicatario en la forma que se establezca en el pliego de condiciones particulares.

Artículo 12. En el caso que la iniciativa tuviera por objeto la concesión de un bien o servicio con destino turístico, la presentación de la misma se realizará ante el Ministerio de Turismo; recibida la misma éste deberá seguir el procedimiento previsto en los literales que anteceden en forma conjunta con el organismo o institución propietaria del bien.

Artículo 13 (Aeropuerto Internacional de Carrasco). Autorízase a la Corporación Nacional para el Desarrollo, previa contratación directa con el Poder Ejecutivo, en el ámbito de las competencias que establece el artículo 11 de la Ley Nº 15.785 de 4 de diciembre de 1985, a constituir una sociedad anónima abierta (artículo 247 de la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989) que tendrá como objeto realizar la administración, explotación y operación del Aeropuerto Internacional de Carrasco Gral. Cesario L. Berisso, en lo que refiere a las actividades aeroportuarias y no aeroportuarias, incluyendo actividades comerciales -comprendiendo el régimen de tax free shops- y de servicios que complementan dicha actividad aeroportuaria, según lo establezca la reglamentación.

Artículo 14. La sociedad anónima que al efecto constituya la Corporación Nacional para el Desarrollo podrá subastar sus acciones en la Bolsa de Valores, en los términos establecidos en la Ley Nº 16.749 de 30 de mayo de 1996 y normas reglamentarias.

Artículo 15 (Puerto Libre). Declárase aplicable al Aeropuerto Internacional de Carrasco Gral. Cesario L. Berisso, en lo pertinente, el régimen de puerto libre establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley Nº 16.246 de 23 de abril de 1992, debiendo la reglamentación establecer los límites territoriales respectivos.

Artículo 16 (Megaconcesión). Autorízase a la Corporación Nacional para el Desarrollo a ceder totalmente el contrato de concesión o a enajenar, a empresas o ciudadanos uruguayos, o a organismos internacionales de crédito de los que la República forma parte, hasta el 100% (cien por ciento) del capital accionario de la sociedad anónima formada por aquélla para actuar como concesionaria de la llamada "Megaconcesión", de acuerdo al Convenio Contrato suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 5 de octubre de 2001, aprobado por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre de 2001, en las condiciones que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 17. En el caso de cesión de la concesión a otra firma será necesario:

a) el previo consentimiento del concedente, el que sólo podrá darse si el nuevo concesionario ofrece seguridades y garantías no inferiores a las que se requieren en las concesiones de obra pública adjudicadas por el Poder Ejecutivo a privados por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

b) el concesionario deberá constituir una sociedad anónima cuyas acciones serán nominativas y cuyo único objeto será la construcción, mantenimiento, explotación y administración de la concesión.

c) la cesión de la concesión o la enajenación del capital accionario no habilitará la modificación de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión celebrado salvo lo dispuesto en el literal a) en materia de seguridades y garantías.

d) el cesionario deberá asumir las deudas contraídas a la fecha de la cesión por el cedente -sociedad formada por la Corporación Nacional para el Desarrollo- para el cumplimiento de los objetivos del Contrato mencionado en el Artículo 16.

Artículo 18. En el caso de venta de acciones de la sociedad anónima concesionaria la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas establecerá los términos, plazos y demás condiciones en que se concretará la enajenación mediante oferta pública, en los términos establecidos por la Ley Nº 16.749 de 30 de mayo de 1996 y normas reglamentarias.

Artículo 19. El cumplimiento de los requisitos establecidos será verificado permanentemente por la Auditoría Interna de la Nación o por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas según corresponda.

Artículo 20. El producto de la cesión o venta autorizadas en el artículo 16 quedará afectado y se destinará por la Corporación Nacional para el Desarrollo a invertir en proyectos de infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a cuyos efectos se mantendrá disponible.

Artículo 21. La intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una vez efectuada la cesión del contrato de concesión o la enajenación del capital accionario de la sociedad anónima mencionada en el artículo 16, será la que corresponde al concedente, según la normativa de la materia y el contrato de concesión.

Artículo 22 (Concesión de depósitos de arenas negras). Autorízase a la Corporación Nacional para el Desarrollo, previa contratación directa con el Poder Ejecutivo, a constituir una sociedad anónima abierta (artículo 247 de la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989) que tendrá como objeto la prospección, exploración y explotación de los depósitos de arenas negras que se puedan desarrollar en el área de Reserva Minera decretada el 23 de mayo de 2002.

La reglamentación establecerá la forma de constitución de la sociedad referida, las condiciones que deberán reunir sus integrantes y los demás aspectos que correspondan.

Artículo 23. La sociedad anónima que al efecto constituya la Corporación Nacional para el Desarrollo podrá subastar sus acciones en la Bolsa de Valores, en los términos establecidos en la Ley Nº 16.749 de 30 de mayo de 1996 y normas reglamentarias.

Artículo 24 (Terminal Polivalente en Puerto de Nueva Palmira). Autorízase a la Administración Nacional de Puertos a participar, conforme lo establecido en los incisos tercero y cuarto del artículo 188 de la Constitución de la República, en sociedad con capitales privados, en la administración, construcción, conservación y/o explotación de una Terminal Polivalente en el Puerto de Nueva Palmira.

La participación se efectuará por intermedio de una sociedad anónima, constituida al efecto por la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyo objeto social será el descrito en el inciso anterior.

La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en que se instrumentará el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos, la participación inicial que ésta tendrá en su capital integrado y las bases de sus estatutos sociales.

El capital correspondiente a los inversores privados será representado por acciones, estableciendo la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, las condiciones de emisión y de subasta pública, oferta pública u otro procedimiento que permita, respetando la igualdad de oportunidades, la asociación con uno o varios interesados. La correspondiente participación de capitales privados sólo procederá una vez instrumentado el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos.

El producido de la venta de acciones de la sociedad correspondientes a la Corporación Nacional para el Desarrollo se destinará a Rentas Generales.

Artículo 25 (Declaración de interés nacional de zonas turísticas). Declárase de interés nacional, conforme a lo dispuesto por el artículo 85 numeral 9º de la Constitución de la República, las siguientes zonas turísticas de los departamentos de Rocha y Soriano:

a) Costa sobre el Océano Atlántico, desde el balneario La Coronilla al balneario Punta del Diablo, departamento de Rocha, comprendida en una franja de treinta kilómetros al oeste de la costa mencionada, incluyendo la zona del Parque Santa Teresa.

b) Area aledaña a la Central Hidroeléctrica Constitución (Palmar), departamento de Soriano.

Artículo 26. Para la explotación turística de las zonas declaradas en el artículo precedente, se comete al Ministerio de Turismo la realización de los correspondientes llamados a expresiones de interés y llamados a licitación, así como sus respectivos procedimientos hasta la adjudicación o declaración de desierto en su caso, con aprobación del Poder Ejecutivo.

Artículo 27 (Proyecto Itacuruzú). Declárase de necesidad pública la expropiación de los predios necesarios para la construcción de las obras que se identifiquen en el Proyecto Itacuruzú, vinculado al Arroyo Conventos en el departamento de Cerro Largo.

Artículo 28 (Competencia sobre embarcaciones hundidas). Otórgase a la Administración Nacional de Puertos, en el ámbito de su competencia, las mismas facultades que le fueron concedidas en el Art. 236 de la Ley Nº 16.320 a la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Artículo 29 (Trámites de exportación). El Ministerio de Economía y Finanzas asumirá todas las funciones de administración, reconocimiento y control de los créditos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto por las Leyes Nº 13.268, de 9 de julio de 1964, Nº 13.695, de 24 de octubre de 1968 y Nº 16.492, de 2 de junio de 1994, concordantes y complementarias y expedirá los certificados respectivos, a partir de la fecha que establezca la reglamentación, quedando además facultado a determinar la forma y condiciones de trasmisión de dichos créditos.

El Ministerio de Economía y Finanzas podrá delegar las atribuciones expresadas en un organismo o unidad ejecutora dependiente del mismo.

Artículo 30. A efectos de determinar la cuantía y procedencia de los créditos, las entidades beneficiarias de las prestaciones pecuniarias a que refiere el artículo 32 de esta ley, prestarán su colaboración técnica, en las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Economía y Finanzas no hará efectiva la expedición de los certificados de crédito a los beneficiarios que no se encuentren al día en el pago de las prestaciones pecuniarias a que se refiere el artículo 32 de esta ley, de acuerdo a la comunicación efectuada por los respectivos organismos acreedores, en la forma que determine la reglamentación.

Artículo 31. Los Capítulos V y VI del Código Tributario serán aplicables a las infracciones y/o delitos que se cometieren en la obtención o utilización de los certificados de créditos a que refiere el artículo 30 y en el reconocimiento de créditos inexistentes.

Artículo 32. La liquidación, fiscalización y cobro de las prestaciones pecuniarias, dispuestas por el artículo 1º de la Ley Nº 13.602, de 28 de julio de 1967; por el numeral 1º literal A) del artículo 17 de la Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984; por el artículo 458 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 y por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, se hará por los respectivos sujetos activos de la obligación respectiva.

El pago de las referidas prestaciones pecuniarias se hará efectivo en los plazos y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 33. La falta de pago de la prestación pecuniaria prevista por el artículo 1º de la Ley Nº 13.602, de 28 de julio de 1967 en la oportunidad correspondiente determinará la aplicación de la multa y recargos por mora dispuestos por el artículo 94 del Código Tributario y su reglamentación.

Artículo 34. El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) tendrá acción ejecutiva para el cobro de la referida prestación pecuniaria, multa y recargos por mora. El testimonio de la resolución del órgano directivo, que deberá contener el nombre del deudor y la indicación precisa del concepto y monto de la deuda, con expresa referencia a la información de la Dirección Nacional de Aduanas en que se haya basado la determinación, constituirá título ejecutivo.

Artículo 35. Sustitúyase el literal a) del artículo 421 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970 en la redacción dada por el artículo 319 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente manera: "a) un impuesto del 1% (uno por ciento) sobre el valor FOB declarado en las exportaciones de carne de las especies bovina, ovina, suina, equina, de aves y animales de caza menor, en todas sus formas, excepto conservadas".

Artículo 36 (Personal embarcado de Marina Mercante). Las aportaciones patronales a los organismos de seguridad social correspondientes al personal embarcado de la Marina Mercante Nacional se regirán por la tabla de valores establecidos en el artículo 1º del Decreto 402/993 de 9 de setiembre de 1993.

Artículo 37 (Concesión de programas de obras públicas). Autorízase al Poder Ejecutivo por intermedio del MTOP, a celebrar convenios con las Intendencias Municipales para la realización de programas de obras públicas bajo el régimen de concesión, por iniciativa pública o privada, en el marco de lo dispuesto en la presente ley.

Las obras correspondientes se contratarán de acuerdo a lo previsto en el Decreto-Ley Nº 15.637 de 18 de setiembre de 1984, el artículo 522 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996 y disposiciones nacionales y municipales vigentes en la materia y en lo aplicable por el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras y Pliego de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Artículo 38. Son requisitos de elegibilidad de una obra pública para ser promovida por el régimen que regula esta ley:

a) Que la Intendencia determine su utilidad y prioridad.

b) La existencia de al menos un interesado en ser concesionario de la obra pública.

Artículo 39. La contratación de la concesión y la selección del concesionario se realizará por un procedimiento competitivo, respetando los principios de concurrencia, igualdad y publicidad. Si concurriera alguna de las empresas constituidas o en formación, integradas por vecinos o propietarios frentistas según el Art. 42, ésta tendrá derecho a la adjudicación a pesar de no ser la más conveniente del llamado, si iguala a la mejor oferta, en un plazo que no excederá de la mitad del original de presentación.

Artículo 40. El llamado y el contrato de concesión establecerán el objeto, el plazo de la concesión, el importe de la cuota mensual de repago que percibirá el concesionario, las garantías requeridas, las especificaciones técnicas correspondientes y todo otro elemento que coadyuve al mejor cumplimiento del contrato.

Encomiéndase al MTOP el diseño de los procedimientos de contratación especiales a utilizar en el marco de esta ley, previo dictamen favorable del Tribunal de Cuentas de la República.

Artículo 41. El importe mensual de cada cuota de repago al concesionario será:

a) Prorrateado entre los padrones con frente a la calle en que se realicen las obras públicas, en forma proporcional a los metros de frente de cada padrón, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que se formulará al respecto.

b) De pago obligatorio por el propietario frentista.

c) Deducible de la contribución inmobiliaria o incrementado a ésta.

d) Cobrable según mecanismo que se acuerde entre concesionario y obligados al pago, o en su defecto, a través de su inclusión en las facturas de UTE, OSE o ANTEL, para lo cual quedan facultados dichos organismos.

Artículo 42. En el llamado a interesados solo podrán presentarse empresas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas.

Se exceptúa del requisito anterior a las empresas legalmente constituidas, o en formación, cuyo capital esté integrado por lo menos en un 60% por vecinos de la zona y/o por propietarios frentistas a la obra. Previamente a la celebración de los contratos de concesión, si se tratara de empresas en formación, éstas deberán culminar el trámite de su constitución.

Se facilitará la participación de la pequeña empresa adecuando el tamaño de las obras a realizar.

Artículo 43. Autorízase al Poder Ejecutivo a constituir un fondo con el objeto de otorgar aval o fianza por las obligaciones que surjan de esta operativa en el Interior de la República.

Artículo 44. El MTOP y la Intendencia Municipal correspondiente podrán poner a disposición de las empresas concesionarias, en las condiciones que se establezcan en el llamado, los elementos de carácter técnico, proyectos, dirección de obra y equipamiento necesarios para la realización de la obra.

Artículo 45 (Establecimientos rurales con actividades turísticas). Agrégase al artículo 10 de la Ley Nº 15.852 de 24 de diciembre de 1986 el siguiente inciso:

"Cuando en un establecimiento rural se realicen también actividades turísticas de cualquier naturaleza, la aportación se realizará conforme al régimen que corresponda a las empresas rurales, siempre y cuando predomine la explotación agropecuaria".

Artículo 46 (Comisión de Aplicación). Cométese a la Comisión de Aplicación creada por la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1978, a realizar un análisis de preclasificación o elegibilidad de los proyectos que se sometan a su consideración, de acuerdo a las pautas que determine el Poder Ejecutivo. Esta instancia será previa al proceso de evaluación de factibilidad del proyecto.

La preclasificación o elegibilidad será determinada por consenso entre el delegado de la Comisión que actúa en representación del Ministerio al que correspondiere el proyecto y el del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo máximo de 10 días.

Artículo 47. A partir de la vigencia de esta Ley la Comisión de Aplicación creada por la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, quedará integrada, además, con un miembro con voz y voto en representación del Ministerio de Turismo, el que quedará sujeto a las normas establecidas para el resto de los miembros del referido cuerpo.

Artículo 48. Agréguese al artículo 167 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el siguiente numeral:

"4. El costo del uso del transporte colectivo de pasajeros en los días trabajados cuando su pago en efectivo sea asumido por el empleador".

Artículo 49 (Obligatoriedad de conexión a las redes de servicios de suministro de agua potable y/o saneamiento). Es obligatoria la conexión de todo inmueble frentista a las redes de servicios de suministro de agua potable y/o saneamiento, de conformidad con la legislación vigente. Asimismo, es obligatorio abonar, para todas aquellas propiedades que no realicen la conexión antes indicada, todos los cargos fijos que correspondan a dicho inmueble para el caso de conexión, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Sin perjuicio de la imposición de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, transcurridos dos años desde el momento en que la red de servicio se encuentra disponible para recibir la conexión, sin que se haya verificado la misma, se podrá imponer una multa de entre 10 y 200 Unidades Reajustables a cada inmueble en infracción, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Gonzalo González, Mario Curbelo, Antonio Mercader, Luis Brezzo, Guillermo Valles, Alberto Bensión, Alvaro Alonso, Juan Bordaberry, CarlosCat, Alfonso Varela, Lucio Cáceres, Jaime Trobo, Guillermo Stirling.

Ministerio de Turismo

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Transporte y

Obras Públicas

Montevideo, 14 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de enviar a ese Alto Cuerpo el presente proyecto de normas, a efectos de que integren el proyecto de ley de Reactivación Nacional.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país encara hoy el desafío de la reactivación. Dentro de los sectores que más rápidamente pueden responder a las medidas se encuentra el turismo. Por tal motivo el Poder Ejecutivo eleva estas normas destinadas a ser incorporadas al proyecto de ley de Reactivación Nacional.

Estos dos artículos refieren a la reactivación del sector turístico en el país. El primero de ellos faculta al Poder Ejecutivo a incluir en el concepto de exportación de servicios, a los efectos del Impuesto al Valor Agregado, a los servicios prestados por hoteles, relacionados con hospedajes a no residentes.

De esa forma se otorga a los hoteles una mejora de su competitividad a la vez que se transforma en un importante mensaje hacia los operadores internacionales. Esto se enmarca dentro de la misma estrategia que guió el dictado del Decreto Nº 106/2000 de 12 de abril de 2000. Que exoneró del Impuesto al Valor Agregado el arrendamiento de salas con destino a convenciones internacionales. En el mismo sentido la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001 en su artículo 589 y el Decreto Nº 267/001 de 11 de julio de 2001 exoneraron de dicho impuesto a los hoteles en baja temporada.

Como contrapartida por la pérdida del ingreso fiscal se establece la facultad de aumentar la alícuota de los impuestos creados por el artículo 146 de la Ley Nº 13.637 de 21 de diciembre de 1967 en hasta un 7,5%. Se destina el fruto de dicho aumento a rentas generales precisamente para compensar la pérdida de recaudación, en base a un principio de responsabilidad fiscal.

También se crea un impuesto de hasta el 5,5% a los pasajes fluviales. Dichos pasajes ya poseen una tasa del 2% destinada al fondo de mozos de cordel. En este caso se destina el aumento a un Fondo de Promoción del Uruguay en el exterior. A la vez que se equipara la imposición a ambos tipos de transporte, se destina el producido a la promoción turística del Uruguay en el exterior.

Resulta obvio que si se otorga un beneficio como es la exoneración del Impuesto es necesario desarrollar una estrategia agresiva de promoción que haga saber el mismo. También que comunique la oferta turística del país a los no residentes que se beneficiarán con la exoneración.

Saludan al señor Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Luis Brezzo, Alejandro Atchugarry, Juan Bordaberry, Lucio Cáceres.

PROYECTO DE NORMAS PARA SER INCORPORADAS AL PROYECTO DE LEY DE REACTIVACION NACIONAL

Artículo 1º. Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir en el concepto de exportación de servicios, a los efectos del Impuesto al Valor Agregado, a los servicios prestados por hoteles, relacionados con hospedaje a no residentes. Esta exoneración beneficiará únicamente a los hoteles registrados ante el Ministerio de Turismo.

Durante el período en que dicha facultad sea ejercida, la alícuota de los impuestos creados por los literales a) y b) del artículo 146 de la Ley Nº 13.637 de 21 de diciembre de 1967, se incrementará hasta un 7,5% (siete con 50 puntos porcentuales) destinándose el producido de dicho incremento a Rentas Generales.

Artículo 2º. Créase un impuesto de hasta el 5,5% del monto de los pasajes fluviales, que tendrá por destino la creación de un Fondo de Promoción del Uruguay en el exterior, depositándose el producido en una cuenta en moneda extranjera en el Banco de la República Oriental del Uruguay.

La alícuota de dicho impuesto será fijada por el Poder Ejecutivo.

Dispónese que dicho Fondo sea administrado por el Ministerio de Turismo y destinado en forma exclusiva a la promoción turística del Uruguay en el exterior.

Juan Bordaberry, Alejandro Atchugarry, Luis Brezzo, Lucio Cáceres.

Carp. Nº 840/02

Rep. Nº 507/02

Anexo II

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. (Reducción de aportes a las obras privadas).- Los propietarios de las obras privadas del sector de la construcción que construyan al amparo del régimen de propiedad horizontal o con declaración de interés turístico o nacional, iniciadas antes del 31 de diciembre de 2003 o que estando suspendidas a la fecha de la promulgación de la presente ley se reinicien antes del 31 de diciembre de 2003, pagarán en concepto del Aporte Unificado de la Construcción previsto en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, una alícuota del aporte unificado del 50% (cincuenta por ciento). Este beneficio también alcanzará a las construcciones que sean propiedad de cooperativas de vivienda.

Las viviendas nuevas que se construyan fuera del régimen de propiedad horizontal, en las condiciones establecidas en el inciso precedente, pagarán en concepto del Aporte Unificado de la Construcción una alícuota que no superará el 62% (sesenta y dos por ciento).

El beneficio previsto en los incisos anteriores regirá para los aportes que se devenguen desde la vigencia de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 2º. (Exoneración del Impuesto al Valor Agregado a Intereses).- Exonérase del Impuesto al Valor Agregado a los intereses de los préstamos destinados a la primera enajenación o promesa de enajenación de unidades de propiedad horizontal, concedidos por las instituciones de intermediación financiera comprendidas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Esta disposición regirá para préstamos otorgados dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

La exoneración se mantendrá en el caso en que se produzcan novaciones de deudas originadas en préstamos que hayan sido objeto del beneficio establecido en la presente disposición.

Artículo 3º. (Exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales).- El Poder Ejecutivo otorgará un certificado de crédito por el monto resultante del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales establecido en el Título 19 del Texto Ordenado 1996 a la parte vendedora o promitente vendedora, así como a la parte compradora o promitente compradora, por los actos referidos en los literales A) y B) del artículo 1º del mismo, por la primera enajenación o promesa de enajenación de unidades de propiedad horizontal.

Este crédito será endosable por única vez a contribuyentes del Aporte Unificado de la Construcción (Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975) y sólo se admitirá para compensar aportes del Banco de Previsión Social para construcción.

El beneficio se aplicará a la primera enajenación o promesa de enajenación que se otorgue antes del 31 de diciembre de 2003, facultándose al Poder Ejecutivo a extender dicho plazo.

Artículo 4º. (Refinanciación de multas y recargos de aportes personales).- Las empresas que, al 31 de mayo de 2002, sean deudoras de aportes personales por dependientes ante el Banco de Previsión Social, podrán cancelar sus deudas en la siguiente forma:

a) el monto de la obligación original se cancelará de acuerdo con las modalidades vigentes al respecto en el Banco de Previsión Social;

b) en sustitución de las multas y recargos, se deberá pagar la rentabilidad que el monto a que refiere el literal anterior hubiera generado entre la fecha de la obligación original y la del convenio. A tales efectos, la obligación original se convertirá a unidades reajustables del mes en que fue exigible y sobre esta base se aplicará la rentabilidad máxima del Mercado de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional;

c) la suma deducida según lo establecido en el literal precedente podrá cancelarse conforme a los mecanismos dispuestos en el inciso tercero del artículo 5º de la presente ley.

Artículo 5º.- Créase un régimen de facilidades de pago para los tributos que recauda el Banco de Previsión Social, adeudados al 31 de mayo de 2002, excluidos los aportes personales por dependientes en los términos establecidos en el artículo precedente.

A los efectos del otorgamiento de estas facilidades se tomará el monto de la deuda original en unidades reajustables al momento en que se generó la obligación, adicionándole un interés igual al de la rentabilidad máxima del mercado de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, hasta la fecha de celebración del convenio.

El monto resultante será pagadero en hasta 72 cuotas mensuales calculadas en unidades reajustables, más el 2% (dos por ciento) anual, hasta la extinción total de la obligación, con un período de gracia inicial de 6 meses contados a partir de la firma del convenio de refinanciación.

Artículo 6º.- A los trabajadores no dependientes que regularicen su situación al amparo de la presente ley, les serán registrados sus servicios y asignaciones computables por los períodos y montos declarados, una vez canceladas totalmente las obligaciones convenidas, siempre que el contribuyente se encontrara registrado ante el Banco de Previsión Social a la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 7º.- En el caso del Aporte Unificado de la Construcción (Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975), quienes se amparen en el plan de facilidades a que refiere la presente ley, deberán liquidar y pagar al contado, en el momento de suscripción del respectivo convenio, las cargas salariales incluidas en la referida prestación cuyo plazo de pago estuviera vencido.

Artículo 8º.- Los convenios suscritos al amparo del régimen de facilidades previsto por los artículos 4º y 5º de la presente ley, caducarán por la falta de pago de tres cuotas consecutivas del plan de financiación o la falta de tres meses de sus obligaciones corrientes.

En los casos referidos por el inciso precedente, se hará exigible el saldo de la deuda originaria convenida, con más los recargos que correspondieren de acuerdo al artículo 94 del Código Tributario hasta su efectiva cancelación.

Facúltase al Poder Ejecutivo a admitir la rehabilitación de las facilidades de pago referidas en el presente artículo.

Artículo 9º.- Fíjase un plazo de 90 días a partir de la vigencia de la presente ley para ampararse al régimen de facilidades previsto en las normas precedentes.

Artículo 10.- Declárase que los honorarios generados por la actuación de los profesionales dependientes del Banco de Previsión Social, cualquiera sea la naturaleza del juicio en el que intervengan, pertenecen al organismo, el que podrá disponer libremente el destino a dar a los mismos, incluyendo la renuncia a su percepción.

Artículo 11. (Ventanilla única para trámites de inversores).- Cométese al Poder Ejecutivo el establecimiento de mecanismos que simplifiquen la tramitación de propuestas de inversión presentadas por el sector privado, incluyendo la creación de un único organismo que actúe como coordinador de las consultas y de los trámites que se deban cumplir ante cualquier oficina del Estado, propiciando la colaboración interinstitucional y la abreviación de los plazos y los procedimientos.

Artículo 12. (Iniciativa privada).- Facúltase al Estado, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales a recibir iniciativas privadas a ser ejecutadas mediante concesión, sea a impulso de parte o mediante invitación de oficio.

A tal efecto, la reglamentación establecerá las condiciones y requisitos a ser cumplidos por la Administración y los particulares en relación con la presentación de iniciativas privadas y otorgamiento de concesiones u otros mecanismos en virtud de dicho régimen.

El procedimiento y los derechos de los promotores de la iniciativa se ajustarán a las siguientes bases:

a) en la fase de presentación de la iniciativa, el promotor asumirá los riesgos de su elaboración y no percibirá contraprestación alguna. La Administración dispondrá de un plazo máximo de 90 días para examinarla y mientras no la acepte, toda la información relativa a la iniciativa será confidencial;

b) en caso de ser aceptada la iniciativa por la Administración, ésta levantará la confidencialidad y requerirá los estudios de factibilidad, los que serán llevados a cabo por el promotor a su cargo y controlados en su calidad, costo y plenitud por la misma Administración. En caso de que por cualquier causa el promotor no realice los estudios de factibilidad, la Administración podrá realizarlos por sí o contratarlos conforme a los procedimientos de contratación que corresponda, perdiendo aquél todo derecho a recibir contraprestación o beneficio alguno;

c) cumplida dicha etapa a satisfacción de la Administración, ésta dispondrá de un plazo máximo de 120 días, contado a partir de la conformidad prestada a los estudios de factibilidad, para convocar a audiencia pública, llamar a licitación o promover el procedimiento competitivo que se determine por razones de buena administración. Si no lo hiciera, el promotor de la iniciativa mantendrá todos los derechos sobre la misma por un período de dos años;

d) el procedimiento competitivo y el contrato respectivo podrá adjudicarse por subasta pública, cuando el proyecto generado por la iniciativa privada tenga un objeto preciso y concreto que permita determinar y uniformar, en forma previa, los requisitos básicos y esenciales que deberán acreditar y cumplir todos los eventuales oferentes;

e) adoptada por la Administración la decisión de someter la iniciativa a cualquiera de los procedimientos competitivos señalados, la iniciativa quedará transferida de pleno derecho a la Administación;

f) si el promotor se presentare al procedimiento competitivo sólo o integrado a un consorcio o sociedad, tendrá como única compensación el derecho a beneficiarse con un porcentaje no menor al 5% (cinco por ciento) ni mayor al 20% (veinte por ciento) sobre el valor ofertado, que deberá ser precisado en el pliego de condiciones particulares de acuerdo con la complejidad de la iniciativa. Asimismo, el promotor de la iniciativa no deberá abonar los pliegos del procedimiento competitivo correspondiente. Si la oferta del promotor, considerando el beneficio respectivo, no resultara ganadora, el promotor podrá solicitar que se promueva un proceso de mejora de oferta en un plazo que no excederá el término original que se hubiere otorgado para el procedimiento competitivo previsto;

g) si el promotor resolviese no presentarse al procedimiento competitivo, tendrá como única compensación el derecho al cobro de una compensación por única vez equivalente al costo efectivamente incurrido y comprobado en la etapa previa, conforme los criterios y máximos que establezca la reglamentación. La compensación referida será abonada por el adjudicatario en la forma que se establezca en el pliego de condiciones particulares.

Artículo 13.- En el caso en que la iniciativa tuviera por objeto la concesión de un bien o servicio con destino turístico, la presentación de la misma se realizará ante el Ministerio de Turismo o el Gobierno Departamental que corresponda. El receptor de la iniciativa deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 12 de la presente ley, en forma conjunta con el organismo o institución propietaria del bien.

Artículo 14. (Aeropuerto Internacional de Carrasco).- Autorízase al Poder Ejecutivo a contratar directamente con la Corporación Nacional para el Desarrollo, en el ámbito de sus cometidos establecidos en el artículo 11 de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, para que ésta constituya una sociedad anónima abierta (artículo 247 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989) que tendrá como objeto realizar la administración, explotación y operación, construcción y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco "Gral. Cesario L. Berisso", en lo que refiere a las actividades aeroportuarias y no aeroportuarias, incluyendo actividades comerciales -comprendiendo el régimen de tiendas de venta libre de impuestos (tax free shops)- y de servicios que complementen dicha actividad aeroportuaria, en un plazo que no superará los 30 (treinta) años.

Quedan expresamente excluidos de esta autorización los servicios de tierra que se presten a las aeronaves y todos los servicios de seguridad, en especial aquéllos relativos a los controles aéreos, de aduana, migración, meteorología, bomberos, sanitarios y de policía en la actividad aeroportuaria.

Artículo 15.- La sociedad anónima que al efecto constituya la Corporación Nacional para el Desarrollo podrá subastar sus acciones, las que deberán ser nominativas, en la Bolsa de Valores, en los términos establecidos en la Ley Nº 16.749, de 30 de mayo de 1996 y normas reglamentarias.

Artículo 16. (Puerto Libre).- Declárase aplicable al Aeropuerto Internacional de Carrasco "Gral. Cesario L. Berisso", en lo pertinente, el régimen de puerto libre establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1992, debiendo la reglamentación establecer los límites territoriales respectivos.

Artículo 17.- Declárase de interés nacional la explotación comercial del Aeropuerto Internacional "Teniente 2do. Mario Walter Parallada" de Santa Bernardina, departamento de Durazno, como terminal de cargas y depósito de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1992, debiendo la reglamentación establecer los límites territoriales respectivos.

Facúltase al Poder Ejecutivo a utilizar para su adjudicación el procedimiento previsto en los artículos 14, 15 y 16 de la presente ley o cualquier otro que establezca la reglamentación.

Artículo 18.- Las sociedades comerciales respecto de las cuales un órgano del Estado, incluyendo Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o Gobiernos Departamentales o cualquier persona pública no estatal, sea tenedor de acciones o sea titular de participaciones, cualquiera fuere el porcentaje de las mismas dentro del capital social, deberán presentar al Poder Ejecutivo, dentro de los 120 días de finalizado cada ejercicio económico, los estados contables confeccionados conforme a lo dispuesto por los artículos 88 a 92 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, con dictamen previo de auditoría del Tribunal de Cuentas, el que se expresará y responsabilizará respecto de la razonabilidad y consistencia de los mismos. El Tribunal de Cuentas comunicará, en todos los casos, su dictamen a la Asamblea General y deberá disponer su publicación en el Diario Oficial dentro de los 30 días de emitido.

Artículo 19.- Los órganos estatales o paraestatales referidos en el artículo anterior deberán disponer la publicación completa de los estados contables auditados por el Tribunal de Cuentas en el Diario Oficial y deberán disponer su inclusión en sus respectivas páginas web en Internet si éstas se hallaren en condiciones operativas. En ambos casos se incluirá una nota que deberá hacer referencia al porcentaje del capital social que pertenece al respectivo órgano estatal o paraestatal. El Tribunal de Cuentas controlará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 20.- Si los órganos estatales o paraestatales referidos en el artículo 18 de esta ley fueren tenedores de acciones o titulares de participaciones en personas jurídicas constituidas en el extranjero, que no actúen en el país por intermedio de sucursal, filial, agencia, establecimiento o representación permanente, deberán presentar al Poder Ejecutivo, con dictamen previo del Tribunal de Cuentas, los estados contables e informes de sindicatura de la persona jurídica del exterior, certificados, traducidos y legalizados en el país de origen, con informes de auditor independiente y del órgano de dirección del organismo estatal o paraestatal, dentro del plazo de 120 días del cierre del ejercicio económico de la persona jurídica del exterior, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 19 de esta Ley.

Artículo 21. (Megaconcesión).- Autorízase a la Corporación Nacional para el Desarrollo a ceder totalmente el contrato de concesión o a enajenar, a empresas radicadas en el país, o a organismos internacionales de crédito de los que la República forma parte, hasta el 100% (cien por ciento) del capital accionario de la sociedad anónima formada por aquélla para actuar como concesionaria de la llamada "Megaconcesión", de acuerdo al Convenio Contrato suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 5 de octubre de 2001, aprobado por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre de 2001, en las condiciones que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 22.- En el caso de cesión de la concesión a otra firma será necesario:

a) el previo consentimiento del concedente, el que sólo podrá darse si el nuevo concesionario, ofrece seguridades y garantías no inferiores a las que se requieren en las concesiones de obra pública adjudicadas por el Poder Ejecutivo a privados por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

b) el concesionario deberá constituir una sociedad anónima cuyas acciones serán nominativas y cuyo único objeto será la construcción, mantenimiento, explotación y administración de la concesión;

c) la cesión de la concesión o la enajenación del capital accionario no habilitará la modificación de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión celebrado salvo lo dispuesto en el literal a) en materia de seguridades y garantías;

d) el cesionario deberá asumir las deudas contraídas a la fecha de la cesión por el cedente -sociedad formada por la Corporación Nacional para el Desarrollo- para el cumplimiento de los objetivos del Contrato mencionado en el artículo 21.

Artículo 23.- En el caso de venta de acciones de la sociedad anónima concesionaria la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas establecerá los términos, plazos y demás condiciones en que se concretará la enajenación mediante oferta pública, en los términos establecidos por la Ley Nº 16.749 de 30 de mayo de 1996 y normas reglamentarias.

Artículo 24.- El cumplimiento de los requisitos establecidos será verificado permanentemente por la Auditoría Interna de la Nación o por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas según corresponda.

Artículo 25.- El producto de la cesión o venta autorizadas en el artículo 21 quedará afectado y se destinará por la Corporación Nacional para el Desarrollo a invertir en proyectos de infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a cuyos efectos se mantendrá disponible.

Artículo 26.- La intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una vez efectuada la cesión del contrato de concesión o la enajenación del capital accionario de la sociedad anónima mencionada en el artículo 21, será la que corresponde al concedente, según la normativa de la materia y el contrato de concesión.

Artículo 27. (Concesión de depósitos de arenas negras).- Autorízase al Poder Ejecutivo, previa contratación con la Corporación Nacional para el Desarrollo, a constituir una sociedad anónima abierta (artículo 247 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989) que tendrá como objeto la prospección, exploración y explotación de los depósitos de arenas negras que se puedan desarrollar en el área de Reserva Minera establecida en el Decreto Nº 183/002, de 23 de mayo de 2002, por un plazo de hasta 29 (veintinueve) años.

La reglamentación establecerá la forma de constitución de la sociedad referida, las condiciones que deberán reunir sus integrantes y los demás aspectos que correspondan.

Artículo 28.- La sociedad anónima que al efecto constituya la Corporación Nacional para el Desarrollo podrá subastar sus acciones en la Bolsa de Valores, en los términos establecidos en la Ley Nº 16.749, de 30 de mayo de 1996 y normas reglamentarias.

Artículo 29. (Terminal Polivalente en Puerto de Nueva Palmira).- Autorízase a la Administración Nacional de Puertos a participar, conforme lo establecido en los incisos tercero y cuarto del artículo 188 de la Constitución de la República, en sociedad con capitales privados, en la administración, construcción, conservación y explotación de una Terminal Polivalente en el Puerto de Nueva Palmira.

La participación se efectuará por intermedio de una sociedad anónima, constituida al efecto por la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyo objeto social será el descrito en el inciso anterior.

La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en que se instrumentará el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos, la participación inicial que ésta tendrá en su capital integrado y las bases de sus estatutos sociales.

El capital correspondiente a los inversores privados será representado por acciones, estableciendo la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, las condiciones de emisión y de subasta pública, oferta pública u otro procedimiento que permita, respetando la igualdad de oportunidades, la asociación con uno o varios interesados. La correspondiente participación de capitales privados sólo procederá una vez instrumentado el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos.

El producido de la venta de acciones de la sociedad correspondiente a la Corporación Nacional para el Desarrollo se destinará a Rentas Generales.

Artículo 30. (Declaración de interés nacional de zonas turísticas).- Decláranse de interés nacional, conforme a lo dispuesto por el artículo 85 ordinal 9º de la Constitución de la República, las siguientes zonas turísticas en los departamentos de Rocha y Soriano:

a) Costa sobre el Océano Atlántico, desde el balneario La Coronilla al balneario Punta del Diablo, departamento de Rocha, comprendida en una franja de treinta kilómetros a partir de la costa mencionada, incluyendo la zona del Parque Santa Teresa.

b) Area aledaña a la Central Hidroeléctrica Constitución (Palmar), departamento de Soriano.

c) Zona de Rincón del Bonete aledaña a la Central Hidroeléctrica "Dr. Gabriel Terra" en el departamento de Tacuarembó; Represa de Cuñapirú en el departamento de Rivera; Parque "Bartolomé Hidalgo" en el departamento de Soriano.

Artículo 31.- Para la explotación de las zonas turísticas declaradas en el artículo precedente, se comete al Ministerio de Turismo la realización de los correspondientes llamados a expresiones de interés y llamados a licitación, así como sus respectivos procedimientos hasta la adjudicación o declaración de desierto en su caso, con aprobación del Poder Ejecutivo.

Artículo 32. (Proyecto Itacuruzú).- Declárase de necesidad pública la expropiación de los predios necesarios para la construcción de las obras que se identifiquen en el Proyecto Itacuruzú, vinculado al Arroyo Conventos en el departamento de Cerro Largo.

Artículo 33. (Competencia sobre embarcaciones hundidas).- Otórgase a la Administración Nacional de Puertos, en el ámbito de su competencia, las mismas facultades que le fueron concedidas en el artículo 236 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, a la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Artículo 34. (Trámites de exportación).- El Ministerio de Economía y Finanzas asumirá todas las funciones de administración, reconocimiento y control de los créditos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto por las Leyes Nº 13.268, de 9 de julio de 1964, Nº 13.695, de 24 de octubre de 1968 y Nº 16.492, de 2 de junio de 1994, concordantes y complementarias y expedirá los certificados respectivos, a partir de la fecha que establezca la reglamentación, quedando además facultado a determinar la forma y condiciones de transmisión de dichos créditos.

El Ministerio de Economía y Finanzas podrá delegar las atribuciones expresadas en un organismo o unidad ejecutora dependiente del mismo.

Artículo 35.- A efectos de determinar la cuantía y procedencia de los créditos, las entidades beneficiarias de las prestaciones pecuniarias a que refiere el artículo 37 de esta ley, prestarán su colaboración técnica, en las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Economía y Finanzas no hará efectiva la expedición de los certificados de crédito a los beneficiarios que no se encuentren al día en el pago de las prestaciones pecuniarias a que se refiere el artículo 37 de esta ley, de acuerdo con la comunicación efectuada por los respectivos organismos acreedores, en la forma que determine la reglamentación.

Artículo 36.- Los Capítulos V y VI del Código Tributario serán aplicables a las infracciones y delitos que se cometieren en la obtención o utilización de los certificados de crédito a que refiere el artículo 35 y en el reconocimiento de créditos inexistentes.

Artículo 37.- La liquidación, fiscalización y cobro de las prestaciones pecuniarias dispuestas por el artículo 1º de la Ley Nº 13.602, de 28 de julio de 1967; por el numeral 1º literal A) del artículo 17 de la Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984; por el artículo 458 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 y por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, se hará por los respectivos sujetos activos de la obligación respectiva.

El pago de las referidas prestaciones pecuniarias se hará efectivo en los plazos y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 38.- La falta de pago de la prestación pecuniaria prevista por el artículo 1º de la Ley Nº 13.602, de 28 de julio de 1967, en la oportunidad correspondiente determinará la aplicación de la multa y recargos por mora dispuestos por el artículo 94 del Código Tributario y su reglamentación.

Artículo 39.- El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) tendrá acción ejecutiva para el cobro de la prestación pecuniaria fijada en el artículo 1º de la Ley Nº 13.602, de 28 de julio de 1967, más las multas y los recargos por mora. Constituirá título ejecutivo el testimonio de resolución del órgano directivo del SUL, que deberá precisar el nombre del deudor, la indicación del concepto, el monto y el vencimiento de la deuda con expresa referencia a la información de la Dirección Nacional de Aduanas en que se haya basado la determinación.

Artículo 40.- Sustitúyese el literal a) del artículo 421 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970 en la redacción dada por el artículo 319 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"a) un impuesto del 1% (uno por ciento) sobre el valor FOB declarado en las exportaciones de carne de las especies bovina, ovina, suina, equina, de aves y animales de caza menor, en todas sus formas, excepto conservadas".

Artículo 41.- Los artículos 34 a 40 de la presente ley regirán a partir de la fecha que determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 42. (Personal embarcado de Marina Mercante).- Las aportaciones patronales a los organismos de seguridad social correspondientes al personal embarcado de la Marina Mercante Nacional se regirán por la tabla de valores establecidos en el artículo 1º del Decreto 402/993 de 9 de setiembre de 1993.

Artículo 43. (Concesión de programas de obras públicas).- Autorízase al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a celebrar convenios con las Intendencias Municipales para la realización de programas de obras públicas bajo el régimen de concesión, por iniciativa pública o privada, en el marco de lo dispuesto por la presente ley.

Las obras correspondientes se contratarán de acuerdo a lo previsto en el Decreto-Ley Nº 15.637, de 28 de setiembre de 1984, el artículo 522 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y disposiciones nacionales y municipales vigentes en la materia y en lo aplicable por el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras y Pliego de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Artículo 44.- Son requisitos de elegibilidad de una obra pública para ser promovida por el régimen que regula esta ley:

a) Que la Intendencia Municipal determine su utilidad y prioridad.

b) Que al menos exista un interesado en ser concesionario de la obra pública.

Artículo 45.- La contratación de la concesión y la selección del concesionario se realizará por un procedimiento competitivo, respetando los principios de concurrencia, igualdad y publicidad. Si concurriera alguna de las empresas constituidas o en formación, integradas por vecinos o propietarios frentistas según el artículo 48, ésta tendrá derecho a la adjudicación a pesar de no ser la más conveniente del llamado, si iguala a la mejor oferta, en un plazo que no excederá de la mitad del original de presentación.

Artículo 46.- El llamado y el contrato de concesión establecerán el objeto, el plazo de la concesión, el importe de la cuota mensual de repago que percibirá el concesionario, las garantías requeridas, las especificaciones técnicas correspondientes y todo otro elemento que coadyuve al mejor cumplimiento del contrato.

Encomiéndase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el diseño de los procedimientos de contratación especiales a utilizar en el marco de esta ley, previo dictamen favorable del Tribunal de Cuentas de la República.

Artículo 47.- El importe mensual de cada cuota de repago al concesionario será prorrateado entre los propietarios de inmuebles con frente a espacios de dominio público que se beneficien con las obras, en forma proporcional a los metros de frente de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

El propietario tendrá obligación de pagar la cuota correspondiente quedando facultadas las Intendencias Municipales a deducir o adicionar total o parcialmente el importe de la cuota de la contribución inmobiliaria.

Artículo 48.- En el llamado a interesados sólo podrán presentarse empresas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas o en el registro de la Intendencia Municipal correspondiente.

Se exceptúa del requisito anterior a las empresas legalmente constituidas o en formación, cuyo capital esté integrado por lo menos en un 60% (sesenta por ciento) por vecinos de la zona o por propietarios de inmuebles con frente a espacios del dominio público a los que se proyectan las obras. Previamente a la celebración de los contratos de concesión si se tratara de empresas en formación, éstas deberán culminar el trámite de su constitución.

Se facilitará la participación de la pequeña empresa adecuando el tamaño de las obras a realizar.

Artículo 49.- Autorízase al Poder Ejecutivo a constituir un fondo con el objeto de otorgar aval o fianza por las obligaciones que surjan de esta operativa en el interior de la República.

Artículo 50.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia Municipal correspondiente podrán poner a disposición de las empresas concesionarias, en las condiciones que se establezcan en el llamado, los elementos de carácter técnico, proyectos, dirección de obra y equipamiento necesarios para la realización de la obra.

Artículo 51. (Establecimientos rurales con actividades turísticas).- Agrégase al artículo 10 de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, el siguiente inciso:

"Cuando en un establecimiento rural se realicen también actividades turísticas de cualquier naturaleza, la aportación se realizará conforme al régimen que corresponda a las empresas rurales, siempre y cuando predomine la explotación agropecuaria".

Artículo 52. (Comisión de Aplicación).- Cométese a la Comisión de Aplicación creada por la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, a realizar un análisis de preclasificación o elegibilidad de los proyectos que se sometan a su consideración, de acuerdo a las pautas que determine el Poder Ejecutivo. Esta instancia será previa al proceso de evaluación de factibilidad del proyecto.

La preclasificación o elegibilidad será determinada por consenso entre el delegado de la Comisión que actúa en representación del Ministerio al que correspondiere el proyecto y el del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo máximo de 10 días.

Artículo 53.- A partir de la vigencia de esta ley la Comisión de Aplicación creada por la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, quedará integrada, además, con un miembro con voz y voto en representación del Ministerio de Turismo, el que quedará sujeto a las normas establecidas para el resto de los miembros del referido cuerpo.

Artículo 54.- Agréguese al artículo 167 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el siguiente numeral:

"4. El costo del uso del transporte colectivo de pasajeros en los días trabajados cuando su pago en efectivo sea asumido por el empleador".

Artículo 55.- Es obligatorio para todos los propietarios de inmuebles que no realicen las conexiones a las redes de servicios de saneamiento, el pago de los cargos fijos que se determinen en función de una tarifa máxima de referencia (TMR). A partir de la vigencia de la presente ley y transcurridos dos años en que los servicios se encuentren disponibles para realizar la conexión sin que se haya verificado la misma, se podrá imponer una multa de 100 a 200 UR (cien a doscientas unidades reajustables), de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

La obligación de pago prevista en el presente artículo no comprende a los servicios de saneamiento que no tengan tarifas iguales a las de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE).

OSE determinará la tarifa máxima de referencia (TMR) teniendo en consideración los cotos de inversión, mantenimiento y administración, la que podrá ser aplicada con la obligación que consagra el presente artículo en nuevas obras que realicen dicho organismo o las empresas concesionarias.

Facúltase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a exonerar total o parcialmente de la obligación de pago de la tarifa máxima de referencia (TMR), teniendo en cuenta la capacidad contributiva de los propietarios.

En las actuales concesiones el cargo fijo no integra los derechos del concesionario.

Artículo 56.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir en el concepto de exportación de servicios, a los efectos del Impuesto al Valor Agregado, a los servicios prestados por hoteles, relacionados con el hospedaje a no residentes. Esta exoneración beneficiará únicamente a los hoteles registrados ante el Ministerio de Turismo.

Durante el período en que dicha facultad sea ejercida, la alícuota de los impuestos creados por los literales a) y b) del artículo 146 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967, se incrementará hasta un 7,5% (siete con cincuenta puntos porcentuales) destinándose el producido de dicho incremento a Rentas Generales.

Artículo 57.- Créase un impuesto de hasta el 5,5% (cinco con cincuenta puntos porcentuales) del monto de los pasajes fluviales, que tendrá por destino la creación de un Fondo de Promoción de Uruguay en el Exterior, depositándose el producido en una cuenta en moneda extranjera en el Banco de la República Oriental del Uruguay.

La alícuota de dicho impuesto será fijada por el Poder Ejecutivo.

Dispónese que dicho Fondo sea administrado por el Ministerio de Turismo y destinado en forma exclusiva a la promoción turística del Uruguay en el exterior.

Artículo 58.- Cométese al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el desarrollo de un Plan de Explotación Minera con la finalidad de dinamizar la producción y comercialización de agatas y amatistas en el departamento de Artigas.

A este Ministerio corresponderá la coordinación de las acciones de los distintos organismos, a efectos de unificar y simplificar la concreción y aplicación del mencionado Plan, en todos sus aspectos.

Artículo 59.- Autorízase a la Corporación Nacional para el Desarrollo a constituir una sociedad anónima que tendrá como objeto intervenir en la comercialización de la producción de la actividad extractiva de ágatas y amatistas.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de constitución de la sociedad referida, las condiciones que deberán reunir sus integrantes y los demás aspectos que correspondan.

Artículo 60.- Facúltase al Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de los organismos competentes en el área, a fijar precios máximos para los servicios prestados por las agencias marítimas a las personas físicas o jurídicas nacionales, por razones de interés general consagradas en el artículo 36 de la Constitución de la República.

Artículo 61.- Las sociedades comerciales y las empresas unipersonales que tengan saldo neto negativo proveniente de diferencias de cambio, originadas por obligaciones en moneda extranjera concertadas con anterioridad al 30 de junio de 2002, podrán optar al cierre del ejercicio económico en curso a esa fecha y en el siguiente, por contabilizar dicho saldo, total o parcialmente en el Activo, en una cuenta que se denominará "Diferencias de Cambio", y que estará individualizada con el número de la presente ley. El saldo referido sólo incluirá las diferencias de cambio motivadas por las variaciones en la cotización de la moneda extranjera ocurridas entre el 1º de junio de 2002 y el cierre del ejercicio.

En el caso de hacer uso de la opción, cada saldo anual se amortizará en cuotas iguales en un plazo de tres, cuatro o cinco años a partir del ejercicio en que se originaron. Formulada la opción en cuanto al número de años, ésta no podrá variarse.

No están comprendidos en el presente artículo las empresas referidas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Artículo 62.- De existir utilidades contables en cualquiera de los ejercicios mencionados en el artículo anterior, luego de deducida la amortización correspondiente, dicha utilidad se destinará a disminuir el saldo de la cuenta "Diferencias de Cambio", por orden de antigüedad, hasta su total cancelación, aunque ello implique abreviar el plazo de la opción. En caso de quedar un remanente no absorbido por dichas utilidades, el mismo continuará siendo amortizado por las cuotas fijadas inicialmente.

Artículo 63.- Formulada la opción prevista en el artículo 61, los contribuyentes de los Impuestos a las Rentas de Industria y Comercio y a las Rentas Agropecuarias, podrán optar por activar y amortizar las referidas diferencias de cambio con arreglo a lo dispuesto por la presente ley o imputarlas como pérdida fiscal de acuerdo con el régimen general.

Artículo 64.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por reglamentación o en convenios sobre el rango, podrá establecer otra prioridad y prelación del gravamen real referido en el artículo 447 de la Ley Nº 16.736, en la redacción dada por el artículo 399 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. A tales efectos será aplicable lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997.

Artículo 65.- Autorízase al Poder Ejecutivo a constituir una sociedad anónima por medio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que tenga por objeto la explotación comercial de buques y diques de la Armada Nacional conjuntamente con capitales privados.

Artículo 66.- Modifícase el inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, con la redacción dada por el artículo 296 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"La Comisión destinará parte de la recaudación para la financiación del proyecto, reparaciones y construcción de la Ciudad Universitaria a instalarse en el predio de la ex Cárcel de Miguelete, llevando a cabo todas las operaciones necesarias para la realización de las obras. En ningún caso la asignación de dichas partidas podrá afectar el pago de las becas".

Artículo 67.- Facúltase al Poder Ejecutivo a implementar un mecanismo alternativo al existente, con relación al importe pagado por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) derivado de las importaciones de petróleo crudo. Este mecanismo consistirá en otorgar el pago de las importaciones mencionadas, a través de productos que integren la oferta exportable uruguaya, pudiéndose realizar dicha operación con agentes privados de comercio exterior.

Artículo 68.- Facúltase al Poder Ejecutivo a implementar un Plan Agrícola de Emergencia para los próximos cultivos de verano. Este podrá consistir en una canasta de insumos (combustibles, fertilizantes, herbicidas) que se instrumentará a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Artículo 69.- Sustitúyese el apartado a) incluido en el literal A) del artículo 28 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 11 de julio de 1974 por el siguiente:

"a) Cuyo plazo de arriendo no sea superior a nueve meses; o,"

Artículo 70.- Agrégase al artículo 1782 del Código Civil, en la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 15.576, de 25 de junio de 1984, el siguiente inciso:

"Exceptúase asimismo, el arrendamiento de inmuebles con destino a forestación de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 5º de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, cuyo plazo máximo será de treinta años. El que se hiciera por mayor tiempo caducará a los treinta años".

Artículo 71.- Agrégase al artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975, el siguiente literal:

"F) Los contratos de forestación en terrenos forestales (artículo 5º de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987) en que el propietario concede el uso y goce de la tierra".

Artículo 72.- Agrégase al artículo 9º de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, el siguiente inciso:

"El Registro de la Propiedad Inmueble llevará asimismo, un registro público de los contratos de arrendamiento con destino a forestación, así como de contratos de enajenación de bosques, actos declarativos, modificativos y extintivos que se inscriban, los que serán oponibles a terceros desde la fecha de su inscripción."

Sala de la Comisión, en Montevideo, a 21 de agosto de 2002.

Luis Alberto Heber, Miembro Inforamnte; Danilo Astori, con salvedades; Ruben Correa Freitas, Yamandú Fau, Rafael Michelini, Discorde; Alberto Brause, Alberto Couriel, Discorde; Jorge Larrañaga, con salvedades; Manuel Núñez, Discorde, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Quizás nuestra exposición nos lleve algunos minutos porque, naturalmente, tenemos que dividirla entre lo que es la opinión de nuestro Partido sobre este proyecto de reactivación y lo que es la función del Miembro Informante, hablando del contenido de dicho proyecto, de modo de informar al Cuerpo de qué se trata.

Quisiera hacer algunas consideraciones de orden político en nombre de nuestro Partido, porque esta instancia de un proyecto de reactivación de los sectores productivos y concreción de proyectos de inversión fue una idea que el Partido Nacional lanzó a la opinión pública y al resto del esquema político nacional en los meses de mayo y junio, cuando el país se abocaba a procurar generar elementos de estabilidad fiscal. En ese momento, muchos de nosotros nos vimos obligados a levantar la mano, tratando de generar confianza y de lograr la reducción del gasto y el equilibrio fiscal que el país precisaba para obtener créditos en el exterior.

Sin embargo, esa no era nuestra solución. En aquella instancia de emergencia no nos gustaba tener que levantar la mano para fijar más impuestos y ahí nacieron dos compromisos con el Gobierno que, a nuestro juicio, siguen estando vigentes. El Partido Nacional planteó al señor Presidente de la República dos instancias que para nosotros eran claves. Una de ellas era hacer el recorte necesario en la Rendición de Cuentas, pero reitero que hablábamos de un recorte de bisturí y no de motosierra -como lo expresamos públicamente- de modo de no empezar a topear los gastos y generar injusticias, a veces a la propia gestión del Estado, porque topear las inversiones en términos generales era crear falta de oportunidades de empleo, sobre todo en sectores donde la inversión es construcción. Si la construcción es empleo, con ese recorte del gasto de la inversión estaríamos haciéndole mal al Gobierno y al propio país. Por eso, en esa instancia el Partido Nacional solicitó al Gobierno, en su calidad de socio, participar en la elaboración de la Rendición de Cuentas para, justamente, hacer el recorte donde no se genere empleo o donde se genere en menor cantidad, de modo que las cuentas queden equilibradas, porque al país le falta crédito y caen la actividad y la recaudación.

Pero en ese entonces el Partido Nacional decía que no podíamos quedarnos con el recorte como un fin en sí mismo; no perseguíamos el recorte del gasto público como algo que, una vez logrado, solucionara los males. Por el contrario, considerábamos que había que tratar de hacer un esfuerzo, quizás en ganar menos y apostar a la reactivación de los sectores productivos de nuestra economía, generando a partir de ese proyecto el crecimiento de estos sectores que podían aumentar el nivel de recaudación. No deseábamos apostar únicamente al recorte del gasto. Si bien en una emergencia puede ser necesario -lo hemos acompañado y lo seguiremos haciendo- no quiere decir que eso termine como un objetivo en sí mismo y que ahí culminen las acciones que un Gobierno puede llevar a cabo. Por el contrario, consideramos que el proyecto de reactivación del aparato productivo es indispensable para complementar el recorte. El traje se tiene que ajustar al cuerpo, porque el cuerpo se ha visto reducido. Eso es lo que le ha ocurrido al Uruguay en este tiempo. Quizás tengamos que realizar ajustes para que el traje realmente sea adecuado al cuerpo más delgado, más pobre y más endeudado que tiene el país, pero eso no quiere decir que con esa medida alcance.

Una y otra vez, en forma cansina, machacona -como diría el señor Presidente- el Partido Nacional ha insistido en la necesidad de votar un proyecto que apuntale al aparato productivo. Para eso, la herramienta que tenía el Gobierno no era solamente un instrumento legal; por entonces, junto con varios señores Legisladores -manteníamos reuniones con el anterior Ministro de Economía y Finanzas, economista Alberto Bensión, los señores Senadores Larrañaga, Gallinal y, en algunas oportunidades, los señores Senadores Pereyra y Garat- iniciamos una tarea que para nosotros también era reactivadora, ya que trataba de buscar una solución para el tema del endeudamiento del sector productivo. Aclaro que también estuvieron presentes una serie de Senadores del Partido Colorado, como el actual señor Presidente y el señor Senador de Boismenu, que en varias oportunidades intervinieron en reuniones con técnicos y con el señor Ministro de Economía y Finanzas.

Se arribó a algunos acuerdos muy difíciles de lograr. Creíamos que el oxígeno y el tiempo que el sector productivo estaba reclamando eran indispensables para darle la posibilidad de que los ciclos productivos se reactivaran. Se trataba no solamente de hacer frente a las obligaciones con el Fisco, sino también a las obligaciones financieras actuales y pasadas.

Para el tema del endeudamiento rural planteábamos algunas soluciones parciales en lo relativo a la banca pública, pero teníamos una asignatura faltante que era el entendimiento entre este sector productivo nacional y la banca privada. Llegamos entonces a entendimientos y a concreciones y se instrumentaron comunicaciones. Reitero que no se pueden contemplar las opiniones de todos los que estuvimos ahí porque, naturalmente, los acuerdos no son fáciles. Además, en su momento, el Ministro del ramo tenía que buscar acuerdos, no solamente con su socio, el Partido Nacional, sino también con parte de la banca privada.

Por lo tanto, vuelvo a enmarcar este proyecto de reactivación, no como el único instrumento, porque para nosotros es uno de los instrumentos del Gobierno, sino como una herramienta más, aparte de las que otorgan el decreto y los entendimientos a los que, no por vía legal, habíamos arribado con el Poder Ejecutivo.

Después, señor Presidente, pasó lo que pasó. Se generó una situación de desconfianza en el sistema bancario, se produjeron los cuestionamientos al Ministro de Economía y Finanzas de ese entonces, pasó la interpelación, vino el feriado bancario y las leyes de estabilidad financiera -que acompañamos- y naturalmente, sin perder el objetivo fundamental -a mi juicio- que es el proyecto de reactivación, tuvimos que dejar, quizás hasta de lado, esta iniciativa que -vuelvo a decir- es una herramienta más, aunque no la única, porque hay una serie de medidas que en el ámbito del Gobierno se pueden ir tomando y no necesitan autorización legal.

La verdad es que este proyecto de ley fue quedando de lado en función de la emergencia que el país vivió, en esa actitud natural de tratar de apagar el incendio que se producía en el Uruguay por la falta de crédito y de credibilidad en los acuerdos que ya habíamos firmado y no habíamos cumplido, como dijo el señor Ministro de Economía y Finanzas. Desde junio veníamos fuera del programa que nosotros voluntariamente formulamos para acordar y obtener crédito a nivel internacional. A esto se suma la crisis bancaria, que naturalmente generó una gran convulsión; quizás con el tiempo podamos tomar distancia de la realidad de estos meses que hemos vivido para verlos como los más críticos en la historia económica del Uruguay.

No vengo a hablar hoy de lo que han sido los proyectos que hemos votado, pero sí quiero decir que esta iniciativa de reactivación mantiene total vigencia y constituye un elemento indispensable, aunque no único, ni siquiera legalmente. Además, quiero decir muy claramente que la apertura a nuevas ideas no termina en la sanción de este proyecto de ley. De hecho, en estos meses deberán surgir varias iniciativas -no importa de dónde, con qué firmas ni de qué partido provengan- que puedan seguir nutriendo la reactivación que el país tiene que llevar adelante. No podemos agotar todos los temas en este proyecto de ley, aunque hay 72 artículos que se alimentaron con iniciativas, incluso de compañeros Diputados de todos los partidos, que acercaron a la Comisión alguna idea para generar la reactivación en sus departamentos.

Naturalmente que no todas las ideas que contiene este proyecto de ley son de autoría del Partido Nacional, pero me quiero dedicar en especial a una, en virtud de que la posición de nuestro Partido con respecto al Gobierno ha sido recurrente y por fin la consolidamos. Me refiero al tema de la construcción. Considero que dadas las características del presente proyecto de ley, la discusión particular es más importante que la general, porque son muchos los temas que tenemos sobre la mesa, muchos los Capítulos que abarcan diferentes problemáticas.

Quiero poner de relieve que en momentos en que nacía el proyecto de reactivación, en base a dos ideas-fuerza que el Partido Nacional exigía y exige, aparecieron una serie de ideas nuevas, novedosas, por parte del Poder Ejecutivo, para complementarlas. Los dos temas que quiero subrayar -no los únicos, pero sí los principales- son: la construcción, sobre la cual se incluyen tres artículos que después comentaremos en profundidad, y la refinanciación de los aportes personales al Banco de Previsión Social. En aquel momento -me refiero a abril, mayo y junio- veíamos estos dos temas con desesperación, porque muchos empresarios se acercaban a nosotros y señalaban que no sólo era necesario sancionar el proyecto de refinanciación de los aportes patronales -que hace ya tiempo el Senado aprobó- sino también buscar una refinanciación en el Banco de Previsión Social y, si era posible, en la misma proporción e igual plazo, a fin de posibilitarles reengancharse en el sistema legal de aportes a la Caja. Como ya dije, hablaremos de estos artículos con mayor detalle en la discusión particular.

Lo cierto es que resultó indispensable que el Gobierno entendiera que teníamos que ser flexibles -a pesar de que los aportes personales se consideran apropiación indebida en el caso de que no se viertan al Banco- para posibilitar una refinanciación que rápidamente "los pusiera a rueda" en sus obligaciones con el Estado y, sobre todo, con el trabajador. En caso de que el Estado siguiera apretando a ese empresario, el perjudicado iba a ser no solamente ese empresario, sino el trabajador, que de ninguna manera tendría la posibilidad de recibir lo que no se vertió en su oportunidad.

En consecuencia, señor Presidente, se trata de dos elementos que el Partido Nacional puso sobre la mesa para empezar a hablar de un proyecto reactivador, en cuyo primer artículo está contenido el tema de la rebaja del aporte unificado a la construcción, que estuvo en la discusión del Gobierno durante un año. Sé que no es un tema fácil, y no lo digo en tono de reproche, aunque creo que podríamos haber generado antes una solución, en función de que con el anterior Ministro de Economía y Finanzas se había contraído un compromiso por parte del Gobierno, en el sentido de que en la segunda semana de enero del corriente año se remitiría el proyecto de rebaja del aporte unificado. Lamentablemente, esa iniciativa no vino en enero por distintas razones que en su momento se dieron. Sin embargo, creo que otras serían las cifras si hoy tuviéramos la oportunidad de contar con este instrumento para que se invierta más en la construcción.

Para nosotros, señor Presidente, este es uno de los sectores más empleadores. Si bien se habla de que el sector servicios también proporciona mucho empleo, al igual que el industrial -aunque en menor proporción que el anterior- ninguno de ellos se asemeja al de la construcción, sobre todo porque genera un empleo que es necesario tener en el país, en virtud de que combina notoria y notablemente la situación del capital y del trabajo. Nunca se da tan buena relación entre cada peso que se invierte, la mano de obra que se emplea y la seguridad que se genera en la inversión, que en el sector de la construcción. Sin embargo, hace más de dos años que está paralizado en nuestro país y no ha tenido ningún tipo de señales de reactivación, salvo la poca obra pública que viene realizando el Estado. No olvidemos que esta idea, además, aparece al mismo tiempo que la necesidad de generar recortes, con los que el Partido Nacional no coincide, y que se plasman en la Rendición de Cuentas.

No estamos de acuerdo en que se topeen las inversiones ni en que haya recortes del orden del 18 % o 19%, tal como surge de la realidad, que ahora se homologa en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que acaba de ingresar al Senado de la República. Este es un tema que vamos a discutir en su oportunidad, pero que se suma a la parálisis del sector de la construcción.

En cambio, aquí tenemos dos motores: uno que a veces se aglutina en la Cámara Uruguaya de la Construcción, y otro que se concentra a nivel de los promotores privados que generan ese tipo de inversiones y, por lo tanto, proporcionan empleo en el Uruguay. Algunos están realmente desolados en función de los recortes que, a nuestro juicio, no son correctos ni han sido bien estudiados en la instancia de la Rendición de Cuentas; a su vez, en lo que va de este período, los promotores de la construcción sólo han solicitado dos permisos de construcción para dos edificios en todo Montevideo, y ninguno en Maldonado, salvo algún proyecto turístico que en el futuro podría funcionar.

De todos modos, la parálisis que tiene el sector, por un motivo o por otro, es realmente alarmante.

Pienso que lo peor que podemos hacer en esta instancia es quedarnos de brazos cruzados. No sé si estos artículos que buscan la promoción de la inversión y, por lo tanto, la recuperación de este sector, son suficientes -ojalá sí lo sean- pero son los que nos piden los mismos empresarios.

Comenzamos, señor Presidente, con una idea, y me alegro de que en esta oportunidad esté supliendo al señor Senador Gallinal el señor Representante Borsari, porque fue de su pluma y de su trabajo conjunto con el doctor Gonzalo Aguirre que se elaboró un proyecto de ley que llevamos en mano al señor Presidente de la República. Me refiero a dos proyectos de ley: el de rebaja del aporte unificado de la construcción y el de refinanciación de adeudos con el Banco de Previsión Social, iniciativas que fueron entregadas, reitero, al señor Presidente de la República en una audiencia particular y personal que mucho agradecemos porque nos dio la oportunidad de plantear el tema y ponerlo sobre la mesa. A partir de ahí comenzaron a elaborarse otras ideas que conformaron este proyecto de ley de reactivación. Digo nuevamente que esto surgió a partir del trabajo realizado por el señor Senador Borsari y mucha gente que alrededor de él, y en forma conjunta, hizo posible que nosotros entregáramos personalmente la primera idea para poder empezar este proceso.

Por otra parte, considero que lo que finalmente salió a partir de esta iniciativa es mejor que lo que le llevamos al señor Presidente, y debo decirlo porque buscábamos un sistema para el aporte unificado de la construcción sin tocar los temas salariales y sin pensar en la posibilidad de que el Estado subsidiara este fondo o aporte. Por lo tanto, no considerábamos factible llegar a lo que hemos obtenido, que es al 50 % de la alícuota. Debo decir una vez más que este proceso empezó con el trabajo del señor Senador Borsari, pero intervinimos todos. El señor Senador Gallinal también participó -en esta oportunidad no está presente por motivos de enfermedad- y fue artífice de lo que hemos logrado. A su vez, la posibilidad de que quedaran comprendidas las obras en curso también fue parte de la bandera y del reclamo del señor Senador Larrañaga, lo que contribuyó a que se conformara, a mi juicio, este excelente artículo 1º que tiene el proyecto de ley. A nuestro juicio este artículo constituye un instrumento y una herramienta indispensables para el sector de la construcción.

Este proceso fue conversado y nos llevó tiempo porque fue difícil acordar con el Poder Ejecutivo, ya que en ese ámbito se confrontaban algunas ideas sobre la posibilidad de perder recaudación, tal como lógicamente pensaba el señor Ministro de Economía y Finanzas. Frente a esto argumentábamos que si no reactivábamos el sector, la recaudación iba a ser cero, y que de nada valía tener cerca del 100 % del aporte unificado de la construcción si sólo había dos permisos de construcción en todo Montevideo. En consecuencia, apostábamos a ser el 50 % de algo, antes que el 100 % de la nada. Naturalmente, llevó su tiempo que este argumento convenciera, pero al fin se plasmó en esta iniciativa.

Pasando al informe del contenido de este proyecto de ley que tenemos a consideración del Senado en esta mañana, debemos decir que la iniciativa no sólo se limita a estos tres artículos que buscan realmente reactivar sino que, además, hay algunas ideas propuestas por parte del Gobierno y que hemos acompañado porque nos parecen novedosas. Las mismas refieren a concesiones, y en todos los casos se establece la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo como empresa necesaria para constituir sociedades anónimas. Incluso, la misma Corporación que conforma la sociedad y que es su dueña, termina cotizando en Bolsa y por medio de subasta busca inversores. Creo, señor Presidente, que esta concesión -en esto coincido con el Poder Ejecutivo, aunque existan opiniones diversas dentro de mi Partido sobre la conveniencia o no de hacerla- es un producto del recorte que en materia de inversiones se hace en la Rendición de Cuentas, porque lamentablemente se han tenido que buscar recursos en donde sea, y no tuvimos el tiempo suficiente de participar en el análisis de esos recortes.

No nos sentimos interpretados por los recortes que se han incluido en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y, a su vez, el anterior Ministro no nos dio la oportunidad de mirar el planillado para que pudiéramos decir "acá sí, acá no, más aquí, menos allá". No fuimos objeto de la convocatoria del Gobierno, y este es un reproche que el Partido Nacional tiene todo el derecho de hacer frente a la ayuda que hemos brindado. No fuimos consultados y apenas quince días antes tuvimos conocimiento de las ideas-fuerza que venían en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, cuando desde marzo -y desde mucho antes también- reclamamos un trabajo conjunto, luego de haber votado en febrero el primero de los ajustes que no pensábamos que tendríamos que aprobar. Todo esto generó la ansiedad de nuestro Partido, en el sentido de proceder a un recorte selectivo y diferente del gasto público, en lugar del régimen de topes que generaba y genera injusticias.

Se me podrá decir que hubo emergencias y urgencias, que tuvimos que apagar incendios y que no tuvimos la serenidad y el tiempo suficiente. Estas explicaciones, de alguna manera, podrán justificarse en forma pública pero no son de recibo por parte del Partido Nacional que quería participar en otra Rendición de Cuentas. De ahí que para nosotros carece de interés esta Rendición de Cuentas y estamos dispuestos a votarla rápidamente, porque no es la herramienta que habíamos imaginado en marzo. De ahí, señor Presidente, que no creo que existan posibilidades, porque discrepamos con su filosofía y con el origen del análisis que hizo unilateralmente el Gobierno y sobre el cual no fuimos consultados a la hora de mirar el gasto público del Estado para poder, a veces, compartir responsabilidades. Hubiera preferido decir a las otras fuerzas políticas que estuvimos en esto y no vimos otra posibilidad que la que se presenta, pero no lo puedo decir porque no tuve esa instancia de trabajo necesaria como para informar a la opinión pública y al resto del espectro político que el recorte que se plantea en el gasto público no tiene otra alternativa. A nuestro juicio, estos recortes son los que están obligando al Poder Ejecutivo a imaginar, a buscar y a hurgar recursos del sector privado para que se vuelquen en el sector público. De ahí las megaconcesiones, la concesión de las obras del Aeropuerto e imaginar entendimientos y convenios entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias Municipales. De ahí, señor Presidente, todo el régimen de concesión, apuntando a generar la mano de obra que es necesario tener en el país.

Frente a todo esto se han levantado voces y, seguramente, va a ser muy rica la discusión particular para profundizar el análisis de este proyecto de ley, pero no quiero adelantarme a esta discusión. De todos modos, es importante saber que este es un instrumento. Cuando se habla de reactivación no puede ser simplemente un titular, sino que debe plasmarse en un artículo, en una idea o en una concepción. Cuando la recaudación cae como ahora -lamentablemente las cifras son dramáticas en el país- todo elemento que pueda generar empleo -no me importa si se trata de uno privado o de uno estatal- bienvenido sea, porque lo que se está buscando es que los sectores público y privado tengan los instrumentos necesarios para poder canalizar recursos -que existen en el país y que muchas veces están celosamente guardados- en el mayor empleo posible. Algunos podrán decir que esto no es la panacea de la reactivación del país -nadie está diciendo eso- pero se trata de una serie de ideas que, a mi juicio, producen reactivación, porque emplean. También se podrá decir que no están todas las ideas aquí; eso mismo digo yo, por eso anunciamos otros proyectos que vamos a traer y que nuestro Partido ya está elaborando, sobre todo en el sector productivo nacional agropecuario, al que queremos dar una serie de herramientas nuevas para hablar de la reactivación del aparato productivo agropecuario. Estamos estudiando el tema junto con nuestros técnicos. Una vez más quiero recoger el guante, el mismo que lanzó el Partido Nacional hace mucho tiempo, pero que ahora tenemos oficialmente planteado todos los Partidos políticos, que es trabajar en la reforma tributaria. No podemos seguir con el nivel de imposición que tiene el país, con más de 28 impuestos que generan un laberinto tributario, que es la forma de atar de pies y manos y que provocan gran parte del costo país, del que mucho se habla, pero poco se hace para reducirlo.

Ahora creemos que esa invitación está más en manos del ex Senador y actual Ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, porque habíamos hablado de esto cuando él estaba aquí, ya que formalmente, como Partido político le habíamos pedido que junto con el entonces Ministro Bensión lo instrumentara. Los hechos de la vida llevaron a que el Senador con quien hablábamos e insistíamos en este tema ahora está al frente de la Cartera de Economía y estamos plenamente seguros de que una vez concluida la Rendición de Cuentas, todos los Partidos políticos tendremos una convocatoria al más alto nivel para trabajar en serio y en profundidad en la reforma tributaria y no dejaremos de analizar ninguna de las ideas que se pongan sobre la mesa. El Partido Nacional no entra con anteojeras ni preso de discusiones recientes en instancias electorales. No debemos descartar ninguna de las ideas, sobre todo cuando tenemos, lamentablemente, los niveles actuales del IRP en los sectores trabajadores del país. Gracias a la participación del Partido Nacional los sectores más humildes o los que menos ganan hoy no están gravados como se proponía en forma original y mucho me enorgullezco de ello, porque más de 600.000 jubilados hoy no tienen un solo impuesto más del que tenían y las categorías más bajas de los salarios públicos tampoco lo tienen. Con esto no quiero decir que no es injusto, porque lo es y tampoco quiero decir que lo puedan absorber algunos jubilados, porque lo cierto es que les ha costado mucho a los pocos jubilados que hemos gravado, así como a los muchos funcionarios públicos que hoy sobrellevan este impuesto. Pero frente a esta nueva realidad que tiene el país, con respecto al Estado y los trabajadores, es necesario pensar todo nuevamente porque, en forma indirecta, estamos estableciendo -aunque no lo hayamos buscado- un impuesto a las ganancias y a los sueldos, que se ha desvirtuado, por lo que no deberíamos negarnos a estudiar otras fórmulas más justas que determinen mayor equidad tributaria y que apunten a un sistema tributario más justo en los momentos de crisis que vive el Uruguay.

Por eso, señor Presidente, hoy decimos que este es un proyecto de ley muy importante donde se manejan una serie de ideas que son positivas para el país. Es verdad que no están todas las ideas y no pretendemos que esta sea una herramienta que transforme al Uruguay y lo saque de la crisis.

Son varias ideas que van a seguir sucediéndose y que deben ser la tónica del Parlamento en los próximos seis meses, junto a la reforma tributaria y a la Rendición de Cuentas.

Repito lo que dije en forma pública en cuanto a que el Partido Nacional ha tenido una gran desilusión con respecto a la Rendición de Cuentas que se nos ha remitido y, por lo tanto, votémosla rápido porque no es la herramienta que pensábamos e imaginábamos y no tenemos más tiempo como para cambiarla o transformarla ni para generar una gran discusión sobre la misma. Aboquémonos a estudiar este proyecto de ley de Reactivación de los Sectores Productivos y Concreción de los Planes de Inversión en el que sí ha participado el Partido Nacional. Esta sí es una idea sobre la que hemos insistido desde hace muchos meses y ya desde ahora, cuando estamos considerando estos 72 artículos en forma general y particular, tenemos proyectadas más ideas porque no concebimos la actividad política de otra forma que no sea la de ser positivos. No la concebimos sin idear y sin tener el sentido cristiano de creer que los problemas que tiene el país son asuntos que nos atañen a todos y no únicamente al Gobierno. No concebimos otra tesis y no buscamos tener un rédito de carácter político cuando, lamentablemente, el país se encuentra en un pozo como es la situación actual. En estos momentos todos estamos a prueba, Partidos políticos y hombres y es cuando la opinión pública hace un alto para mirar a quienes en épocas de crisis, no solamente no se repliegan, sino que aportan todas sus ideas, buenas o malas, para tratar de sacar al país del atolladero y del pantano en que se encuentra. No vemos otra forma de salir más que imaginando un país mejor y poniendo todo nuestro esfuerzo y capacidad en aportar -no al Gobierno sino al propio país- las mejores ideas que tenemos.

El país se encuentra en los peores momentos, en la peor crisis que ha sufrido a lo largo de toda su historia y creo que nuestro Partido no puede ser mezquino y no debe reservarse ideas para aplicar en una instancia ulterior, en el caso de que la suerte lo acompañe y pueda tener en sus manos el Gobierno.

Es por eso, señor Presidente, que hoy hay proyecto de reactivación. Y si lo hay es porque el Partido Nacional ha hecho énfasis en él; porque ha traído las ideas y porque ha insistido con el tema al Presidente de la República. Hay proyecto de reactivación porque tenemos una concepción diferente del Gobierno en cuanto a que el recorte del gasto público no es un fin en sí mismo, quizás sea una necesidad coyuntural, pero no se puede agotar simplemente en eso. En un caso de emergencia hay que hacerlo dramáticamente pero, repito, no es un fin en sí mismo. En este momento o buscamos que el aparato productivo crezca o, de lo contrario, achicamos al país y a todos nosotros. Me gusta la expresión que ha utilizado el Presidente del Directorio en los diferentes medios de prensa en cuanto a no "jibarizar" al país, no achicarlo porque no es el futuro del Uruguay. En una emergencia tenemos que controlar el gasto, ¡claro que sí!; en una emergencia tenemos que topear aumentos, ¡claro que sí!; en una emergencia tenemos que parar la flota automotriz, ¡claro que sí!; en una emergencia tenemos que fusionar Unidades Ejecutoras, ¡claro que sí! Sin embargo, vuelvo a decir que ello no es un fin en sí mismo. Acá viene el primer proyecto reactivador, la primera iniciativa y en tal sentido, apostamos a los otros desafíos para que la reforma tributaria sea también otro proyecto reactivador. Este se tiene que hacer en base a la justicia y a la simplificación de nuestra telaraña tributaria que hace imposible empezar a producir en el Uruguay o emprender un camino nuevo.

Me ha tomado unos minutos hablar de esta iniciativa que tendrá una discusión particular más rica, en función de que hay muchos más temas incluidos como, por ejemplo, los de carácter turístico, los que tienen que ver con concesiones, los de llamado a interés o de búsqueda desesperada por generar empleo, etcétera. A nuestro juicio, todos ellos son buenas herramientas que bien utilizadas, de haber interés privado, podrán generar más empleo o mejorar la situación del país en ese sentido. Es por eso que aconsejamos la sanción de este proyecto de ley y consideramos que tendría que terminarse de tratar en el día de hoy y porque, si lo demoramos mucho, de nada servirá. Lo peor es no aprovechar los tiempos porque algunas medidas que son buenas hoy, quizás no lo sean mañana, porque llegarán tarde en una realidad que está obligando al sistema político a ser más eficaz a la hora de tener que responder al aparato productivo nacional en todas sus formas, ya sea en la construcción, en el agro, en la industria, en el área de servicios o en el área de turismo. Vamos a volver sobre estos temas para decir todo lo que se puede hacer y todavía no se ha hecho.

Han pasado 30 meses de Gobierno, la mitad del período constitucional, donde creemos que se ha perdido el tiempo y no aprovechamos el primer año para hablar de estas cosas. Lamentablemente, este tiempo no va a volver y estará en nosotros votar ésta y otras iniciativas para aprovechar los próximos meses de modo tal que podamos terminar este período pudiendo decirle claramente a la opinión pública que frente a las dificultades y a la crisis no hemos renunciado a nuestra responsabilidad y hemos puesto trabajo, empeño y esfuerzo para poner nuevamente al Uruguay de pie como estaba hasta hace pocos años.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: el proyecto de ley que en este momento ha ingresado a la consideración del Senado de la República tiene un rol trascendente para la vida del país y, en buena medida, ello ha sido reflejado en las palabras del Miembro Informante. En esta circunstancia el Poder Ejecutivo ha elevado un conjunto de normas destinadas a impulsar la reactivación económica de aquellos sectores productivos que, se entiende, son los que están en condiciones de alcanzar, en forma rápida, el objetivo que se procura.

En este conjunto de normas también existen aquellas que persiguen facilitar la presentación de iniciativas de proyectos de inversión, al tiempo de habilitar su rápida concreción, justamente con la finalidad de reactivar la economía por tratarse de sectores que en forma más rápida, reitero, pueden alcanzar los objetivos que se pretenden.

Este proyecto de ley tiene como directo antecedente un entendimiento con el Partido Nacional, que en su momento dio lugar a conversaciones que, finalmente, se concretaron en esta iniciativa, la que, al ser considerada en la Comisión de Hacienda, se fue incrementando y mejorando en sus artículos porque, como todo proyecto de entendimiento, siempre es perfectible y puede alcanzar, a través de instrumentos mejor redactados o de nuevas ideas, la finalidad que todos compartimos: hacer zafar al país de esta difícil coyuntura económica, ya que, sin duda -como bien se ha dicho en reiteradas ocasiones- es una de las crisis más graves que ha sufrido el Uruguay.

Entonces, señor Presidente, en buena hora recibimos esta iniciativa que procura dar respuesta a las dificultades propias de la crisis que vive el país y que es el resultado de los problemas por los cuales atraviesa el sector financiero. Por tanto, el propósito principal que se busca a través de esta normativa es claramente doble: por un lado, el incremento de la inversión y, por otro, que haya trabajo. Se trata de dos aspectos que están directamente relacionados, como si fueran dos caras de la misma moneda; reitero: inversión por un lado y trabajo por otro, dando así respuesta a lo que es el reclamo de la gente de nuestro país.

El proyecto de ley que está a consideración del Senado busca arribar a estos propósitos a través de la reactivación de determinados sectores de la economía; los mismos se pueden dividir de manera general en esta discusión, en grandes capítulos, naturalmente sin perjuicio de que, como corresponde de acuerdo con el Reglamento, se ingrese a la consideración particular de cada uno de ellos, en especial de sus artículos, a los efectos de que se hagan las explicaciones pertinentes y, en definitiva, votarlos.

Pero en esta etapa de la discusión general querría referirme a los grandes capítulos que comprende este proyecto de ley. El primer gran capítulo es el de la reactivación del sector de la construcción. Dentro del mismo, hay dos subcapítulos particulares. Se procura la reactivación del sector, en primer lugar a través de normas tributarias cuyo abatimiento facilite la absorción del stock inmobiliario que existe hoy en día en el país. Ello se alcanzará mediante normas que establezcan la exoneración del IVA a los intereses sobre préstamos a la primera venta o promesa de venta de inmuebles en régimen de propiedad horizontal. En segundo término, dentro de este subcapítulo está la norma correspondiente a la exoneración al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales en lo que hace relación a la venta o promesa de venta, que refiere tanto a la parte vendedora como a la compradora, en el caso de los intereses de los préstamos a las obras de inmuebles en régimen de propiedad horizontal. Este es un sacrificio fiscal que se realiza para facilitar, de alguna manera, que ese sobre stock que tenemos en el sector inmobiliario pueda ir siendo absorbido por parte de la demanda.

El segundo gran subcapítulo -que se encuentra en el capítulo del sector de la construcción- hace referencia al impulso que se persigue para la construcción de nuevos edificios, y ello se logra también a través de un sacrificio fiscal, naturalmente fruto del entendimiento alcanzado con el Partido Nacional, que motivara luego la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero que fuera mejorándose en la Comisión de Hacienda; el mismo consiste en la rebaja del 50% del aporte unificado a todas las obras declaradas de interés turístico nacional en régimen de propiedad horizontal. Este es un beneficio que además se extiende a las construcciones que se lleven a cabo por parte de cooperativas de viviendas.

A estos aspectos, reitero, vamos a ingresar con más detalle en la discusión particular. Sí es bueno aclarar que lo que inicialmente comprendía sólo a las obras declaradas de interés nacional o turístico en régimen de propiedad horizontal, a los efectos de beneficiarlas con la rebaja del 50% del aporte unificado, en la Comisión se extendió no sólo a las cooperativas, sino también a la vivienda nueva, con una rebaja al 62%.

Este sacrificio fiscal -hay que tener en cuenta que se está realizando en momentos difíciles de recaudación- lo que persigue es, como aquí bien se ha dicho, tratar de incentivar la nueva construcción a los efectos de que, en definitiva, este sector, que por cierto es generador de inversión y de trabajo, se reactive y dé respuesta a las necesidades que en esta materia está teniendo el país.

Otro gran capítulo a través del cual se intenta alcanzar los propósitos señalados por el Poder Ejecutivo, tiene que ver con los tributos adeudados al Banco de Previsión Social. Aquí hay aspectos a considerar que vale señalar en la discusión general, ya que en primer lugar refieren, precisamente, a la refinanciación de multas y recargos de aportes personales; estamos hablando, por cierto, de aquellos que conciernen a los aportes personales propiamente dichos, por cuanto este caso se deja librado a las modalidades de pago instituidas por el Banco de Previsión Social, teniendo presente que, en segundo lugar, se respeta la intangibilidad de dicho aporte, y en tercer término, se respeta la rentabilidad que corresponde al trabajador en función del régimen general de la previsión social instituido en la Ley Nº 16.703.

El segundo aspecto de este capítulo de tributos adeudados al Banco de Previsión Social tiene relación con las facilidades de pago para todos los tributos adeudados a dicha institución, con exclusión, como decía, de los aportes personales. Se debe tener presente, además, que esta iniciativa fue enriquecida en la Comisión de Hacienda, siempre en el sentido de procurar facilidades de pago a aquellos que le deben al Banco de Previsión Social, y que han quedado fuera del sistema propiamente dicho; justamente, se pretende incorporarlos nuevamente para que dicha Institución pueda aumentar su recaudación, como es aspiración de todos nosotros.

Como decía, la Comisión enriqueció esta línea de acción, incorporando una disposición por la cual, en caso de haberse iniciado los trámites judiciales para el cobro de las deudas de los contribuyentes del Banco de Previsión Social, se declare que esos honorarios, en la medida en que los profesionales actuantes son dependientes del organismo recaudador, pertenecen a dicho organismo. En el caso del Banco de Previsión Social, este es titular del derecho sobre esos honorarios y, por consiguiente, se le da la facultad de poder reducir o, eventualmente, exonerar del pago de esos honorarios si se llegara a un acuerdo con el deudor. Este no es un aspecto menor, por cuanto estos honorarios, de acuerdo con las circunstancias y con el monto del reclamo, pueden ser significativos y cuantiosos, por lo que pueden llegar a constituir un obstáculo para la implementación o formalización del acuerdo entre el contribuyente y el Banco, que es justamente uno de los propósitos fundamentales que persigue la norma legal.

El tercer gran capítulo de esta iniciativa de reactivación de la economía nacional es el que refiere al fomento y a la rápida definición y ejecución de proyectos de inversión. Este capítulo contiene distintos aspectos, a los cuales me voy a referir en forma general, sin perjuicio de detallar durante la discusión particular lo que se persigue específicamente a través de ellos.

El primero de estos aspectos dice relación con la iniciativa que se persigue en cuanto al Aeropuerto Internacional de Carrasco. La norma correspondiente autoriza al Poder Ejecutivo a realizar un contrato, un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo, a los efectos de que ésta constituya una sociedad anónima por acciones nominativas que tendrá por objeto la administración, la construcción, el mantenimiento, la explotación y la operación del Aeropuerto Internacional de Carrasco, incluyendo las comercializaciones correspondientes a través de las tiendas libres de impuestos, también conocidas con el nombre de "Tax free shops". Además, se establece que esta autorización para contratar con esta sociedad anónima se puede extender por un plazo de hasta treinta años. Es bueno resaltar, señor Presidente, que se excluyen expresamente de esta autorización los servicios de tierra a prestarse a aeronaves, así como también -lo que para nosotros es obvio, pero es bueno que quede establecido en la ley- aquellos servicios de seguridad incluidos en la norma, entre otros, los concernientes al tráfico aéreo, a la Aduana, al control de Meteorología, al control de Migraciones, etcétera. Además, excluye el servicio de control policial, porque hay que tener en cuenta que este proyecto da al Aeropuerto Internacional de Carrasco la calidad de puerto libre, y teniendo presente la exoneración de tributos que ello representa, es imprescindible que el recinto del aeropuerto esté debidamente cercado y controlado por las fuerzas de seguridad del Estado.

La pregunta que se nos ha planteado en la Comisión -creo que es bueno dejar sentada su respuesta también aquí- es por qué es necesario establecer por ley la autorización al Poder Ejecutivo, ya que se trata de conceder contratos a privados -ello, en definitiva, está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo- con objetos como el que aquí se establece; y de acuerdo con la Carta Orgánica de la Corporación Nacional para el Desarrollo, ésta también está autorizada a constituir sociedades anónimas.

La respuesta a esta pregunta es la siguiente. En primer lugar, existe interés por parte del Poder Ejecutivo de darle estado parlamentario a estas cuestiones a efectos de que no haya duda en cuanto a la transparencia y publicidad que se quiere que tengan estos procedimientos. En segundo término, la concesión de las tiendas libres de impuestos, de acuerdo con la ley, debe hacerse por licitación. De forma tal que es imprescindible, si el resultado que se persigue es que las acciones de la sociedad puedan transferirse a través de subasta pública, establecer la autorización por ley. Además, la otra circunstancia que obliga a que la ley intervenga y dé la autorización es, precisamente, la de que la realización de las acciones de esta sociedad anónima también debe hacerse mediante subasta pública.

El segundo aspecto que es importante señalar con respecto a este capítulo de fomento y de rápida definición y ejecución de proyectos de inversión, es el que es conocido con el nombre de megaconcesión. Es de público conocimiento la circunstancia de que el 5 de octubre de 2001 fue aprobado el convenio contrato que suscribiera la Corporación Nacional para el Desarrollo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Naturalmente que este convenio intervenido por el Tribunal de Cuentas, como corresponde de acuerdo con la ley, persigue como finalidad que la Corporación Nacional para el Desarrollo constituya una sociedad anónima y a través de ella se puedan licitar los distintos aspectos que componen esta megaconcesión. Dicha megaconcesión comprende 1.271 kilómetros de la red vial nacional y 2.904 metros de puentes, lo que no es poca cosa. Pero lo más importante es que, como consecuencia de las graves circunstancias económicas que atraviesa el país, los montos de inversión aprobados por el Presupuesto Nacional para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que fueron de U$S 156:000.000 anuales, en la actualidad han sido reducidos a U$S 77:000.000 anuales.

Esta cifra, indudablemente, limita las posibilidades que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de mantener la red vial nacional, y más aún, de aspirar a realizar nuevas construcciones de puentes o de carreteras. Por lo tanto, es imprescindible contar con la inversión privada a los efectos de que se sume a los fondos destinados hoy en día a la obra pública.

De acuerdo con las estimaciones hechas a través de la megaconcesión, en los tres años que se cuentan desde el 2002 hasta el 2005 se estaría en condiciones de sumar casi U$S 140:000.000 que, sin ninguna duda, contribuirán a mantener y mejorar la red vial nacional. Es imprescindible que esto se haga a través de la megaconcesión, que incluye la participación de una sociedad anónima creada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, de manera que la coparticipación de la inversión pública y privada alcance los objetivos que se persiguen. Sin embargo, es imprescindible la autorización legal a los efectos de que las acciones de esa sociedad anónima constituida por la Corporación Nacional para el Desarrollo puedan ser transferidas, a través del procedimiento de la subasta, a empresas radicadas en el país u organismos internacionales de crédito, como expresamente lo establece el proyecto.

Sin duda, este es el procedimiento más transparente y rápido con que se puede contar en esta materia, sobre todo teniendo la experiencia de que, a través de otros procedimientos, no sólo se demora sino que al final se termina en largos y engorrosos juicios que al país para nada le sirven. Por el contrario, utilizando el procedimiento de transferencia de las acciones por medio de la subasta pública, se puede hacer en forma rápida y transparente, como ocurrió en el caso de la experiencia que tuvimos con el Puerto de Montevideo. Además, se puede y se debe conocer quiénes son los adquirentes, por cuanto a través de esta iniciativa que se eleva a consideración del Senado por parte del Poder Ejecutivo es absolutamente imprescindible que las acciones de esta sociedad anónima sean nominativas, es decir, estén a nombre del titular de los derechos que emanan de ese título.

Ambos aspectos, señor Presidente, refieren concretamente a los objetivos que se persiguen: rapidez y transparencia. De ahí la necesidad de este procedimiento que, naturalmente, por ser de subasta, requiere la autorización legal.

SEÑOR GARAT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRAUSE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: evidentemente, no he tenido oportunidad de analizar bien todo lo incluido en el capítulo referido a la megaconcesión. Por consiguiente, quisiera que el señor Miembro Informante me explicara más claramente qué agrega este artículo a la megaconcesión, porque según él ha explicado -yo lo entiendo así- la megaconcesión, todos los kilómetros de carreteras que se van a desarrollar, los puentes que se van a realizar y la constitución de una sociedad concesionaria en la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo ya está operando, o sea que la megaconcesión ya está en funcionamiento. Está actuando una sociedad comercial de carácter privado que ya es concesionaria y que, según lo que yo conozco, ya está tratando de conseguir un préstamo para iniciar las obras. Además, está autorizada, por el orden jurídico de su constitución, a conseguir socios, pero tiene la ventaja de ser una sociedad de orden privado del Estado, donde éste es el principal accionista. Entonces, lo que quiero saber es qué se agrega en cuanto al desarrollo de las fuentes de trabajo que, en definitiva, es el espíritu de este proyecto de ley.

Digo esto porque en la forma en que se viene operando, sin este artículo, igualmente la megaconcesión se sigue desarrollando, se sigue actuando, se sigue proyectando, da fuentes de trabajo y se van a construir puentes, carreteras, aun con la disminución que tenga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lamentablemente, por esa reducción de recursos que se le ha hecho.

Por lo tanto, quiero saber qué agrega este artículo de positivo para la realización de la obra y para crear fuentes de trabajo, pues creo que tiene dificultades muy grandes como para ser aceptado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- Sin duda, el planteo que hace el señor Senador Garat es oportuno. Quiero aclarar que el Miembro Informante es el señor Senador Heber y no quien habla, pero trataré de dar respuesta a la interrogante planteada.

Como señalábamos al principio, lo que se persigue a través de la megaconcesión, y más aún, dentro del gran capítulo que señalaba que es el de fomento a la rápida definición y ejecución de proyectos de inversión, es captar inversión privada, de manera que junto con la pública contribuya al mejoramiento de la red vial nacional.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- Ese propósito de que la inversión privada se sume a la reducida -por la fuerza de las circunstancias- inversión pública, se procura lograr a través de la subasta de las acciones de esta sociedad constituida por la Corporación Nacional para el Desarrollo. De lo contrario, si no tuviéramos autorización legal, no sería posible la realización de las acciones a través de la subasta. La propia ley está indicando quiénes pueden ser los posibles adquirentes; se trata de empresas radicadas en el país u organismos internacionales de crédito.

Pero eso no es lo único que requiere autorización legal. Hay aquí un aspecto importante y es que esta sociedad, una vez que las acciones sean subastadas, pasando a ser una sociedad abierta dentro del régimen legal de las sociedades comerciales, en caso de que resuelva subcontratar, está expresamente obligada por ley a hacer dicha subcontratación a través de procedimientos que hagan transparente la concurrencia de los oferentes y, al mismo tiempo, coloque en igualdad a los mismos.

A todo esto, además, se le debe dar la mayor publicidad posible. O sea que lo que se persigue desde el momento en que se va a tratar de una sociedad anónima, que se rige por el régimen general de las sociedades comerciales, que podría subcontratar -naturalmente, cuando le llegue la oportunidad- por medio de la iniciativa privada, por cuanto estamos en el campo de la autonomía de la voluntad, es la obligación, para evitar cualquier tipo de dudas o vicisitudes que se puedan presentar, respetar las normas de concurrencia, procurar la igualdad de los oferentes, al mismo tiempo de, repito, dar la mayor publicidad.

Estas son las circunstancias principales por las cuales este procedimiento debe contar necesariamente con la autorización legal, pero también es importante destacar, como modo de agregado a la respuesta que debo al señor Senador Garat, que el destino del producido de la megaconcesión -que es lo importante- se debe volcar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde luego, una vez deducidos los gastos, para que éste lo asigne a obras de infraestructura. De manera que una de las finalidades que se persigue con este aspecto del capítulo de rápida definición y ejecución de proyectos de inversión que hemos titulado "Megaconcesión" -que es uno de los temas principales de este proyecto de ley- es que se incorpore la inversión privada al mejoramiento de nuestra red vial y que, a través de ello, naturalmente, haya más trabajo en el país.

Bien; otro aspecto de este capítulo es lo que concierne al depósito de arenas negras, al cual simplemente haré referencia por cuanto también se procura alcanzar ese objetivo a través del procedimiento de la concesión del Poder Ejecutivo a la Corporación Nacional para el Desarrollo para que ésta constituya una sociedad anónima y pueda subastar las acciones. El fin de esto es la prospección, exploración y explotación de lo que se conoce como depósito de arenas negras, tema sobre el cual sabemos que hay interés por parte de inversores privados.

Un cuarto aspecto de este capítulo refiere a la Terminal Polivalente del Puerto de Nueva Palmira. Aquí hay que resaltar, en forma general, dos temas. En primer lugar, que también se autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, se constituya una sociedad anónima que tenga por objeto la administración, construcción, conservación y explotación de la Terminal Polivalente del Puerto de Nueva Palmira, que es uno de los puntos más importantes del concepto global de la Hidrovía. Sin duda, el Puerto de la Terminal de la Hidrovía es el eje principal del desarrollo de ésta y es donde el Poder Ejecutivo, el país todo y, en particular, los habitantes de esa zona del departamento de Colonia, tienen puestas sus aspiraciones de progreso. Por otra parte, esto no sólo está vinculado a la Terminal de la Hidrovía, sino también al dragado del Canal Martín García que, como se sabe, es una responsabilidad común de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay; dragado que resulta imprescindible para que accedan los buques de ultramar a la Terminal de Nueva Palmira, a los efectos de transportar la producción granelera de toda la mesopotamia de esta parte del continente de las barcazas que navegan por la Hidrovía hacia esa Terminal y luego a los buques de ultramar. Cuanto mayor sea su calado, mayor será la operativa y, por lo tanto, el desarrollo del Puerto. En consecuencia, de ello depende principalmente que se continúe con el dragado del Canal Martín García, tema este que, como nos expresara el señor Secretario de la Presidencia de la República en su visita a la Comisión de Hacienda, es preocupación del Poder Ejecutivo, quien a este efecto está haciendo las contribuciones del caso para que no se interrumpan las obras.

Finalmente, es importante señalar que las acciones de esta sociedad anónima deben ser, también, nominativas y ser subastadas en forma pública para que sean adquiridas por un particular siempre teniendo en cuenta que el producido de la subasta deberá volcarse a Rentas Generales.

Este capítulo de, digamos, facilitación y desarrollo de las obras públicas tiene un aspecto importante en lo que concierne a la declaración de interés nacional de zonas turísticas. La norma legal establece expresamente cuáles son las zonas turísticas que pueden ser explotadas por privados en función de procedimientos ya previstos en este proyecto de ley, que se resumen en el hecho de que el particular que tiene interés en explotar alguna de ellas se debe presentar al Ministerio de Turismo, que reunirá en torno a una mesa al organismo público titular de las mismas para ponerse de acuerdo y permitir, con la brevedad del caso, concretar esas iniciativas.

Un sexto aspecto dentro de este gran capítulo es lo que refiere a programas de obras públicas que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas junto con las Intendencias correspondientes y la iniciativa privada puedan concertar mediante el régimen de concesión. Esto debe tener por objeto una determinada obra pública en una Comuna, por supuesto, la que se hará dentro de los plazos que establece la concesión, en donde también se incluyen las formas para que el particular, con las garantías del caso, pueda recuperar la inversión hecha.

El séptimo aspecto a tener en cuenta dentro de este capítulo es todo el conjunto de normas que persigue cristalizar un programa de obras por iniciativa privada, aspecto que voy a ahorrar al Senado en la discusión general, por cuanto es nuestra intención explayarnos en forma más concreta y específica a la hora de la discusión particular.

Quiero referirme, señor Presidente, a otro punto que es incorporado en este proyecto de ley y que titulo como de normas sobre competencias, administración, reconocimiento y control de créditos derivados en trámites de exportación.

Se me podrá preguntar qué tiene que ver esto con la reactivación que se procura como objeto principal de este proyecto de ley. Entendemos que es importante por cuanto es imprescindible precisar las competencias al exportador -que es en definitiva la figura a través de la cual el país aspira alcanzar el desarrollo económico, reactivándose por medio de este sector- en cuanto a cuáles son los organismos públicos que actúan, al tiempo que se le simplifiquen los trámites de exportación. Además -este no es un tema menor- se prevé una disminución de los costos, lo cual permitirá desarrollar mejor este tipo de actividad.

Reitero que el objetivo principal que se persigue con estas normas es la simplificación del trámite de exportación, que se traduce en ahorros explícitos, directos, como también en ahorros implícitos al sector de la exportación, en la medida en que se elimina el certificado habilitante exigido al Banco de la República.

Sin perjuicio de ingresar a considerar el proyecto de ley con más detalle -cosa que haremos con mucho gusto en la discusión particular-, quiero señalar que desde el punto de vista económico esto significa al sector exportador un ahorro explícito de U$S 1:277.000 y un ahorro implícito del entorno de los U$S 10:000.000. Sin duda, este es un ahorro imprescindible en esta hora de dificultades que está viviendo el exportador, y que apunta, por medio de este proyecto de ley -como es aspiración de todos- a la reactivación de la economía nacional, principalmente orientada hacia el sector de la exportación.

Voy a hacer algunas precisiones finales. Reitero que en esta etapa de la discusión general no debemos ingresar en los detalles, que analizaremos gustosamente cuando el Senado de la República entre en la discusión particular de esta iniciativa.

Quiero decir que el país, a raíz de las graves circunstancias por todos conocidas, se ha visto en la necesidad de realizar recortes al gasto público. En ese sentido, en lo que va del año hemos tenido que adoptar decisiones, sin duda no simpáticas -como el ajuste fiscal- pero que se tornaron necesarias a los efectos de nivelar, en la medida de lo posible, las cuentas públicas. Compartimos lo que aquí se ha manifestado en cuanto a que no alcanza sólo con realizar ajustes para que las cuentas públicas den, sino que, al mismo tiempo, el Legislador, a través de la ley, debe crear caminos que permitan a los inversores poder reactivar la economía del país. Este proyecto de ley, sin duda, es una respuesta a esa reactivación de la economía nacional que el país está reclamando, que no va a ser la única ni la última; bienvenidas todas las iniciativas en esta materia. Nosotros habremos de contribuir con nuestras iniciativas y, por consiguiente, apoyaremos todas aquellas que, provengan de donde provengan, sirvan para el desarrollo del país, con el fin de que haya, en definitiva, mayor inversión y se creen fuentes de trabajo.

Recogemos el guante en cuanto a la necesidad de que el país y este Parlamento hagan una reforma tributaria. Compartimos plenamente esta iniciativa y lo hemos reiterado en muchas oportunidades. Consideramos que existe en el país un exceso de tributos y que es hora de que simplifiquemos el sistema tributario reduciéndolo a unos pocos que, a su vez, amplíen la base tributaria. Todo esto, en última instancia, tiene que significar una reducción del costo del Estado, que dé más amplitud a la iniciativa privada para que se pueda desenvolver. En este sentido, a través de una mayor inversión de iniciativa privada, se van a poder crear, naturalmente, más oportunidades para todos los uruguayos.

Pero también debo recordar que junto con esa aspiración de la reforma del sistema tributario, debemos incluir las reformas de los organismos de recaudación, en especial la Dirección General Impositiva, por cuanto es imprescindible crear instrumentos que estén mejor adecuados para alcanzar los objetivos que se persiguen con esta reforma. Es indispensable mejorar los controles a efectos de evitar, ya no formas de evasión, sino también de elusión impositiva, que al final restan ingresos a los objetivos de recaudación necesarios para el erario. Ello hace imprescindible que nos debamos atener a la iniciativa de reformar la Dirección General Impositiva.

En suma, esta es una buena iniciativa del Poder Ejecutivo. Ella ha sido considerada en la Comisión de Hacienda donde, sin ninguna duda, ha sido mejorada.

Desde ya afirmamos que no va a ser el único proyecto de ley que se va a presentar en materia de reactivación económica. Compartimos plenamente lo que aquí se ha manifestado a ese respecto por parte del Miembro Informante y también serán bienvenidas las iniciativas que se propongan en esta materia, no importa del partido político que provengan, siempre que ellas apunten al objetivo que todos queremos, es decir, que en este país haya más inversión y, como consecuencia, podamos alcanzar la máxima aspiración en el sentido de que todos los uruguayos tengan más trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Nuñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: confieso que me vi tentado a pedir una interrupción en la última parte de la exposición del señor Senador Brause, pero después recordé que estaba anotado; espero no olvidarme de hablar también de esa última parte, es decir, sobre el tema de la reforma del sistema tributario.

Voy a empezar mi exposición diciendo, como figura en el repartido que todos los señores Senadores tienen sobre la mesa, que este Senador -representante del Espacio 90 y también del Encuentro Progresista - Frente Amplio- firmó discorde.

A continuación, voy a tratar de decir las razones políticas por las cuales hemos firmado discorde este proyecto de ley. Sin embargo, no sería suficientemente sincero ante este Cuerpo si no hiciera alguna referencia, ante todo, a algo que hemos escrito en alguna resolución del Plenario Nacional de mi fuerza política, de carácter reciente. Creemos que se está produciendo -y asumo lo que voy a decir con total responsabilidad- un cierto vaciamiento de las instituciones democráticas, porque estamos asistiendo a la ratificación formal de iniciativas en ámbitos institucionales, las que han sido largamente discutidas en forma previa, pero sin la participación de todos los representantes de la ciudadanía ni de las instituciones que la representan, como es el Senado de la República. Por nuestra parte, hemos asistido a una marcha camión en la Comisión de Hacienda de este Senado, que ha estado prácticamente en sesión permanente en los últimos días, alternando su actividad con cuartos intermedios para que la Coalición de Gobierno pudiera ponerse de acuerdo básicamente con relación a algunos puntos o para esperar alguna otra redacción del Poder Ejecutivo o su visto bueno. Lo cierto es que funcionó en forma permanente la Coalición y luego la Comisión de Hacienda de este Senado, para cierta discusión y ratificación. Esto es un aspecto que no se puede dejar de mencionar a la hora de comenzar mi exposición, porque verdaderamente asistimos con tristeza a un funcionamiento solamente formal, en algunos casos, de las instituciones.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Correa Freitas)

- Fíjese, señor Presidente, que asistieron a la citada Comisión -digo esto como autocrítica, y por lo menos en lo que a mí concierne, me he propuesto hacer todo lo posible para que este tipo de cosas no suceda más- únicamente algunos de los actores relacionados con este tema. Lo hicieron, por ejemplo, los señores Secretarios y el Prosecretario de la Presidencia de la República, quienes hicieron una exposición muy global, somera y superficial acerca de este proyecto de ley. Luego asistió el actual señor Ministro de Economía y Finanzas, ex Senador Atchugarry. También estuvieron presentes los representantes del SUNCA, durante unos minutos. Pero lo cierto es que por falta de presión, de presencia o de votos y también debido a la decisión de la Coalición de Gobierno de apurar el trámite, no tuvimos oportunidad de conversar con otros Ministros o con sectores sociales que también estaban interesados en exponer su opinión sobre este proyecto de ley. Así, no concurrió a la Comisión de Hacienda el señor Ministro Cáceres, por ejemplo; sí lo hizo a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, aunque para considerar la Rendición de Cuentas, tema que nada tenía que ver con el que hoy nos ocupa. Tampoco asistió el señor Ministro Brezzo. Y advirtamos que dos de los temas importantes que fueron expuestos tanto por el Miembro Informante como por el señor Senador Brause, que son el de la megaconcesión y el de la concesión del Aeropuerto de Carrasco, corresponden a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la del Ministerio de Defensa Nacional. Por último, tampoco concurrió a la Comisión el señor Ministro de Industria, Energía y Minería.

Realmente, podría haberse citado a todas esas personas. ¿Por qué no pudimos hacerlo y por qué de alguna forma hemos contribuido desde el Encuentro Progresista a no presionar para que se demorara el estudio de este proyecto o para que vinieran los citados Ministros y tuviéramos la información más exhaustiva posible sobre los elementos fundamentales contenidos en este proyecto de ley? Porque se nos dijo que se quería aprobar el mismo prácticamente al unísono con el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Y porque según se ha explicitado públicamente, este proyecto de ley es la contrapartida del de la Rendición de Cuentas; así pues, al votarse ésta última, la iniciativa que estamos considerando debería haber sido aprobada. Debemos tener presente que la Rendición de Cuentas es una iniciativa del Partido Colorado, el Partido de Gobierno, que ha sido apoyada por el Partido Nacional, sin embargo; este proyecto de ley aparece presentado por el Miembro Informante como una iniciativa del Partido Nacional que ha recibido el apoyo del Partido Colorado.

Entonces, ese es un juego de similitud y de contrapartidas, y este proyecto de ley forma parte también del proceso que estamos discutiendo a nivel económico general, que engloba a la Rendición de Cuentas y también a los últimos acontecimientos parlamentarios y extraparlamentarios que se han desarrollado en nuestra economía y en toda la situación social y política en el país.

Como he dicho antes, recibimos la visita en Comisión de un solo Ministro y de los señores Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República. Recibimos prácticamente a una sola organización social, cuando sabemos que hay muchas interesadas en este tema. Sin embargo, por imperio de la necesidad de tiempo, no consultamos ni tuvimos la posibilidad de discutir a fondo con otros ministros y otras entidades sociales. Aclaro que digo esto como una autocrítica, ante el tipo de discusión que hemos tenido sobre este proyecto de ley. Pero también estoy mostrando que esta fuerza política no quiere entorpecer a la Coalición la aprobación de leyes, de ninguna manera. Podremos estar en contra o a favor de algo, pero no hemos entorpecido las cosas, sino que hemos dado nuestra colaboración, nuestro trabajo y nuestras propuestas de redacción en las Comisiones, en forma permanente.

Existen también otras desprolijidades formales que quiero resaltar. En el día de ayer, el trabajo de la Comisión terminó a las 13 horas, aunque casi se pasa a cuarto intermedio. Como es sabido, a la hora 15 estaba citado el Senado. No había tiempo material para realizar un repartido, porque al comienzo este proyecto de ley tenía 49 artículos, pero a raíz de los 23 que se agregaron posteriormente, ha llegado a tener 72 disposiciones en total. Así pues, no estaban los repartidos, y menos aún las disposiciones citadas, que aparecieron recién hoy en la mañana. Todo esto hace que seguramente no sólo los miembros del Frente Amplio - Encuentro Progresista y los integrantes de la Comisión, sino fundamentalmente los Senadores que no participaron en ese ámbito, deban, en algunos casos, hacer fe o confiar en lo que digan sus compañeros de la Comisión, porque probablemente estos 72 artículos y el contenido variado de este proyecto de ley no son conocidos por ellos con profundidad.

Vaya esto, señor Presidente, como una autocrítica, pero también como una voluntad política de este señor Senador en el sentido de que, de aquí en adelante, no vamos a dejar pasar -o lo intentaremos-, por más que las mayorías impongan después su ritmo, que el trabajo parlamentario se desnaturalice, como ha ocurrido desde el comienzo de este Gobierno. Esto no había sucedido en Legislaturas anteriores, pero desde la conformación de esta coalición de Gobierno, ha venido ocurriendo sistemáticamente desde que se consideraron las primeras Leyes de Urgencia y Rendiciones de Cuentas. Nos parece que eso no le hace nada bien al fortalecimiento de las instituciones y de la democracia.

Sin embargo, quiero hacer referencia a temas sustanciales que tienen que ver con este proyecto de ley.

SEÑOR FAU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NUÑEZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: al inicio de su intervención, el señor Senador Núñez dijo algo muy grave, tan grave que aguardé a que él desarrollara su pensamiento, porque descartaba que iba a fundamentar la afirmación que acababa de hacer.

No sé si el señor Senador Núñez se dio cuenta de lo que manifestó. Habló de un vaciamiento de las instituciones democráticas. No es a mí a quien corresponde indicar al señor Senador lo que debe hacer, pero creo que una afirmación de esa naturaleza debe ser fundamentada y probada. No se puede decir cualquier cosa en este Senado de la República. Ante una afirmación tan grave -que el señor Senador tiene todo el derecho a hacer-, nosotros tenemos el deber de exigirle que diga al país por qué afirma que hay un vaciamiento de las instituciones democráticas, en el mismo momento en que, a plenitud, está haciendo uso de su derecho de Senador opositor a expresar con total libertad su pensamiento y sus puntos de vista.

Creo que tenemos derecho a estar con expectativa, esperando las razones y los fundamentos que tiene el señor Senador para haber afirmado algo tan grave, como lo hizo hoy aquí en el Senado de la República. Naturalmente, dependerá de sus respuestas las reflexiones que nos podrá merecer a nosotros un hecho tan infeliz como el que tuvimos que vivir hace unos minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: sobre el aspecto a que refiere el señor Senador, creo que fui bastante exhaustivo. Creo que una cosa es que uno vaya al seno de la Comisión y pueda hacer uso de la palabra, y otra es que los proyectos de ley se discutan con la profundidad correspondiente en este Parlamento, así como que se dé todas las posibilidades a todos los orientales -como siempre se hizo en este país- para opinar sobre las iniciativas, fundamentalmente a los interesados en cada una de las que se estén discutiendo.

Reafirmo lo que se ha dicho en una declaración de mi fuerza política, en el sentido de que peligrosamente se está tendiendo a un vaciamiento de ciertas instituciones. Lo creo, porque sólo el funcionamiento formal no es el elemento sustancial en una democracia.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NUÑEZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: no quiero distorsionar la disertación que está haciendo mi compañero de Bancada, el señor Senador Núñez. Además, conozco sus fundamentos, que comparto.

No sólo apruebo lo que ha explicado el señor Senador Núñez, sino que también afirmo que lo grave no es que se diga aquí en el Senado que se están recortando o agrediendo las instituciones democráticas, sino que ello está sucediendo.

SEÑOR SINGER.- ¡No es así!

SEÑORA ARISMENDI.- Podemos demostrarlo, por más que griten y se ponga histérico algún señor Senador.

SEÑOR SINGER.- ¡Está diciendo una barbaridad!

(Campana de orden)

SEÑORA ARISMENDI.- Por más que griten, no tienen razón.

Comparto las afirmaciones del señor Senador Núñez -las ha ido demostrando-, pero luego, cuando me corresponda hacer uso de la palabra, agregaré elementos.

El señor Senador Núñez decía que esto está sucediendo con más fuerza en esta etapa, en esta Legislatura, en esta Administración, pero puedo demostrar que esto comienza antes. Digo más; tampoco es autóctono en el Uruguay. Por lo tanto, de lo que se trata en este caso no es del funcionamiento formal -que respetamos, que defendimos en el pasado, en el presente y seguiremos haciéndolo en el futuro, con hechos, no con griterío-, sino de no permitir que se vaya vaciando el ámbito representativo que es el Parlamento, el Poder Legislativo o el Congreso, como dice la traducción mala del inglés en la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. En fin, de lo que se trata es de que este ámbito sea la expresión de las distintas voluntades y de los diferentes puntos de vista, y de que no se llegue -usaré un término más fuerte que el señor Senador Núñez, que es muy cuidadoso en sus expresiones; yo no- a una tomadura de pelo a la ciudadanía, a los que estamos sentados acá, al pretender -como se intentó en el día de ayer- que diéramos opinión sobre un proyecto de ley al cual se agregaron más de veinte artículos, y con respecto a los cuales tuvimos que pelear y trabajar intensamente en nuestras Secretarías para encontrar las Disposiciones Citadas, cosa que estamos haciendo hasta el día de hoy. Se aspira, entonces, a que en este caso, esta señora Senadora de la República -como se dice en Sala- venga a este ámbito sin haber podido estudiar, consultar ni conocer a fondo cada una de las modificaciones que se están produciendo en la vida del país.

¿Acaso eso no es un recorte al funcionamiento democrático? Gritan, porque no pueden demostrar lo contrario, porque los hechos son contundentes. En la afirmación que realiza el señor Senador Núñez, la gravedad radica, no en que lo diga -¡bueno fuera que no pudiera expresarlo!-, sino en que están ocurriendo -reitero- hechos graves a los que nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: voy a empezar a hablar de los aspectos sustanciales del proyecto de ley.

Quiero hacer una historia del tema de la reactivación. Desde el 19 de enero de 1995 - durante los últimos meses de gobierno del doctor Lacalle; antes de que asumiera el Presidente electo, el doctor Sanguinetti-, nuestra fuerza política permanentemente ha elaborado propuestas que hemos elevado y puesto a disposición del Gobierno, de los sectores sociales y económicos y de los distintos actores políticos y sociales del país. Se trata de iniciativas que tenían dos grandes vertientes: las políticas sociales y las políticas económicas. Dentro de estas últimas, figura especialmente el tema del empleo y el de la reactivación económica. En todas las políticas sociales, es obvio que hemos puesto énfasis en los temas de la vivienda, de la salud y de la educación, pero también en los de la marginación, la pobreza y la contingencia social -como se le denominó en algún momento- o emergencia social, que hoy es más cruda que nunca en este país. Creo que es uno de los elementos que debemos tener en cuenta, porque si no atendemos en serio la reactivación económica y la emergencia social no vamos a salir de este pozo económico y social en el que nos encontramos.

La historia es la siguiente. El 19 de enero de 1995 planteamos la denominada "Propuesta para el diálogo", de la que fue portador el doctor Tabaré Vázquez y la entregó a un futuro Presidente, esto es, al doctor Sanguinetti.

No tuvimos respuestas positivas, a pesar de que fuimos recibidos correctamente.

El 18 de setiembre de 1995 presentamos las bases de una propuesta para una política de empleo ante la Junta Nacional de Empleo, dado que el contacto con el Gobierno no había tenido resultados favorables.

En agosto de 2000 propusimos la llamada "Agenda Social" y también la propuesta para la reactivación económica.

Más cerca en el tiempo, en julio de 2001, presentamos el Plan de Contingencia para la Emergencia Social y el Plan de Reactivación Productiva, porque ya decíamos en ese momento que la reactivación productiva era esencial para poder salir de la crisis económica de entonces, cuando estábamos a pocos meses -alrededor de quince- de haber asumido este Gobierno.

Por último, entregamos al señor Presidente de la República una carta del señor Presidente del Encuentro Progresista - Frente Amplio sobre lo que se llamó "Reajuste Político".

Los contenidos básicos de esas propuestas sucesivas e insistentes, que muchos descalificaron sin siquiera ser leídas, tenían que ver con la emergencia social, las políticas sociales, las políticas de empleo -que desde hace muchos años venimos diciendo es el elemento sustancial para el país, y sigue siéndolo en el presente- y las políticas de reactivación económica. Por lo tanto, sobre este último punto nosotros no damos la derecha a ningún Partido. Todos tienen el derecho a decir que son reactivadores, pero nosotros hemos presentado distintas propuestas en todo momento, aunque no hayan tenido eco porque la coalición de gobierno no las aceptó, dado que al único al que siempre se pregunta cómo se financia tal o cual proyecto, es al Encuentro Progresista - Frente Amplio.

¿Cómo hemos visto, a lo largo de tantos años, la forma de obtener los fondos para la reactivación económica? En primer término, a través de la inversión pública. Eso lo manejamos, por ejemplo, cuando se discutió el Presupuesto Nacional, ya que en ese entonces existían posibilidades reales de inversión pública. Sin embargo, en general, la respuesta del Gobierno fue recortar la inversión pública, y cuando por presiones parlamentarias se aumentó el gasto para algunos aspectos importantes de política social a través de un Mensaje complementario, el entonces señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Bensión, dijo que el Parlamento tenía la culpa de que se aumentara el déficit fiscal.

Cabe destacar que no se atendió el tema de la reactivación como un elemento central, ya que la preocupación se situaba en el déficit fiscal. Así estuvimos durante muchos años.

En segundo lugar, cabe recordar que en alguna ocasión planteamos la utilización del endeudamiento público y la emisión de Bonos. En este caso, también estamos hablando de un momento en el que había posibilidades de endeudarse. Durante más de diez años este país tuvo un crecimiento a la tasa del 4% acumulativo anual. De 1990 a 1998, Uruguay creció más de un 4% acumulativo anual, aumentando su Producto y sus ingresos, aunque estos no fueron distribuidos correctamente.

En definitiva, tenía una deuda pública manejable. Por ese motivo, propusimos reactivar, dar empleo y atender la emergencia social a través del endeudamiento público o incluso de la emisión. Pretendíamos atender algunos proyectos muy concretos, como era el relativo al Instituto Nacional de Colonización, a través de la deuda pública. Lamentablemente, con estos últimos Gobiernos hemos llegado a una situación en la que es prácticamente imposible tener un mayor endeudamiento público y, en todo caso, el que se consigue se utiliza para salvar o atender la horrorosa crisis financiera que tenemos porque hemos dejado perder los depósitos y las reservas públicas, desde mi punto de vista por una política equivocada.

También propusimos la utilización de reservas, pero eso en la actualidad sería imposible, porque no existen ya que permitimos que cayeran totalmente.

Obviamente, en algún momento también hablamos -y eso consta en los documentos que poseo sobre nuestras propuestas- de la reactivación a través de la concesión de obra pública. Nosotros no tenemos un prejuicio o una predisposición negativa sobre este tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Ha llegado a la Mesa una moción de la señora Senadora Arismendi solicitando que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ .- Señor Presidente: en lo que tiene que ver con estos últimos documentos, cabe destacar que allí se decía que con respecto a las inversiones de obra pública se iban a priorizar las del sector público que generaran mayor impacto, y que éramos contestes a habilitar las concesiones para financiar obras nuevas con las siguientes condiciones: que no se tratara de áreas estratégicas, que existieran compromisos explícitos que garantizaran el estricto cumplimiento de los contratos y la transparencia de las adjudicaciones con instrumentos como la audiencia pública, y por último, que existieran medidas de defensa de la pequeña empresa, exoneraciones impositivas, etcétera. Nosotros sabíamos claramente en qué condiciones podíamos aceptar la concesión de obra pública, pero no teníamos, repito, una predisposición negativa.

Todo esto tiene que ver con el proceso de presentación de propuestas largamente negadas, aunque algunas de ellas después fueron asumidas por otros Partidos. Tenemos que reconocer que algunas de nuestras ideas más adelante fueron presentadas por miembros de otros Partidos, e incluso en algunos casos se transformaron en proyectos de ley. Aclaro que nos parece bien que las ideas buenas las tomen, aunque después digan que no lo hacen.

Estamos en una situación política y económica que ha sido descrita y muy discutida en las últimas semanas. Obviamente, en este Senado todos la conocemos, como así también toda la población, porque la está sintiendo en los bolsillos y en el estómago. Esto ha dado lugar a que el Gobierno -y así lo ha anunciado desde hace tiempo el señor Presidente de la República- entienda que este es un momento adecuado para lanzar su programa máximo.

El Presidente de la República, durante muchas décadas de influencia política en este país, viene planteando ese proyecto macro que, junto con la coalición, se ha propuesto tratar de cumplir al máximo. Como dijo el representante del Fondo Monetario Internacional, señor Aninat, cuando estuvo en este país, consiste en realizar activos públicos para empezar a solventar los déficit fiscales, la situación crítica, el deterioro de las reservas, etcétera. Entonces, en esta situación crítica quiere seguir adelante con un proyecto que ha demostrado su fracaso y que ha llevado al país y a su gente a una coyuntura realmente insostenible. Por más que se diga lo contrario -en ese sentido, hemos escuchado con atención al señor Miembro Informante- para nosotros este proyecto forma parte de la realización de ese programa máximo. En lugar de reconocer el fracaso de un proyecto económico se quiere profundizar para seguir introduciendo al país en una situación cada vez más crítica.

Básicamente, creo que este proyecto de reactivación tiene sólo el nombre. Además, se llama de "reactivación de los sectores productivos y concreción de proyectos de inversión". Puede ser que algunas de las normas sean reactivadoras, pero la mayoría son concretadoras y no tienen nada de reactivación. Aclaro que esta no es una frase mía, sino que la escuché en la Comisión de Hacienda y me parece muy inteligente.

Este proyecto tiene un gran capítulo de incentivos fiscales y crediticios que, si bien no aportan demasiado a la reactivación, van en un camino positivo. Digo esto, porque el conjunto de normas que van desde el artículo 1º al 11, tienen que ver con la reducción de los aportes a las obras privadas en la construcción, la exoneración del Impuesto al Valor Agregado de los intereses vinculados a los préstamos destinados a la primera enajenación o promesa de enajenación de unidades de propiedad horizontal y la exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales. Sinceramente, el artículo 1º, que a esto se refiere, parecía el más sencillo pero fue uno de los más discutidos. Tanto es así, que fue votado en Comisión el último día, cuando ya estaban aprobados todos los demás. Incluso, a último momento se le dio una redacción por la que no sólo atendía a la construcción de viviendas en régimen de propiedad horizontal o declaradas de interés turístico o nacional, sino también a las cooperativas de vivienda, sin distinción, incluyendo las cooperativas de ayuda mutua. De todas formas, por lo que dice la Carta de Intención y algunos otros documentos, estas cooperativas no van a tener más préstamos, pero las que están en ejecución serán exoneradas junto con el resto de las construcciones.

No tenemos gran expectativa en que esto produzca un conjunto de puestos de trabajo muy grande, pero nos parecen normas bastante adecuadas. El hecho de que nosotros tengamos una posición negativa sobre el conjunto de la ley se debe a que, como dijo el señor Senador preopinante, los principales elementos están en la concesión de obra pública y la posibilidad de atraer capitales privados, fundamentalmente, a servicios permanentes. Cuando se concesiona un servicio permanente por una gran cantidad de años -15 en el caso de la megaconcesión y hasta 30 en el del Aeropuerto Internacional de Carrasco-, seguramente, después de vencidos esos plazos se llamará nuevamente a concesión. Por lo tanto, los plazos se van alargando y lo que aparece como concesión tiene mucho de privatización.

En la concesión de obra pública los hechos fundamentales son la megaconcesión y el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Sin embargo, en algunas de las expresiones públicas del Presidente de la República, antes de que dejara de hablar tan seguido en los medios de comunicación, dijo que le parecía muy bueno el método que se había aplicado en la playa de contenedores a través de la creación de una sociedad anónima por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en un contrato firmado entre esta última y un organismo público que, para el caso de la megaconcesión, sería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y para el del Aeropuerto Internacional de Carrasco, el Ministerio de Defensa Nacional. Se constituye una sociedad anónima con el objetivo de que luego de otorgarle la concesión del servicio y la obra pública, se subaste totalmente su paquete accionario. Esto no se dice en la ley, pero el Estado no se va a quedar con ninguna parte de las acciones de esta sociedad anónima; va a convertirse en una sociedad absolutamente privada a la que se le da la concesión de un servicio público por 15 ó 30 años, según el caso. Por el hecho de que se venda en una subasta pública, no nos parece que sea un mecanismo más transparente que otro. Lo transparente es que el que va a obtener el paquete accionario de esa sociedad anónima será el que oferte más, pero no tiene por qué ser el que opere mejor el servicio público. En el caso del Aeropuerto Internacional de Carrasco, además, esto se convierte en un cheque en blanco porque según el proyecto de ley no tenemos idea de cuáles son las obras públicas que se van a realizar. Sabemos cuáles son los servicios que se concesionan y cuáles no, pero no qué obras se van a realizar ni cuál es el plan maestro de ampliación del Aeropuerto. En el caso de la megaconcesión ya se sabe porque, como dijo el señor Senador Garat, ya está hecha y esta ley se precisa, solamente, para poder subastar las acciones de la sociedad anónima.

Todo lo demás está funcionando. La Corporación Vial del Uruguay es la sociedad anónima adjudicataria de la megaconcesión que comprende el conjunto de 8 peajes y rutas -a partir de 2003 se incorporaría la ruta 11 y, a partir de 2007, la Ruta Interbalnearia-, es decir que esa megaconcesión ya está adjudicada, así como también las empresas que van a ser las que realicen determinadas obras. Se realizó una licitación para cada uno de los casos pero, en resumen, el ganador es un solo consorcio: H&G, Hernández y González y Ramón Alvarez. Como dije, ese es el consorcio que está destinado a operar el conjunto de peajes en la megaconcesión.

Esto tiene relación con lo que era común a las dos concesiones, pero ahora voy a hablar por separado de un tema y otro, a los efectos de ser más claro.

Creemos que en el Aeropuerto Internacional de Carrasco se crea un monopolio privado con la concesión que se da a través de este proyecto de ley. Se trata de un monopolio privado de servicios que hoy tiene el Estado y que pasan a ser operados por un solo concesionario. No sé si es compatible con la prédica del Gobierno y de muchos de sus representantes, desmonopolizar los sectores públicos y monopolizar algunas concesiones cuando se privatizan. Actualmente existe un monopolio de la producción y distribución de cerveza en el Uruguay, pero eso no es culpa del Gobierno sino que obedece a que las empresas multinacionales se fueron comprando unas a otras y adquirieron las tres fábricas de cerveza del país. Sin embargo, darle el monopolio a una sola empresa sobre el conjunto de actividades del aeropuerto, aunque excluyamos algunos servicios -es bueno reconocer que se han excluido algunos, especialmente el control de tráfico aéreo, que hace a la responsabilidad del país para controlar la aeronavegación, pero eso fue producto de la discusión, porque no venía en el proyecto original- y darle, además, un instrumento que ni siquiera el Estado se dio a sí mismo, como el de puerto libre, me parece una exageración. Ahí aparecen contraposiciones entre el interés privado y el nacional, porque este Aeropuerto en particular, que es la principal puerta de entrada y salida del Uruguay, debe formar parte de un proyecto estratégico de país. Realmente, el concesionario privado que va a comprar el total de las acciones de esa sociedad anónima que se crea con esta ley, ¿va a tener en cuenta los intereses del país en la ejecución del funcionamiento y de las obras que se planifiquen para el aeropuerto? Por el hecho de que compre a mejor postor y mejor precio las acciones, ¿va a ser un empresario neutro, que no tenga nada que ver con intereses privados u otros vinculados a algunas concesiones en países vecinos? ¿Ese concesionario monopólico va a perseguir realmente el interés nacional? Creemos que no.

Tenemos los datos de lo que recauda la DGIA. En 1992 se partió de casi U$S 19:000.000 y en el 2001 se llegó a U$S 28:000.000, con épocas de auge. Esto puede ser un indicador de cómo evoluciona el conjunto de los ingresos del Aeropuerto, que es de más de U$S 70:000.000 por año. Aclaro que los datos que di son sobre lo que recauda exclusivamente la DGIA, pero la variación de los ingresos del Aeropuerto tiene que ver con la evolución del Producto Bruto Interno del país. Incluso, hubo una empresa que se contrató como asesora y en uno de sus informes manifestó que el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco dependía, básicamente, de la evolución del Producto Bruto Interno uruguayo y argentino. En realidad, estamos viendo que la disminución o falta de obras no depende básicamente de qué es lo que se haga en el Aeropuerto, sino de cómo le esté yendo al país económicamente.

Entendemos que se trata, fundamentalmente, de la concesión de un elemento estratégico, por lo que el Estado debe tener en el plan de desarrollo del país, integrado con el de las vías y carreteras, para saber hacia dónde queremos ir los uruguayos y los operadores monopólicos de un aeropuerto.

También quisiera hablar de la megaconcesión como elemento negativo, a pesar de que el enamoramiento que hay en esta forma de conceder las obras y los servicios públicos a través de la creación de sociedades anónimas es el elemento dominante de este proyecto de ley. No sólo está la megaconcesión, el Aeropuerto, las arenas negras y el Aeropuerto de Nueva Palmira, sino que ahora se dice que se puede llegar a dar en concesión, con ese mecanismo, el Aeropuerto de Santa Bernardina, que es el asiento de la Base Aérea Nº 2. También se habla de una sociedad anónima entre la Armada Nacional y operadores privados para operar barcos de todo tipo, o de la comercialización de las amatistas y de las ágatas, básicamente, de Artigas.

Creo que hay un enamoramiento del mecanismo, no haciéndolo a través de artículos constitucionales como el 188, en sus incisos uno, dos, tres y cuatro. Se trata de una forma muy novedosa -que se inició con la terminal de contenedores- que ahora está utilizando el Gobierno en esta propuesta. Hay muchos ejemplos de creación de sociedades anónimas y, aunque perdí la cuenta, son cerca de diez.

Para terminar -pues creo que me queda poco tiempo- entiendo que la megaconcesión es crear un monopolio, una sociedad anónima que va a tener como concesión la operación y el cobro de los peajes, así como la reparación y construcción de las obras que haya que realizar, fundamentalmente de 1.272 kilómetros de carretera, tal como dice el texto de la Presidencia de la República al que hemos accedido, y de 2.904 metros de puentes, lo que ya está en mar-cha.

La Corporación Vial del Uruguay ya es propietaria de esta megaconcesión. Ya se construyeron los puestos donde se van a cobrar los peajes con un mecanismo pensado de tal manera por la consultora que contrató el Ministerio de Transporte y Obras Públicas -que debe ser excelente, porque es la que siempre lo asesora-, que nadie que se traslade a cualquier parte de este país puede escapar de los peajes, cuando en el mundo -no sólo en el mundo desarrollado, sino también en países que constituyen un ejemplo cercano en la región- lo determinante es que se cobren en vías rápidas, dejando la posibilidad de circular por vías accesorias a quienes no deseen pagarlos. Allí los peajes son voluntarios y están creados para facilitar a automovilistas, camioneros y omnibuseros un transporte más rápido y más cómodo, de modo que siempre existe la posibilidad de tomar por otras rutas y esquivar los peajes. Pero ahora en nuestro país, con este plan tan bien armado, nadie se va a escapar de pagar peaje. Además, como habrá que pagar también el regreso -no solamente la ida, como sucedía antes-, seguramente no se van a escapar ni aquellos que se desplazan en una sola vía en tramos cortos.

Este proyecto conforma la creación de ocho puestos nuevos de peaje, cifra que me parece absolutamente exagerada, más aún cuando la concesión se realiza en base al precio que se cobra el peaje, quiere decir que se paga a las empresas en función de unidades calculadas sobre el precio de cada peaje, y hoy el costo del peaje de ida y vuelta en cada puesto es de $ 70 para los automóviles y -si mal no recuerdo- de $ 130 para otros vehículos. Obsérvese que con tres peajes en varias de las rutas nacionales más importantes -va a haber tres peajes, por lo menos, en la Ruta 9 para llegar a Rocha, así como para llegar a Rivera y a Salto-, hoy por hoy, un automóvil tiene que pagar $ 210, mientras un camión, más del doble.

Creemos, señor Presidente, que esta concesión también genera un monopolio, como lo establece expresamente el documento de la Presidencia de la República al que tuvimos acceso respecto al tema de la megaconcesión, que dice "la megaconcesión empieza en agosto". ¿Por qué? Porque a los puestos que ya están concretamente definidos, cuando se venza la concesión de la ruta 11, en el Río Santa Lucía, en el año 2003, se le sumará la concesión de ese puesto a la nueva sociedad anónima. Del mismo modo, cuando en el año 2007 venza la concesión de Consorcio del Este -que desde mi Bancada tanto se ha criticado porque las obras se retrasaron y se hicieron con lo que se iba cobrando y no con lo que los concesionarios invierten de su patrimonio-, lo único que el país, el Estado uruguayo, el Gobierno, va a ganar por este mecanismo es lo que se recaude por la venta de las acciones. Sin embargo, por más que se hable, estamos en un momento muy malo, de depresión, por lo que la venta seguramente se concretará por valores bajos. Deseo al Gobierno la mayor suerte posible para que obtenga los mejores precios en la subasta, pero en una región y en un país deprimidos desde hace cuatro o cinco años, la venta de las acciones de estas dos sociedades anónimas -las más importantes que tenemos y, en definitiva, las que nos hacen votar en general este proyecto de ley en forma negativa, porque hay otro conjunto de artículos que sí votamos- se va a hacer a un precio muy bajo. Si bien hoy nos encontramos en una situación en que no tenemos reservas ni presupuesto ni nada y cuando según dicen esta sea la única vía posible -aunque a eso nos llevaron los que nos dejaron sin presupuesto, sin depósitos y sin reservas-, cuando la lógica de los ciclos económicos se empiece a cumplir y en algún momento esta región y este país salgan adelante, esta megaconcesión por 15 años o la del Aeropuerto Internacional de Carrasco por 30 años, van a dar tremendas ganancias para el concesionario privado, dejando únicamente a este país -como ya expresé- el costo o la subasta de las acciones.

Con lo antedicho creo haber fundamentado nuestra oposición en general a la médula de este proyecto que, a mi juicio, de reactivación tiene poco. En cambio, creo que sí existe una gran aceleración para vender, concesionar y dar a los privados todo lo que hasta ahora podía representar buenos ingresos y buena generación de empleo por parte del sector público.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Deseo hacer unos comentarios acerca de las palabras del señor Senador Nuñez, que dedicó gran parte de su exposición en general a los artículos en carácter particular, lo cual entiendo es parte integrante de la discusión que el Senado debe mantener en profundidad.

En mi opinión, en los conceptos que el señor Senador Nuñez vertió sobre la megaconcesión y el Aeropuerto Internacional de Carrasco existe un grado de confusión en cuanto a lo que está proponiendo el Poder Ejecutivo en las disposiciones respectivas. El Poder Ejecutivo habla por sí mismo, pero creo que como Miembro Informante tengo que decir lo que yo entiendo se está implementando en esta megaconcesión.

Me parece que no debemos confundir lo que ya realizó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el tema de la adjudicación de la obra, que considero es una cosa muy distinta a la concesión. Aquí tenemos la referencia a la decisión, que data del 5 de octubre de 2001, que es un contrato que celebró el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que esas empresas que el señor Senador mencionó realicen las obras, construyan los peajes y trabajen sobre las carreteras.

Ese es un tema. La idea original era constituir un fondo financiado por las AFAPs. Seguramente el señor Senador Núñez y todos recordamos que el origen de la presentación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas era buscar canalizar gran parte del ahorro nacional que se genera, sobre todo en AFAP República. Esto es tomado por distintos organismos internacionales como deuda pública y fue causa de gran parte de la demora en la implementación de la megaconcesión, si era público o no y si se asumía una deuda pública o no con respecto a la emisión y a la inversión que las AFAPs hacían.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo busca una alternativa para esta situación y es así que la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es dueña de la sociedad anónima -tampoco se forma el Fondo que se iba a instrumentar para financiar estas obras-, captaría en la Bolsa de Valores, mediante la venta de las acciones, el dinero suficiente para financiar las obras.

Pienso que es muy distinto hablar de las empresas que están construyendo la obra que referirse a los futuros dueños o compradores de las acciones en la Bolsa de Valores. Por lo menos así lo entiendo yo. Lo que pretende el Poder Ejecutivo es canalizar un dinero -faltante dentro de la Administración- con la posibilidad de financiar la megaconcesión mediante la creación de un Fondo que se generará en función de las acciones que se vendan en la Bolsa de Valores. A priori no me parece que esto esté mal, es decir, que se busquen inversores privados que inviertan y obtengan sus ganancias en base a la posibilidad de una compra. Creo que esto es parte integrante de la posibilidad de canalizar un ahorro o un dinero que lamentablemente salió del sistema financiero y que está en el Uruguay. Precisamente, el señor Ministro de Economía y Finanzas sostiene que según sus cálculos hay más de U$$ 1.000:000.000 de uruguayos...

SEÑORA ARISMENDI.- Serían U$S 1.500:000.000, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- No sé si tantos; quizás sí.

Seguramente estos uruguayos tendrán la incertidumbre de dónde invertir, y aquí se le ofrece una serie de garantías en función de que existe respaldo del Estado y, además, está la Corporación Nacional para el Desarrollo. A ello se suma que existe una obra en ejecución; por lo tanto, frente a la incertidumbre de gente que tiene dinero y no sabe qué hacer con él y dónde colocarlo, se abre el Estado brindando una serie de oportunidades. Seguramente los señores Senadores recordarán que a partir del artículo 12 -sobre todo en los artículos 12 y 13- se habla de la iniciativa privada pensando qué se puede hacer para idear una concesión, plantearla y generar la confidencialidad necesaria para quien se le ocurra alguna idea al respecto. Si así fuera, se haría un llamado a licitación con las garantías del caso para que se invierta, se concesione y se canalice a nivel de todo el Estado, en los Entes Autónomos, en los Servicios Descentralizados y en los Gobiernos Departamentales, así como en proyectos de orden turístico.

¿Qué tiene de malo esto? ¿Cuál es el inconveniente? ¿No vemos en esto una oportunidad de trabajo e inversión? ¿Acaso no es una forma de que el dinero quede acá? A esa persona que retiró por temor del sistema financiero todo su dinero y lo tiene guardado quién sabe dónde, el Estado le estaría diciendo que crea en él, que invierta en un Ente Autónomo, que piense un negocio y que lo presente porque se va a hacer un estudio de factibilidad y un llamado a subasta pública.

¿Qué tiene de malo esto? Esto significaría canalizar el ahorro público en obras del Estado que son para todos, más aún en momentos en que el Estado está aplicando recortes muy grandes en el rubro inversiones.

De alguna manera traté de explicar esta situación para disipar los temores. Que mañana la Corporación Nacional para el Desarrollo vaya a la Bolsa de Valores a buscar inversiones, no me parece mal. ¿Qué tiene de malo que invite a uruguayos o extranjeros a creer en el propio Estado y en la obra que todos precisamos, cuando precisamente el Estado no la puede hacer por sí mismo porque tiene recortes y restricciones del gasto muy grandes?

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- En realidad se trata de una aclaración de orden político.

En momentos en que escuchaba algunas manifestaciones, guardando el estilo parlamentario dije un "no apoyado". Si lo dije en un tono más fuerte fue producto de la indignación que me provocó escuchar expresiones que a mi juicio revelan una concepción pasatista, sesentista y hasta diría de tipo antidemocrático.

Todos conocemos las contestaciones que se podrían dar a esto que estoy diciendo y que me provocó indignación. Se nos podrá decir que más indignación provocan los pobres y los desocupados que hay en Uruguay, y más indignación aún los niños desnutridos que también hay en nuestro país. De todos modos me preocupa que aún hoy haya gente en nuestro país que reitere concepciones que fueron, en aquel entonces, muy graves, que pusieron en riesgo la situación del país y que contribuyeron a generar la caída de la institucionalidad democrática.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Walter Riesgo)

- Cuando se habla de democracia formal, confieso que a mí me causa terror. Democracia hay una sola; no hay democracia formal ni sustantiva, sino una sola democracia. Cuando se trata de discriminar los tipos de democracia, ello sólo puede revelar una concepción antidemocrática y totalitaria.

Frente a esto, señor Presidente, cómo no voy a reaccionar con indignación. Creo que con esa indignación reaccionamos todos y, en mi caso particular, no lo hice por mi condición de Senador colorado, sino como uruguayo.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR NÚÑEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NÚÑEZ.- Señor Presidente: me sentí aludido por el señor Senador Heber en virtud de que me mencionó especialmente; por lo tanto, voy a hacer referencia a lo que él dijo.

En el tema de la megaconcesión no confundí a la Corporación Vial del Uruguay S.A., que va a ser concesionaria y cuyas acciones se van a vender en subasta pública, con los que van a realizar o ya están realizando algunas de las obras en la actualidad. Pero no sólo van a realizar obras porque la Corporación Vial del Uruguay S.A., que hoy es exclusivamente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, ya entregó también a determinadas empresas que son las encargadas de la construcción de los actuales peajes -a lo que se agregan dos o tres quilómetros en torno a cada uno de estos peajes para arreglar la construcción de los mismos- la recaudación y administración de esos peajes. A su vez, los compradores de las acciones de la Corporación Vial del Uruguay ya han adjudicado a esas empresas esos servicios y esas tareas. No lo confundí, lo tengo claro.

Además, dije que el único ingreso que iba a tener el Estado es la venta de un activo intangible, que se llama acción de una sociedad anónima. Este no es un activo como puede ser esta mesa, ese mueble o el edificio tan hermoso en el que estamos sesionando; se trata de un activo diferente, que tiene valor, porque cuando lo vayan a comprar en la subasta pública la empresa que se quede con él va a obtener una concesión que será de 15 años en el caso de la megaconcesión y de 30, en el del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Esto significa que dicha empresa tendrá asegurado un conjunto de ingresos por el período que dure la concesión y, si no consigue reembolsar todo lo que ha invertido en ese plazo, tiene la posibilidad de extenderlo. Es decir que lo que se está vendiendo no son activos como la tierra, los edificios, etcétera, pero sí son activos que se llaman acciones y que tienen valor porque el Estado otorgó de antemano a una sociedad anónima, por un lapso de 15 ó 30 años, la posibilidad de obtener una ganancia suculenta. Por lo tanto, ese es el único ingreso que el Estado va a tener, porque si la sociedad anónima ya existe, podría operar hoy la megaconcesión y, seguramente, lo podría hacer con los ingresos que iría obteniendo de los peajes. No cabe ninguna duda de que esto es lo que van a hacer quienes compren las acciones; no van a invertir dinero propio, y si lo hacen será con el único objetivo de pagar las acciones. También hay que tener en cuenta que con los ingresos futuros reembolsarán la suma invertida con creces.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Tenía pensado comenzar mi exposición de otra manera, pero voy a hacerlo refiriéndome a este punto que me parece extraordinariamente importante.

Comparto totalmente la interpretación que ha hecho el señor Senador Núñez y, además, creo que tiene otro agravante. Pienso que es lo contrario de lo que se dice aquí en cuanto a que estas personas van a invertir dinero y, en ese sentido, advierto que el artículo 21 que se refiere a la megaconcesión, no se ha leído con detenimiento. A veces hay que leer para saber qué es lo que se va a hacer o qué hipótesis plantea la Coalición de Gobierno para llevarlo a cabo. Dicho artículo 21 expresa: " (Megaconcesión).- Autorízase a la Corporación Nacional para el Desarrollo a ceder totalmente el contrato de concesión o a enajenar, a empresas radicadas en el país, o a organismos internacionales de crédito de los que la República forma parte...". ¿Quién puede ser: el Banco Interamericano de Desarrollo? Dicho Banco es un organismo de crédito. Quizás sea la Corporación Andina, tal como me acota el señor Senador Fernández Huidobro, o el Fondo Monetario Internacional. Tal vez, se trate de cambiar la deuda que se tiene por las acciones. Todo es posible pero, ¿por qué pusieron esto? ¿Por qué se dice "a enajenar, a empresas radicadas en el país, o a organismos internacionales de crédito"? ¿Por qué lo tenemos que vender? Y si les vendemos las acciones, ¿con qué nos van a pagar? Podrán decirnos que debemos tanto y que nos reducirán de la deuda un cierto monto, mediante una transa. Esto es una barbaridad, un disloque total, es vender la propiedad pública mediante este mecanismo. No hay absolutamente ninguna duda de que esto es así.

También sobre este tema -luego me referiré a él más extensamente- quiero decir que me parece inédito que primero se haga un contrato de concesión y luego se haga una ley por la cual dicho contrato se ejecuta. Nunca vi una cosa igual. Aclaro que no sé si esto es moverse dentro de la ley, al margen o fuera de ella.

Anuncio en este momento que nuestros asesores jurídicos están estudiando qué hicieron el Ministro Bensión y el Presidente de la República cuando traspasaron U$S 522:000.000 a los Bancos Comercial, de Crédito y Montevideo y La Caja Obrera, al margen de la ley. Esto es moverse al margen de la ley y de la Constitución. También lo es el celebrar un contrato con cláusulas confidenciales. A propósito de esto, el Ministro de Economía y Finanzas vino a la Comisión de Hacienda y dijo que entregaría una copia del contrato para que sus integrantes lo conocieran, pero que no podían darle difusión. ¿Es posible que el Ministro de Economía y Finanzas firme un contrato con cláusulas confidenciales con la banca privada? ¿Dónde se ha visto? ¿Estamos dentro de la ley o fuera de ella? Personalmente, voy a llevar esto a que alguien lo determine fuera de este ámbito, porque aquí se hizo una interpelación, se habló durante horas, no pasó nada y seguimos de largo. No obstante, se indignan cuando decimos que hay cosas que son, desde el punto de vista legal, impresentables.

Imagino que si cualquier organismo regido por la izquierda en este país hiciera la cuarta parte de las cosas que se están planteando en este último mes y medio, se produciría un juicio político general a dicha fuerza. Realmente es inédito hacer un contrato de concesión, dárselo a dos empresas -ya se conoce el nombre de las mismas- y posteriormente hacer una ley por la cual se determina el mecanismo para otorgar la megaconcesión. Hay cosas que me han llamado poderosamente la atención y pido disculpas por la digresión inicial, pero me parecía muy útil hacerla, porque estaba referida al tema que se estaba discutiendo.

Destaco que siempre me han importado las formas; absolutamente siempre. En la década del 60 dije -no lo hice solamente yo, sino también varios partidos políticos- que el Gobierno se estaba moviendo al margen de la Constitución. La Asamblea General levantaba las medidas prontas de seguridad y, al otro día, el Presidente de la República las volvía a implantar. En dicha década había un temperamento subversivo en el Poder Ejecutivo. Esto fue así y vivimos tres años en esa situación. También se censuraba a un Ministro y el Partido de Gobierno se sumaba a la censura para obtener los tres quintos de votos. El Ministro dejó la Cartera de Industria y Trabajo y fue nombrado en la Cancillería; se llamaba Jorge Peirano Facio. ¡Todo al margen de la ley; nada fuera de ella! Por supuesto, cuando la Asamblea General, por mayoría levantaba las medidas prontas de seguridad, lo hacía por las seis horas que demoraba el trámite de la comunicación al Poder Ejecutivo, lo que permitía volver a instalarlas. Reitero que creo que las formas tienen mucha importancia y aquí estamos asistiendo -lo describo- a que la Coalición de Gobierno negocie fuera del ámbito parlamentario. Digo esto, porque no se establece el mecanismo por el cual se produzca un debate, sino que viene con un paquete, lo vota -según me han informado los representantes del Encuentro Progresista-Frente Amplio-, agrega a los 40 artículos existentes 25 más y se aprueban. Creo que la mayoría de los Legisladores no conocen el contenido de lo que estamos analizando hoy. En mi caso no he tenido mucho tiempo, ya que me lo entregaron a las 18 y 30 horas del día de ayer. Si me dicen que eso es guardar las formas republicanas y democráticas, yo creo que no. Tampoco lo es que se cambie el horario de las Comisiones y que cuando están citadas para las 15 horas se suspendan y se pasen a las 19 horas. Parece que eso está fenómeno pero, sin embargo, no es lo que establece el Reglamento, que dice todo lo contrario y que fija un plazo dentro del cual tienen que ser convocadas. Lo mismo sucede con el Pleno del Senado, que tiene que ser convocado con por lo menos 24 horas de anticipación.

Todo esto pasa y las formas se deterioran ¡Si se deteriorarán! No censuro el hecho de que se pacte y se acuerde, pero creo -lo digo sin pesar- que la coalición de Gobierno se maneja con un desprecio total por la oposición, "ningunea" en una, dos, tres, cinco, diez o quince veces a la "pequeña" oposición que suma el 45% del voto popular. Se puede hacer una declaración muy enfática de que se defiende la Constitución de la República y los principios republicanos y democráticos pero, ¿se defiende la Constitución cuando a tres años de las elecciones no integramos el Tribunal de Cuentas ni la Corte Electoral? De modo que las formas tienen muchísimo que ver y creo que hay un descaecimiento de las formas democráticas republicanas, tal como lo señalaba el señor Senador Núñez. Ojalá paremos acá y esto no se deteriore aún más. Creo que no sirven los mecanismos de aceleramiento y no es bueno que en una semana se saque una ley de Rendición de Cuentas, otra de "reactivación económica", entre comillas, con todo lo que contiene y, además, una sobre el sistema financiero. Entiendo que el aceleramiento no obedece solamente a que haya una situación de crisis porque ésta se viene dando desde hace mucho tiempo; obedece a una metodología. No me voy a referir a por qué se ha aplicado dicha metodología. Porque creo que hay un contexto del cual forma parte esta ley que estamos tratando ahora. ¿Cuál es ese contexto? El país no crece desde 1998 -aclaro que como tengo que recurrir exclusivamente a la memoria, me puede fallar algún número-, el Producto cayó un 3,5% en 1999; un 1,5% en el 2000; un 1% en el 2001 y se prevé que caiga, según el último dato que extraje de la Carta de Intención firmada el 4 de agosto, un 11% en el 2002. Los economistas y contadores podrán hacer un cálculo, pero creo que esto supera largamente el 20% de caída de la riqueza que el país producía en 1998. Este es un cuadro recesivo brutal que ha provocado una caída del ingreso en la gente, el aumento del desempleo y el incremento de la pobreza. En el día de ayer vi televisión argentina -nuestro Presidente dice que no la veamos, aunque yo creo que es un espejo que hay que observar-, donde se decía que el 53% de la población de ese país está viviendo por debajo de los niveles de pobreza y que hay un 25% que vive en la indigencia, es decir, que no tienen ni un peso por día para atender sus necesidades básicas. Creo que llevamos un camino similar, y ojalá me equivoque porque no quiero eso para mi país, porque quienes van a sufrir son los trabajadores y los que no tienen recursos con los cuales defenderse.

Pero lo que vivimos hoy ya fue previsto antes. Por ejemplo, en 1999, en la capital donde nací y viví hasta los 15 años, en Paysandú, en el Centro Allavena, el Frente Amplio presentó un plan de emergencia diciendo "No esperemos a las elecciones, busquemos un acuerdo para tratar de impulsar una reactivación económica que genere empleo y atienda a la gente más carenciada". En aquel entonces planteamos utilizar U$S 200:000.000 de las reservas y nos dijeron que éramos absolutamente delirantes, que íbamos a provocar una inflación tal que prendería fuego a toda la economía. Por otra parte, cuando dijimos que había un déficit de U$S 750:000.000 también se nos tildó de irresponsables porque impulsábamos el descreimiento de la gente frente a la realidad económica del país y que se iba a perder el grado de inversión, etcétera. Pero resulta que a los tres meses el señor Ministro de Economía y Finanzas designado, contador Bensión, y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dijeron que el déficit consolidado alcanzaba los U$S 1.000:000.000. Nos habíamos equivocado. Cuando hablo de déficit consolidado me refiero al del Gobierno Central más los de las Intendencias Municipales. Es decir que fuimos locos porque no calculamos bien, porque la cosa era peor. ¿Ahora qué ha pasado? ¿Cómo se ha roto la estabilidad? El propio Banco Central dice que entre el 1º de enero de este año y el 31 de julio, o ayer, para ser más preciso, hemos perdido U$S 2.700:000.000 de reservas y que quedan U$S 565:000.000 de reservas internacionales. En total, son U$S 3.000:000.000 perdidos y creo que de esto no tiene la culpa la Argentina. No tienen la culpa de que los Rhown se hayan "pelado" U$S 600:000.000 en valores y de que hayan dejado como resguardo un certificado que indicaba que se lo habían llevado a la Argentina a comprar valores -eso fue lo que nos explicaron-, y de que la gente que regenteaba el Banco Montevideo, que era su dueña, se hubiera llevado otros U$S 600:000.000. Esto lo dije en presencia del señor Ministro, que estaba aquí sentado: U$S 1.200:000.000 difuminados, pero no sólo eso, también se difuminaron los U$S 400:000.000 de asistencia por parte del Banco Central, que paró cuando comprobaron que el patrimonio se acababa. ¿A qué se apeló, entonces? A una transferencia directa desde el Ministerio de Economía y Finanzas, de dinero recaudado por los impuestos -estoy hablando en sencillo- para transferirlo a los Bancos Montevideo y Comercial. Esto es lo que entendí, si me equivoco me lo dirán. Tengo un papel proveniente del Tribunal de Cuentas que dice que U$S 522:000.000, sumados salieron sin su fiscalización. Se trata de una operación brutal de despojo a la gente que después paga con esos U$S 1.450:000.000 encerrados en el Banco de la República Oriental del Uruguay y los U$S 680:000.000 o U$S 700:000.000 del Banco Hipotecario. Al respecto, quiero augurar que ojalá se le restituyan a la gente los plazos dispuestos por la Ley de Fortalecimiento del Sistema Financiero, pero me temo que con el cuadro actual, seguramente será reprogramado lo reprogramado. Este es el contexto en el cual se inscribe la situación. ¿A cuánto asciende la deuda que a través de los créditos internacionales hemos incrementado? ¿A U$S 4.000:000.000 o U$S 5.000:000.000? Cuando veo la Rendición de Cuentas estructurada con un planteo absolutamente recesivo y observo este proyecto de ley llamado de Reactivación Económica con los contenidos que se han descrito y con su programa de privatización real, creo que forma parte de ese esquema estratégico que he denominado, quizá como una interpretación de la cosa, una huida hacia adelante.

Por cierto, esto no lo pienso solamente yo. En el día de ayer leí en la prensa uruguaya, la transcripción de un analista brasileño que decía: "En el medio de la crisis que vive el Uruguay, el Presidente de la República instrumenta un programa para llevar adelante hasta el final su plan de modernización". Precisamente, este proyecto de ley y la Rendición de Cuentas es el plan de modernización: es la huida hacia adelante.

El señor Presidente de la República ha logrado algunas metas, que fueron metas de toda su vida. Creo que debe ser la décima vez que lo digo: vendió todo el oro de la reserva del Banco Central. Por supuesto, el doctor Ramón Díaz hizo lo suyo: vendió una parte, hizo alguna venta con pacto de retroventa, colocó a intereses otra parte y vendió otra más, pero quedaban dos millones de onzas. Ahora, salvo ocho mil onzas, todo lo demás lo vendió el Banco Central del Uruguay en el 2001. De esto tengo la documentación proveniente del propio Banco. Ahora sí, hizo un negocio estupendo: las debe haber vendido a un promedio de U$S 170, y este mes, en el mercado internacional, estaban a U$S 220, pero en algún momento llegaron a U$S 230, y actualmente tienen un valor de U$S 215. Esto significa que por cada onza hemos perdido casi U$S 50, lo que podría decirse que equivale a otra torre de ANTEL. Es un negocio que no hace ningún Banco Central del mundo porque, entre otras cosas, si se vende mucho de algunas cosas y se tira mucho de algún producto al mercado, inexorablemente el precio baja. Sin embargo, la gente experta del Banco Central recomendó esto, o dejó que se siguiera adelante sin establecer ninguna condición.

En mi opinión, el señor Presidente de la República ahora está en la organización de otra parte de su plan, o sea, en la de desregular todo. He escuchado a ex jerarcas de la Administración -si se quiere los nombro, porque los he escuchado en la radio "El Espectador"; está la transcripción y puedo decir que uno de ellos fue, por ejemplo, el doctor Ignacio de Posadas, ex Ministro del Gobierno del doctor Lacalle- decir: "Un poco en broma, pero también, por qué no, un poco en serio, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad ahora para realizar activos y, por ejemplo, vender ANTEL, ANCAP o UTE, desregular todo lo regulado y abrir aún más la economía?". En mi opinión, en algunos casos, el dogmatismo lleva a una confianza ciega en los instrumentos que se quieren manejar, y digo esto porque manejando esos instrumentos hemos llegado a la realidad actual.

Entonces, pienso que estamos en presencia de la organización de esa huida hacia adelante. A mi juicio, lo que ocurre es que se está intentando destruir todo lo destruible, o sea, todo lo que ha sido construido durante décadas, a los efectos de cumplir con esa norma -después me van a decir que estuvo en un Gobierno de alianza entre demócratas cristianos y socialistas- que recomendaba el Gerente del Fondo Monetario Internacional, señor Aninat, quien cuando preguntaba que opinión tenía el Frente Amplio acerca del cumplimiento de los acuerdos con ese organismo, su preocupación era si estábamos dispuestos a realizar activos, y realizar activos para él quiere decir vender propiedad pública. Obsérvese, señor Presidente, que llegamos hasta hacer un planteo de una megaconcesión, y establecemos en el artículo 21 que se podrá enajenar a empresas radicadas en el país o a organismos internacionales de crédito la megaconcesión.

Sé que de todo esto se va a enterar muy poca gente; no hay periodistas, no están presentes los medios de comunicación como para que, por lo menos, se comente todo esto. A esos efectos, después voy a tratar de darles una fotocopia de la versión taquigráfica con el fin de que se enteren de un tema que hasta ahora no había sido abordado.

No me gradué en la Facultad de Derecho, pero por lo menos aprobé las cuatro materias de Derecho Civil -especialmente Obligaciones, que era dictada por el doctor Jorge Peirano Facio, que fue un gran profesor más allá de la calidad de comerciante que pueda tener en este momento- y puedo decir que de lo que aquí se habla es de enajenar. El doctor Peirano Facio, entre otros, publicó un libro estupendo que se llama "Obligaciones divisibles o indivisibles", el que para entenderlo requiere una gran capacidad de lectura. Acá hay abogados que, seguramente, leyeron ese libro. Pues bien, enajenar quiere decir vender.

Comparto con el señor Senador Núñez la idea de que este proyecto, de reactivación no tiene casi nada. Por su parte, el SUNCA manifestó que a lo mejor con esta iniciativa se puede crear o emplear mano de obra sustituyendo al Estado por los privados en la construcción de las carreteras del país, y que de pronto se puede hacer lo mismo que se hace ahora o un poco menos pero, en todo caso, no podrán trabajar cuatro mil personas. Reitero, esto lo escuché decir a dirigentes del SUNCA.

Simultáneamente con ello, se elabora un plan económico, que es el que contiene la Rendición de Cuentas que, diría, en el marco de la recesión en la que estamos tiende a contraer el gasto público, lo cual, según los economistas, es una actitud procíclica. En otras palabras, es hacer más de lo mismo; contraer el gasto público es aportar más recesión a la recesión. Creo que esto es lo que realmente piensa el Gobierno porque en la Carta que escribe al Fondo Monetario Internacional, estima que este año la riqueza del país va a caer un 11% pero, además, sobre esta caída va a haber en el año 2003 una disminución del 5% más del Producto Bruto Interno. A esto se agrega que además de la inflación que tenemos ahora, que según ellos llegará en este año 2002 al 40%, el año que viene será del 50%. Esto es lo que se dice en los papeles que escribió el Gobierno al Fondo Monetario Internacional.

Por lo tanto, la perspectiva es más recesión, menos trabajo, menos empleo y menos salario. Debe tomarse en cuenta todo en conjunto; esa Carta de Intención -uno recuerda de memoria estas cosas, pues no se puede tener todos los papeles aquí- expresa que vamos a tener la posibilidad de arribar a un cierto equilibrio fiscal debido a que no se van a aumentar los salarios, ni de la actividad pública ni de la privada -lo dice así, textualmente-, y tampoco, en consecuencia, las jubilaciones, que se ajustan, según lo establecido por una norma constitucional, de acuerdo con el Indice Medio de Salarios.

Los conductores de la política económica, por ejemplo el economista Alfie, asesor macroeconómico -en mi opinión, el que se ocupa de los grandes "bochazos"- manifiesta que de este modo van a bajar las transferencias del Estado a la Seguridad Social y el gasto presupuestal en el pago de los salarios a los funcionarios públicos. Esto es contraer el gasto. Así también se va a reducir el ingreso de los jubilados.

Me pregunto si alguien puede pensar que contrayendo la demanda va a haber reactivación económica. Tengo aquí un papel, señor Presidente, que me entregaron los transportistas que integran la organización total a nivel nacional, quienes vinieron a plantear su preocupación por dos cosas. Aclaro que no me refiero a los que vinieron ayer y rodearon el Palacio Legislativo durante cuatro horas, metiendo bocinazos atronadores para hacerse oír, con quienes estuve un momento al salir del Palacio. Pude ver que están extraordinariamente preocupados por ciertos datos que se desprenden de la situación del sector de los fletes y de la crisis que se vive en ese sector del transporte.

En la zafra de arroz 1998-1999 -tengo aquí el documento correspondiente- hicieron, entre viajes de arroz y de insumos, es decir las cosas que se llevan para labrar la tierra, para embolsar, para recoger, para trasladar al molino y finalmente a los depósitos, un total de 96.300 viajes; mientras que en la zafra 2001-2002, 57.250 viajes, o sea, prácticamente 30.000 menos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción de orden en el sentido de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Agradezco a la Mesa y a los colegas del Cuerpo.

Esto ha ocurrido sólo en materia de transporte de arroz o del trabajo para la zafra, pero también me dicen que a raíz de la disminución del rodeo ovino y del volumen de la zafra de la lana, hay 54.000 viajes menos.

Entonces, no crean que se preocupan y vienen acá porque sean subversivos; no, es porque no tienen plata ni para poner gasoil a los camiones.

Pero hay más. Como el esquema es reglamentar, para de alguna manera controlar el sistema de transporte, hay una ley que se votó y que ahora el Ministerio ha reglamentado -estoy recogiendo lo que ellos contaron, no sólo a mí, sino también a los señores Senadores Nin Novoa y Michelini, que también estaban allí- estableciendo que a partir del 1º de octubre están obligados a tener un certificado de profesionalidad, como lo han denominado. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a otorgar permiso para trabajar en el transporte a quien esté al día con la Dirección General Impositiva, con el Banco de Previsión Social, con la Intendencia Municipal correspondiente, y no sé con cuántas cosas más. En fin, eran cuatro guías que tenía el transportista y que nos decía que tenía que llenar. Nos explicaba que eso lo podía hacer él con la empresa que tenía, pero no el camionero que le sacaba la lana -voy a explicarlo con lugares de mi departamento- del Cerro de la Ventana en la Ruta 26, ese que hace el viajecito de 15 kilómetros. A ese lo matan, porque para hacer eso se supone que tiene que estar al día con todo esto. El problema es que para estar al día tendrá que hacer trámites, de pronto, durante diez días, porque no hay ventanilla única para hacer estos pagos; tendrá que hacer cinco, seis o siete gestiones y no tiene dinero para pagar un gestor que las lleve adelante. Por lo tanto, creo que a esta gente la están estrangulando, matando, llevándola a una situación que prácticamente no he visto nunca en el país.

Voy a la parte que me parece más concreta. Seguramente, voy a votar la rebaja del Aporte Unificado de la Construcción, pero con grandes reservas -y lo quiero decir-, por dos cosas. En primer lugar, porque escuché decir en la radio al Presidente de la Liga de la Construcción, señor Apud, que el tema no era tanto la rebaja del Aporte Unificado, sino la reactivación de la industria. Claro, el sector va a utilizar esta rebaja si hay trabajo; pero si no lo hay, la rebaja de aportes es un planteo absolutamente nominal, puesto que se aporta cuando se trabaja. Conclusión: si no hay mecanismos anticíclicos y no procíclicos, si hay reducción en el gasto en inversión pública, si no hay crédito para construir y no hay obra pública, repito que la rebaja va a ser un planteo nominal. A lo mejor si se realiza, lo que va a pasar es que se van a retacear fondos al Banco de Previsión Social, cosa que ya hemos hecho unas cuantas veces. Aquí hemos votado leyes de urgencia previendo una serie de rebajas para una cosa, para otra y demás, sacando gravámenes a distintos sectores. Por ejemplo, la industria hoy está aportando un 6% por aporte patronal y, fíjense, cada vez hay más industrias cerradas y menos gente que aporta.

El Poder Ejecutivo podría haber tenido, desde el punto administrativo, otra idea. Recuerdo que en el Presupuesto de 1995 nosotros tomamos una iniciativa -sea dicha toda la verdad aquí- por la que conseguimos, con la colaboración de la Bancada herrerista y del señor Senador Heber en particular, aprobar una disposición por la cual el dinero que se descuenta para la vivienda a los jubilados fuera a una cuenta especial en el Banco de la República, porque habíamos comprobado que en los cuatro años anteriores no se había construido una sola vivienda y esa plata había ido a parar a Rentas Generales, la "gran bolsa".

Cuando en el año 2000 discutimos el Presupuesto, el Director de Vivienda, señor Bernardino Ayala, contestaba frente a la pregunta que hacíamos de cuánto dinero tenía ese fondo, que había en ese momento U$S 54:000.000, pero no en esa moneda, sino en Bonos y Letras de Tesorería. En lugar de construir viviendas, el Ministerio de Economía y Finanzas se negó a dar la plata que había recaudado y decidió dar Bonos y Letras de Tesorería, porque necesitaba financiarse. O sea que hizo una operación de trampear la disposición que se había aprobado en el Presupuesto. Aquí voy a proponer un aditivo por el cual el Ministerio de Economía y Finanzas tenga la obligación de transferir para viviendas todo lo que recaude en el año por concepto de descuento a los jubilados y a los activos, porque también a los activos se nos descuenta el 2% o el 1%, según lo que ganemos, para el Fondo Nacional de Viviendas. Lo que se recauda por ese concepto es casi U$S 100:000.000, y esa es una inyección muy importante, porque por ahí se podría hacer reactivación efectiva y no teórica.

Ya hablé del tema de la megaconcesión, y comparto lo que se ha dicho. Creo que es casi la privatización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque prácticamente no quedará nada a cargo de él. He visto con asombro -y lo he comentado aquí- que antes de hacerse la megaconcesión y los contratos de concesión, ya se habían construido los peajes. He señalado que para ir a Quebracho o a Salto hay que pagar tres peajes: uno en Santa Lucía, otro entre el Arroyo Grande y el Río Negro -es decir, en una distancia de mil metros, en donde no hay escapatoria, porque o pasa por ahí el camión o el auto, o se tira al agua; eso es una isla que pertenece territorialmente al departamento de Soriano, porque uno viene de Flores y desemboca en Río Negro- y el último antes del puente del Río Queguay. Esto supone, entonces, $ 600 de peaje, y los camioneros están muy preocupados porque eso recarga el costo de los fletes en una forma impresionante.

Creo, además, que el concesionario aquí va a tener una formidable oportunidad después del gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y pese a que ha sido engañado y estafado muchas veces. Sé que la empresa que había ganado la concesión -creo que se mencionó el apellido Alvarez y otros más- tiene un pleito con el Estado, porque empezó una obra en la ruta que va de Artigas a Bella Unión hace diez años, la pulverizó, la destrozó totalmente y a la mitad de la realización de la tarea, la abandonó porque había calculado mal los costos; como había una gran cantidad de piedra y tenía que trabajar mucho para dominarla, se fue.

Esta empresa, después, estuvo casi 8 años para construir el tramo de carretera que va desde la Ruta 26 a Salto. He dicho, un poco en broma, que tanto los sanduceros -porque en Paysandú es donde se tenía que realizar la obra- como los salteños dicen que demorar ocho años para construir 50 kilómetros de carretera fue toda una proeza; allí habría que levantar un monumento al ingeniero Cáceres, porque fue mucha la gente que trabajó reparando parabrisas y focos de automóviles. Dado que esta es la empresa que ha ganado, le auguro al Ministerio de Transporte y Obras Públicas buena suerte, no sea que nos quedemos sin siquiera cortar el pasto, si como hace unos días señalaba el señor Senador Nin Novoa, estas concesionarias van a cortar el pasto y poner las señales de tránsito.

También existen otros elementos que son más graves, y voy a dar los datos que tengo.

Según manifestó el Ministro Cáceres en la Comisión de Transporte y Obras Públicas en julio de este año, el patrimonio vial era de U$S 2.232:000.000. Quiero hacer una estimación según determinados parámetros. Las carreteras del Uruguay se construyeron expropiando terrenos, haciendo mantenimiento, y fueron pagadas por la gente, a través de los impuestos. Casi todas ellas ahora están en estado transitable -salvo algunas secciones- y resulta que ahora se las vamos a entregar a privados. Mediante un sistema de concesión, van a explotar un patrimonio de más de U$S 2.000:000.000, lo que no es poca cosa. Si la facturación de ANTEL y ANCAP nos llamaba la atención porque era de U$S 1.000:000.000 cada una, aquí estamos entregando un patrimonio aún mayor, por 15 ó 30 años -tal como ha señalado el señor Senador Núñez-, a una empresa privada o a un organismo de crédito internacional, lo que también es posible. A lo mejor, esto es a cambio de reducir la deuda, porque aquí observo un mecanismo que puede llevar a eso.

Pero hay más, señor Presidente, porque aquí también se dispone que el mismo artículo se puede aplicar a la caminería rural; esto es un delirio total. Se dice que la Intendencia Municipal puede convenir con el Ministerio de Transporte y Obras Pública en que un concesionario privado realice la obra pública, que en los departamentos del interior es la caminería rural, ya que las rutas nacionales están a cargo de esa Cartera. ¿Cómo se va a cobrar el concesionario privado? Con el tributo que se le aplicará a los frentistas -y no estoy hablando de los integrantes del Frente Amplio sino de quienes están al frente de la caminería rural-, que van a tener que pagar un precio al concesionario y no a la Intendencia. Si esto ocurre, no sé qué va a pasar con los productores rurales, porque además de la situación que están viviendo, se les pega otro mazazo en la cabeza. Créanme que no van a pagar nada y que no va a haber ningún concesionario que confíe en que exista un productor rural que permita pasivamente que le pongan un impuesto más.

Por otro lado, hay otra realización muy importante que refiere a la privatización de la terminal polivalente de Nueva Palmira, sobre la que existía una larga aspiración. Recuerdo que en la Comisión de Presupuesto -aquí hay Senadores que la integraron- se hizo alusión a una larga batalla que las cooperativas agrarias federadas libraron para que no se entregara la terminal al capital privado. Si bien en Nueva Palmira hay varias terminales, silos privados y cadenas de embarque de soja y de otros cereales que están en manos privadas, ésta está en manos del Estado, y las cooperativas querían ser ellas las que la administraran, ya que los silos han sido construidos con plata que los propios cooperativistas pusieron al pagar un impuesto durante décadas. Pedían esto para que no hubiera discriminación por parte del propietario privado, decidiendo quién entraba o embarcaba primero. Por alguna razón siempre representó una garantía la existencia de una terminal estatal al lado de la privada, porque allí casi todo funciona en régimen privado.

También es claro que no se van a crear más puestos de trabajo, porque esto funcionará con la gente que está ahora. Entonces, esta terminal pasará al sector privado sin crear ni un solo puesto de trabajo.

Con respecto al Aeropuerto, según cifras del Sindicato de Infraestructura Aeronáutica, el Uruguay ha invertido U$S 30:000.000 en modernizar las pistas y ponerlas en condiciones para que los transportes aéreos de gran porte puedan utilizarlas. Resulta que ahora que prácticamente están terminadas, se privatiza todo lo privatizable. Esto es curioso. Tengo en mi poder un detalle de lo que no se privatiza y se dice: "quedan expresamente excluidos de esta autorización los servicios de tierra que se presten a las aeronaves" -esto es lo que se había otorgado a Candysur, que era una filial de Varig- "y todos los servicios de seguridad, en especial aquellos relativos a los controles aéreos" -quien habla puso énfasis en que se tuviera especial cuidado en no privatizar el control aéreo del espacio uruguayo, porque sería una barbaridad- "de aduana, migración, meteorología, bomberos, sanitarios y de policía". ¡Estaría bien que se privatizara la policía o la aduana! Creo que esto habría que eliminarlo, porque por ahora, de acuerdo con la Constitución, no es privatizable. En la Carta se expresa que los servicios de policía y de aduana son privativos del Estado, por lo que sería una redundancia excluirlos; bastaría con no mencionarlos.

También en lo que respecta a esta materia, llama la atención que se diga que va a haber un puerto libre en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Esto significa que las empresas que sean dueñas de una parte del terreno, de un galpón o que construyan un edificio, van a poder desembarcar mercadería, fraccionarla, incorporarle mano de obra o terminarla en su producción y luego reexportarla, es decir, sacarla de la zona franca o de ese puerto libre, e ingresarla al Uruguay o al exterior sin pagar más derechos que el canon por el galpón que construyan. Me imagino la alegría que tendrán los que concesionaron en el Puerto de Montevideo, porque esto va a competir con el Puerto en forma terminante.

También nos llama la atención -y de esto nos enteramos ayer a última hora- que esto se puede vincular con la privatización del Aeropuerto de Santa Bernardina, en Durazno, según una incorporación que se hizo al artículo 17, declarándolo "de interés nacional como terminal de carga y depósito de la misma". No sé qué es lo que van a hacer; tal vez van a reducir la base aérea y allí le van a dar un área para que construyan una terminal de carga. No hay otra opción.

Es cierto que hay mucho espacio y que eso se podría hacer; está bien. El problema va a consistir en que no hay radares y no va a poder operar el radar de Carrasco para rastrear a los aviones. Como dijo el señor Ministro de Defensa Nacional, además, no hay dinero para poner un radar en medio de la República, por lo que allí no habría control aéreo. El Presidente de la Comisión de Defensa Nacional luego podría aclarar este punto; él sabe de esto porque está con los aviones y los radares. De cualquier modo, creo que esto será difícil, porque ni siquiera hay plata para poner los radares.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quería decir, además, que aunque hubiera un radar no se cuenta con alguien que lo maneje. Digo esto porque aquí estuvieron los funcionarios controladores y técnicos, que nos comunicaron que hace ya muchos meses se ha suspendido el servicio porque no hay empleados allí; por tal motivo obligan a hacer horas extras al personal de Montevideo, pero como no les pagan, no pueden ir, por lo que tampoco bastaría con comprar el radar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Agradezco la aclaración del señor Senador Korzeniak.

Hay otro artículo por el que se analiza la posibilidad de la privatización a futuro del saneamiento y se dicta una norma para volver obligatoria la conexión a ese servicio. Se hace la aclaración de que para aquello que ya está concesionado, como por ejemplo lo de Maldonado, no va a existir tal obligación, por lo que la gente de aquel departamento no deberá afiliarse al saneamiento de Aguas de la Costa. La gente de Maldonado tiene suerte en este sentido.

También me llama la atención el artículo 12 y creo que habría que aclarar su contenido. El mismo se refiere a la facultad del Estado, de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás, de recibir propuestas e iniciativas privadas de concesión. ¿Quién puede recibirlas? ¿ANTEL o UTE pueden concesionar los servicios? ¿No necesitan ley para hacerlo? Voy a leer esta disposición, porque me parece conveniente dejar constancia de esta preocupación mía, dado que no tengo votos para impedir que esto se apruebe. El artículo dice: "Facúltase al Estado, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales a recibir iniciativas privadas a ser ejecutadas mediante concesión, sea a impulso de parte o mediante invitación de oficio". Es decir que se trata de una autorización genérica, al volar. Después, hay toda una reglamentación de procedimientos, pero repito que lo importante es la autorización. ¡Cuidado! Que no vuelva a suceder que se junten firmas por aquí y por allá; como dice el señor Presidente de la República: "No vamos a hacer nada por ley, sino por concesión, para evitar que nos metan en un plebiscito". No hago más que repetir expresiones del doctor Jorge Batlle.

En otro orden de cosas, quiero decir que voy a votar con las dos manos lo relativo al proyecto Itacuruzú. Se refiere a una iniciativa en la que -la señora Senadora Pou puede recordarlo muy bien- trabajamos durante meses en la Comisión de Medio Ambiente, para canalizar y sanear la zona del Arroyo Conventos, en Melo. Se trata del área de donde vienen las aguas que después se estacionan en el arroyo, cerca de la mencionada ciudad. Considero que esto es muy importante, pero aunque hace un año y medio que nos dijeron que el proyecto se iba a terminar, todavía no se hicieron las expropiaciones correspondientes. Repito que celebro esta iniciativa y la voy a votar con las dos manos.

Por otra parte, quisiera hacer una pregunta a quienes estudiaron esto en la Comisión. Me fijé en lo que decía el artículo 40, y vi que el único cambio era que se sacaba al Banco de la República Oriental del Uruguay como el recaudador del impuesto. ¿Por qué? ¿Quién va a recaudar este impuesto si no lo hace el Banco de la República? Este impuesto se recauda al realizar la exportación. ¿Qué explicación tendría esto? Supongo que la finalidad es la de desregular, o sea, permitir al exportador que vaya voluntariamente a depositar ese 1%, pero no creo que esto sea un adelanto, sino más bien una fuente de evasión de ese impuesto, que se destina -nada más y nada menos- al Fondo de Inspección Veterinaria, que ya ha sido bastante castigado a través de estas normas.

No quisiera ir más allá en el examen del texto del articulado. Debo decir que he tenido que leer el mismo a una velocidad supersónica para hacerme una idea de los contenidos. La señora Senadora Arismendi me preguntaba sobre los últimos tres artículos, que tienen que ver con la forestación; los mismos no establecen ningún aspecto importante, sino solamente los plazos de arrendamiento, que se excluyen de las normas del arrendamiento general de los inmuebles rurales. No es nada más que eso, y no tiene ninguna trascendencia en el plano de la reactivación.

En mi opinión, señor Presidente, aquí no hay reactivación sino, medularmente, transferencias de propiedad pública al sector privado. Se me dirá que no se vende la propiedad, sino que lo que se enajena y se va a vender es la utilización de la misma; pero cuando se enajena la utilización de la propiedad durante treinta años, eso significa una venta.

Recién leía un repartido del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que decía que los 2.800 kilómetros de carretera que hay en el Uruguay son fruto del esfuerzo de muchas generaciones; si se hace esto, para recuperar el esfuerzo de esas muchas generaciones van a tener que pasar muchas generaciones más.

Algunos amigos míos me dicen que después que se venda se podrían adoptar otras medidas. Ya en 1991, en ocasión de tratarse la Ley de Empresas Públicas -o, más bien, de privatizaciones-, algunos compañeros me decían que después podría llevarse a cabo una reforma de la Constitución, por la cual se devolvería todo al Estado. Pero, ¿con qué pagamos lo que devolvemos al Estado? ¿De dónde saldría el dinero para pagar lo que se vendió en U$$ 1.000:000.000, U$$ 2.000:000.000 oU$$ 3.000:000.000? Esto sería imposible con un país que está financieramente quebrado. Entonces, creo que este proyecto forma parte de un contexto que también incluye a la Rendición de Cuentas.

Me olvidaba de algo. Hay un nuevo impuesto directo que se crea que es, más o menos, el número quince de esta Administración. Por él se gravan con un 5% los pasajes fluviales. Creo que este es el broche de oro.

Entiendo que el país está en una situación muy difícil, pero tengo confianza en el Uruguay. Me parece que esto es enajenar y enajenar propiedad pública, a un ritmo vertiginoso y en forma bastante desprolija, como se hizo con la Ley de Presupuesto, en la que se hizo una "hoja de ruta" y, aunque no sabíamos los contenidos, nos leían el papel y nos decían que la disposición tenía tal y cual número, y que se estaba votando tal y cual artículo. Aquí estamos haciendo más o menos lo mismo, también con mucha desprolijidad, que seguramente será aprovechada por los que leen la letra chica, cosa que a veces, incluso el Legislador, no puede hacer.

En definitiva, creo que no hay reactivación y me parece que habrá más recesión. El país va a seguir existiendo y pienso que hay esperanzas, pero no con este modelo económico, que está acabado. Por más huida hacia adelante que hagan, no podrán enterrar al Uruguay, que va a seguir existiendo, porque no se lo puede sacar de América del Sur y tirarlo para el medio del Atlántico, como tampoco a la gente. Muchas personas se están yendo de nuestro país, pero no cabe en otros lados toda la gente nuestra que quiere irse, por lo que la inmensa mayoría se va a quedar acá y va a contribuir a cambiar esta política y este modelo económico que se están llevando adelante, por lo que esta huida hacia adelante va a ser detenida.

Lo único que me preocupa es que no se tense demasiado la situación y que no se lleve al país al filo de la navaja, ya que estas medidas pueden conducir a eso. Ahí sí, creo que sin problemas puede haber situaciones difíciles desde el punto de vista político. Más bien -no hago recomendaciones- habría que pensar en detener esta oleada de privatizaciones y de recesión económica, para no tensar más la cuerda de la paz social, que es lo más importante, porque de ahí proviene la vigencia del sistema democrático.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: después de escuchar las manifestaciones del señor Senador Gargano, confieso que tenemos la sensación de que nos invita a una especie de suicidio colectivo. Parecería que lo mejor que nos puede pasar a todos es pegarnos un tiro y no hacer nada.

Según sus palabras, este es todo un proyecto privatizador. Sin embargo, debo aclararle que son concesiones. Es lo mismo que sucede con su fuerza política a nivel de la Intendencia Municipal de Montevideo. Nos dirá que ahí está bien, pero está mal si lo hace el Gobierno Central. La verdad es que no entiendo el argumento. Entonces, ¿la Intendencia Municipal de Montevideo está privatizando? A confesión de parte, relevo de pruebas.

No entiendo las suspicacias y las dudas que se presentan. Por ejemplo, cuando habla de la megaconcesión -voy a insistir en el argumento que hemos dado-, tanto el señor Senador Gargano como el señor Senador Núñez, a mi juicio confunden lo que es la adjudicación de la licitación de la obra de la construcción del peaje y de la administración de este último con la recaudación.

El señor Senador Núñez dice que la recaudación es para ellos. No; debo aclararle que es para la Corporación Nacional para el Desarrollo. Da la administración a esas empresas que se presentaron, que cobran sólo un porcentaje por hacer ese trabajo, pero no la recaudación que, reitero, va destinada a la Corporación Nacional para el Desarrollo.

SEÑOR NUÑEZ.- No es así.

SEÑOR HEBER.- No, señor Senador; la recaudación es para la Corporación Nacional para el Desarrollo. El fondo a que refiere el señor Senador también tiene que pagar las obras de licitación que se están anunciando -no sé si se han adjudicado- para la construcción y mantenimiento de la ruta. Tanto es así que en algún momento se había dicho que no era suficiente con lo recaudado por los peajes y que había que dar parte de los dineros del Erario para estas obras. Se espera -¡ojalá que así sea!- que se usen mucho las carreteras y los usuarios las paguemos.

Ahora bien; el señor Senador Gargano dice con énfasis y grandilocuencia: "¿Qué quieren? ¿Qué los organismos internacionales de crédito puedan adquirir el cien por cien? ¿Por qué está esto acá?" Está porque el Banco Interamericano de Desarrollo puede ser mañana concesionario -ojalá que así fuera, pero no creo que le interese-, al igual que el Banco Mundial; el Fondo Monetario Internacional no tiene interés alguno en ese sentido. ¿Qué problema hay en que organismos internacionales de crédito puedan ser concesionarios? Como se me acota, si se tratara de Brasil o de China, ahí sí sería posible, porque es donde podemos ir a pedir plata.

Se agrega: "empresas radicadas en el país". Específicamente, se dice que se puede ceder totalmente el contrato de concesión o enajenar hasta el 100% a empresas radicadas en el país o a organismos internacionales de crédito de los que la República forma parte. ¿De qué organismos internacionales de crédito formamos parte? Del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál es el inconveniente?

Desde la otra punta de la Sala del Senado, el señor Senador Korzeniak aclara que ello no puede hacerse en función de los Estatutos. Está bien; no pueden. Entonces, ¿cuál es el inconveniente?

El señor Senador Gargano teje o deja en el aire una sospecha que no advierto claramente a qué apunta. ¿Cuál es el inconveniente de que en el futuro el Banco Mundial pueda ser concesionario de una obra vial en el Uruguay? Va a ganar plata y nos hará la obra. Es lo mismo que sucede con las empresas radicadas en el país. Ninguna de ellas va a ser concesionaria ni va a adelantar plata para luego perderla; no lo hacen. Si lo realizan es porque quieren tener una ganancia. ¿Cuál es la ganancia del Estado? Que obtiene todo el dinero junto para hacer la obra. Hay empresas radicadas en el país que nos adelantan esos dineros comprando los derechos de la concesión, que nada tienen que ver con las que están construyendo el peaje, y que harán las carreteras en base a un contrato de adjudicación de obra y no de concesión. Hasta ahora, la empresa concesionaria es la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Con esa suerte de optimismo impresionante que nos invade permanentemente, los señores Senadores Núñez y Gargano del Encuentro Progresista - Frente Amplio nos dicen: "No va a haber ni un peso para esto". Se trata del mismo anuncio que hizo el señor Senador Rubio en esta misma Sala cuando se estaba tratando el tema relativo al Puerto. En ese entonces señaló que con suerte, ni siquiera íbamos a poder conseguir U$S 2:000.000. Sin embargo, obtuvimos U$S 17:000.000.

SEÑOR NUÑEZ.- ¿A dónde fue?

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los señores Senadores que respeten a quien está en el uso de la palabra.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: ayer la Administración Nacional de Educación Pública manifestó que estaba distribuyendo esos dineros que, de seguir a los que se opusieron a esto, hubieran sido cero, más cero, más cero. Sin embargo, como señalé, en la Bolsa se consiguieron U$S 17:000.000. Reconocemos que eso se ha demorado, si bien no sabemos por qué. Sin embargo, tenemos conocimiento de que se está distribuyendo escuela por escuela la plata que se adjudicó a la ANEP.

¿Qué tiene de malo? Nadie dice que mañana salgan la megaconcesión o esta concesionaria a la Bolsa; se puede esperar una mejor oportunidad para lograr un mejor mercado. Si hay tantos millones de dólares como se dice tienen apretados los uruguayos, puede ser una gran invitación para colocar en una empresa en que está garantizada la ganancia, ya que están el peaje y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se obligan a darles esa rentabilidad. O sea que es una buena colocación.

¿Qué se hace con esa plata? El artículo 25 dice: "El producto de la cesión o venta autorizadas en el artículo 21 quedará afectado y se destinará por la Corporación Nacional para el Desarrollo a invertir en proyectos de infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a cuyos efectos se mantendrá disponible." No entiendo por qué se arrojan sospechas sobre algo que es tan claro.

El señor Senador Pereyra me alcanza el Diario Oficial, donde se dice claramente que se obliga al Poder Ejecutivo a remitir este proyecto al Parlamento cuando hace la concesión. Precisamente, el Poder Ejecutivo está remitiendo el proyecto. En el Diario Oficial -que es bueno leer de vez en cuando- se dice claramente que el Poder Ejecutivo enviará a consideración parlamentaria un Mensaje y proyecto de ley que establezca los términos y condiciones bajo los cuales se incorporarán capitales privados a la sociedad anónima que constituirá la Corporación Nacional para el Desarrollo, para actuar como concesionaria de las obras públicas relacionadas en el contrato y Anexo I del convenio suscrito el 5 de octubre de 2001. Como se verá, está todo escrito. Entonces, no sé por qué se siembran dudas al respecto.

Nos preguntan qué se intenta hacer de la concesión. Pues conseguir dinero de privados para que vengan a participar en obra pública. Cuando estamos en franca recesión y se nos cae la recaudación, se buscan agentes privados. ¿Qué tiene de malo? Nada, señor Presidente; al revés, es una buena idea para conseguir aportes privados porque no pensarán que esto se soluciona aumentando los impuestos.

Por lo tanto, no me parece de recibo ninguna de las sospechas que se plantean. A su vez, el señor Senador Gargano pregunta qué se intenta hacer con el Banco de la República. Ante esto quiero decir que por un certificado, este Banco cobra al sector exportador U$S 1:500.000 en forma directa. Se dice que queremos exportar, pero resulta que por un certificado cobramos al sector exportador U$S 1:500.000 en forma directa y más de U$S 10:000.000 de manera indirecta. ¿Qué es lo que dice? Cabe la pregunta porque parecería ser muy importante el certificado. Sin embargo, lo único que establece es que la empresa exportadora tiene solvencia económica para hacer frente a sus compromisos con el LATU, INAC y otro organismo cuyo nombre ahora no recuerdo. Insisto, lo único que hace es certificar la solvencia de pago de esos impuestos. Entonces, por certificar la solvencia de esas empresas, el Banco de la República Oriental del Uruguay cobra U$S 1:500.000 en forma directa al sector exportador e, indirectamente, por todos los costos que tiene esto, recibe U$S 10:000.000. Si queremos exportar, señor Presidente, aflojemos los impuestos.

Desde ya digo que cuando comencemos a hablar de estos artículos -porque resulta que ahora, en la discusión general, se adelanta la particular-, señalaremos que nuestro partido está en contra de estos impuestos; deberían estar exonerados, no los deberíamos cobrar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señor Senador, pero ha abusado del tiempo que disponía para hacer uso de la palabra y la Mesa ha sido por demás tolerante.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: quisiera aclarar ciertos puntos.

Lo único que pedí fueron explicaciones, y voy a señalar algunas cosas que me parecen racionales. Si en el artículo de la megaconcesión se dice que la podemos enajenar a un organismo internacional de crédito...

SEÑOR HEBER.- ¡Por quince años!

SEÑOR GARGANO.- En el lenguaje jurídico "enajenar" quiere decir "vender".

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Senadores: diríjanse a la Mesa y eviten los dialogados, por favor.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- A mí no se me genera ninguna sospecha. Los organismos internacionales de crédito nos han prestado dinero y tienen vales nuestros, por lo que pueden decidir pagarnos con esos mismos vales, con el dinero que nos prestaron para salir del pozo financiero. En ese caso igual habrá que aceptar porque, de lo contrario, no compran. Además, no va a haber una empresa.

Lo que quiero decir es que las ganancias que obtengan se las van a llevar. ¿O acaso el señor Senador cree que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a reinvertir ese dinero en el Uruguay? Repito que no tengo ninguna sospecha porque esta es una comprobación directa. Este Gobierno de coalición tiene esa concepción que a mi juicio es contraria a los intereses del país. De todos modos, los señores Senadores son partidarios de abrir la economía, de desregular todo lo regulado, de abrir el mercado y demás. En realidad, más que abrir el mercado, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial se van a quedar con las acciones y van a cobrar. Se trata de una sociedad anónima cuyos titulares tienen acciones por las cuales van a recibir intereses, esto es, lo que se conoce como los beneficios que da el capital.

Por otra parte, sabía -y lo dije ayer en la reunión de Bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio- que nos iban a plantear que la Intendencia Municipal de Montevideo también hace concesiones. Ante esto, debo decir que en mi memoria registro solamente tres. Una de ellas la hizo el Partido Colorado y tiene que ver con la recolección de basura en el centro de Montevideo.

SEÑOR HEBER.- Y ustedes la continuaron.

SEÑOR GARGANO.- Lo que sucede es que después de pasar cinco años con ese sistema, había que tener mucho capital para montar un servicio tan importante e invertir en la compra de 60 camiones, etcétera. De todas formas, confieso que no sé si no hubiera sido posible revisar ese tema.

La segunda es la concesión del estacionamiento en el centro de la ciudad. Eso sí lo hizo el Gobierno del Frente Amplio, y no del Encuentro Progresista, porque no existía en esa época. Recuerdo que el tema se discutió mucho, pero la Intendencia decía que perdía mucho dinero porque la gente violaba las disposiciones, no había orden y demás. En aquel entonces dejé a salvo mi opinión y manifesté que no estaba de acuerdo. Finalmente, mi Partido votó a favor y yo hice lo mismo aunque, repito, señalando que no estaba conforme con la concesión.

La última concesión está relacionada con la magnífica operación que se hizo con el Hotel Carrasco, que generaba pérdidas de U$S 1:000.000 al año.

¿Qué otra concesión hay? Aclaro que no sólo es el señor Senador Heber quien dice que la Intendencia hace concesiones. Quiero que esto quede bien claro. No mastico vidrio y me doy cuenta por donde vienen los tiros.

Por otro lado, quería señalar que he visto a algunas personas sonreír irónicamente cuando el doctor Tabaré Vázquez dijo que había leído un trabajo de Fernando Henrique Cardoso donde decía que además de las fuentes internacionales de crédito que había en el mundo -el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional-, existían otras. Sé que el señor Senador se sonrió y comentó: "Miren lo que está diciendo el gran estadista: que vayamos a pedir dinero a la India o a China". ¿Por qué no se rió cuando el Presidente Fernando Henrique Cardoso dijo lo mismo en la Asamblea General? Recuerdo que manifestó que había que utilizar los fondos que tenía la Corporación Andina y que se debía recurrir a los dineros de sus propios bancos, que tienen casi tanto capital como el Banco Interamericano de Desarrollo, y que sucede lo mismo en la India y en China. Cuando lo dice el doctor Fernando Henrique Cardoso se trata de una opinión respetable que hay que aplaudir, pero si lo manifiesta el doctor Tabaré Vázquez, resulta que es un sicópata. Todavía no le han dicho sicópata, pero lo harán dentro de poco.

SEÑOR FAU.- No es; se hace el sicópata.

SEÑOR GARGANO.- Usted es sicópata, señor Senador, porque le da el ataque por ahí.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido a los señores Senadores que eviten los dialogados. Hay un Senador en el uso de la palabra y pido que lo respeten.

SEÑOR GARGANO.- Se trata de una enfermedad de la siquis.

Creo, señor Presidente, que hay que poner un poco de orden. He visto a algunos de los míos hacer este tipo de ironía y me parece que no tienen derecho. Yo a los míos los defiendo.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: solicitamos un cuarto intermedio de una hora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora 15 y 25.

(Así se hace. Es la hora 14 y 25 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Así se hace. Es la hora 15 y 45 minutos)

-Tiene la palabra el señor Senador Fernández Huidobro.

8) EXTENSION POR CIENTO VEINTE DIAS DE LA COBERTURA DEL SEGURO POR DESEMPLEO PARA LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS HISUD S.A. Y FIBRATEX S.A.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: se trata de una cuestión de trámite que voy a plantear ahora para no interrumpir al orador luego de comenzada su exposición. Solicito que se reparta un proyecto sobre el seguro de desempleo de las hilanderías, que se encuentra en la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se procederá, señor Senador.

9) REACTIVACION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y CONCRECION DE PROYECTOS DE INVERSION

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- En esta exposición quiero decir que en la discusión en general de este proyecto de ley, voy a votar en contra y, aunque resulte increíble o aparentemente de poca monta, lo haré por problemas estrictamente formales. Lo cierto es que no he tenido tiempo suficiente para estudiar esta iniciativa con la debida responsabilidad. Como todos sabemos, el texto oficial definitivo fue conocido a la hora 17 del día de ayer; en él venían incorporadas modificaciones a muchos artículos, muchas disposiciones nuevas sobre temas de peso -no sobre asuntos de poca importancia-, y con esto no quiero decir que no se haya trabajado. En realidad, estudié el texto original, luego el texto modificado al 15 de agosto, los aditivos que estaban propuestos y algunos textos referidos a la ley, pero como el proceso fue vertiginoso y recién a último momento pude conocer la redacción definitiva y dentro de ella algunas novedades absolutas, me voy a pronunciar negativamente sobre la votación en general. En el Senado no podemos abstenernos y esta es la primera razón que invoco, aunque en otras circunstancias tendría que ser de poca importancia para explicar cómo uno vota. Quiero decir con esto que otorgo al Gobierno y a la Bancada que lo representa la urgencia del momento que el país vive y que esa urgencia obligue, incluso aquí en el Parlamento, a actuar no con toda la prolijidad deseable. Aun otorgando esa latitud, aquí se ha abusado -lo digo con toda sinceridad- y exagerado en materia de formalidades y de tiempos para que los distintos Senadores pudieran realmente interiorizarse de las propuestas para opinar sobre ellas. De modo que voy a votar en contra aun cuando tal vez si hubiera podido discutir y estudiar algunos artículos con más tiempo y con mis propios compañeros -porque ni siquiera pudimos hacerlo en nuestra propia Bancada-, es probable que los hubiera votado a favor. Es decir que por estos procedimientos que se han utilizado de algún modo se me está obligando a votar en contra, sencillamente porque no he podido formarme una opinión seria sobre propuestas que quizás son buenas pero, reitero, no tuve tiempo de discutir.

Asimismo quiero expresar que en aquellos temas sobre los que pude formar cierta opinión -sobre los que hablaré- y ella es suficiente para tomar una decisión ya que los estudié con tiempo y no fueron modificados, y algunos que voy a votar a favor -de los que también hablaré en su oportunidad-, creo que se comete o se corre el riesgo de cometer graves errores. Voy a hablar para tratar de convencer, por lo que trataré de evitar todo tipo de alusión política o de cualquier asunto que no tenga estrictamente que ver con las ideas que acá se nos proponen, muchas de las cuales -o la mayoría, o todas-, debo reconocer o presumir que vienen auspiciadas por la buena y más sana intención del mundo.

Creo que en medio del desorden, la velocidad y los apremios, hasta cierto punto justificables, se corre el altísimo riesgo de cometer graves errores. Un compañero me decía, por ejemplo, que luego del atentado de las Torres Gemelas y del momento de crisis más grave de la historia en la aviación, organizar la venta de un aeropuerto -aun cuando uno estuviera de acuerdo con ella- sería como organizar un remate de muebles en Montevideo en Semana Santa. Es decir que hay que tener en cuenta la oportunidad para algunas cosas y, reitero, colocándome en la posición de quienes son partidarios de llevar adelante esa formidable privatización, creo que el momento no es el más oportuno. Y por apremios -reitero, colocándome en la posición de quienes opinan diferente a mí- se puede, incluso, hasta cometer errores de oportunidad, comiéndose el futuro y malbaratando en posturas privatizadoras lo que podría dar de sí mucho más si se esperara algún tiempo.

El colmo para explicar lo que digo -he tratado de leer la versión taquigráfica de la Comisión- es que el Ministro Atchugarry, en oportunidad de haber estado en la Comisión, al referirse al tema de la Megaconcesión -estamos hablando de la concesión de 1.272 kilómetros de carreteras primarias con sus puentes y 38 puentes adicionales, el 51% de la red primaria de todo el país, el 15% de la red nacional y el 17% de los puentes de toda la red nacional, lo que no es poca cosa-, dedicó a su explicación 1.620 letras en 27 líneas de un texto de 60 caracteres cada línea. Eso es todo lo que el Gobierno, a través de su Ministro, nos informó acerca de la Megaconcesión. Me parece que como ejemplo gráfico demuestra a qué velocidad y de qué modo hemos entrado a analizar asuntos de suma importancia para el momento actual y para el futuro.

También quiero aclarar, señor Presidente, que en algunos asuntos no estamos discutiendo concesiones y ni siquiera privatizaciones, porque se ha extravasado hasta eso. Bajo ese nombre estamos discutiendo cosas totalmente diferentes, desde algún punto de vista nuevas, novedosas, y espero demostrarlo.

En materia de neoliberalismo, mi profesor es el doctor Ramón Díaz -a quien acostumbro leer, porque me gusta leer a quienes opinan diferente a mí-, quien en un libro define al empresario como el baluarte y piedra fundamental del capitalismo de libre mercado, no por el capital o los conocimientos que posea, sino por la capacidad de asumir riesgos, esencia de la figura -para él- del empresario. Para que alguien pueda ser nombrado y condecorado con propiedad con ese calificativo, tiene que ser un hombre o una mujer que se caracterice por asumir riesgos. Esto tiene que ver, filosóficamente, con el tema de la libertad, donde va siempre implícito el riesgo, etcétera. Aunque parezca mentira, personalmente comparto esa idea de don Ramón Díaz. Para mí, desde el punto de vista capitalista o desde cualquier punto de vista, un empresario no es el que tiene mucha plata ni muchas máquinas ni muchos conocimientos, sino el hombre o la mujer que asume riesgos y los asume bien. Considero que si por algo se caracteriza el contrato que se nos propone con la Megaconcesión -a la que tanto se han referido otros señores Senadores y que, de hecho, me parece que es uno de los temas que más se va a discutir en la sesión de hoy-, es por no estar ubicado ni siquiera en el capitalismo, porque a quien compre las acciones que hoy están en manos de la Corporación Vial Sociedad Anónima -que todavía es una empresa nuestra-, se le garantiza que no va a correr absolutamente ningún riesgo, a diferencia de la mayoría de los demás empresarios capitalistas del mundo. No corre siquiera el riesgo de que le vaya bien. A ver si me explico. El contrato tiene una cláusula por la cual, si antes de los 15 años de la concesión obtiene la tasa de retorno o la ganancia que se le garantiza -el Estado uruguayo la garantiza-, aquella no vence, permitiéndosele continuar haciendo obras durante todo ese tiempo; por el contrario, si no la obtiene, se le garantiza la prórroga de la concesión todo el tiempo que sea necesario hasta que la obtenga. Es un contrato insólito; como éste hay poquísimos en la historia del Uruguay.

Hemos oído prédicas -a veces con visos de razón, compartibles- acerca de que hay monopolios estatales -como por ejemplo el de ANCAP- que tienen cautiva la clientela -que es el pueblo, la gente-, a la que cobran más de lo debido -dejemos de lado si esto es verdadero o falso, pero se ha dicho- y ese plus, esa renta monopólica, según algunos se despilfarra, y según otros se vierte en obras sociales o en destinos que el Estado debe atender. Lo mismo se ha dicho con relación a todas las rentas monopólicas en manos del Estado, como ANTEL, por ejemplo.

En consecuencia, se ha predicado en ocasiones la privatización y las más de las veces la desregulación y, por lo tanto, la libre competencia y que esas empresas se preparen para correr los riesgos de la libre competencia, adquiriendo competitividad para poder sobrevivir.

El contrato firmado en diciembre entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo -que ya está en funcionamiento- establece un formidable monopolio estatal. En esa materia supera lo que es ANCAP y ANTEL. Es más, no he podido conseguir todavía ese contrato que me han prometido para dentro de pocas horas -sólo he logrado acceder a una parte de él-, pero es un contrato leonino.

Es un contrato que le garantiza a la Corporación Nacional para el Desarrollo un nivel de ganancia sin correr absolutamente ningún riesgo. Incluso, si esto quedara en manos del Estado -todavía lo está porque depende de lo que vote este Senado- le garantiza no correr ningún riesgo y recuperar todo el capital invertido, con ganancias incluidas. Y, si lo recupera antes, le asegura quedarse con los peajes en la mano y seguir cobrando a la gente durante quince años, sine die, hasta que aplicada una fórmula que figura en este documento -brillante fórmula- obtenga la ganancia.

El contrato mencionado ha sido acompañado de licitaciones -como aquí bien se ha dicho- para la adjudicación de las obras que ya se han hecho. Incluso se ha licitado hasta qué compañía de auxilio automotor va a trabajar en esos tramos de carretera que comprenden 1.272 quilómetros; se trata de la empresa Car Up S.A. Es más, ya está designada la empresa encargada de poner hasta las lamparitas, ya no sólo los que van a construir los puentes, los pavimentos y el mantenimiento. Todo ha sido adjudicado y lo que no lo está es porque todavía no está el dinero para comenzar la obra. No obstante, los peajes están adjudicados; y muy bien adjudicados. Nos referimos a la administración de los peajes porque el 7.7 % de lo que se recaude es para la empresa que ganó la licitación, a lo que se agrega lo que se pagó por boletos de peaje ya adelantados que es una moneda de cuenta que aquí figura para todo el contrato por haber construido las casetas y los accesos. Reitero que esto ya está y hay una empresa uruguaya, Consorcio Hernández y González S.A., junto con Ramón Alvarez S.A. -eran empresas competidoras pero que ahora se unieron-, que ya ganó la adjudicación por quince años. En caso de que esto se prorrogue, será por más tiempo con ganancias incluidas. Tengo aquí una lista enorme de licitaciones que la Corporación Nacional para el Desarrollo ya realizó y adjudicó, con aspectos que dejan mucho que desear. Digo esto porque las empresas ganadoras -en realidad no quiero introducirme en este tema del análisis del contrato porque es otro punto- ganaron proponiendo un precio en dólares que representa casi un 20 % promedio por debajo del precio de escritorio, o sea, de lo que el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas había calculado que debía ser el promedio del valor de las obras licitadas. Me refiero a todas las empresas porque casi en su totalidad pertenecen al mismo conjunto de empresas privadas, lo que seguramente va a ameritar una investigación.

Por otro lado, sé que la consultora contratada para investigar el flujo de vehículos y proyectado en el futuro en cada tramo de ruta, base del contrato, es CSI, empresa conocida a la que se le pagó mucho por ese trabajo. A su vez, se mandó auditarla dentro del proyecto para ver si había efectuado bien ese estudio y si había utilizado aparatos que estuvieran en condiciones. Esa auditoría se le adjudicó a CSI, es decir que se autoauditó. Todo esto figura en ese contrato que estamos buscando desesperadamente y que está en marcha. La Megaconcesión no se está discutiendo en el Senado; esto que figura aquí no es así porque, reitero, ya está en marcha. Incluso así lo establece la propaganda realizada por parte de Presidencia de la República que dice que en agosto comienza a funcionar la Megaconcesión; y es verdad, porque los peajes comienzan a recaudar ahora.

Peor aún, pues ya se está vendiendo la Megaconcesión. Tengo en mi poder material de propaganda de la Corporación Vial del Uruguay que es la sociedad anónima cuyas acciones pertenecen, por ahora, a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se trata de un material muy lindo que ya está en los bancos; es básicamente propaganda y no tienen desperdicio algunas de las afirmaciones que en él se hacen. Por ejemplo, la Corporación Vial dice a los probables inversores que están siendo construidas ocho estaciones de peaje y estarán operativas a fines de agosto de este año, momento a partir del cual comenzarán a cobrarse las tarifas. También se establece que la recaudación estimada por una firma consultora independiente por los peajes a cobrar en las rutas que inicialmente se incorporan a la concesión, incluyendo una parte que se recibe con peaje ya instalado a partir de mayo del próximo año -es el tramo comprendido en la Ruta 11-, es del orden de los U$S 8:000.000 anuales. Esto calculado al momento actual, pero tiene proyecciones. En el mismo documento se sigue diciendo que esta recaudación salta a más de U$S 20:000.000 anuales a partir del año 2008 -esto está mal, porque será a partir del 2007, es decir que la propaganda es incorrecta- en que se incorpora a la concesión la Ruta Interbalnearia que une Montevideo, la capital, con Punta del Este, balneario de nivel internacional, recaudación creciente hasta llegar a los U$S 30:000.000 anuales al final de la concesión. En el mismo material se establece que esta Ruta, la joya de la corona de la concesión, está constituida por un tramo de 247 quilómetros de simple vía con un elevado nivel de tráfico y es transitada por el segmento de poder adquisitivo más alto de la población y constituye el corredor turístico utilizado por los argentinos que concurren al balneario Punta del Este, donde son propietarios, etcétera.

Más adelante se sostiene que en reciprocidad al derecho del cobro de los peajes, la concesionaria se compromete a llevar adelante un plan de inversiones en las rutas, dicho sea de paso, con subsidios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El total de esta obra va a ser de U$S 450:000.000, de los cuales un 60 % lo va a pagar la gente que pague el peaje y el otro 40 % será fruto de los impuestos que cobra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o sea que lo paga la población del país. Está calculado así; incluso está dicho de esa forma en los materiales de propaganda.

Por otra parte en el mismo material se manifiesta que no se corren riesgos de eventuales sobrecostos en las obras y, en los hechos, se trata de un compromiso por un valor presente de egresos. Esta es la fórmula que se aplica para garantizar las ganancias y que tampoco tenga sobrecostos sorpresa para los adjudicatarios de las obras que hay que hacer.

El final del documento es increíble porque establece que esta concesión constituye, en alguna medida, una ingeniería financiera, una suerte de securitización de los activos constituidos por el derecho a la percepción de los peajes, recursos provenientes directamente de la recaudación al sector privado, con la finalidad de anticipar inversiones requeridas. Quiere decir que ya se está haciendo la venta y todavía no lo hemos votado. No se pierde tiempo y en esto el Gobierno demuestra una eficacia que hubiera sido mejor mostrar en otras áreas, como, por ejemplo, en los problemas financieros y bancarios.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Correa Freitas)

-También quiero decir que en ese contrato se calcula el dólar a $ 13.50 para todos los compromisos contraídos el año pasado. Asimismo, se calcula un flujo vehicular que todos los técnicos que he podido consultar me han dicho que está inflado, de modo de garantizar que no sea posible recuperar lo invertido en un plazo de quince años. Digamos que si el error fue tal, si el tránsito fue inflado -de acuerdo a lo que opinan todos los técnicos que he podido consultar en base a sus proyecciones-, teniendo en cuenta también que hace cuatro años esto viene bajando -por razones obvias- y que el Producto Bruto Interno del Uruguay, como todos bien sabemos y como algunos bancos internacionales lo anuncian, recién va a recuperar su nivel de 1998 en el año 2015 -todos los técnicos opinan que el tránsito vehicular está directamente relacionado a la evolución del Producto Bruto Interno de un país-, si el cálculo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es erróneo, todo va a favor del que tiene la concesión. Digo esto porque se le prorrogará por todo el tiempo que necesite la tenencia de los peajes hasta que tenga la ganancia que está avaluada en un 12 % acumulativo anual. De acuerdo a lo que me he podido informar, el año pasado este porcentaje se ubicaba en un 9 % acumulativo anual, antes de que se perdiera el investment grade. Esto era lo que se le garantizaba a la empresa.

De modo que quien compre estas acciones puede hacer simplemente un pasamano, es decir, ir a un banco, pedir un préstamo -si lo consigue por menos de un 12% que, según me han asesorado, es posible- y quedarse con la mordida restante por todo el tiempo que sea necesario. Ante esto, señor Presidente, me pregunto: si hemos construido mediante un contrato en el que no participó el Parlamento un formidable monopolio estatal -por ahora y hasta dentro de unas horas-, si hemos colocado al Estado en condiciones inmejorables, inclusive, para ir a pedir un crédito, ¿por qué ahora lo vamos a vender? ¿Por qué ahora, lo único que se propone discutir en el Parlamento, con relación a la Megaconcesión, es si autorizamos a venderlo o no? Cuidado: se trata del 100% de las acciones o la cesión del contrato, que pueden no ser acciones. El texto es claro: se pueden vender las acciones o se puede ceder el contrato. Los abogados sabrán qué diferencia hay entre una u otra cosa y qué posibilidades admite a empresas residentes en el Uruguay o a organismos multinacionales de crédito del que Uruguay forme parte.

Nosotros hablamos mucho con el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas durante el año pasado -creo que el año anterior también-, porque éste era un sueño del Ministro Cáceres. La señora Senadora Arismendi tiene las versiones taquigráficas de esas sesiones de la Comisión, pero el sueño del Ministro Cáceres no era éste y por eso digo que ésta no es una concesión de obra pública; por ahora tampoco es una privatización porque está en la órbita estatal. El Ministro Cáceres, con su presupuesto de inversiones - que es el más importante- recortado por el Ministerio de Economía y Finanzas en oportunidad del Presupuesto nacional, se quejó en la Comisión porque lo habían dejado sin dinero y nos empezó a comunicar un sueño. El no tenía más remedio, para hacer las obras más importantes y urgentes, una de las cuales es el 51% de la red primaria del país, que ir a la concesión de obras. En todas esas versiones taquigráficas él llamaba Megaconcesión a la concesión de obra típica de toda esa vasta red como, por ejemplo, la que tiene Corporación del Este o H&G S.A. en la Ruta 8, a quienes se les dio, a través de una licitación, un peaje por determinada cantidad de años -y punto- a cambio de la concesión de una obra. Entonces, si en esos años el capitalista ganó mucho, poco, nada o perdió, el problema es de él, pero cuando termina el plazo, vence la concesión y punto. Esa era una concesión de obra pública a cambio de un pago en determinado tiempo, del compromiso de realizar algunas obras y de asumir el riesgo. Un asesor nos decía que para conceder hay que conceder todo, incluido el riesgo. Sin embargo, aquí se concede la garantía de la ganancia por tiempo indeterminado, porque el contrato reconoce que es obvio que un flujo estimado de peaje puede no resultar así en quince años y, entonces, hay que brindar garantías al inversor, aunque a otros no se les garantizó. Como en cualquier otro negocio de la vida capitalista, se debe hacer la estimación del peaje futuro, se proporcionan los datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se lo ofrece por tantos años, y si quiere se lo acepta; de lo contrario, se retira. Es decir que se trata de una concesión de obra pública buena o mala y la podemos criticar o no. Pero esto que aparece no es así, sino que, de algún modo y sin exagerar, es privatizar la Dirección Nacional de Vialidad.

SEÑOR NIN NOVOA.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Muchas gracias.

Como decía, señor Presidente, es de un volumen muy grande el paquete que nos proponen vender; y ya está totalmente armado. La empresa que compre esto tiene que llamar a algunas licitaciones por ciertas obras que hay que hacer más adelante, pero las que se harán de inmediato ya están licitadas y adjudicadas. Además de las críticas que podamos hacerle al contrato -éste es otro tema-, no cabe en nuestra mente que luego de haber creado en poco tiempo un formidable monopolio estatal, justamente por parte de un Gobierno que lo venía criticando, prácticamente se lo obsequie poco después.

Por todas estas razones, voy a votar negativamente y pido encarecidamente a los colegas del Senado que, por lo menos, desglosen este voluminoso asunto de este proyecto de ley de reactivación, para poder conseguir los contratos, hablar con el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, etcétera. Quizás sea una solución hasta salomónica no apresurarse a votar algo que va a tener consecuencias tremendas en los próximos 15, 20 ó 30 años y poner muchísima atención a todos los contenidos que tiene esto que aquí mal se denomina "Megaconcesión". Hago esta acotación porque no tienen nada que ver con la Megaconcesión los artículos que se nos propone votar, sino que están relacionados con la venta de un activo creado: las acciones de la Corporación Vial, que es una sociedad anónima recientemente creada, cuyas acciones pertenecen, por ahora, a la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Por otro lado, también quería decir -pido disculpas por el desorden- lo mismo en cuanto a la materia aeroportuaria. Se le confiere al futuro Aeropuerto Internacional de Carrasco el carácter de puerto libre a su terminal de cargas y según nos ha podido informar el Ministro Cáceres -aunque hemos omitido consultar al señor Ministro de Defensa Nacional con respecto al plan maestro de desarrollo de dicho Aeropuerto-, esa terminal de carga va a ser multiplicada en su espacio geográfico por ocho en el próximo aeropuerto. Sólo así se entiende que al mismo tiempo se le otorgue el carácter de puerto libre. Digo esto, porque VIMALCOR -empresa privada con el contrato vencido en la explotación de la terminal de cargas- hoy es apenas unos galpones, pues la mercadería que entra y sale por el aeropuerto, al no gozar de los beneficios que otorga la ley de puerto libre, está esperando los instantes necesarios para que la ingresen al avión; o si recién la bajaron, debe pasar por la aduana para salir rumbo a su destino. De ahora en adelante, se estará constituyendo el régimen de puerto libre que, en opinión de quienes operan en las zonas francas, es más ventajoso. Aquí, ayer a las cinco de la tarde nos enteramos de que ocurriría lo mismo en la Base Aérea Nº 2, Santa Bernardina, en Durazno, porque se le agregan las mismas condiciones que se establecen para el Aeropuerto Internacional de Carrasco. No quiero ni pensar qué sorpresa habrán tenido los integrantes de la Fuerza Aérea y la gente de aquella Base Aérea, al enterarse de que, de pronto, tarde ya, en vísperas de reunir el Pleno, dos horas después de haber sido convocado, se modifica la Base Aérea Nº 2, que es un aeropuerto prácticamente militar y de alternativa.

SEÑOR BRAUSE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: quisiera hacer algunos comentarios imprescindibles para que nuestro silencio no sea interpretado como que otorgamos determinadas afirmaciones que se vienen formulando a propósito de la llamada megaconcesión.

En primer lugar, cabe aclarar que el actual convenio o contrato que existe entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo fue hecho de acuerdo con las normas legales e intervenido por el Tribunal de Cuentas, como corresponde, así como también se han llevado a cabo todos los controles necesarios cuando se hacen convenios entre personas públicas. De manera tal que esos contratos contienen las normas que regulan la actuación entre las partes, inclusive, estableciendo el plazo que no es indeterminado, y es aquél por el cual va a regir la concesión. Quiero que esto le quede claro al Senado. Posteriormente, la Corporación Nacional para el Desarrollo constituye una sociedad anónima que en la actualidad es la que tiene los derechos de esa concesión, pero cuyo capital accionario pertenece cien por ciento a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Por lo tanto, la razón de ser de la inclusión de esta megaconcesión en este proyecto de ley, no sólo es para darle estado parlamentario, de manera que quede claro y transparente el procedimiento que lleva adelante el Poder Ejecutivo -procedimiento que ya, a través de las normas legales puede conceder, como ocurre permanentemente en la Administración Pública, la prestación de servicios como arrendamientos de obra y no requiere autorización legal, simplemente es necesario que intervenga el Tribunal de Cuentas como corresponde, y aquí ya lo ha hecho- sino también para procurar el interés del inversor privado en caso de que se lleve adelante el procedimiento de la subasta de las acciones de esta sociedad que se llama Corporación Vial del Uruguay Sociedad Anónima. Para esto sí se requiere autorización legal como lo afirmáramos en nuestra exposición anterior. Además, es importante destacar que no cualquiera puede participar de esta subasta ya que la norma prevé que sean empresas radicadas en el país u organismos internacionales de crédito, lo que es una limitante adicional.

En tercer lugar, la norma legal establece otra limitante a la actividad privada y es que cuando esta Corporación cuyas acciones nominativas pertenezcan a un privado, en caso de subcontratar servicios va a tener que hacerlo de determinada manera, es decir, va a tener que respetar las normas de la concurrencia, la publicidad, la transparencia y la igualdad de los oferentes. Esto es obligatorio cuando se trata de empresas públicas, aunque no cuando son privadas. Sin embargo, acá la ley lo hace obligatorio para las empresas privadas. Además, el cesionario deberá absorber todas las deudas y va a estar controlado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por la Auditoría Interna de la Nación; asimismo, el destino de lo producido por esta megaconcesión irá al Ministerio de Transporte y Obras Públicas destinado a obras de infraestructura.

Por lo tanto, todo está encuadrado dentro de las normas legales y de control que hacen indispensable afirmar que esta megaconcesión, así como también el concesionario van a estar regulados y van a tener que acatar y respetar las condiciones y los términos establecidos en la concesión oportunamente autorizada e intervenida por el Tribunal de Cuentas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: en ningún momento dije que nada de lo que acá se haya hecho fuera ilegal ni tampoco que la venta que se propone no sea cristalina. Se puede cometer el más garrafal de los errores del modo más cristalino imaginable. No son cosas incompatibles. Yo me estoy refiriendo a lo que, a mi juicio, sería un error de administración y político. Vuelvo a reiterar enfáticamente que el contrato establece un plazo de 15 años pero también cláusulas como por ejemplo la que dice que a su vez, si el incremento del tránsito y, por consecuencia, la recaudación supera las expectativas, el concesionario deberá realizar una mayor cantidad de obras. Esto si le va muy bien. Pero hay otra cláusula que viene acompañada de una fórmula matemática que dice que como el contrato admite pequeños adelantos o atrasos en la previsión anual de inversiones, se establece la extinción de la concesión cuando cumplido el período de la concesión de 15 años, el concesionario haya incurrido en egresos por contrataciones en gestión, construcción, operación y explotación, indicados o aprobados por el concedente por el valor presente de egresos establecidos a continuación. Luego dice que a los efectos del cálculo del valor presente de egresos -VPE- se consideran solamente los directamente vinculados a las tareas de gestión técnica, construcción, operación y explotación, estando expresamente excluido todo otro gasto propio del funcionamiento vinculado a la gestión administrativa del concesionario. El valor presente de egresos al mes de la concesión se calculará en dólares. Y acá hay una fórmula donde están los factores tiempo, dineros invertidos, en valores dólar vendedor de ese mes por el Banco Central y donde hay una tasa de descuento incorporada en la fórmula de interés compuesto que aprendimos en el liceo, es decir, 1 + Rn, donde la n potencia es el tiempo y R es 0,949 por mes, lo cual da, por otro cálculo que hay que hacer, un 12% anual. O sea que de esta fórmula va a depender la extinción del contrato después de los 15 años, en la parte egresos. Pero hay otra fórmula que todavía no conseguí para la parte ingresos que también se aplica a los 15 años para saber si se extinguió o no el contrato. De modo que no es como ha dicho el señor Senador Brause, sino que estos mecanismos son los que establecen la probabilidad, según algunos técnicos por lo mal calculado que están los flujos, de que el contrato sea sin fecha y de cualquier modo, aunque lo fuera, se le garantiza a la empresa dueña, hoy Corporación Vial, o sea, nosotros, la ganancia establecida en el contrato, algo que para un capitalista debe ser el paraíso terrenal.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Doctor Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: tengo la copia del contrato y por lo tanto seguí muy atentamente la lectura del señor Senador Fernández Huidobro, pero hago una interpretación totalmente distinta a la de él. Creo que se afirma que son 15 años y que no pasan de este período, por la obligación del concesionario a invertir año a año cifras importantes de su componente en obras donde el primer año es de U$S 45:000.000, el segundo año es de U$S 60:000.000, el tercero es de U$S 31:000.000 y el cuarto de U$S 9:000.000.

Dentro del contrato con las empresas concesionarias, después se establecen en cláusulas dos formas de componentes, en función de que la próxima administración esté de acuerdo o no en dar los subsidios otorgados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A eso es a lo que se compromete el concesionario, sea éste la Corporación Nacional para el Desarrollo o un privado. Cuando hablo de concesión siempre tengo la sensación de que ésta se le otorga a un privado, pero acá estamos ante una rara situación en la que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace una concesión a otra parte del Estado, que es la Corporación Nacional para el Desarrollo. No veo porqué le extraña a algún señor Senador que después estas se vayan a vender a la Bolsa para procurar recursos que serán destinados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; por tanto, vuelven a dicha Cartera.

Lo otro que quería decir es que se establecen quince años, porque hay una cláusula, la 10.4, que habla de que: "Cumplido el plazo contractual de 15 años sin que se hubiera alcanzado el valor presente de egresos establecido en el artículo 10.1". ¿A quién se refiere? Al concesionario, porque tiene que hacer obras por el volumen que establezca el contrato; son esos egresos y no otros. Luego dice que: "se extinguirá la concesión en dicho momento" porque, si falta, se extingue. Más adelante agrega "conservando el Concedente" -el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la Corporación Nacional para el Desarrollo en este caso- "el derecho de percibir el saldo del valor presente adeudado en un plazo no mayor a 3 años" -aquí hay una suerte de liquidación- "en obras o servicios que se acordarán de mutuo acuerdo entre las partes". Siempre se habla de quince años; no veo porqué el señor Senador Fernández Huidobro sostiene que automáticamente se le da al concesionario otro plazo de quince años, ya que lo estoy leyendo y no lo advierto. Precisamente, por este motivo realicé una interrupción al señor Senador. Además, me parece muy claro que si no se cumple con estos egresos se termina por contrato la concesión.

En definitiva, aquí se obliga al concesionario a realizar una inversión millonaria. Volviendo a la discusión vieja -pido disculpas al señor Senador Fernández Huidobro por aprovechar esta oportunidad que me ha dado para señalar lo mismo que dije al principio-: la empresa a la que se le dio la construcción de los peajes no recauda para sí, sino para la Corporación Nacional para el Desarrollo; esto lo acaba de manifestar el señor Senador Fernández Huidobro al decir que gana el 7.7% de la recaudación. En realidad, lo que se dio fue una licitación para administrar y construir los peajes. Recauda para la Corporación Nacional para el Desarrollo o para la CBU -como se le quiere llamar ahora- y ese fondo está constituido por tres fuentes: los peajes y el subsidio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en principio, y a futuro, cuando en el año 2007 termine la concesión de la ruta a Punta del Este -es decir, la concesión del Este- lo recaudado pasará a engrosar la CBU, que es la sociedad anónima que ha formado la Corporación Nacional para el Desarrollo. Entonces, ¿cuál es el inconveniente -vuelvo a preguntar a los señores Senadores que han cuestionado este hecho- de que se dé la concesión y de que se remate en la Bolsa de Valores para obtener recursos que retornen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Para qué se hace esto? Para que el subsidio sea menor, es decir que se abarate su costo; esta es una modalidad que está utilizando dicha Cartera en el caso de obras en otras áreas en donde no se ha hecho la concesión.

Agradezco al señor Senador y le pido disculpas porque en uso de su interrupción hablé de su exposición y de otras.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Seguramente, me debe quedar muy poco tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Once minutos, señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Después, si es necesario, le pediré una interrupción al señor Senador Heber ya que, como es Miembro Informante, puede obsequiar tiempo a los demás Senadores.

En realidad, no me extraña que se vendan las acciones; a esta altura, ni me asombro. Estoy en contra de venderlas, nada más, porque pienso que el negocio es muy bueno para el Estado. Es así de sencillo; no me rasgo las vestiduras, ni me mezo los cabellos, ni nada por el estilo, pero con la tasa de ganancia que está garantizada se puede ir hoy a pedir un préstamo a muchos lados, que al final de cuentas es lo mismo que va a hacer el que venga a comprar las acciones, pero con una diferencia: se queda con todo el negocio; de la otra manera, seguimos acá en el Estado.

Por otro lado, la misma discusión de si existe o no una fórmula que aplicada de tal manera prorroga la extensión del contrato -asunto que dijo el propio señor Ministro Cáceres cuando nos lo explicó el año pasado, aunque era otra cosa la que él proponía; y sobre el que todos mis asesores me han dicho que es así-, demuestra que esto está insuficientemente debatido. Si el señor Senador Heber tiene razón, entonces, retiraría lo dicho; de lo contrario, si tuviera la razón, el señor Senador lo tendría que reconocer. Para ello deberíamos tener el contrato a la vista. ¿Lo tenemos los Senadores? ¿Lo hemos estudiado a fondo? ¿Dónde está? ¿Por qué no vino el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas para hablar de un tema tan importante como este a los efectos de ahorrarnos en Sala esta discusión que se está dando también afuera, en la calle, entre quienes saben de estas cosas; esta discusión también se da entre quienes han perdido -vamos a no masticar vidrio- la oportunidad de entrar en este negocio.

Pero, de todas maneras, prorróguese o no el plazo, si es verdad que hechos los egresos -de acuerdo con las largas tiradas estimativas que he podido conseguir- y producidos los ingresos -incluso los que voten dos gobiernos posteriores, el que gane en el 2004 y si este pierde el otro que le gane al del 2004, lo comprometemos aquí con el agregado de que la mayor cantidad de obras se van a hacer en el 2004- y el negocio es formidable en quince años, ¿por qué vamos a vender las acciones? Insisto, aunque fuera en tres, cuatro o cinco años, ¿por qué las vamos a vender? Entonces, no critico que no sea legal o cristalina la venta de las acciones y, más allá de que nada me extrañe, no me opongo al hecho de vender acciones. En este caso, me parece que es un mal y un pésimo negocio; es un error garrafal que cometeríamos votándole esta autorización al Poder Ejecutivo.

De paso, quiero decir, señor Presidente, que el desmontaje tecnológico que esto va a producir en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en su Dirección de Vialidad, nos adjudica una pérdida de tecnología al Estado; como las obras han sido concesionadas en el 51% de la red primaria nacional, y esta Dirección y el Ministerio van a pasar a cumplir un rol de control, ¿qué sucede si como en la Ruta 1 alguno de estos concesionarios se va? El mismo ejemplo podría brindar en el caso de los aeropuertos, ¿qué pasa si un Peirano Facio se va del Aeropuerto Internacional de Carrasco como lo hizo del de la Laguna del Sauce y nos devuelve las acciones? Recuerden los señores Senadores que ya tenemos experiencias en cuanto a la privatización de un aeropuerto: están presos; también tenemos experiencias de obras en la Ruta 1, cuyos concesionarios se fueron, dejando el monumento al puente por la mitad como el aerocarril de Malvín. Esto también nos puede pasar. En casi todos los casos se trata de tramos intermedios de grandes Rutas, no son ni puntas iniciales ni finales, sino reitero tramos medios. Insisto en que esto nos puede pasar.

Reitero que voy a votar en contra este proyecto de ley por estos y otros componentes.

Advierto que ya casi se me está agotando el tiempo de que dispongo, sin embargo, quiero agregar que en este tema tenemos costos rígidos calculados en dólares.

Fíjense, señores Senadores, que cuando se hizo el contrato y se creó la sociedad anónima, el dólar valía $ 13,50, según los cálculos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero $ 15 cuando las licitaciones se adjudicaron. Esas licitaciones tienen paramétricas de ajuste que, promedialmente, de acuerdo con lo que nos dijo el señor Ministro hace unos días, son un 45% por IPC y un 55% en dólares. Lo cierto es que todo eso sucedió justo un poco antes de que el dólar se fuera a las nubes -es todo legal, y yo no critico nada; es una suerte bárbara- pero ahora hay que reajustar con este nuevo valor, cuando el 30% de los insumos de las empresas que tienen que realizar las obras son salarios, y en la Carta Intención se dice, precisamente, que se van a congelar. ¡Es un lindo negocio también, por casualidad, por cosas que pasaron en el país!

Hoy es un lindo negocio también para la Corporación Vial hasta que estas acciones todavía estén en manos de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y esta decisión se toma acá y en la Cámara de Representantes. La venta de todo esto se toma aquí. Es lo único que se nos propone: la venta, sus condiciones y sus controles. Todo cristalino; diría, un garrafal y cristalino error.

Es poco lo que he podido estudiar esto y me hago la autocrítica -también como componente de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de este Senado- de no haber tenido la posibilidad de hacerlo, aunque en verdad el sueño del Ministro Cáceres no era éste -y yo casi que lo había comprado; me refiero al que él nos había expuesto allá, en la Comisión de Transporte y Obras Públicas- sino una concesión de obra a la criolla, a la que conocemos todos aquí. Claro, no había más remedio, porque le habían recortado el presupuesto y ahora, en la Rendición de Cuentas, lo volvemos a hacer. Con esa excusa, mañana va a venir otro invento; somos como los profetas que cumplen su propia profecía: le recortamos el rubro Inversión -contra nuestra opinión- al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y después el Ministro dice: "como Bensión me dejó sin plata, tengo que inventar algo para que las carreteras no se deterioren del todo y luego tengamos que pagar fabulosos sobrecostos", como todo el mundo sabe que ocurre cuando la carretera llega a un cierto nivel. Entonces, se inventó esto, pero él había pensado en otra cosa; ocurre que aquí, en el último minuto en que apareció esta ley, hubo una vuelta de tuerca, creo que auspiciada por las desesperaciones financieras del momento y ciertas apremiantes Cartas Intención que exigen que existan ciertas cuentas y ciertos saldos, para tratar de buscar plata de cualquier modo y a cualquier costo -aunque sea un gravoso costo para el futuro de nuestro país- con la pérdida de mucho más dinero.

Se me acaba de prender la luz...

(Hilaridad)

-...la que indica que se me ha agotado el tiempo.

Con un Ministerio de Transporte y Obras Públicas desmovilizado, ¡qué tremendo sería que se nos fueran estas empresas y nos dejaran en banda y tuviéramos que seguir, cuando hoy uno de los efectos que esto va a tener es desmovilizar la tecnología, la maquinaria y la capacidad de esa Cartera por quince años como mínimo! Esto me hace acordar a la época de los ferrocarriles ingleses de fines del Siglo XIX y principios del XX, cuando a los ingleses, en un contrato que mucho se parece a éste, se les pagaba por kilómetro de vía construido. Obviamente, estaba en la tapa del libro que a los ingleses les convenía hacer las vías férreas más largas posibles y, por lo tanto, no desmontar cerros ni nada, sino dar vueltas alrededor, con lo cual teníamos hasta hace poco -y seguimos teniendo- en palabras blancas y coloradas de aquella época, de grandes y preclaros Diputados, Senadores y periodistas -que me hicieron estallar de la risa por sus brillantes comentarios- "un divagante ferrocarril por nuestra campiña".

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Quiero volver a aclarar algunos puntos -que como Miembro Informante sí los tengo claros- y dejar constancia de ello en la versión taquigráfica.

Uno de ellos es que el señor Senador Fernández Huidobro señaló, una y otra vez, que no tiene el contrato, que lo ha pedido reiteradamente y que la Administración no se lo ha dado a nadie del Encuentro Progresista. Me están haciendo señas de que ninguno de sus integrantes lo tiene; según dice el señor Senador Núñez, sólo la coalición lo tiene. No es así, porque los restantes 2:999.000 uruguayos lo tienen, puesto que ha sido publicado en el Diario Oficial el día 2 de enero de 2002. No se trata de que yo tenga alguna conexión porque, repito, lo tengo aquí, está en el Diario Oficial y fue publicado el miércoles 2 de enero de este año. No es secreto, no es que la Administración no lo quiera dar, no lo tiene sólo, como dice el señor Senador Núñez, la coalición; lo tienen los 2:999.000 uruguayos que tienen el Diario Oficial.

SEÑOR MICHELINI.- Sí, los que lo compran, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Los que tienen acceso a él, y el señor Senador Michelini no debería reírse tanto y sí leerlo, porque lo recibe siempre.

Entonces, no veo cuál es el secreto de esto.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- La Mesa advierte que no corresponde conceder interrupciones. Por lo tanto, una vez que culmine el señor Senador Heber, con mucho gusto le va a conceder la palabra al señor Senador Fernández Huidobro para que haga las aclaraciones del caso.

SEÑOR HEBER.- Quería usar mi tiempo como Miembro Informante para devolverle la atención al señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- La Mesa recuerda al señor Senador Heber que dispone de cinco minutos.

SEÑOR HEBER.- En fin, esto ha sido publicado en el Diario Oficial hace siete meses y, en consecuencia, no es un secreto para nadie.

Creo que cuando se habla de concesión, es buena cosa que el Estado tenga alguna virtud, y esa virtud es la que se propone en estos artículos: tratar de hacer cotizar estas acciones para que se nos devuelva en dinero, para resarcirnos lo que vamos a pagar los uruguayos por peaje y por subsidio. Somos los mismos uruguayos los que estamos pagando esto; el subsidio no es gratis, sino que sale de los recursos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuanto más podamos regresar por la venta de estas acciones en la Bolsa de Valores, menos vamos a estar pagando los uruguayos, por lo menos en esta concesión. ¿Qué tiene de malo eso? Creo que está bien, que hay que pagar menos acá, porque si ello ocurre podremos hacer otras obras que no están dentro de la concesión. Por ejemplo, podremos hacer caminos en entendimientos con las Intendencias, cosa que no está en la concesión. Eso no me parece mal, porque cuanto más obras, más empleo. Ojalá que aparezcan muchísimos recursos privados que compren estas acciones, porque esa es una forma de obtener nuevos dineros.

Pero, además, por la información que pudimos recabar en estos días, esta concesión ya tiene un crédito de la Corporación Andina de Fomento -es decir, de un Banco que tiene un capital de alrededor de U$S 5.000:000.000- a la que Fernando Henrique Cardoso ha dicho que se puede recurrir. Inclusive, nuestro país ha solicitado un préstamo de U$S 25:000.000 para volcarlos en esta sociedad anónima a los efectos de llevar adelante las obras necesarias. Esta deuda es pública, mientras esto sea público; pero si mañana es privado, la deuda será privada. Y eso también tiene su virtud, porque lamentablemente en estos tiempos hemos acrecentado el endeudamiento externo del Uruguay -no sé qué porcentaje del Producto Bruto Interno supone el endeudamiento nacional- y si mañana podemos privatizar deuda, mejor, ¿o acaso se trata de que queremos ser nosotros los dueños de esa deuda? El tema es que por medio de una sociedad anónima pasemos esto, aunque sea parcialmente, al sector privado, naturalmente buscando los mejores momentos.

Creo que acá de lo que se trata es de buscar los mejores recursos y no de regalar nada. Pienso que este es un preconcepto que tenemos a la hora de mirar este tema. Aquí hay gente que cree que se está tratando de regalar todo, pero yo creo que es una buena oportunidad de conseguir recursos para volcar a la obra pública nacional, porque hay caída de recaudación y porque lamentablemente se ha topeado mucho el Presupuesto Nacional en materia de inversiones.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: minutos antes de que hablara el señor Senador Heber, me había hecho una autocrítica en el sentido de que como miembro de la Comisión de Transporte y Obras Públicas no estudié debidamente este tema, y antes de ello, hice una crítica a todos nosotros, porque la ley que estamos estudiando ha sido insuficientemente analizada. Con relación al contrato, lo único que dije fue que hasta este momento no lo había podido conseguir y que había compañeros que estaban buscándolo. De modo que no hice ninguna acusación; tengo partes de ese contrato que saqué de Internet, y por tanto, no era un documento secreto. Todo esto forma parte -parece mentira que estemos discutiendo este tema en este momento- de la premura con que se ha estado trabajando en asuntos de suma gravedad para el país.

Por otra parte, el diario "El País" había publicado que la Corporación Andina iba a refinanciar, así como también República AFAP, con la cual se hicieron contactos al respecto. Habría que discutir mucho este último tema, y va a causar muchos escozores si se utilizan esos fondos para esto. No abro opinión, pero es un tema que da lugar a discusión.

No hay que confundir la venta de acciones en subasta con la obtención del crédito para las inversiones. No creo que alguien nos vaya a comprar las acciones por el monto total de las inversiones que hay que hacer y que suman U$S 450:000.000, a lo que hay que descontar lo que el Estado y la gente pondrá; en realidad, la gente.

En cuanto a la deuda, comprendo que hay topes como lo son la deuda pública con relación al Producto Bruto Interno y las condiciones internacionales de no sobrepasarlos, etcétera, pero su esencia es que la tiene que pagar la gente con impuestos. Repito que esto lo va a pagar la gente. Estamos hablando del 60%, ya sea de empréstitos privados o públicos, con peaje, y del 40% con subsidios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través del impuesto. La plata la van a prestar nuestros nietos.

Muchas gracias.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- El señor Senador Heber, cuando hizo uso de la palabra, interpretó gestos o comentarios que no tienen nada que ver con lo que uno dice. Entonces, en la versión taquigráfica quedó como que yo hice el comentario de que no tenía el contrato -que sí tengo- que no lo conocía -que sí conozco- y de que sólo contaba con él la coalición, cosa que no dije. El señor Senador Heber interpretó mal y así quedó establecido, erróneamente, en la versión taquigráfica.

No se puede hablar e interpretar los gestos de otros, lo que dicen o lo que comentan.

Muchas gracias.

10) EXTENSION POR CIENTO VEINTE DIAS DE LA COBERTURA DEL SEGURO POR DESEMPLEO PARA LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS HISUD S.A. Y FIBRATEX S.A.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: está repartido en la mesa de los señores Senadores un proyecto de ley que habíamos acordado, vinculado a la ampliación de un plazo de seguro de paro para los trabajadores de FIBRATEX S.A.e HISUD S.A.

Mociono para que se declare urgente y se considere de inmediato este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se va a votar si se declara urgente y se considera de inmediato el proyecto de ley que ha sido remitido por el Poder Ejecutivo y que ha sido repartido.

(Se vota:)

- 24 en 24.Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley que extiende por 120 días la cobertura del seguro de desempleo para los trabajadores de las empresas HISUD S.A y FIBRATEX S.A.

(Antecedentes:)

"Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social

Ministerio de

Economía y Finanzas

Montevideo, 21 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López.

Presente.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, a fin de remitir a consideración del Parlamento, el adjunto proyecto de ley, que tiene como finalidad conceder al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la potestad de ampliar el plazo del Seguro por Desocupación a los trabajadores de las firmas HISUD S.A. y FIBRATEX S.A., empresas que se han visto y se ven enfrentadas al cierre de mercados tradicionales y una merma en la comercialización.

Ante esta circunstancia, se ha afectado la ocupación en sus plantas, tomando las Empresas medidas como la rotación de sus trabajadores en el beneficio del Seguro por Desempleo y a solicitar al Poder Ejecutivo la aplicación del artículo 10 del Decreto-Ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981, a efectos de no despedir trabajadores y mantenerlos vinculados a las firmas.

El Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, establece una cobertura, en caso de desempleo forzoso, para los trabajadores afiliados a la actividad de Industria y Comercio en el Banco de Previsión Social, consistente en el pago de un subsidio en dinero en forma mensual, con un plazo máximo de seis meses. La norma legal, establece una serie de requisitos previos para la obtención del derecho, así como la forma de liquidar ese subsidio.

Para volver a usufructuar, en caso de desocupación, un nuevo subsidio, debe transcurrir un plazo de un año contado del pago de la última prestación y en ese período seis de aportación efectiva.

No obstante, el artículo 10 del Decreto-Ley ya mencionado dispone:

"Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas. En cada caso el Poder Ejecutivo establecerá el monto del subsidio a pagarse a los empleados suspendidos, despedidos, o en situación de trabajo reducido, el que no podrá exceder del 80% (ochenta por ciento), del promedio mensual de las remuneraciones computables y que no podrá extenderse por un plazo mayor de un año".

Se ha entendido que el máximo del beneficio que pueden gozar los trabajadores es de 18 meses, seis de amparo legal y doce meses más, para el que está facultado el Poder Ejecutivo, por razones de interés general.

La mayoría de los trabajadores de las empresas aludidas, ya han usufructuado 18 meses de subsidio por desempleo, por lo que, el Poder Ejecutivo se encuentra imposibilitado para extender el beneficio, por así impedirlo la normativa vigente.

El proyecto de ley se dirige a que los trabajadores de estas Empresas, puedan beneficiarse con más tiempo en el beneficio. Se trata de ampliar el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 15.180 ya mencionado, autorizando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer que en esta actividad económica y por interés general, pueda ampliarse la cobertura del Seguro por Desempleo.

Se entiende que la facultad que se proyecta otorgar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está dirigida a ampliar el subsidio para una actividad económica de suma importancia para el combate al desempleo.

Estima conveniente el Poder Ejecutivo que las Empresas sigan produciendo y brindando trabajo donde tiene su actividad. Si bien la ocupación no será plena, el otorgar un nuevo beneficio de desocupación a sus trabajadores reportará que los mismos sigan vinculados a las Empresas, será posible la rotación hasta que se logre la ocupación plena, y no se perderá mano de obra especializada ya que, vencidos los plazos del subsidio, los trabajadores pueden considerarse despedidos de acuerdo a la normativa vigente.

Ante situaciones similares, se dictaron leyes amparando a determinados trabajadores. En efecto, la Ley Nº 16.623, de 10 de noviembre de 1994, facultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el beneficio de desempleo a los trabajadores de Astra Pesquerías Uruguayas S.A. Asimismo, la Ley Nº 16.792, de 19 de noviembre de 1996, facultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a extender la cobertura del Seguro por Desempleo de los trabajadores del "Frigorífico La Caballada" (Cybarán S.A.).

Como antecedente podemos mencionar, también, que este Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General iniciativas similares para amparar a los trabajadores de las empresas Metzen y Sena S.A., SUDAMTEX del Uruguay S.A., Mak S.A. y Cooperativa Nibo Plast que se convirtieran en Ley.

En consecuencia, se remite este proyecto de ley a consideración del Parlamento.

Hacemos propicia la oportunidad para reiterar a Ud. la expresión de nuestra más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Alvaro Alonso, Alejandro Atchugarry.

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, hasta por un plazo de 120 (ciento veinte) días, la cobertura del Seguro por Desempleo de los trabajadores de las Empresas HISUD SOCIEDAD ANONIMA y FIBRATEX SOCIEDAD ANONIMA, afectados por la situación de las referidas Empresas, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación, pudiendo dejar sin efecto los beneficios que se concedan en tanto se revierta la situación de dichas empresas.

ARTICULO 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que sea otorgada en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a todos los trabajadores que hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981), así como aquéllos que aún continúen en el goce del referido beneficio. La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir, a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Alvaro Alonso, Alejandro Atchugarry."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Mociono para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

11) REPROGRAMACION DE DEPOSITOS BANCARIOS. MINUTA DE COMUNICACION

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: ya que tenemos número, solicitaría que se votara la minuta de comunicación al Banco de la República, por las situaciones planteadas en la mañana de hoy, con un par de agregados en la redacción. En donde dice: "solicita al Directorio del Banco República y al Directorio del Banco Hipotecario", debería decir: "solicita por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas al Directorio del Banco República y al Directorio del Banco Hiptecario" -de acuerdo con lo que me ha señalado el señor Senador Korzeniak-, y en la última parte, cuando termina, debería decir: "previa intervención del Banco Central del Uruguay"; esto es, para la autorización, precisamente, y para que se recabe la consulta o la intervención de dicho Banco, en estos casos de interpretación, por razones vinculadas a enfermedad, para aquellos depósitos a plazo fijo reprogramados en función de la ley de fortalecimiento del sistema bancario.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- La Mesa consulta al señor Senador en qué lugar ubicamos "previa intervención del Banco Central".

SEÑOR LARRAÑAGA.- Al final del texto, es decir, luego de donde dice: "por unanimidad, entiendan necesario". En todo caso, que la Mesa lo ubique donde crea necesario; lo importante es que conste la intervención del Banco Central, más allá de la unanimidad de los Directorios de los dos Bancos públicos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tendríamos que pasar a leer la minuta de comunicación, aunque sabemos que el señor Senador Korzeniak va a decir que esto es una resolución del Senado, porque se trata de un acto administrativo. La Mesa está de acuerdo y así lo va a cumplir. Entonces, si está de acuerdo el señor Senador Larrañaga, sustituimos "minuta de comunicación" por "resolución".

Léase.

(Se lee:)

"Vista una serie de solicitudes que se han presentado en el Banco de la República, referidas a depósitos a plazo fijo reprogramados al amparo del artículo 3º de la Ley Nº 17.523, que plantean necesidades vinculadas a la salud, compra de medicamentos costosos, tratamientos médicos u otros similares, el Senado de la República, solicita por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay y al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay: Interpreten el artículo 4º de la Ley Nº 17.523, analizando cada carpeta en particular y por las razones anteriormente mencionadas, concediéndoles a los titulares de las mismas, adelantos de sus plazos fijos, en los montos que los Directorios del Banco de la República Oriental del Uruguay o del Banco Hipotecario del Uruguay por unanimidad, entiendan necesario, previa intervención del Banco Central".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Habría que hacer una corrección al comienzo, cuando dice "Banco de la República", porque la denominación correcta es "Banco de la República Oriental del Uruguay".

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Visto el objetivo de esta comunicación, que comparto absolutamente, me parece que la palabra "necesario" al final puede ser un tanto ambigua o peligrosa, dado el objetivo que se persigue. Entonces, mi propuesta es sustituirla por el término "pertinente".

SEÑOR FAU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Debo decir que tengo varias observaciones con relación a este tema. Ante todo, comparto el objetivo y el propósito del señor Senador Larrañaga. Sin embargo, creo que la redacción no es todo lo feliz que se desearía. Las comunicaciones con los Entes Autónomos se realizan a través de los Ministerios correspondientes, se diga o no en la resolución; por lo tanto, no hay que mencionar al Ministerio de Economía y Finanzas. Es precisamente a través de él que va a llegar a los bancos del Estado. Así pues, tal como he planteado al señor Senador Larrañaga, tengo algunas dudas acerca de si, en definitiva, no se trata de normas originalmente dispuestas por el Banco Central, y sobre qué participación tendría en esta inquietud.

Sin embargo, a esta altura de los acontecimientos, más que en la moción, confío en el señor Senador Larrañaga y, por lo tanto, voy a acompañar su planteo. De cualquier modo, me parece que su objetivo, que es compartible, no está totalmente logrado en lo que estamos aprobando.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- La Mesa se permite aclarar al señor Senador Fau que la comunicación se hará a través del Ministerio de Economía y Finanzas, como corresponde. A su vez, tal como seguramente el proponente lo habrá de aclarar, se toma como base el artículo 4º de la Ley Nº 15.523, a la que habría que agregar la fecha.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Precisamente, para contemplar la observación del señor Senador Fau, hemos aceptado incorporar a esto la previa intervención del Banco Central del Uruguay. Creemos que de esa forma se salva lo que había planteado el señor Senador. Asimismo, nos parece importante también la intervención del Banco Central, en cumplimiento de la normativa vigente, en una materia específica vinculada con el sistema financiero.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la resolución.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

(Texto de la Comunicación aprobada:)

"Vista una serie de solicitudes que se han presentado en el Banco de la República Oriental del Uruguay, referidas a depósitos a plazo fijo reprogramados al amparo del artículo 3º de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, que plantean necesidades vinculadas a la salud, compra de medicamentos costosos, tratamientos médicos u otros similares, el Senado de la República, solicita por intermedio de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente respectivamente al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay y al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay: Interpretan el artículo 4º de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, analizando cada carpeta en particular y por las razones anteriormente mencionadas, concediéndoles a los titulares de las mismas, adelantos de sus plazos fijos, en los montos que el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay o del Banco Hipotecario del Uruguay por unanimidad, entiendan pertinente previa intervención del Banco Central del Uruguay".

12) ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CENTRO DE ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó por unanimidad la ratificación de un Acuerdo para crear un Instituto de Asesoramiento Jurídico de la Organización Mundial de Comercio. Verdaderamente hay premura en aprobarlo, porque se debe depositar la ratificación en Ginebra antes del 30 de setiembre para tener derecho a participar en el mismo.

Por lo tanto, mociono para que este tema se declare urgente y se considere de inmediato, distribuyéndose el repartido correspondiente. Obviamente, ni siquiera vamos a hacer el informe en cuestión, ya que todos compartimos lo relativo a este tema.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Simplemente quiero señalar que nuestra voluntad era tratar de aprovechar la sesión de hoy al máximo, para poder dar aprobación también a este proyecto de ley. Pero me llama la atención -y lo digo como un razonamiento íntimo expresado en forma pública- el hecho de que hace poco rato fuimos víctimas de un profundo cuestionamiento por la rapidez con que aprobamos las leyes que traemos a este Parlamento, y los mismos que nos criticaron por esa vertiginosidad y por dirigirnos, prácticamente, al vaciamiento de las instituciones democráticas, acaban de aprobar un proyecto de ley que ni siquiera fue leído, por lo que no hubo oportunidad de que nadie conociera su contenido. Pero, claro, como políticamente ello servía, parece que ahí no se están vaciando las instituciones democráticas. Y ahora se propone que se considere en forma urgente un informe que fue aprobado por unanimidad, pero del que nos enteraremos a partir de este momento. Por mi parte, he votado en el caso anterior y también lo haré ahora, pero no puedo dejar de marcar esa contradicción. Permítaseme decir, además, que también la alegría va por barrios.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gargano.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia ha sido votada: "Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial de Comercio".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 863/02

Rep. Nº 505/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC, suscrito en Seattle, el 30 de noviembre de 1999.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 30 de julio de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Ministerio de

Economía y Finanzas

Montevideo, 24 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7º) del artículo 85, y por el numeral 20) del artículo 168 de la Constitución de la República, el Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC, suscrito en Seattle el 30 de noviembre de 1999.

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 2º de este Acuerdo, el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC tiene por objeto proporcionar a los países en desarrollo, asesoría jurídica en asuntos relacionados con la normativa de la Organización Mundial de Comercio, apoyo a las partes y a terceros en los procedimientos de solución de diferencias de la misma; así como también capacitar a funcionarios gubernamentales en asuntos relacionados con la normativa antedicha y desempeñar cualquier función que le encomiende a la Asamblea General del mismo.

El Artículo 3º establece una estructura institucional que consta de una Asamblea General, una Junta Directiva y un Director Ejecutivo. La Asamblea General se compone de representantes de los Estados Miembros del Centro y de los países en desarrollo menos adelantados (listados en el Anexo III a éste se le añadirán los que las Naciones Unidas designe como tales y hayan adherido o estén en proceso de adhesión a la Organización Mundial de Comercio). La Junta Directiva está compuesta por cuatro miembros, un representante de los países menos adelantados y un Director Ejecutivo. Las personas que forman parte de la misma desempeñarán su cargo en su capacidad personal y serán elegidas por sus cualificaciones profesionales en el ámbito del derecho de la Organización Mundial de Comercio o de desarrollo y relaciones comerciales internacionales.

El Acuerdo dispone a diversos efectos una clasificación de cuatro grupos de Estados, según la participación de los mismos en el comercio mundial y sus ingresos per cápita. En el Artículo 4º, se expresa que cada uno de esos grupos (uno de Estados Miembros desarrollados y tres de Estados Miembros en desarrollo y de economía en transición), pueden proponer un candidato a la Junta Directiva. Su designación se realiza por la Asamblea General. También en forma relacionada con la antedicha clasificación, se estipulan en los Anexos, los montos de las contribuciones al fondo fiduciario y de los honorarios (para los Estados Miembros y No Miembros) en razón de los servicios prestados por el Centro.

Por lo expuesto, y al compartir la República los criterios y normas adoptadas por el presente Acuerdo, el Poder Ejecutivo se permite resaltar la importancia de la entrada en vigor del mismo, para lo cual solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Guillermo Valles, Alberto Bensión.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC, suscrito en Seattle, el 30 de noviembre de 1999.

Montevideo, 24 de setiembre de 2001.

Guillermo Valles, Alberto Bensión.

TEXTO DEL ACUERDO

PARTES EN EL PRESENTE ACUERDO

- Tomando nota de que con el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (a continuación OMC) se creó un sistema jurídico complejo y procedimientos elaborados para la solución de diferencias;

- Tomando nota asimismo de que los países en desarrollo y entre ellos en particular los menos adelantados, y los países con economías en transición, cuentan con conocimientos limitados acerca de la normativa de la OMC y el manejo de diferencias comerciales complejas, y que su capacidad de dotarse de tales conocimientos impone severas obligaciones financieras e institucionales;

- Conscientes de que un equilibrio adecuado entre los derechos y las obligaciones que se derivan del Acuerdo por el que se Establece la OMC sólo se mantendrá si todos sus Miembros entienden plenamente los derechos y obligaciones que de él se desprenden y pueden recurrir en igualdad de condiciones a los procedimientos de solución de diferencias de la OMC;

- Conscientes asimismo de que la credibilidad y aceptabilidad de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC solo pueden garantizarse si todos los Miembros de la OMC pueden participar en éstos en forma efectiva;

- Resolvieron por consiguiente crear un sistema de capacitación jurídica, pericia y asesoría en asuntos relacionados con la normativa de la OMC, rápidamente accesible a los países en desarrollo y en particular los menos adelantados entre ellos, y los países con economías en transición.

DECIDEN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Establecimiento de un Centro de Asesoría Legal en asuntos de la OMC

Se establece por el presente Acuerdo el Centro de Asesoría Legal en asuntos relacionados con la normativa de la OMC (denominado a continuación el "Centro").

Artículo 2

Objetivos y funciones del Centro

1. El Centro tiene por objeto proporcionar capacitación, apoyo y asesoría jurídica en asuntos relacionados con la normativa de la OMC y los procedimientos de solución de diferencias, a los países en desarrollo y entre ellos en particular a los menos adelantados, así como a los países con economías en transición.

2. El Centro deberá para ello:

- Proporcionar asesoría jurídica en asuntos relacionados con la normativa de la OMC;

- Proporcionar apoyo a las partes y a terceros en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC;

- Capacitar a funcionarios gubernamentales en asuntos relacionados con la normativa de la OMC por medio de seminarios sobre derecho y jurisprudencia de la OMC, pasantías y otros medios apropiados; y

- Desempeñar cualquier otra función que le encomiende la Asamblea General.

Artículo 3

Estructura del Centro

1. El Centro tendrá una Asamblea General, una Junta Directiva y un Director Ejecutivo.

2. La Asamblea General estará compuesta por los representantes de los Miembros del Centro y los representantes de los países en desarrollo que constan en el Anexo III al presente Acuerdo. La Asamblea General se reunirá al menos dos veces al año para:

- evaluar el trabajo del Centro;

- elegir a la Junta Directiva;

- adoptar reglamentos propuestos por la Junta Directiva;

- adoptar el presupuesto anual propuesto por la Junta Directiva; y

- desempeñar las funciones que se le encomiendan en otros artículos del presente Acuerdo.

La Asamblea General adoptará sus reglas de procedimiento.

3. La Junta Directiva estará compuesta por cuatro miembros, un representante de los países menos adelantados y un Director Ejecutivo. Las personas que forman parte de la Junta Directiva desempeñarán su cargo en su capacidad personal y serán elegidas por sus calificaciones profesionales en el ámbito del derecho de la OMC o de desarrollo y relaciones comerciales internacionales.

4. La Asamblea General nombrará a los miembros de la Junta Directiva y al representante de los países menos adelantados. El director forma parte de la Junta Directiva ex oficio. El grupo de Miembros que consta en el Anexo I y los tres grupos de Miembros que constan en el Anexo II al presente Acuerdo pueden cada uno proponer un candidato a la Junta Directiva para su designación por la Asamblea General. Los países menos adelantados que constan en el Anexo III al presente Acuerdo podrán nominar su representante a la Junta Directiva para designación por la Asamblea General.

5. La Junta Directiva informará a la Asamblea General. La Junta Directiva se reunirá con la frecuencia necesaria para:

- tomar las decisiones necesarias para que el Centro funcione de manera efectiva y eficiente, de conformidad con el presente Acuerdo;

- preparar el presupuesto anual del Centro para aprobación por la Asamblea General;

- examinar las apelaciones presentadas por los Miembros a los que se haya denegado apoyo en un procedimiento de solución de diferencias;

- supervisar la administración del fondo fiduciario del Centro;

- nombrar a un auditor externo; nombrar al Director Ejecutivo en consulta con los Miembros;

- proponer a la Asamblea General la adopción de normas sobre:

- los procedimientos de la Junta Directiva;

- los deberes y condiciones de servicio del Director Ejecutivo, del personal del Centro y de los consultores que contrate el Centro;

- la administración y la política de inversiones del fondo fiduciario del Centro;

- desempeñar las funciones que se le asignen de conformidad a otras disposiciones del presente Acuerdo.

6. El Director Ejecutivo presentará informe ante la Junta Directiva y estará invitado a participar en todas sus reuniones. El Director Ejecutivo deberá:

- administrar las actividades ordinarias del Centro;

- contratar, dirigir y despedir al personal del Centro, con arreglo al reglamento del personal adoptado por la Asamblea General;

- contratar a consultores y supervisar su labor;

- someter a la Junta Directiva y a la Asamblea General el estado de ingresos y gastos del presupuesto del año fiscal anterior, previa auditoría independiente; y

- representar externamente al Centro.

Artículo 4

Adopción de decisiones

1. La Asamblea General adoptará decisiones por consenso. Cuando se considere la adopción de una propuesta en una reunión de la Asamblea General se considerará adoptada por consenso, siempre y cuando ningún Miembro del Centro o de la Junta Directiva haya presentado objeciones formales durante la reunión. La presente disposición será aplicable también, "mutatis mutandi", a las decisiones de la Junta Directiva.

2. Cuando el (o la) Presidente de la Asamblea General o de la Junta Directiva determine que no es posible tomar una decisión por consenso, el (la) Presidente podrá decidir someter el asunto a votación en la Asamblea General. En ese caso, la Asamblea General tomará una decisión por mayoría de cuatro quintos de los Miembros presentes que voten. Cada Miembro tiene derecho a un voto. Durante las reuniones de la Asamblea General, la mayoría simple de los Miembros del Centro constituirá el quórum necesario para proceder a una votación sobre cualquier asunto.

3. En caso de decisión acerca de enmiendas, se aplicarán los procedimientos previstos en el apartado 1 del artículo 11 del presente Acuerdo.

Artículo 5

Estructura financiera del Centro

1. Se creará un fondo fiduciario con contribuciones de los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 del presente Acuerdo.

2. El Centro cobrará honorarios por los servicios jurídicos prestados, de conformidad con la escala establecida en el Anexo IV al presente Acuerdo.

3. El presupuesto anual del Centro se financiará mediante los réditos obtenidos por el fondo fiduciario, los honorarios cobrados por servicios prestados por el Centro, y las contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones internacionales o patrocinadores del sector privado.

4. El Centro tendrá un auditor externo.

Artículo 6

Derechos y obligaciones de los Miembros

1. Cada país Miembro en desarrollo y cada uno de los Miembros con economías en transición que constan en el Anexo II al presente Acuerdo tienen derecho a recurrir a los servicios que ofrece el Centro, de conformidad con el reglamento adoptado por la Asamblea General, y con arreglo a la escala establecida en el Anexo IV. Cada Miembro tiene derecho a solicitar apoyo durante procedimientos de solución de diferencias de la OMC en cualquiera de los tres idiomas oficiales de la OMC.

2. Los Miembros que hayan adoptado el presente Acuerdo deberán abonar sin demora una contribución única al fondo fiduciario del Centro y/o contribuciones anuales durante los cinco primeros años de funcionamiento, de conformidad con la escala de contribuciones prevista en los Anexos I y II al presente Acuerdo. Los Miembros que se adhieran al presente Acuerdo harán contribuciones de conformidad con las disposiciones de su instrumento de adhesión.

3. Los Miembros pagarán sin demora los honorarios por servicios prestados por el Centro.

4. Cuando la Junta Directiva determine que algún Miembro no ha cumplido alguna de las obligaciones suscritas en los apartados 2 ó 3 del presente artículo, podrá decidir privarlo del ejercicio de los derechos que se derivan del apartado 1 del presente artículo.

5. Ninguna parte del presente Acuerdo se interpretará dando a entender que los Miembros asumen más responsabilidad financiera que la que se deriva de los apartados 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 7

Derechos de los países menos adelantados

Cuando lo soliciten, los países menos adelantados que constan en el Anexo III tendrán derecho a los servicios que ofrece el Centro, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento adoptado por la Asamblea General y la escala de honorarios contenida en el Anexo IV. Cada uno de estos países podrá solicitar apoyo en procedimientos de solución de diferencias de la OMC en cualquiera de los tres idiomas oficiales de la OMC.

Artículo 8

Prioridades en la atribución de apoyo durante el transcurso de procedimientos de solución de diferencias de la OMC

Si dos países con derecho a recibir apoyo en procedimientos de solución de diferencias de la OMC están involucrados en un mismo procedimiento, tal apoyo se otorgará de conformidad con las siguientes prioridades: en primer lugar, los países menos adelantados; en segundo lugar, los Miembros que hayan aceptado el presente Acuerdo; en tercer lugar, los Miembros que se hayan adherido al presente Acuerdo. La Asamblea General adoptará un reglamento relativo a la prestación de apoyo en procedimientos de solución de diferencias, donde incluirá estas prioridades.

Artículo 9

Cooperación con otras organizaciones internacionales

El Centro cooperará con la Organización Mundial de Comercio y con otras organizaciones internacionales, con miras a fomentar los objetivos del presente Acuerdo.

Artículo 10

Condición jurídica del Centro

1. El Centro tendrá personalidad jurídica y estará facultado, en particular, para contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles, e instaurar procedimientos legales.

2. El Centro tendrá su sede en Ginebra, Suiza.

3. El Centro tratará de concluir un acuerdo con la Confederación Helvética acerca de la condición jurídica, y los privilegios e inmunidades de que debe gozar. El (la) Presidente de la Asamblea General podrá firmar el acuerdo, previa aprobación de la Asamblea General. El acuerdo podrá estipular que la Confederación Helvética otorga al Centro, su Director Ejecutivo y su personal, la condición jurídica, privilegios e inmunidades que la Confederación Helvética otorga a las misiones diplomáticas permanentes y a sus Miembros, o a las organizaciones internacionales y a su personal.

Artículo 11

Enmiendas, denuncia y terminación

1. Cualquier Miembro del Centro o de la Junta Directiva podrá presentar a la Asamblea General una propuesta para enmendar una disposición de este Acuerdo. Las propuestas se notificarán sin demora a los Miembros. La Asamblea General puede someter la propuesta a los Miembros para su aprobación. La enmienda entrará en vigor el 30 º día sucesivo a la fecha en que el Depositario reciba los instrumentos de aceptación de todos los Miembros.

2. Si la situación financiera del Centro lo requiriera, cualquier Miembro del Centro o de la Junta Directiva podrá presentar ante la Asamblea General una propuesta con objeto de enmendar la escala de contribuciones establecida en los Anexos I y II del presente Acuerdo y la escala de honorarios dispuesta en el Anexo IV del presente Acuerdo. Dicha enmienda entrará en vigor a partir del 30º día sucesivo a la fecha en que la Asamblea General la haya adoptado por decisión unánime.

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo se entiende sin prejuicio de la obligación de la Junta Directiva de modificar los Anexos II y IV con arreglo a sus respectivas notas.

4. Los Miembros podrán denunciar el presente Acuerdo en cualquier momento remitiendo notificación escrita al Depositario, que a su vez informará al Director Ejecutivo y a los Miembros del Centro de dicha notificación. La denuncia será efectiva a partir del 30º día sucesivo a la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación. La denuncia no tendrá efecto alguno en lo referente a la obligación de pagar los honorarios por servicios ya prestados por el Centro, con arreglo al apartado 3 del artículo 6 del presente Acuerdo. El Miembro que denuncie el Acuerdo no tendrá derecho a reembolso alguno de sus contribuciones al fondo fiduciario del Centro.

5. La Asamblea General puede decidir la terminación del presente Acuerdo. Tras la terminación, los bienes del Centro se repartirán entre los Miembros presentes y pasados del Centro, de forma proporcional al total de las contribuciones de cada Miembro al fondo fiduciario y al presupuesto anual del Centro.

Artículo 12

Disposiciones transitorias

1. Durante sus cinco primeros años de operación, el presupuesto del Centro se alimentará mediante contribuciones anuales de los Miembros, con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del presente Acuerdo y al Anexo I al mismo. Durante dicho período, los réditos del fondo fiduciario y los honorarios percibidos por servicios prestados se destinarán al fondo fiduciario.

2. Durante los cinco primeros años de operación del Centro, la Junta Directiva tendrá cinco miembros, y durante ese mismo período, los Miembros que constan en el Anexo I al presente Acuerdo podrán nominar dos personas a la Junta Directiva.

3. La denuncia del presente Acuerdo por un Miembro no afectará su obligación de abonar sus contribuciones anuales durante los cinco primeros años de funcionamiento, de conformidad con el apartado 2 del artículo 6 del presente Acuerdo y del Anexo I al mismo.

Artículo 13

Adhesión y entrada en vigor

1. Cualquier Estado o territorio aduanero distinto que conste en el Anexo I, II o III al presente Acuerdo puede volverse Miembro del Centro aceptando el presente Acuerdo, mediante firma, o firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación durante la tercera Conferencia Ministerial de la OMC que se celebrará en Seattle entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999, y ulteriormente, hasta el 31 de marzo de 2000. El instrumento de ratificación, aceptación o aprobación deberá ser depositado a más tardar el 30 de setiembre de 2002.

2. El presente Acuerdo entrará en vigor el 30º día sucesivo al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Cuando haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, o firma no sujeta a ratificación aceptación o aprobación; y

- Cuando el total de las contribuciones únicas al fondo fiduciario del Centro que los Estados o territorios aduaneros que han aceptado el presente Acuerdo tienen obligación de abonar, con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del presente Acuerdo y sus Anexos I y II, exceda los 6 millones de dólares de los Estados Unidos; y

- Cuando el total de las contribuciones anuales que los Estados o territorios aduaneros que han aceptado el presente Acuerdo tienen obligación de abonar, con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del presente Acuerdo y su Anexo I, exceda los 6 millones de dólares de los Estados Unidos.

3. Para cada uno de los Firmantes de este Acuerdo que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, después de la fecha en que se hayan cumplido las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 6 del presente Acuerdo, el Acuerdo entrará en vigor el 30º día sucesivo a la fecha de depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

Artículo 14

Reservas

No se podrán formular reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 15

Anexos

Los Anexos al presente Acuerdo forman parte integrante de este Acuerdo.

Artículo 16

Adhesión

Cualquier Miembro de la OMC y cualquier Estado, o territorio aduanero distinto en proceso de adhesión a la OMC podrá convertirse en Miembro del Centro, adhiriéndose al presente Acuerdo, según las condiciones y exigencias que haya acordado con el Centro. Las adhesiones serán efectivas tras la aprobación del instrumento de adhesión por la Asamblea General. La Asamblea General aprobará el instrumento de adhesión, siempre y cuando la Junta Directiva haya comprobado que la adhesión en cuestión no acarrea problemas financieros u operativos para el Centro. El presente Acuerdo se aplicará a efectos del Miembro de la OMC o a los Estados o territorios aduaneros distintos en curso de adhesión a la OMC, el 30º día sucesivo a la fecha de depósito del instrumento de adhesión.

Artículo 17

Depositario y Registro

1. El presente Acuerdo será depositado con el Reino de los Países Bajos.

2. El presente Acuerdo se registrará de conformidad con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

HECHO en Seattle, a treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en un solo ejemplar, y en los idiomas inglés, francés y español, siendo cada uno de los textos igualmente auténticos.

Notas:

Si algún Miembro lo considera necesario, podrá abonar su contribución al fondo fiduciario en plazos anuales iguales durante los cuatro años sucesivos a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

La clasificación en Grupos A, B, C en que se han subdividido los países Miembros en el presente Anexo se basa en su participación en el comercio mundial, con una corrección ascendente que refleja sus ingresos per cápita tal como se indica en la siguiente tabla. La cuota de participación en el comercio mundial se determinó con base en la participación en el comercio mundial que la OMC usó para determinar la participación de sus Miembros en las contribuciones de la OMC. Los ingresos per cápita se basan en las estadísticas del Banco Mundial. Teniendo en cuenta estos criterios y fuentes estadísticas, la Junta Directiva examinará la clasificación de los Miembros que constan en la lista del presente Anexo por lo menos una vez cada cinco años y, de ser necesario, modificará la clasificación para reflejar cambios que se hayan producido en la participación en el comercio mundial y en los ingresos per cápita de dichos Miembros.

Las disposiciones del artículo 7 del presente Acuerdo y de su Anexo IV se aplicarán de igual forma a los países menos adelantados que constan en el Anexo III que no han aceptado el presente Acuerdo, así como a los países menos adelantados que constan en el Anexo III que hayan aceptado el Acuerdo.

Los Estados y territorios aduaneros distintos que constan en el Anexo II y que no son Miembros del Centro podrán solicitar el apoyo del Centro en procedimientos de solución de diferencias de la OMC, debiendo pagar los honorarios previstos en el Anexo IV del presente Acuerdo. Tal apoyo se otorgará a condición de que ningún Miembro del Centro esté involucrado en el mismo caso, o si cualquier Miembro involucrado en el mimo caso autoriza al Centro a prestar apoyo a tal Estado o territorio aduanero. Todos los demás servicios se prestarán exclusivamente a los Miembros y a los países menos adelantados.

Nota: En caso de que las Naciones Unidas designen a algún país que no conste en la lista del presente Anexo como país menos adelantado, la Junta Directiva lo añadirá a la lista del presente Anexo, siempre y cuando sea Miembro de la OMC o haya iniciado un proceso de adhesión a la OMC. En caso de que algún país de la lista deje de ser considerado como menos adelantado por las Naciones Unidas, se considerará que no es un país listado en el presente Anexo.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, han firmado el presente Acuerdo.

HECHO en Seattle, el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

LUCEN FIRMAS.

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

La Cámara de Representantes con fecha 30 de julio de 2002 sancionó el proyecto de ley (de Artículo Unico) por el cual se aprueba el Acuerdo que establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial de Comercio (CENTRO), suscrito en Seattle, el 30 de noviembre de 1999.

El Acuerdo por el cual se crea el CENTRO persigue el objetivo de capacitar, apoyar y dar asesoría jurídica en Asuntos vinculados a la normativa de la OMC (un sistema jurídico complejo) y a los procedimientos de solución de diferencias, a los países en desarrollo y en particular a los menos adelantados y a los países con economías de transición (Artículo 2).

Para ello el CENTRO deberá proporcionar asesoría jurídica, apoyo a las partes y a terceros en la solución de diferencias, capacitar a funcionarios gubernamentales y desempeñar cualquier otra función que le encomiende la Asamblea General.

El CENTRO tendrá una estructura institucional (Artículo 3) conformada por una Asamblea General, una Junta Directiva y un Director Ejecutivo. La Asamblea General se integra con los representantes de los Miembros del Centro y representantes de los países en desarrollo que constan en el Anexo III al presente Acuerdo. La Junta Directiva estará compuesta por cuatro miembros, un representante de los países menos adelantados y un Director Ejecutivo. Los integrantes de la Junta Directiva, serán designados por la Asamblea General, desempeñarán su cargo en función de su capacidad personal y serán elegidos por sus calificaciones profesionales en el ámbito del derecho de la OMC o de desarrollo y relaciones comerciales internacionales.

Los Miembros, de acuerdo a los agrupamientos que el Acuerdo dispone según la participación de los mismos en el comercio mundial y sus ingresos per cápita, que constan en los Anexos I y II, podrán proponer uno cada uno, un candidato a integrar la Junta. Los países menos adelantados según Anexo III, podrán también nominar su representante a la Junta para designación por la Asamblea General.

La adopción de decisiones (Artículo 4) en la Asamblea General y en la Junta Directiva será por consenso, siempre y cuando ningún Miembro del CENTRO o de la Junta Directiva haya presentado objeciones formales durante la reunión. Cuando se determine que no es posible tomar una decisión por consenso, la Asamblea General tomará decisión por mayoría de cuatro quintos de los Miembros presentes.

Las actividades del CENTRO se financiarán (Artículos 5, 6 y 7) con la creación de un fondo fiduciario al que contribuirán los Miembros de conformidad a los agrupamientos que constan en los Anexos I, II y III al Acuerdo y con los honorarios percibidos por los servicios jurídicos prestados, según escala establecida en el Anexo IV al Acuerdo. Todos los Miembros y los países menos adelantados, tendrán derecho a los servicios que ofrece el CENTRO.

La Asamblea General establecerá un reglamento donde incluirá las prioridades en la atribución de apoyo en los procedimientos de solución de diferencias cuando países Miembros lo reclamen en un mismo procedimiento (Artículo 8).

El CENTRO cooperará con la OMC y otras organizaciones internacionales (Artículo 9), tendrá personalidad jurídica y contará con amplias facultades. Su sede estará en Ginebra, Suiza y procurará acuerdo con la Confederación Helvética acerca de la condición jurídica y los privilegios e inmunidades de que debe gozar (Artículo 10).

Cualquier Miembro del CENTRO podrá presentar una propuesta de enmienda a la Asamblea General, quien sin demora la pondrá a consideración, entrando en vigor luego de 30 días de la aceptación de todos los Miembros. Asi mismo, la denuncia al Acuerdo podrá producirse en cualquier momento, siendo efectiva a partir de 30 días de la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación y sin derecho a reembolso de las contribuciones realizadas (Artículo 11).

Cualquier Estado o territorio aduanero distinto que conste en el Anexo I, II o III puede volverse Miembro del CENTRO aceptando el presente Acuerdo mediante firma o firma sujeta a ratificación hasta el 31 de marzo de 2000. El instrumento de ratificación, aceptación o aprobación deberá ser depositado a más tardar el 30 de setiembre de 2002.

El Acuerdo entrará en vigor el 30º día sucesivo al cumplimiento de las siguientes condiciones: cuando haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, o firma no sujeta a ratificación, aceptación o aprobación; cuando el total de las contribuciones únicas al fondo fiduciario del CENTRO, con arreglo a los compromisos estipulados en el Artículo 6, exceda los 6 millones de dólares de los Estados Unidos y cuando el total de las contribuciones anuales que los Estados tienen obligación de abonar, exceda igual monto al anterior (artículo 13).

Finalmente se establece que no se podrán formular reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del Acuerdo, que los Anexos forman parte integrante del mismo y que cualquier Miembro de la OMC y cualquier Estado podrán adherirse y que el Acuerdo será depositado con el Reino de los Países Bajos.

En mi opinión, siendo de enorme relevancia en el mundo actual la actividad comercial a la vez que crecientes las complejidades de las relaciones con motivo de la misma, la importancia de la entrada en vigor del presente Acuerdo, que constituye un valioso instrumento para los Estados y compartiendo los criterios y normas que son base del mismo, solicito que la Comisión de Asuntos Internacionales dé su aprobación al proyecto de ley sancionado en la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, a 15 de agosto de 2002.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante; Alberto Couriel, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC, suscrito en Seattle, el 30 de noviembre de 1999."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado.)

13) REACTIVACION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y CONCRECION DE PROYECTOS DE INVERSION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Continúa la consideración del proyecto sobre reactivación productiva.

Tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: palos porque bogas y palos porque no bogas. Aprovecho esta oportunidad -ya que hemos hablado de oportunidades- para decir algo que en otro momento hubiera dejado pasar.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Riesgo)

Hicimos un compromiso con el señor Senador Riesgo -que en estos instantes está asumiendo la Presidencia del Cuerpo- en el sentido de votar -sin fundamentar y sin hacer uso de la palabra- la prórroga del Seguro de Paro para trabajadores de dos empresas, porque tenemos una situación muy grave en el país y también porque honramos nuestros compromisos. Pero, si se quiere, podemos no honrar el que hemos asumido y hacer una exposición aquí, explicando por qué esos trabajadores están en el Seguro de Paro, por qué necesitamos la prórroga y por qué se encuentran en la situación en que se hallan las empresas textiles en el Uruguay. Esto podría ser parte de la discusión de un proyecto de ley que se llama -aunque no lo es- de reactivación económica, productiva y demás.

Quiero decir que no podemos mirar aisladamente el proyecto que estamos considerando y tratar de que este Parlamento mire en forma parcializada cada una de las iniciativas que se le presentan. Personalmente, no puedo ver este proyecto que hoy estamos analizando en forma separada del de Rendición de Cuentas. Si hubiera tenido la distracción -fruto de la vorágine en medio de la cual no fue considerada esta iniciativa en el Senado de la República- de tratar de ver esto sin haber observado la Rendición de Cuentas, en todo caso el Miembro Informante, señor Senador Heber -lo nombro para ver si después interviene por enésima vez en este Senado- me lo habría recordado, tal como lo hizo en su informe. El hizo una encendida defensa del proyecto de ley, explicando que constituía la condición -quizás él lo dijo de otra manera- que puso su Partido, el Partido Nacional, para votar la Rendición de Cuentas. El señor Senador ratificó eso aquí, pero ya todos tuvimos oportunidad de enterarnos de ello a través de los medios de prensa. Entonces, el Partido Nacional dijo: "No hay Rendición de Cuentas si no hay reactivación económica; si no hay reactivación productiva, y si no se vota este proyecto, no vamos a votar la Rendición de Cuentas". Dicho de una manera más chabacana, se trata, diría, de la moneda de cambio del Partido Nacional.

Ahora vamos a ver qué moneda de cambio es. "Yo te voto, tú me votas." Es parte del juego de la coalición, y está bien. Es parte de una forma de política que está dentro de las reglas del juego. El asunto es ver cuál es el tratamiento que se da al Poder Legislativo en su conjunto. Hoy, por la vía de la interrupción, señalaba que esto no hace bien al Poder Legislativo. Aunque se ponga nervioso algún señor Senador, y se moleste otro, lo ratifico.

El propio debate que teníamos hace un momento y las explicaciones del señor Miembro Informante en cada una de sus intervenciones en Sala, demuestran que algunos temas, en particular de este proyecto de ley, merecen un análisis más serio y profundo.

El señor Senador Fernández Huidobro trasladaba a este ámbito una autocrítica que se hacía ayer en la reunión de Bancada. Allí expresaba: "La verdad es que a nosotros", con "nosotros" se refería a él y a quien habla, que somos los dos representantes del Encuentro Progresista - Frente Amplio en la Comisión de Transporte y Obras Públicas, "se nos pasó, o no nos tomamos el tiempo, o no tuvimos la preocupación mayor de profundizar en el tema de la megaconcesión". Quizá esto fue así, preocupados -y de ello me hago responsable exclusivamente; no lo involucro al señor Senador Fernández Huidobro- por adelantar el debate de la Rendición de Cuentas, pues acá tenemos una no discusión de la misma. Decimos esto porque después vienen con las locuras, con las hojas de ruta, con los aditivos que vuelan por arriba de las mesas, motivo por el cual después hay que poner a trabajar horas extras, el doble o el triple a nuestros colaboradores y colaboradoras, para que puedan ordenarlos y saber de qué se trata. Es más: cuando se termina de votar, ni la Mesa sabe lo que se aprobó, como nos ocurrió con el Presupuesto. Incluso, me acotan que luego algún funcionario debe andar arreglando los papeles volantes, y es verdad, porque nos ocurre que después los textos que tenemos de los mismos no coinciden con los que aparecen publicados. También ocurre que, a veces, el Poder Ejecutivo, para poder subsanar algún enchastre, debe vetar cosas, lo que si bien parece absurdo que se haga, es fruto del descalabro con el que se trató el Presupuesto en cuestión.

En ese marco, adelantándonos al carnaval, dijimos: "Que venga el Ministro Cáceres a hablar de las inversiones, de la Rendición de Cuentas, antes de que ingrese el proyecto de ley, porque cuando esto ocurra no nos vamos a enterar de nada". Esa es la realidad por la que, reitero, convocamos al señor Ministro en varias sesiones, para que nos viniera a explicar qué incluía la Rendición de Cuentas sobre ese tema y tener la posibilidad de estudiar, con tiempo y con tranquilidad, lo correspondiente a esa Cartera, pero que también responde a inversiones y a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado cuando se discuten el Presupuesto o la Rendición de Cuentas. Es claro: el Ministro Cáceres tiene las virtudes de Sheherazade; de eso no me cabe la menor duda, porque lo he escuchado en la Administración pasada y en ésta, pues es un Ministro repetidor. El viene y cuenta, y cuenta, y finalmente es uno quien debe decirle: "Mire Ministro, tengo que irme a Sala; termine la historia, la leyenda de hoy, que queda sin terminar". Entonces, como en Las Mil y Una Noches, el tema pasa para el cuento de la sesión siguiente de la Comisión. Y él viene, y cuenta, cuenta y cuenta, saca sus papelitos, los colores, las diapositivas, y nos describe sus sueños, como dijo el señor Senador Fernández Huidobro. Lo que sucede es que a uno, cuando está medio distraído, puede casi comprarlo, como señalaba hace un momento el señor Senador. El tema es que cuando uno está advertido, le dice: "Ministro: espere un poquito. ¿De qué país estamos hablando? Espere un poquito. ¿Con qué condiciones se va a hacer esto?". Entonces, él sonríe. Son características que también tienen algunos otros Ministros de hoy. Está bien, nosotros aceptamos todas las sonrisas, pero el tema es -además de esto- saber qué es lo que se está poniendo en consideración.

Ese mismo Ministro, con su sonrisa, Lucio "Shehe-razade" Cáceres, nos habló sobre 29 versiones distintas de contratos de la Terminal de Contenedores. No sé si fue el 29 o el 30 el que definitivamente se aprobó, pero fue el único que no vimos. Eso quedó claro acá, en el Senado de la República, cuando discutimos el tema de la Terminal de Contenedores. Cuando se debatió sobre el contrato que finalmente se aprobó, ponía a la venta el doble, hipotecaba el doble de los 27 ó 28 contratos anteriores que habíamos analizado profusamente. Podemos seguir para atrás.

El problema no es, como decía el señor Miembro Informante -que en este momento no escucha porque está conversando en un lugar de la Sala-, preguntarse: "¿Y qué problema hay? ¿De qué nos asombramos?". No nos asombramos de nada. No nos asombramos de nada, porque yo quiero discutir el tema del transporte y de las obras públicas en este país, pero el paquete, y no por separado, no de a pedacitos. Quiero discutir qué plan tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como le preguntamos en la última sesión de la Comisión a la que asistió el señor Ministro. Le dijimos: "Explíqueme cuál es el plan en el Uruguay de hoy, ese en el que tenemos unos vecinos malos, en el que vivimos en un barrio terrible". ¡Y nos vienen a hacer el cuento de Las Mil y Una Noches! Quiero discutir qué tienen que ver las carreteras con los Puertos, éstos con el Aeropuerto y todo ello con los ferrocarriles. Tengo la vía tierra, las carreteras, en este proyecto y, a su vez, tengo las vías del ferrocarril en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que acaba de ingresar al Senado. Hay que discutirlo todo junto. El señor Senador Heber decía: "Se van a vender las acciones. ¿Cuál es el problema? Se van a construir las carreteras".

Por otro lado, el señor Ministro nos hace el cuento -puedo leerlo, pero no tengo tiempo en este momento, por lo que cuando lleguemos a la consideración del artículo correspondiente así lo haré; tengo todas las versiones, así que no estoy inventando nada y recomiendo su lectura- de la locomotora propia. Es decir, nos explica que el modelo inglés no es el que vamos a tener. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la Rendición de Cuentas? Indica que nos vamos a quedar con las vías del ferrocarril, que están mal, espantosas, nos habla de la lentitud, en fin, nos señala todos los defectos que tienen. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a tomar una carga brutal, porque nos vamos a quedar con el mantenimiento, la reparación y la puesta en condiciones de la infraestructura de las vías férreas de este país. Según él, cuando tengamos todo precioso, armado, funcionando y unas vías maravillosas, cada uno con su locomotora propia va a ir -no en el modelo británico, que es un monopolio-, a abonar el canon en las vías del ferrocarril, al igual que cada uno que anda por la carretera en su auto, en su camión, en fin, y paga un peaje.

Entonces, no puedo discutir por separado qué vamos a hacer con las carreteras y qué con las vías del ferrocarril. En un caso nos dice que, como no existen recursos, debemos darlo a alguien; lo expresa con todas las letras.

La historia del 14 de noviembre de 2001 -como decía el señor Senador Fernández Huidobro- es la de una Corporación Vial y una Corporación Nacional para el Desarrollo que se hacen cargo de la megaconcesión. Ello se da a conocer con mapas, con circulitos rojos, azules, amarillos, en fin, es-tá todo precioso. Sin embargo, lo que viene acá es otra cosa.

Por otro lado, las cuentas no me cierran. A lo mejor, dan; capaz que -insisto- me venden el paquete. Que me expliquen las cosas. Pero al mismo tiempo me dicen: "El Ministerio se va a hacer cargo. Vamos a deshacer AFE". Entonces, explica las pérdidas que ha tenido, lo que hemos pasado al Ente en cada Presupuesto y en cada Rendición de Cuentas. Tiene razón. El asunto es que cuando lo decíamos nosotros, y cuando esta Senadora -como le gusta decir a algunos señores Senadores acá- decía que seguíamos traspasando recursos a AFE y mirábamos las planillas y lo afirmábamos, se tildaba a los frenteamplistas de apocalípticos y, por supuesto, a esta Senadora más aún. Los anuncios son terribles.

El Miembro Informante decía que nosotros anunciamos catástrofes, y yo cada vez que expreso algo, pienso que ojalá me equivoque porque no me hace ninguna gracia tener razón, ya que cuando señalo que algunas cosas van a salir mal desearía que salieran bien y me dijeran: "¿Vio que salieron bien? Le hacen bien al país y usted está equivocada; usted es una retrógrada y una sesentista", etcétera. Más allá de eso, me enorgullezco de pertenecer a la generación del sesenta, de seguir siendo coherente con lo que pensaba y sentía, de continuar trabajando con la misma coherencia de los años adolescentes.

El problema es que se viene al Senado de la República -lo decían varios señores Senadores antes que hiciera uso de la palabra- a las 16 horas a tratar un proyecto que nos fue entregado a las 17 horas. Y yo que me precio de preparar y estudiar -y me desespero cuando no puedo hacerlo-, ya que no se trata de decir que se está a favor o en contra porque sí. Además, sobre este proyecto que es un cajón de turco, quiero saber qué voto y qué no. Quiero fundamentar -aunque a veces no lo haga en voz alta-, cuando se me pregunte por qué voté de tal forma, que lo hice a favor o en contra por tal motivo. Puedo estar equivocada, pero ese es otro tema. Quiero saber qué estoy votando y no estar como loca buscando las disposiciones citadas que no siempre explican todas las dudas, porque el problema es que uno puede entender el asunto que sólo describe el mecanismo y no cómo actúa en la realidad.

No somos "todólogos". Mal del político que se cree que sabe sobre todas las cosas y puede opinar libremente sobre todos los temas. Para eso uno llama a los Ministros. Cuando mis compañeros me dicen que el señor Ministro Cáceres, a quien le gusta tanto contar cosas, no vino nunca a la Comisión de Hacienda, pienso que es absolutamente inconcebible. Hemos leído las versiones taquigráficas de la Comisión de Hacienda y hemos constatado que solamente vino el novel Ministro Atchugarry a dar algunas explicaciones. Por otro lado, una Subcomisión -y no la Comisión- recibió a una delegación del SUNCA cuyos integrantes plantearon algunas preguntas no sé a quién porque respuestas claras y nítidas de cómo va a operar este proyecto no hay.

Lo sensato sería decir que todo lo que tiene que ver con carreteras, ferrocarriles, puertos, comunicaciones de este país y su financiamiento, lo vamos a discutir en un solo paquete. Dediquémonos a ese proyecto con las velocidades que sean necesarias. A estar muchas horas trabajando no le hago asco, pero considero que es una tomadura de pelo al Parlamento y a la ciudadanía que vengan con un paquete al que agregan alrededor de veinte aditivos y digan: "Lo dejan o lo llevan. Total los votos los tenemos". Eso es lo que pienso: "tenemos los votos, hagan lo que quieran".

Le expresaba a mis compañeros de Bancada que nunca más actúo como lo hice con el proyecto de ley de cheques. Sé que hay compañeros de Bancada y colegas que saben mucho más que quien habla y lo reconozco, pero cuando leí el proyecto de ley en Sala, me convencí que había que votarlo, pero cuando salí de Sala, al terminar la sesión, me entraron unas dudas brutales a propósito de preguntas que hicieron los propios señores Senadores del partido de Gobierno. Entonces, empiezo a hacer consultas y llego a la conclusión que me había equivocado al votar a favor. Luego, conversando con algunos asesores que me explican más en detalle el proyecto de ley, me quedo más tranquila de que había estado bien.

Eso no se puede hacer. Aceptando esa manera de trabajar, estoy tomando el pelo a quienes intento representar porque no puede ser que uno trate con esa ligereza temas que tienen que ver, a favor o en contra, con la vida de la gente. Uno puede estar equivocado o acertado pero los temas tienen que ver con la vida de la gente, de las grandes mayorías de este país, de las que ni siquiera se enteran lo que votamos y discutimos. Cada vez que levantamos la mano estamos afectando de manera positiva o negativa la calidad de vida de nuestro pueblo. Entonces, mamarrachos no puedo hacer. La última vez fue cuando el tratamiento de la ley de cheques. Así no.

Por otro lado, si uno estudia lo que se planteó, queda absolutamente claro que este tipo de proyectos que vienen enganchados -como ser, las leyes de urgencia, los presupuestos- no pueden ser tratados por ninguna Comisión con tranquilidad. Me gustaría que luego observáramos cuántos proyectos de ley generados por un conjunto de Legisladores o por un Legislador, tuvo un tratamiento en Comisión, fue mejorado, transformado -como debe ser- y luego elevado al Senado para su consideración. ¿Cuántos, en lo que va de esta Legislatura? Y no me digan que la culpa la tiene la Argentina, la aftosa, la inundación, la sequía o la devaluación brasileña, porque esto tiene que ver con el funcionamiento y la concepción del Parlamento. Y eso no sucede sólo en el Uruguay, pero yo me precio de decir que el Uruguay es distinto. Entonces, preservemos las cosas que lo distinguen y hagamos que no se deterioren. A su vez, seamos capaces de seguir trabajando de manera de no permitir que aquellos Parlamentos de otros países que en realidad son una formalidad -en el sentido peyorativo del término y no en el correcto- no se asemejen al nuestro. Por lo menos desde nuestro punto de vista vamos a trabajar para que eso no suceda.

Creo que tampoco podemos aislar este proyecto de ley de la situación del país y del sistema financiero; no los podemos ver por separado. Y tenemos que estar en condiciones de explicar y defender los artículos que están en la norma.

Voy a ser muy cuidadosa en lo que expreso, porque creo que nos esperan horas mucho más difíciles y por mi parte siempre ha habido un cuidado de cómo tratamos algunos temas para no incidir negativamente en la situación del país.

Nos encontramos con que en el sistema financiero, la mayor credibilidad -y bien ganada- ante los miles de ahorristas la tiene el sindicato de bancarios -no voy a abrir juicio de valor en este momento; a veces estoy de acuerdo y otras no- y puedo estar 35%, 80%, 90% o 100% de acuerdo con lo que resuelven, pero no es el punto. Sin embargo, hay un dato que todos reconocemos, inclusive el Presidente del Banco Central del Uruguay, que es que hay una credibilidad muy grande que para ellos implica una enorme responsabilidad de saber, cuando se les deposita esa confianza, cuándo decirle a la gente "hasta acá se llegó", porque lo que va a pasar va a ser más grave.

Ese es mi punto de vista, opinando desde afuera. Y eso hace que lo que hagamos nosotros tenga la misma responsabilidad. Después nos quejamos, hacemos discursos, disquisiciones o escuchamos a los analistas políticos que en los medios de comunicación se expresan sobre la falta de credibilidad del sistema político o -lo que es peor- de la clase política; cosa que no existe.

SEÑOR HEBER.- ¡Apoyado!

SEÑORA ARISMENDI.- Tenemos que lograr que la gente, más allá de que esté de acuerdo o no, crea que trabajamos en serio, convencidos, sustentados en la documentación y basados en un tratamiento riguroso de la realidad y de las propuestas que están planteadas. Por lo tanto, el peso que tiene la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones sociales, las gremiales y los distintos ámbitos que se han ido creando, no pueden sustituir sino entrelazarse con la actuación de los partidos y la vida política, en el sentido estricto del término, no en el de "politiquería", porque ¡pobre país el nuestro si las grandes mayorías de la población empiezan a ver la política como la politiquería, como el intercambio de moneditas y como la discusión poco transparente para la opinión pública!

Se habla de la generación de empleos -tema al que refiere una de las grandes dudas que signó nuestro debate-, porque es un aspecto que debe estudiarse con mucha atención. Se puede llegar a la conclusión de que esto es horrible y que no es así como se hace. Pero como muy bien decía el señor Senador Fernández Huidobro, si es un buen negocio que se puede desarrollar y va a servir, ¿para qué lo vamos a vender? Estoy absolutamente convencida de que quien viene a comprar no lo hace porque es bueno ni tampoco malo; simplemente viene a hacer su negocio. Aclaro que estoy tratando de ver la realidad desde otro ángulo y no desde mi óptica, que es diferente. Lo que quiere hacer el empresario es ganar dinero; nadie viene a hacer negocio con algo que no sirve. Esto es algo que, más allá de las disquisiciones sobre quién es el mejor empresario capitalista -esta es una linda discusión, pero no voy a entrar en ella en este momento-, es incuestionable. El inversor viene a ganar, de una forma derecha o torcida, y aclaro que no estoy diciendo que sea torcido lo que se está haciendo. El señor Senador Brause se indignaba y decía que se puede hacer todo dentro de la ley. Mi caracterización de este proyecto es que con él podemos hacer un hermoso envoltorio, ponerle adornos y moñita, empaquetarlo bien, votarlo y hacer que se convierta en ley. Por lo tanto, lo que se haga a consecuencia de esa ley va a ser legal, va a estar dentro de las normas; pero eso no quiere decir que esté bien.

En su momento -pido disculpas por la comparación; no estoy insinuando nada- se hizo un negocio supuestamente dentro de los márgenes de la ley, que fue la venta de PLUNA. Este es un tema que está incluido en la Rendición de Cuentas y que tampoco puedo analizar en forma separada. Estamos licitando, concesionando o vendiendo -se puede usar la palabra que se quiera; después vamos a entrar al tema- servicios del Aeropuerto, pero de paso, en el otro proyecto de ley, nos deshacemos de PLUNA. El 10 de febrero de 2000 hice un pedido de informes al Tribunal de Cuentas y a distintos organismos para saber qué pasaba con los U$S 4:896.916 que, en mi opinión, correspondían a acciones de PLUNA Ente Autónomo. El 14 de agosto de 2002 el señor Ministro reconoce que PLUNA S.A. se quedó con esa suma que pertenecía al Estado. Se puede consultar la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de ese día. Y podría seguir con otros negocios. Me pregunto por qué tendría que pensar que un negocio votado a lo loco, sin posibilidad de discutir y profundizar -como va a suceder con PLUNA- va a ser exitoso. ¿Por qué habría que pensar que va a ser mejor que lo que se hizo con el ferrocarril? Quizás esté equivocada, pero quiero tener la oportunidad de que me demuestren con cifras que es así.

Vamos a hacer las vías como hicimos las carreteras y las pistas y parte de las obras del Aeropuerto, señor Presidente. Y después, ¿qué hacemos? Hay otras cosas que no se pudieron hacer antes porque la ciudadanía no lo permitió.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dado que ha sido la única señora Senadora que se ha dirigido al Presidente, la Mesa solicita al Cuerpo que se le prorrogue el término de que dispone.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

No obstante lo dicho, me permito pedir a la señora Senadora que se atenga a la cuestión, porque ha hablado 30 minutos y no se ha referido al tema.

SEÑORA ARISMENDI.- Le voy a demostrar que me atengo al tema, señor Presidente. Además, todos los señores Senadores se han referido a lo mismo, y no es casualidad, porque el centro -no voy a decir el corazón, porque esta ley no lo tiene-, la vesícula de este proyecto, es la megaconcesión, el Aeropuerto, las arenas negras, el saneamiento compulsivo. Pero si el señor Presidente quiere, puedo referirme al conjunto del problema, porque insisto: no está separado de la situación del país.

Evidentemente, si el Uruguay estuviera bien no se habría enviado un proyecto de ley de reactivación económica, no estaríamos discutiendo una Rendición de Cuentas que incluye recortes por todos lados, ni analizando una serie de artículos -muchos de los cuales voy a votar-, que no sirven para nada. Disposiciones de este tipo ya se han aprobado en varias leyes de urgencia, pero no han generado trabajo ni desarrollado, por ejemplo, la industria de la construcción. Sin embargo, no voy a negar que tal vez permita el desarrollo de un proyecto o la creación de un puesto de trabajo, aunque sea precario; por eso voy a votar estos artículos. Pero no voy a decir -porque no lo creo- que estas son medidas de reactivación en una situación como la que vive el país, donde tenemos en cada cuadra un cartel que dice: "Se vende" o "Se alquila".

Como decíamos durante el tratamiento de la ley referida al sistema financiero -en este momento no recuerdo el nombre, porque en general se utilizan denominaciones complicadas para tratar de vender el nombre en lugar del contenido-, hay mucha gente a la que se le van a liquidar sus propiedades por deudas en dólares. Sabemos que hay inversores argentinos, a través de escribanías usureras, que se han quedado con propiedades que no les interesaban, porque en realidad querían invertir para obtener ganancias. Entonces, es impensable que pueda haber un desarrollo de la industria de la construcción como consecuencia de las medidas que están planteadas en este proyecto de ley, pero como algún puesto de trabajo puede crearse, de todas maneras las vamos a acompañar.

Como verá, señor Presidente, me estoy refiriendo al tema. Estoy aludiendo al tema de una política económica, sobre la que quedó demostrado aquí -a lo mejor en la interpelación nadie se lo creyó pero, después de ésta, creo que sí- que algunas cosas que se creían que eran de una manera, en realidad, eran de otra, y cuando el señor Senador Atchugarry asumió el Ministerio de Economía y Finanzas lo habrá podido comprobar. Esto no lo puedo demostrar pero me lo imagino. Además, sé que acá se nos mintió. Cuando no se nos miente se nos dicen las cosas a medias, se escamotea información o se nos dice que es confidencial. Realmente, cuando se habla de la necesidad de aportar ideas, nosotros estamos dispuestos a darlas y a discutirlas, pero para ello se debe dar un ámbito propicio. Sobre el compromiso de trabajo, de cumplimiento de los acuerdos y de no obstaculizar determinadas cosas, creo que hemos dado pruebas, aunque se necesita una mínima capacidad de profundizar. Tengo un sinnúmero de preguntas sobre muchos de los artículos pero ni siquiera he tenido tiempo de consultar. Vemos en Sala que hay un problema de interpretación y hasta de comprensión lectora en la forma en que se han redactado algunos de los artículos. En algunos casos, si se quiere decir una cosa, estaría de acuerdo en aprobarlo, pero si se quiere decir otra, no. Para ello, tengo que poder preguntar. Por ejemplo -y me gustaría que cuando tratemos el artículo el señor Miembro Informante me conteste-, observo que instauramos el trueque -es algo que no me molestaría demasiado-, que es una forma de sobrevivir de la sociedad uruguaya, y por qué no de algunos entes. Entiendo -la mente me da para darme cuenta- que si ANCAP tiene que pagar la importación del petróleo crudo, lo puede hacer con productos de la oferta exportable uruguaya. Si ahí hubiera un punto en lugar de una coma, me parecería una solución estupenda. En ese sentido, quiero entender que instauramos el trueque: nos dan crudo y por el equivalente damos productos. Sin embargo, en el artículo hay una coma en lugar de un punto. Y continúa diciendo: "...pudiéndose realizar dicha operación con agentes privados de comercio exterior". Ahí es donde se me arma lío. No sé si hay agentes privados de comercio exterior que trabajen gratis, sin ganancia. Concretamente, el artículo dice que hay un intercambio de productos refinados o producción de ANCAP por crudo, entonces, me pregunto para qué están en el medio los agentes privados de comercio exterior. Eso ya me molestó, pero dónde pregunto sobre este tema si no es en Sala, si no hay tiempo de profundizar y de estudiar estos aspectos. Es a estas cosas que se refería el señor Senador Núñez.

Quien habla fue -al igual que mi fuerza política el Frente Amplio y no el Encuentro Progresista - Frente Amplio en su conjunto-, una de las que dio pelea contra la reforma constitucional, y no me voy a cansar de insistir sobre esto. No peleábamos solamente con respecto al balotaje -como algunos pensaban-, sino que a lo largo y ancho del país, en muchos debates, decíamos que se estaba creando algo así como un super Ministerio en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto porque en la Constitución se incorporaba -yo no lo voté pero ahora lo respeto- la reforma por la cual se daba un fortalecimiento del Poder Ejecutivo en relación con el Poder Legislativo. En esta ley se está produciendo una asombrosa transformación -que se suma a las anteriores- de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se está formando algo así como una superinstitución que los juristas dicen que es un híbrido -y yo agrego que no es ni chicha ni limonada-, porque es una persona pública no estatal, es decir que no es del Estado pero supuestamente tampoco es privada. Al respecto, el señor Miembro Informante decía que "la Corporación es nuestra" y permítaseme señalar que no la siento tan nuestra porque, entre otras cosas, no le puedo preguntar. A la Corporación le trasladamos acciones, lo relativo a las ágatas y las amatistas -quizás está bien-, el tema del Aeropuerto, el del Puerto, entonces, ésta hace y le volcamos recursos. Ahora dispone de acciones que van a la subasta y sin embargo, quien habla, como Legisladora, no le puede preguntar a la Corporación qué es lo que está haciendo porque si no quiere, no me contesta nada. Deseo aclarar que ni aun hoy se mantiene en la órbita del Estado; está en esa cosa rara, en ese invento de nuestro país, en el cual se supone que es pública pero no del Estado y se rige por el Derecho Privado, por lo que no es pasible de investigaciones por parte del Poder Legislativo. Esta es la mejor forma de sucuchar negocios -aclaro que no estoy diciendo que lo hagan, pero de lo contrario tampoco me entero- con los bienes de la sociedad uruguaya. Cuando aquí se habla de que la mitad corresponde a recursos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿a qué nos referimos? Los dineros de esta Cartera, ¿de dónde salen? De más bolsillos de quienes pagan peaje. Es más, hay bolsillos que van a pagar doble o triple porque abonan por los impuestos, por los peajes y por los productos sobre los que van a recaer los impuestos y los peajes. Por lo tanto, aquí hay una brutal transferencia de recursos.

Como el señor Presidente me solicitaba una explicación sobre por qué estaba fuera de tema, yo le estoy aclarando por qué en realidad me estoy refiriendo al mismo. Estamos dentro de una concepción sobre la que durante todos estos años se ha demostrado que es privatizadora y de no control, que es parte de la misma. Entiendo que quienes la defienden están convencidos que ese es el camino a seguir, pero hasta cuándo va a tener que decirles la realidad que están equivocados. No desconfío de la buena fe de quienes creen que lo mejor es abrir todo, privatizar y dejar sólo aquello de lo que el Estado no se puede deshacer. Al respecto, el señor Senador Gargano comentaba que bueno fuera que se privatizara la seguridad y a ello agrego que en el propio Poder Legislativo está privatizada, porque además de policías tenemos guardias de seguridad privada. Esto es algo que a mí me sorprende y pido perdón al señor Presidente por esta disquisición. Reitero, me sorprende y me desborda -aclaro que digo esto teniendo en cuenta la buena gente que puede ser la de la empresa de seguridad- que al Poder Legislativo lo cuide una empresa privada. Me cuesta comprender este tema, pero a lo mejor es un problema de lentitud de entendederas de mi parte. Hago esta apreciación porque creo que no sería raro que a alguien se le ocurra privatizar la seguridad del Aeropuerto o al Parlamento como -creo que esa era la expresión- edificio prescindible. A veces, en este recinto se hacen bromas amargas y uno entra en el juego como forma de alivianar la carga de la discusión.

Por otra parte, cuando se habla del control del Tribunal de Cuentas, creo que se envía toda la información pero el Poder Legislativo y la Asamblea General no hacen nada con esos informes. Aclaro que soy parte de los que no hacemos nada; no estoy tirando la crítica para otro lado, soy de las que no he peleado lo suficiente en torno a ese tema. Con respecto a que se pongan algunos controles para que el Tribunal de Cuentas envíe la información a la Asamblea General, quiero decir que ésta ni siquiera nombra a la Comisión que debe tratar el asunto y cuando se reúne no tiene número. Esto, realmente, es una decoración, salvo que hagamos un compromiso colectivo en el sentido de seguir todos los informes que el Tribunal de Cuentas eleva al Poder Legislativo y a la Asamblea General.

Aclaro que voy a finalizar con mi exposición en la discusión general porque luego, en la particular, voy a preguntar, proponer y, en algunos casos -no en todos-, fundamentar los artículos.

En términos generales, propongo que el Aeropuerto y la megaconcesión se separen de la discusión del proyecto y veamos qué estamos tratando en el conjunto de las otras disposiciones que figuran en el proyecto de ley.

Hagámoslo a modo de ejercicio, porque soy consciente de que no van a votar lo que propongo. Digo esto porque si en el día de ayer no tenía en mi poder las disposiciones citadas, mal puedo pretender que voten este desglose. Entonces separemos -reitero, a modo de ejercicio- y observemos, por un lado, los temas de la megaconcesión, el Aeropuerto, las arenas negras y el saneamiento. Por otro, analicemos el resto de las disposiciones para ver cuál es el papel que juegan en la llamada reactivación, para luego estudiar el paquete de la megaconcesión y el Aeropuerto. En este sentido, la respuesta a cuántos puestos de trabajo pueden o no crearse ya la dio el Ministro Cáceres cuando aludió a algo que el Poder Ejecutivo, anterior al que él pertenecía, generó. En realidad, fueron desmantelando Vialidad, y una de las metas que se propuso el Presupuesto del año 1995 fue reducir la cantidad de trabajadores de esa Dirección. De esta manera se formarían microempresas que supuestamente iban a ser estupendas, la maravilla con la cual resolveríamos los diferentes problemas y donde cada uno se iba a sentir empresario. Pero no voy a reiterar toda la argumentación que se dio en ese momento.

En el año 2000, es decir en la segunda Administración en la que ocupa el cargo de Ministro de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Cáceres manifestó al pasar, que la idea de las microempresas no resultó tan buena. Ahora, al encarar este asunto, dice que existen serios problemas con estas microempresas, ya que no funcionan bien y tienen alrededor de cuatro mil o cinco mil trabajadores en seguro de paro. Entonces, cuando discutíamos acerca de estos temas, el proyecto sobre el muelle de Fray Bentos o el relativo a Nueva Palmira -que también están aquí-, el Ministro Cáceres decía que no era conveniente que en Río Negro se generaran expectativas ya que no se iba a dar lugar a puestos de trabajo, anunciando que los mismos ya estaban ocupados. Si esto es lo que dice el Poder Ejecutivo, ¿por qué me quiere convencer de que se generarán puestos de trabajo? De ser así, pido que se me demuestre y entonces votaré este proyecto, dado que -tal como expresaba el señor Senador Fernández Huidobro- corremos el riesgo de que con este tema suceda lo mismo que con el aerocarril de Malvín, es decir, que desconozcamos qué, cuándo y cómo van a construir, aunque sí sabemos de qué forma van a recaudar. Me refiero a los peajes con los que tantos problemas tenemos en las poblaciones aledañas.

Muchas gracias.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: se ha afirmado, a propósito de los temas vinculados con la megaconcesión, con las normas que refieren al Aeropuerto Internacional de Carrasco y con el Puerto de Nueva Palmira, que se trata de una privatización. Quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de que esto no es así porque el derecho de propiedad continúa en manos del Estado, ya sea en lo que concierne a las carreteras y puentes que comprenden la megaconcesión como también, naturalmente, al Aeropuerto Internacional de Carrasco y al Puerto de Nueva Palmira. El derecho de propiedad -reitero- permanece en manos del Estado y lo que se hace a través de estos instrumentos es simplemente hacer intervenir a terceros, ya sea en la construcción, mantenimiento, operación o administración de los servicios y obras que demanden la red vial, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y el Puerto de Nueva Palmira. La concesión es un contrato y la Administración Pública está perfectamente habilitada por la Constitución y por la ley para llevarla a cabo. Puede hacerlo sin necesidad de ley y si en este caso la incorporamos a la iniciativa, se debe a las razones que ya hemos explicado en ocasión de haber hecho uso de la palabra en la discusión general, por lo que no quiero insistir sobre ello. Sin embargo, es necesario reafirmar que la concesión es una facultad que tiene la Administración para contratar con terceros la realización de obras o la prestación de servicios. Tan es así que además, señor Presidente, lo podemos comprobar permanentemente en la Administración Central, en los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados e Intendencia Municipal de Montevideo, que recurren a estos instrumentos jurídicos. Por tanto, no nos debe extrañar que en esta oportunidad se recurra a este instrumento jurídico para procurar que terceros realicen obras o presten servicios. Pero debe quedar constancia clara en la versión taquigráfica de que de ninguna manera ello significa una privatización, por cuanto el derecho de propiedad sigue perteneciendo al Estado.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: no vamos a acompañar la iniciativa, sobre todo por dos artículos: el de la megaconcesión y el del Aeropuerto, que será el centro de nuestra intervención. Con algunos de los restantes artículos -que tampoco vamos a votar- tenemos diferencias, pero concordamos con otros. Naturalmente discrepamos con la coalición de Gobierno, sobre todo con el señor Miembro Informante con respecto al título y a la concepción del proyecto. Me gustaría centrar el debate en este sentido porque considero que tenemos algunos problemas de percepción en la sociedad uruguaya. No creo que se trate de si se privatiza o no, de si se otorgan concesiones o no, sino -como decía en alguna conversación informal el señor Senador Fernández Huidobro- de ver cómo "sacamos la cachila del barro", que está "hasta al eje". Este es el problema que tenemos y en realidad no creo que con estos instrumentos saquemos al país adelante. Además, independientemente de que la posición que se trae con convicción al Senado por parte de la coalición de Gobierno pudiera ser correcta, tengo la impresión de que no se tiene una percepción del momento. Pongamos un ejemplo. Toda la megaconcesión, ¿qué es? ¿El Estado no puede conceder los servicios a nivel de carreteras? Sí puede. ¿Lo hizo? Sí, ya lo hizo en alguna oportunidad. ¿Podría ampliar la concesión de la Ruta Interbalnearia? Sí, podría hacerlo. ¿Hay límites legales para lo que se podría hacer a nivel de carreteras? No. Entonces, ¿por qué se pide la autorización parlamentaria? ¿Por qué me piden a mí que autorice? Y si me solicitan esto, ¿cuáles son los argumentos que me presentan para convencerme de que debo hacerlo? La megaconcesión -se la mire por donde se la mire- es una ingeniería financiera para lograr recursos con el fin de hacer cosas. No es más que eso. Se dice que las carreteras las hacen tales empresas con determinados mecanismos, que los peajes son administrados por otras empresas por cierto porcentaje y que se sale a buscar determinado dinero en la Bolsa de Valores o al conjunto de los ciudadanos y demás.

Independientemente de que esto sea bueno o malo, esta era una solución de captación de recursos prevista para el año pasado, y en consecuencia la pregunta es si es buena para este momento. ¿No han pasado cosas en el país que han cambiado sustancialmente la realidad que tenemos actualmente? ¿Acaso el país de febrero, de marzo, de abril o de mayo, es el mismo que tenemos hoy? Creo que no, señor Presidente. En primer lugar, estamos sin crédito; nuestro riesgo es enorme y nadie pone dinero en el Uruguay.

Sobre este punto habría que armar un capítulo acerca de cómo es posible que un Ministro que hace siete años que está en su cargo - y que, a pesar de ese tiempo, ha hecho muy poco-, cuando se inventa esto de la megaconcesión tarda y tarda, convencido de esa propuesta -es la suya no la mía- que, además, no se implementa. ¿Por qué no lo hicieron el año pasado, si están convencidos de ello? ¿Por qué esto tenía que venir incluido en un proyecto de ley de 72 artículos? ¿Por qué esperar y demorar? Si la mayoría estaba convencida de que ese era el camino, ¿por qué no lo hicieron el año pasado? Ese es uno de los problemas: la calidad de las políticas.

Reitero -lo dije en otra oportunidad- que no se trata de discrepar, sino que esta es nuestra opinión en el sentido de que hay problemas de calidad de las políticas. El contador Bensión, cuando era Ministro, vino en febrero y dijo: "Este es el plan de ajuste y esta es la reactivación", pero fracasó; después vino en mayo y volvió a señalar: "Este es el plan de ajuste y esta es la reactivación", pero nuevamente fracasó. Después vino todo lo otro pero, repito, es un problema de calidad de las políticas.

No se trata de que un gobierno de tal signo ideológico no tenga que ajustarse si tiene un problema de déficit fiscal; las cuentas se ajustan, señor Presidente. No es ese el tema; el problema es que se nos planteó un proyecto y fracasó, y lo mismo sucedió con otro que se planteó anteriormente. Entonces, empiezo a dudar de la calidad a la hora de hacer las cosas por parte del propio Gobierno y de la coalición. En julio del año pasado esta idea ya figuraba en los periódicos e incluso en el pensamiento de algunos Legisladores de aquí, que fueron quienes comenzaron a implementarla desde marzo del año pasado; sin embargo recién ahora se plantea, como si ahora hubiera que reactivar.

Frente a todo esto, la pregunta que se plantea es si es sabio hacer esto. Tengo dudas, señor Presidente, porque más allá de que el instrumento me guste o no y más allá, también, de si los puestos de trabajo son más o son menos -en esto doy la razón a la señora Senadora Arismendi-, aunque valgan el esfuerzo que hagamos, la pregunta es si ahora esto es válido. ¿Acaso no es en el momento más bajo del mercado que vamos a pedir que se vendan o se subasten esas acciones? Esta es la solución que está planteando la coalición. ¿No sería mejor hacer una reflexión y plantear que comencemos por una parte, incluso dentro de la solución que plantea la coalición? Quizás debamos hacer esto antes de salir a rematar en un solo acto, en una sola subasta o en un solo remate, todas las acciones, quedando atados a esa solución durante muchos años, independientemente de que en los contratos se prevean cláusulas de rescate y demás. ¿No es este, repito, el peor momento? Incluso, si todos estuviéramos apoyando la iniciativa, quizás podría haber una cierta picardía en el sentido de decir: "Vamos a hacer algunas cosas para que haya inversión y, en todo caso, a esta idea la postergamos hasta que el nivel de confianza que exista en la gente para usar estos instrumentos, tenga viento a favor". En consecuencia, cuando tenga que dar la autorización, con la mala calidad de las políticas que implementa el Gobierno, seré muy cauto.

Lo mismo podemos decir con respecto al caso del Aeropuerto. Este es el peor momento para conceder algunas de estas iniciativas. Se me preguntará cómo se genera la inversión y el capital; de eso vamos a hablar. Sin embargo, aun cuando todos estuviéramos de acuerdo, para aplicar este tipo de mecanismos este es el peor momento.

A modo de ejemplo, podemos pensar en esas familias que tienen un cuadro muy valioso y deciden venderlo cuando están atravesando por una situación de máxima necesidad. Seguramente le van a pagar muy poco por él. Nosotros estamos con mucha necesidad, con muchos problemas y, además, estamos atrapados. La necesidad se ve; claro que sí. Las políticas a aplicar en febrero eran diferentes porque en ese momento había U$S 3.500:000.000 de reservas, a tal punto que ni siquiera le pedimos recursos al Fondo Monetario Internacional y, además, en ese momento el entonces Ministro Bensión estaba exultante y planteaba su propuesta. Luego, cuando ya no se contaba con esa cantidad de reservas y el Ministro ya no era Bensión -dicho esto sin desmedro en cuanto a la capacidad, inteligencia y respeto que tenemos por el actual señor Ministro de Economía y Finanzas, el doctor Atchugarry- se plantearon necesidades y otras cosas que incluso integrantes de la coalición que en febrero no hubieran firmado, por necesidad, en su oportunidad, sí firmaron.

Reitero que sucede lo mismo con respecto al Aeropuerto, pero no me voy a explayar en ese punto. Incluso, aunque todos decidiéramos que esa es la solución, es el peor momento.

Tímidamente hablé de una cláusula de rescate y se me dijo que si se incumple el contrato, naturalmente, la concesión del Aeropuerto vuelve al Estado uruguayo. No hablaba de eso, señor Presidente. Si el contrato no vuelve, si los oferentes que se presentan no son los mejores o si terminé rematando en el peor momento y dentro de cuatro años este país sale adelante -quiero soñar- porque va a estar en mejores condiciones, porque es una tierra de oportunidades y porque voy a tener oferentes mejores, ¿por qué no tener una cláusula de rescate? No me refiero a una cláusula de rescate por incumplimiento de contrato, sino a prever que aunque se cumpla con el contrato, el Estado uruguayo pueda rescindir pagando un costo. Menciono la posibilidad de la cláusula de rescate porque estoy vendiendo en momentos de necesidad. Entender este tema es sustancial: estoy vendiendo en la necesidad. En consecuencia, si vienen los buenos tiempos y estratégicamente creo que el Aeropuerto no está acorde con lo que quiero, o el oferente es malo, o no hay competencia, o no se brindan los servicios, o se achica el mercado y tengo la gente cautiva, tendría una vía que me permitiría salir de la concesión, incluso para posteriormente concesionarla de nuevo.

Mi preocupación, señor Presidente, no es si eso estaba en la mente de algunos Legisladores o no. Creo que no se entendió; se confundió rescisión de contrato con incumplimiento por el hecho de que tendríamos muchas puertas abiertas, porque en los momentos de necesidad tenemos que pactar cosas que no hubiéramos pactado en otras circunstancias. Entonces, para cuando recupere fortaleza, reservas, autonomía e independencia económica, quiero tener posibilidades de hacer otras cosas y aplicar otras políticas. No obstante, reitero, no se nos escuchó.

Hasta aquí el tema de las concesiones. Votar este proyecto de ley es aprobar básicamente esas dos cosas, y tengo fundamentos para creer que no se está procediendo bien y que estos no son los mejores momentos para tomar decisiones de este tipo. Entonces, me piden la autorización y no la doy. Además, voto negativamente el proyecto en general porque en mi opinión esta iniciativa se va a conocer por esos dos aspectos fundamentales que mencioné.

SEÑOR BRAUSE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Brevemente, voy a hacer dos comentarios.

En cuanto a los contratos, el señor Senador Michelini dice que hay que incorporar una cláusula de rescate para que, si las condiciones mejoran, el país tenga la oportunidad de que las obras y servicios vuelvan al Estado y que éste, eventualmente, las utilice en forma directa o las conceda a un nuevo concesionario. Respecto a este planteamiento, que el señor Senador también formuló en la Comisión, en su momento le manifesté que en las cláusulas que comprende el contrato que previamente fue antecedido por un pliego de condiciones, se establecen determinadas disposiciones. Entre ellas -y es una cláusula esencial en todo contrato- figura la del plazo, de manera tal que una vez que se lo verifica o se cumple, vuelven al Estado todos los derechos que había concedido. En consecuencia, si un contrato llega a su término quiere decir que se ha venido cumpliendo.

El señor Senador Michelini afirma que sería útil incorporar una cláusula de rescate en los contratos y, eventualmente, en los pliegos de condiciones. Quiero señalar que, naturalmente, toda cláusula de rescate tiene un costo, y cuando se concede a un tercero una determinada obra o la prestación de un servicio, generalmente se hace por un plazo y en función de una inversión que tiene que contar con cierta rentabilidad. No obstante, si el concedente se reserva el derecho de rescatar antes de que se verifique el plazo, reitero, esto va a tener un costo, que en este caso tendría que pagar el Estado. Creo que este aspecto podría estar contemplado eventualmente en un contrato y en los pliegos de condiciones pero, en definitiva, no es un tema que tenga que figurar en la ley.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que en este tema tengo una ventaja con respecto al señor Senador Brause, quien seguramente tiene muchas más que yo en otros, y es que integro la Comisión de Transporte y Obras Públicas. En las sesiones de dicha Comisión pudimos constatar que en la megaconcesión hay cláusulas de rescate. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cláusulas de rescate implican que el Estado, frente a determinadas circunstancias, se reserva -a veces con costo y a veces sin él- la posibilidad de rescindir el contrato. En algunos casos, si el nivel de servicios supera un determinado porcentaje, como sucede a veces en las carreteras en las que se establecen determinados flujos de tránsito, aunque no se llegue a los quince, veinte o veinticinco años de plazo otorgados en la concesión, como se supera el tránsito previsto y la ganancia va más allá del riesgo de la inversión realizada y de perder o de ganar por factores exógenos, el Estado puede poner fin a la concesión, ya que se supone que el privado tuvo una ganancia muy superior a la del mercado.

SEÑOR BRAUSE.- Está en el contrato.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que este es un problema de concepción, de política, de ley y de cómo me planto ante la realidad. Como estamos en el peor momento y creo que hay algunas cosas que no se deben hacer o que hay que hacerlas de otro modo, entiendo que la solución del año pasado quizás no es viable en éste. Al día de hoy tenemos un problema de crédito y de cómo hacemos inversiones. En mi opinión, en un momento en que hay menos capital porque está huyendo, ponerse a subastar todas las carreteras es poco sabio. Entonces, si me piden la autorización para hacerlo, digo que no.

En lo que tiene que ver con el Aeropuerto, me gustaría que buscáramos alguna salida. Puede que quienes proponen esto tengan razón y hagan algo bueno, pero si no es así, me pregunto por qué no discutir cómo nos paramos frente a la realidad.

SEÑOR BRAUSE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Simplemente deseo señalar que, efectivamente, sé que en los contratos de concesión a veces existen cláusulas de rescate. También pueden existir en los contratos privados y de esto no cabe duda. No obstante, quiero afirmar que ese es un tema contractual y que se encuentra dentro del ámbito y de las facultades que tiene la Administración para poder contratar. Por todo esto, creo que no debería figurar en la ley, por cuanto es de principio que se trata de una facultad que tiene la Administración. Estoy seguro de que es en este punto donde radica nuestra discrepancia política, filosófica y jurídica.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Quizás el señor Senador Brause tenga razón y se trate de una cuestión contractual y, por lo tanto, debe figurar en el contrato. No obstante, tengo una duda razonable en lo que tiene que ver con la calidad de las políticas. Destaco que ya había solicitado que se hiciera una negociación política con respecto a alguno de estos temas, y en varias oportunidades hablé de incluir en el proyecto de ley cláusulas de rescate. Si el señor Senador Brause dice que existen las mayorías necesarias y esto debe figurar en el contrato, está muy bien y lo respeto, pero yo no lo autorizo. Quizás sea un voto en treinta y uno, pero no lo autorizo porque me quiero reservar muchas posibilidades.

Tenemos un país débil y complicado, el mundo es muy difícil, los aeropuertos son complejos, allí se dan problemas de drogas y de otro tipo y, por lo tanto, quería tener la seguridad de que el Estado uruguayo, en cualquier circunstancia y pagando lo que corresponda -porque no estoy proponiendo otra cosa-, pudiera recuperar la potestad de controlar su principal base aérea.

Sustancialmente, el proyecto de ley está integrado por dos temas principales que no vamos a autorizar y, por lo tanto, no vamos a votar la iniciativa en su conjunto. El resto se podrá discutir y acompañaremos algunos artículos y otros no; no obstante hay una cuestión conceptual sobre la que no voy a extenderme, porque deseo terminar mi exposición. Me refiero al tema de la reactivación y me pregunto si el título de la carpeta del proyecto de ley, "Reactivación de los sectores productivos y concreción de proyectos de inversión", es caprichoso o no. ¿Quienes lo están presentando están convencidos? Y si es así, ¿será gracias a él que llegará la reactivación?

Con respecto a esto tengo una diferencia que es importante, ya que creo que hay problemas macroeconómicos muy fuertes. En estos últimos tres años, esos problemas se pusieron de manifiesto en la percepción de la realidad; el Gobierno decía que había un problema fiscal y algunos de nosotros decíamos que había un problema de precios. Para dar un ejemplo de esto, mencionaré las expresiones del señor Senador Heber que afirmó que se iba a sacar un impuesto de U$S 1:000.000. No sé si esta cifra está referida al año pasado, a mayo o a agosto de este año, pero se trata de lo que recauda el Banco de la República por parte de los exportadores. Nuestro país exporta actualmente unos U$S 2.000:000.000, y se ha hablado de unos U$S 10:000.000 por diferentes vías. No dudo de los cálculos y de que esta norma y otras puedan estar afectando en este tema; lo cierto es que en los años 1996, 1997 y 1998 ya existían esas normas y, dólar más o dólar menos, pesaban en nuestra producción. Sin embargo, estas se sostenían por parte del Estado uruguayo. Cuando se produce el problema del Brasil las normas permanecen. Me pregunto por qué no se sacaron. No se hizo porque se creía que había un problema fiscal y no de precios, que no se podían erosionar las finanzas públicas del Estado, que el mercado se iba a ir arreglando, se ajustarían los precios y se volvería a exportar o a vender en el mercado interno. Reitero que el señor Senador Heber dijo que esto se iba a sacar y quien paga esto, que es un costo adicional, aplaudirá. Esto está muy bien, independientemente de los controles del Banco República, que me preocupan.

Pero el tema es otro. ¿El problema de la reactivación es este U$S 1:000.000? ¿Es el tema del Banco de la República, de los controles que hace y de sus costos? Volvemos nuevamente al problema que, en este caso, no es fiscal. Ahora vamos a hacer un ajuste de las entradas del Estado, vamos a rebajar estas cosas y, a partir de ahí, comenzará la reactivación. Creo que con el dólar ya hemos dado mucho precio, pero el problema es productivo y, además, hoy tenemos un problema de crédito, que está estrictamente vinculado con la solución financiera que dio el Gobierno. Reitero, tenemos un problema de crédito que está estrictamente vinculado a la solución que dieron el Gobierno y la coalición, cuando votaron en su oportunidad. Algunos dirán que llegamos a eso, pero teníamos U$S 3.500:000.000 de reservas y pagamos peso a peso y dólar a dólar hasta que el 45% de los recursos bancarios se fue. Después hubo que cerrar y nos golpeamos el pecho diciendo que somos campeones por haber pagado ese 45% de los depósitos a plazo fijo, cuando nos desangramos hasta quedarnos sin reservas.

Entonces, si estamos enfrentando la principal crisis, ¿no es el momento de que el Gobierno, en vez de pensar en salir solo, pida ayuda para que todos empujemos la cachila que tiene el eje en el barro? ¿Es la solución este proyecto de reactivación? Fracasaron en febrero; fracasaron en mayo; están fracasando ahora. Por lo tanto, ¿no es el momento de hablar entre todos, de tratar de encontrar algunas soluciones, pocas, que empiecen a reactivar el país? Si tenemos un problema de crédito, bueno, sentémonos a discutir cómo lo solucionamos. Un amigo, que no es de mi partido ni de la oposición, decía que cuando uno tiene cincuenta ideas, no tiene tres buenas. ¿No habría entonces que lograr tres ideas buenas, acordadas con todos? Porque si el señor Senador Heber plantea las suyas y el resto lo criticamos; si el señor Senador Michelini habla de otras y los demás lo critican, entonces los que tienen la mayoría plantearán las suyas.

Vamos a discutir por dónde pasa la reactivación del país, porque independientemente de que haya alguna solución que se pueda sacar adelante, la cancha está acotada. Voy a poner un ejemplo relativo al artículo 1º, que finalmente voy a votar para que nadie se llame a susto. Dicha disposición suscitó una larga discusión en la Comisión. Algunos señores Senadores empezamos solos y no sé si está clarificado el tema -no me quiero meter en la discusión particular-, pero lo cierto es que hay una sobreventa o una sobreoferta de viviendas nuevas y una demanda restringida. Entonces, el sector de la construcción va a dedicarse más a la reforma de viviendas ya existentes, les guste o no, independientemente de que algunas personas se vean beneficiadas por esto. Sin embargo, no hubo forma de hacer entender -en este caso no me refiero al Partido Nacional, que me consta hizo esfuerzos reales para que esta idea se promoviera- a ciertos sectores del Partido Colorado -porque otros también remaron y trataron de conformar una mayoría para ampliar- que, aunque con plazos más breves u otros porcentajes, era conveniente que se incluyera en este artículo a todo el sector de la construcción. La gente tiene el dinero en sus casas, las viviendas usadas se venden muy baratas y, por lo tanto, hay personas que van a comprarlas y a reformarlas si les damos el estímulo para que tomen la decisión cuanto antes. No me sirve que se decidan dentro de dos años; lo quiero ahora, en este momento.

SEÑOR DE BOISMENU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR DE BOISMENU.- Señor Presidente: me voy a referir a expresiones de la señora Senadora Arismendi para unirlas con las del señor Senador Michelini. Ella dijo que cuando se votó la Ley de Cheques salió con una cantidad de dudas, que seguramente son las que tenemos todos.

A pesar de las declaraciones que escuchamos en este recinto, tenemos que apreciar la participación de todos, aunque el señor Senador diga que no es así. Puede ser que haya una cierta inconciencia y que cada uno crea que participa menos de lo que realmente lo hace, cuando sin embargo da mucho en las discusiones.

El señor Senador Michelini ha dicho que no participó en nada, aunque acaba de referirse al artículo 1º, y puedo decir que presencié su acción en la Comisión, donde fue proponente de dicha apertura. Asimismo, observé la acción de integrantes del Partido Nacional, junto al señor Senador Michelini, para concretar el artículo 1º tal como salió, o casi, porque las pretensiones eran mayores. Esto habla bien del Parlamento, y a pesar de que hay poca gente y cada vez trasciende menos lo que aquí se dice -debería trascender mucho más-, hay una especie de discurso que deja traslucir un estado de ánimo no positivo, que lleva a pensar que la acción de cada uno de ustedes es mucho menor de lo que realmente es.

Creo que lo que el señor Senador Michelini expresó en un principio se golpea con lo que dijo recién, y aquí el inconsciente lo traicionó, porque actuó en la Comisión de una manera constructiva, aportando ideas valiosas; y este Parlamento, actuando como gobernante, lo dejó participar. Puede ser que el señor Senador tenga alguna otra idea con respecto a la reactivación, y es probable que debido a diversas causas, a todos nos quede alguna idea más en el fondo de nuestro pensamiento. Por ejemplo, hemos estado trabajando acerca del problema de los asentamientos, pero lamentablemente esas ideas no se pudieron plasmar porque la gente del Poder Ejecutivo, de todos los sectores, trabajando con ahínco durante los últimos tiempos, no nos dio las soluciones que queríamos. Sin embargo, sé que hay gente que trabajó en ese tema y hay intención de hacer algo para marcar una tendencia en este proyecto de ley de reactivación, tal como se lo comuniqué a la señora Senadora Xavier, que integra la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Personalmente, siento que una de las partes más importantes de este país es la que tiene que ver con el sector agropecuario, y hay medidas, sobre todo crediticias, que deberían estar incluidas en este proyecto, porque todo el mundo sabe que por ahí se va a dar la reactivación del país; sin embargo, se dice muy poco al respecto.

Agradezco al señor Senador Michelini por concederme esta interrupción que le había solicitado a la señora Senadora Arismendi, quien posiblemente olvidó concedérmela.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de continuar con la consideración del tema, en nombre de la Mesa quiero felicitar al señor Senador Couriel por su cumpleaños y porque ha traspasado la barrera de los 40.

(Aplausos)

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Voy a tratar de redondear mi pensamiento y después haremos otros aportes en la discusión particular.

Tengo la necesidad de expresar que cuando escuché algunas intervenciones de los integrantes de la coalición, me pareció advertir que se decía que no había sucedido lo que sí ocurrió en el país. El país ya no es igual, nos guste o no. Creo haber escuchado, en algunos casos y en algunos pasajes, el discurso de febrero o, incluso, el de mayo. Nos guste o no, el país fracasó en los planes de estabilización llevados adelante por el Gobierno, lo que nos condujo a una crisis de envergadura, y ahora la situación es absolutamente distinta a la anterior. Esto se debe tomar como un dato real y no hay que creer que el país puede salir adelante sólo con la acción de la coalición. Se nos eriza la piel cuando oímos algún comentario de Senadores de la oposición -a pesar de que, quizás, los más preocupantes vengan de las más altas magistraturas- cuando empezamos a dividir a los uruguayos en patriotas y antipatriotas, en los momentos de mayor delicadeza de nuestra economía y de nuestra convivencia.

Creo que el camino que se toma a partir de este proyecto de ley, que se expresa en su título pero también en su acción, es el de seguir igual que antes: hay una coalición, que tiene las mayorías y gobierna como si en estos seis meses nada hubiera pasado, como si la sola tarea de sacar el país adelante fuera de quien ganó la elección, con el partido que lo apoyó y como si no hubieran ocurrido dentro de fronteras -y por qué no, también fuera de ellas- hechos muy significativos. Mientras tanto, el talante de este proyecto de ley es el de decir "es lo que pudimos negociar", que fue la frase final de quien en su momento presidía la Comisión y después fuera designado Miembro Informante. Inclusive, él señaló que se hizo un esfuerzo -aunque se esperaba más-, que se logró más de lo que se proponía -cuando se había empezado con mucho menos-, y que la negociación fue exitosa ya que se incluyó a todas las viviendas nuevas.

Cuando lo razonamos técnicamente, llegamos a la conclusión de que se podría haber llamado a integrantes de los sectores inmobiliarios para conocer su opinión; sin embargo, esto es lo que se pudo hacer. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Tengamos en cuenta que se fueron U$S 3.500:000.000 de reservas y que ya no tenemos autonomía en las políticas que se llevarán adelante por este Gobierno y por el próximo.

Todo esto me hace pensar que tenemos que actuar con mucha más humildad; tenemos para aportar muchas ideas, algunas de las cuales no servirán, pero otras sí pueden ser adecuadas. Habrá otras que al señor Presidente de la República podrán no gustarle; lo lamento mucho, pero en algunas cosas él va a tener que escuchar. Digo esto porque en parte de los problemas que tenemos, muchos tendremos la responsabilidad de la oposición, otros serán sectores aliados al Gobierno y al propio partido de Gobierno, y otros al Presidente de la República, quien en algunos casos ha ayudado muy poco.

Termino, señor Presidente, señalando que hay muchos artículos que vamos a acompañar -que pueden ser de mucha significación-, y otros no. Vamos a votar algunos de ellos con dudas y, en cuanto a otros, vamos a seguir remando, y al final los vamos a acompañar, como por ejemplo, el artículo 1º, a pesar de que lo votamos negativamente en la Comisión. Pensamos que también hay disposiciones que nada tienen que ver siquiera con el título que se plantea, pero en definitiva tampoco le hacen mal al país.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: nosotros vamos a acompañar en general este proyecto de ley, más allá de que tenemos salvedades con respecto a algunos de los artículos, aspecto que vamos a exponer luego en la discusión particular.

Quisiera hacer una primera puntualización. Creemos, con franqueza y con la misma frontalidad con que siempre enfrentamos la actividad y el trabajo político, que este proyecto de ley de reactivación debió haberse tratado mucho antes. Realmente, ojalá que estas disposiciones no lleguen demasiado tarde, pero es evidente que debieron haberse tratado cuando el Partido Nacional planteó fundamentalmente el tema de la construcción, hace mucho más de un año. Era otro país, y en eso estamos de acuerdo con lo que ha expresado en parte el señor Senador Michelini. Pero la situación va variando y hoy tenemos una importante crisis en el sistema financiero nacional y en el aparato productivo; existen guarismos sociales preocupantes; la situación económica se caracteriza por un fortísimo desequilibrio fiscal y una creciente inflación luego de la ruptura de la política cambiara; el endeudamiento interno es altísimo y alcanza la cifra de U$S 9.200:000.000, y seguramente este tema deberá ser tratado por el Parlamento en los próximos tiempos; hemos perdido Producto Bruto Interno y ha aumentado el empobrecimiento en el interior de la República a consecuencia, fundamentalmente, de la importante crisis en los sectores productivos primarios.

Entiéndaseme bien: yo creo que hoy el país solamente puede crecer si se reactiva el interior de la República; el país solamente puede crecer si aumenta el Producto Bruto Interno y si obtenemos posibilidades de desarrollo y de reactivación, reitero, en el interior de la República.

Por supuesto, la situación ha cambiado; la desocupación es alta y hemos perdido reservas de manera importante detrás de una política financiera destinada a sostener el sistema bancario de nuestro país. A nuestro juicio, esa fue una política equivocada porque hipotecó hasta las últimas perspectivas y posibilidades del país en torno a la quimérica esperanza de restablecer la confianza en el sistema financiero nacional, cosa que lamentablemente no se pudo lograr. En consecuencia, fuimos perdiendo, lenta pero sostenidamente, las reservas del país y sus recursos. Es así que hoy estamos en una situación de falta de recursos y de créditos para enfrentar el proceso de reactivación, intentando a través de un proyecto de ley la instrumentación de políticas de reactivación, echando mano a los mecanismos de que disponemos. Esa es la realidad, esa es la perspectiva frente a la cual nos encontramos, intentando discutir este proyecto de ley.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Correa Freitas)

- Quiero decir, también, señor Presidente, que este proyecto de ley podrá tener sus críticas, no lo voy a negar, y quizás nosotros mismos llevemos adelante algunas críticas a determinados artículos que observaremos en la discusión particular en el marco de nuestras posibilidades. De todos modos, creemos que es un instrumento que busca generar empleo, y mientras esté convencido de que esta iniciativa constituye una herramienta para crear trabajo, pienso que tenemos que abrirle un crédito para encontrar los caminos que nos permitan ir resolviendo esta situación de verdadera crisis.

También consideramos que este proyecto de ley es el instrumento más adecuado para mejorar la recaudación a partir de la mayor actividad económica que se pueda generar en el país, a través de las distintas líneas que en él se están esbozando. Ojalá pueda en forma convergente contribuir, además, en función del crecimiento de la actividad económica, a corregir el fuerte desequilibrio fiscal que presenta el país.

Evidentemente, esta no es una varita mágica que por sí sola pueda resolver todos los problemas que hoy tenemos; pero es un camino, un camino que quizá tenga que ser complementado con otros instrumentos legales. Como nuestro compañero el señor Senador Heber anunciaba en la mañana de hoy, nuestro Partido y seguramente también las otras colectividades políticas podrán, a corto plazo, estar en condiciones de impulsar mecanismos que, a través de la materialización de un texto legal, puedan servir a la gente, al Gobierno, en fin, a todos los uruguayos.

En consecuencia, es evidente que no se agotan aquí los esquemas, los instrumentos de reactivación. Es conveniente intentar aportar algunas buenas ideas para el país y su gente desafiando, en tiempos de pocos recursos, la imaginación, teniendo audacia y enfrentando este difícil presente con optimismo en aras de dar algunas respuestas que la población está esperando del sistema político nacional.

A nuestro juicio, es claro también, señor Presidente -lo dijimos en el mes de mayo, lo reiteramos en el tratamiento de la Ley de Estabilidad Fiscal y también hoy es oportunidad de decirlo-, que el camino más fácil para salir es aquel que podamos recorrer todos los sectores políticos y sociales de manera conjunta. Nuestro Partido y nosotros personalmente hemos procurado propiciar esa convocatoria al diálogo nacional, y estamos absolutamente convencidos de que el señor Presidente de la República debería convocar a esa instancia de diálogo nacional para encontrar, entre todos, caminos que nos permitan ponernos de acuerdo en algunas ideas centrales y vitales para el porvenir de nuestros compatriotas. Es evidente que será más fácil hacerlo de manera conjunta y no aisladamente, no enfrentándonos y jugando al vaso medio lleno o al vaso medio vacío. Con franqueza, digo que no voy a jugarme a este vaso por lo vacío, sino aunque sea por el poco de agua que tenga en cuanto a esperanza para generar crecimiento de la actividad y, fundamentalmente, la mejor política que un país pueda tener en materia social, que es la de generar trabajo para sus compatriotas.

Creo que no se puede decir a priori que este proyecto de ley no va a reactivar absolutamente nada; no se puede ser tan injusto con un proyecto de esta naturaleza, porque hay instrumentos en él que seguramente van a generar puestos de trabajo. ¿Serán suficientes, necesarios? ¿Serán los únicos instrumentos más aptos para enfrentar esta situación? Quizás sí, quizás no; habrá que ver, con el tiempo, cuánto queda dentro del marco del proceso de reactivación que todos estamos pretendiendo.

La industria de la construcción hoy está parada y sabemos que esta es una buena fórmula, entre otras cosas, porque abate al 50% el Aporte Unificado al Banco de Previsión Social de las nuevas propiedades horizontales, porque asimila a este esquema de abatimiento a las cooperativas de vivienda y porque, en lo que hace a viviendas nuevas fuera del régimen de propiedad horizontal, supone un 62% de rebaja.

Si hoy estamos hablando de que hay U$S 1.500:000.000 debajo de los colchones en los hogares de los uruguayos, quizá este puede ser un camino para invertir en ladrillos, como tantas veces hicieron los uruguayos o los hijos de inmigrantes, que invertían sus pequeños ahorros o sus pesitos en esto, tal vez buscando tener, en épocas de crisis, una mayor certeza, porque los ladrillos se quedan y no son tan efímeros como los depósitos en un sistema financiero que, todos reconocemos, tiene sus problemas.

Pienso que este abatimiento en los costos de la industria de la construcción es una apuesta a la esperanza; no es una certeza, porque aquí nadie puede aportar certezas o seguridades. Estamos buscando, dentro de un marco restringido entre lo ideal y lo posible, algunos instrumentos que permitan alcanzar el objetivo de generar trabajo para los compatriotas. El tema es que aquí se abre una puerta; nadie puede negar que este artículo tiene incentivos que permitirán encontrar una solución en esta materia.

Lo mismo se puede decir, más allá de que se pueda discutir su efecto de reactivación, de la refinanciación de las multas y recargos en lo que tiene que ver con los aportes al Banco de Previsión Social. También, más allá de que el Partido Nacional insistió en una iniciativa más amplia, hay que comprender que esto significa un avance y que, en definitiva, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa en este sentido, como lo marca la Constitución.

Hay también aquí, señor Presidente, algunos instrumentos vinculados a la iniciativa privada como forma de generar y estimular obras en el marco de la facultad conferida por el artículo 12, que obviamente después tendrán el control del Parlamento de la República, en el caso de los Gobiernos Departamentales, de las Juntas Departamentales y en lo que tiene que ver con los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados.

Tenemos algunas objeciones en torno al tema de la megaconcesión y al del Aeropuerto de Carrasco. Quizá abundemos en algunas de ellas en la discusión particular, pero desde ya tenemos que convenir que no hay negocios brillantes en época de apretura económica. Si tuviéramos recursos, lógicamente podríamos aguantar negocios buenos en la hipótesis anterior a la megaconcesión; si tuviéramos recursos, claro que el Estado uruguayo podría explotar la megaconcesión y no buscando la forma de enajenar las acciones de la sociedad anónima constituida. No podemos dejar de mencionar que la megaconcesión solamente refiere a 1.272 kilómetros de un total de 8.629 que suponen todas las redes y caminos del país cuya respuesta corresponde al Gobierno Central. Si solamente nos quedamos en explotar la sociedad anónima del proyecto anterior a la megaconcesión, ¿de dónde obtendríamos recursos para enfrentar las otras obligaciones que quedan al descubierto y fuera del amparo de la iniciativa vinculada a aquella? Creo que si tuviéramos recursos, la cosa sería más fácil; pero el tema es que no podemos partir de una hipótesis que hoy es imposible defender, que es la de tener recursos económicos para sustituir buena parte de la necesidad que supone encarar procesos y asumir el riesgo de inversiones que no van a venir gratis en el contexto de una competencia del comercio, en el que obviamente las fuentes de financiación no son fáciles de conseguir.

Cuando uno solicita recursos, tiene que pagar por ellos, y mucho más en situaciones de aprieto económico como la que actualmente tiene el Estado uruguayo. Quizás esto debió tener un proceso de mayor discusión; tal vez haya alguna perspectiva de tratarlo de una manera diferente, pero habrá que ver cómo podemos solucionar estas instancias. Tal es el caso de un Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que convengamos tiene muy pocos recursos para enfrentar los tremendos desafíos que significa el área de competencia que involucra su accionar.

Por otro lado, está la declaración de interés nacional de zonas turísticas que pueden motivar iniciativas privadas para llevar adelante desarrollos productivos y turísticos en el interior de la República, que puedan generar obras y trabajo.

Este proyecto de ley también contiene incentivos vinculados con el tema de la industria turística, facultando al Poder Ejecutivo a incluir en el concepto de exportación de servicios el Impuesto al Valor Agregado, como en muchas partes se está haciendo. En este sentido, hay perspectivas también de que esto se concrete. Desearíamos que el sector turístico sea tratado como una industria de exportación para que además tenga esos beneficios desde el punto de vista tributario y, en consecuencia, poder aprovechar una infraestructura que ha implicado una inversión de más de U$$ 15.000:000.000 desde 1980 y pico hasta la fecha, que hoy sabemos está bastante paralizada.

Creo que hay algunos otros instrumentos, como es el hecho de poder implementar un mecanismo alternativo al existente con relación al importe pagado por la ANCAP por concepto de importación de crudo. Este es el mecanismo que muchos países utilizan, en el que se cambia petróleo por alimentos, como forma de buscar colocar nuestra oferta exportable en el marco de la figura del trueque, que en las actuales circunstancias puede ser bienvenida, teniendo en cuenta el influjo de la cantidad de millones que el Estado a través de ANCAP compra en materia de importación de crudo.

También hemos trabajado en algo que creemos que es importante para el país, y más allá de que pueda constituir una facultad del Poder Ejecutivo, o de que se pueda estar implementando por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca , en esta situación tenemos un plan de emergencia agrícola con destino a los próximos cultivos de verano, que es un importante y trascendente desafío. Hicimos los cálculos con algunos compañeros y más allá de que se pueda estar o no de acuerdo con la cantidad de gas-oil para realizar la preparación de las tierras con destino a los cultivos de verano, podemos decir que sólo con 25 litros de gas-oil por hectárea -algunos hablaban de 100 litros por hectárea, lo que me parece mejor aún-, cantidad suficiente para laborar la tierra, más una canasta de herbicidas o de fertilizantes -se puede buscar un mecanismo para hacerlos llegar al conjunto de productores que explotan una franja de nada más ni nada menos que 200.000 ó 250.000 hectáreas de cultivos de verano, tales como arroz, girasol, maíz y soja-, estaríamos en condiciones de triplicar nuestras exportaciones en materia de producción agrícola. Esto puede y debe ser un importante desafío para llevar adelante un esquema de reactivación que permita generar puestos de trabajo porque, tal como muy bien ha expresado la señora Senadora Arismendi, si este proyecto de ley genera uno o unas decenas de puestos de trabajo, será bienvenido. Creo que va a generar miles de puestos de trabajo. Con el tiempo, dentro de algunos meses, se va a poder medir la actividad de los distintos sectores que está afectando este proyecto de ley.

Por otro lado, vamos a presentar un aditivo que todavía está un poco trancado, pero que pretendemos impulsar para exonerar del pago del IVA en el consumo de la energía eléctrica a los productores que apliquen riego o a los lecheros. Estamos hablando de cifras que no tienen significación económica para el Estado, pero para estos sectores productivos son importantes, en cuanto disminuyen la incidencia de los insumos en sus esquemas productivos y en la rentabilidad pero, fundamentalmente, en la capacidad de expansión, de empuje y de revolución que genera el desarrollo en la producción agrícola, con un impacto de verdadera significación en el marco del trabajo de la tierra, que repercute en nuestro pueblo, en el país, en nuestras divisas y en las exportaciones.

Hemos logrado, con la ayuda del señor Ministro de Educación y Cultura, luego de 18 meses, que se transformara en un texto aquella idea de construir una ciudad universitaria con destino a alojar estudiantes del interior de la República en la vieja cárcel de Miguelete, un proyecto a través del cual se puede albergar a 800 estudiantes del interior. Ahora, por las restricciones en materia de contratación que impuso el propio equipo económico anterior, lamentablemente, no se pueden liberar los recursos, no se pueden concretar la ejecución del proyecto y la realización de las obras. Por este mecanismo que hoy pretendemos someter a consideración del Senado, será la propia Comisión del Fondo la que estará encargada de llevar adelante la planificación y ejecución de esta obra, sin afectar el pago de las becas -lo que ya era una condición-, que era el propósito central de aquella ley que creó el Fondo de Solidaridad para dar becas a los estudiantes del interior de la República.

En consecuencia, señor Presidente, pienso que debemos buscar con imaginación, con esfuerzo, con trabajo y con perseverancia, concretar esquemas de reactivación en la vida económica y productiva del país. Aquí los puestos de trabajo son centrales para determinar la viabilidad de un proyecto de ley, de cara a su validez. Naturalmente, no vamos a buscar esquemas de reactivación a cualquier precio, sin controles, desprotegiendo el interés nacional o estratégico del Uruguay en su conjunto; vamos a intentar encontrar, por distintos mecanismos, un camino que nos permita superar esta situación de crisis que nos aflige a todos los uruguayos, y es obligación de todos y de este Parlamento, encontrarlo.

Quizás esta ley debió, tal como lo había reclamado el Partido Nacional, haberse tratado antes, en otro entorno y en otra situación. De esa forma, hoy estaríamos en distintas condiciones para enfrentar esta situación de crisis.

Digo esto porque advertimos que a una economía en recesión no se le pueden sumar más impuestos, porque eso significaría profundizar la crisis y llevar adelante un esquema de mayores complicaciones en todos los guarismos sociales y económicos del país.

En función de esas consideraciones y por estos argumentos, señor Presidente, buscando además abreviar el tiempo insumido por este Senado -que ya lleva varias horas en la discusión general-, es que nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, con las salvedades que efectuaremos en la discusión particular.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: cuando los Legisladores nos disponemos a analizar en general algún proyecto de ley, lo hacemos desde diversas ópticas y ángulos, pero teniendo en cuenta varios tipos de consideraciones. En primer lugar, uno trata de tener una percepción lo más clara posible del objeto del proyecto a estudio. Esto parece obvio, porque se trata de determinar qué es lo que se pretende o lo que se busca.

En segundo término, se trata de ver si lo que está propuesto en el proyecto de ley -esto es, el articulado- tiene relación directa con el objetivo que se plantea.

En tercer lugar, se busca tomar una posición general sobre la iniciativa, más desde el punto de vista cualitativo que cuantitativo teniendo en cuenta, precisamente, el peso específico de cada uno de los artículos en el total del proyecto. De repente, cuando uno hace el análisis de cualquier iniciativa, puede llegar a la conclusión de que, en función de la cantidad, puede votar afirmativamente más artículos que los que vota negativamente, pero, en función de la calidad, puede decidir votar en forma negativa el proyecto de ley en general, o viceversa.

Me parece que esto de la cantidad y de la calidad es una cuestión central en la determinación de la decisión de un Legislador para abordar y apoyar un proyecto.

En cuarto término, debemos tener en cuenta que un Legislador no es un ente aislado, sino que actúa integrando un colectivo político, donde intercambia opiniones y puntos de vista, siempre dispuesto a convencer y a dejarse convencer por sus compañeros, desde el punto de vista de la apertura de su mente y de sus conocimientos, con el fin de lograr una posición lo más homogénea posible.

Con la premura del caso, tengo la sensación de que nosotros hicimos todo esto, y particularmente quien habla, descontando que lo propio ha hecho el resto de los compañeros y de los señores Senadores.

A lo largo de la tarde se ha hablado acerca de la premura de la aprobación del proyecto de ley y del escaso tiempo que se ha tenido para analizarlo y resolver sobre él. Esto es indudablemente cierto. Quizás en el Parlamento, que es un ámbito de reflexión, de discusión, de intercambio de opiniones, aunque mucha gente confunda los roles y crea que debe ser ejecutivo, habría que tener una disposición reglamentaria que, de repente, fijara un plazo para el análisis posterior de las iniciativas luego de que éstas salen de las Comisiones, independientemente de la confianza que depositamos en los representantes de nuestros Partidos.

Pero esto de la marcha medio forzada, la verdad -lo digo con toda franqueza- es que va mellando el sistema institucional, desde el punto de vista del rol del Parlamento y de la necesaria independencia entre los Poderes. También creo que, no sé si presionados por urgencias de carácter mediático o por la opinión pública -que tampoco tiene en cuenta este tipo de consideraciones-, muchas veces algunos tendemos a confundir rapidez con eficacia y con eficiencia. La verdad es que no son la misma cosa. Por dar un ejemplo burdo, uno puede ser muy rápido disparando un arma, pero no acertar ni un solo tiro en el blanco, o que para eso sea necesario disparar doscientos tiros. Entonces, no se es eficaz ni eficiente.

Personalmente, me parece que esto tiene que ser considerado por el Parlamento y por la ciudadanía; hay que hablar de estas cosas. No se puede pedir ejecutividad a quien legisla, porque la legislación y el control son tareas que llevan la impronta del análisis y de la discusión.

Entonces, analizando este proyecto de ley desde las dos primeras variables -esto es, cuál es el objetivo que se propone y cuál el articulado que estamos discutiendo, para ver cómo logramos esa meta-, llegamos a la conclusión de que -esto lo digo con toda franqueza- es mucho más fuerte lo que dice el título del proyecto de ley que lo que trae adentro.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- -Señor Presidente: pensaba esperar a que el señor Senador Nin Novoa finalizara su intervención, pero mi planteo está vinculado con lo que él acaba de señalar. Me refiero a cómo van mellando al Parlamento determinadas actitudes y, al respecto, quiero decir que esto ocurre no sólo por la forma en que discutimos los proyectos de ley. Hay veces en que discutimos, nos damos el tiempo y quienes tenemos una opinión sobre el tema, concedemos a otros los plazos necesarios para estudiarlo, pero posteriormente se nos pasa por arriba. Digo esto porque se me acaba de comunicar que una ley que aprobó el Parlamento Nacional, que es la relativa a la libertad de los jubilados para cobrar donde quisieran, acaba de ser violada, por la vía de los hechos, por la Gerencia General del Banco de Previsión Social, donde se han eliminado las Cajas para que los jubilados cobren, exceptuando una sola, de manera que la capacidad locativa quede reducida. De esta manera, se impide que lo que votó el Parlamento en ambas Cámaras sea llevado a la práctica.

Repito que esto se me acaba de plantear. Debo decir que nosotros nos dimos todos los tiempos para analizar este tema, y hubo pedidos por parte del Partido de Gobierno en el sentido de tener un plazo para estudiarlo. También hubo solicitudes del señor Ministro y del socio de la coalición, el Partido Nacional, en el sentido de tomarse los tiempos necesarios para analizar este tema y se los fuimos otorgando. Pero ahora que el tema está resuelto, por la vía de los hechos, se viola esta decisión, más allá de los aspectos formales que, como decía el señor Senador Gargano, no son menores, porque el plazo para que se promulgue la ley vence el sábado. Entonces, se tomaron todas las medidas para impedir, repito que por la vía de los hechos, que se cumpla con la voluntad del Legislador.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- El apunte que hace la señora Senadora Arismendi también está cargado, sin duda, de mucha veracidad. Estas son las cosas que después de salir aprobadas del Parlamento -por mayoría y aun por unanimidad-, muchas veces son tergiversadas cuando se llevan a la práctica y cuando, a veces, el Poder Ejecutivo tiene que implementarlas concretamente. Esto sucede aun cuando dicho Poder no participa mucho de las soluciones que el Parlamento está planteando.

Entonces, considero que esto también debe ser motivo de análisis por parte de los señores Legisladores, y yo sé que lo es.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Walter Riesgo)

-Volviendo a esto de los títulos y de las palabras, debo decir que me interesa mucho. No he encontrado mejor manera de trasmitirle mi pensamiento a los colegas del Senado que compartir con ellos una parte de un breve artículo de un periodista brasileño, César Benjamín, que salió publicado en la prensa en estos días. Precisamente, trata sobre el valor de las palabras y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, con el título de las leyes y con el contenido de las mismas. El artículo dice así: "Nombrar es mucho más eficaz que silenciar o mentir. Quien esconde algo puede ser sorprendido cuando lo que se ocultó sale a flote. Quien tiene el poder de dar nombres define cómo los demás van a pensar. Es el poder de las palabras, que viene siendo ejercido hasta el cansancio.

Hace años, por ejemplo, habíamos oído elogios sobre la construcción de una economía ‘abierta’, asociada a una idea de futuro. Su supuesta antítesis, una economía ‘cerrada’, sería típica de un pasado ruin.

La imagen es fuerte y habla por sí misma. Un tiempo ‘abierto’ ofrece más oportunidades de entretenimiento que un tiempo ‘cerrado’. Una persona ‘abierta’ es más sociable que una persona ‘cerrada’. Por consiguiente, también debe darse algo semejante en la economía. Al deslizar, la palabra ‘abierta’ acarrea consigo aquel contenido positivo que le es atribuido por sentido común. No importa que, en este otro contexto la dicotomía de ‘abierto’ y ‘cerrado’ no tenga sentido alguno". Nosotros decimos que "una economía debe ser suficientemente ‘abierta’ para optimizar el uso de su potencial e incitar a su base productiva a modernizarse, y suficientemente ‘cerrada’ para mantener el equilibrio en su balanza de pagos e impedir la destrucción de su capacidad instalada. Fuera de eso, lo que se tiene es puro "non sense".

Esto es lo que pasa cuando uno mira el proyecto de ley que se titula, con mucha contundencia: "Reactivación de los sectores productivos y concreción de proyectos de inversión.". Deteniéndonos en la primera parte del título, esto es, "Reactivación de los sectores productivos", diremos que nadie puede estar en discordia con reactivar el sector productivo. Parecería que quienes vamos a dar nuestro voto en contra cuando se vote en general el proyecto de ley, no estamos a favor de la reactivación de los sectores productivos, pero la verdad es que lo estamos. Uno podría suponer que dentro del proyecto de ley estarían incluidas iniciativas para activar. Como lo define el diccionario, "activar" significa avivar, excitar, mover, acelerar; y "reactivar", volver a activar, esto es, volver a acelerar, a mover, a excitar o a avivar. Como decía, podríamos suponer que en este proyecto de ley se incluyen medidas e ideas que pusieran en funcionamiento el sector primario de la economía, que es el más importante sin lugar a dudas, porque se trata del primer eslabón de la cadena productiva. La verdad es que la sorpresa es bastante grande, a pesar de los anuncios del señor Miembro Informante -y ojalá se den, en el sentido de que este es el anticipo, el preámbulo de una serie de iniciativas que muevan al sector productivo-, cuando en el proyecto de ley se constata sólo un artículo que he llamado -lamentablemente, en este momento no se encuentra en Sala el señor Senador Larrañaga- "el artículo del portazo". Precisamente, en alguna reunión se necesitó un portazo para que los demás integrantes pudieran comprender la importancia de lo que el señor Senador Larrañaga trataba de trasmitir respecto a la reactivación productiva. Ese artículo al que refiero, que hasta faculta innecesariamente al Poder Ejecutivo a crear una Comisión de Emergencia para movilizar los escasos recursos existentes a los efectos de atender las demandas de los cultivos de verano, me parece que desnuda las otras carencias. Si nos convence, lo apoyaremos, pero no habla nada de la ganadería del Uruguay -que es el principal factor de dinamización que tiene el país-, ni de la lechería, así como tampoco de los cultivos de invierno del año que viene, ni de industrializar al país, que es lo que estamos necesitando para dar empleo a la gente. Hay que tener presente que el Uruguay ha sufrido un muy fuerte proceso de desindustrialización, y debemos encarar cómo podemos revertirlo. Eso es lo que da trabajo.

Todos estos temas que estamos planteando sobre la importancia de los títulos con los contenidos, nos generan muchas dudas, incluso hasta por las modalidades con las cuales está expresado gran parte del articulado del proyecto de ley. Como dijimos, vamos a aprobar varios artículos, y quizás en el balance cuantitativo votemos más a favor que en contra -lo decimos muy francamente-, pero no nos gusta lo otro, lo pesado, lo cualitativo. No nos gusta la concesión de obra pública con esta modalidad. Creemos que se trata de un buen instrumento para un país que está escaso de recursos, pero debe ser usada en el entendido de que quien va a usufructuar los beneficios de la obra que haga, primero debe hacerla. Entonces, miramos qué es lo que se va a hacer, qué van a plantear estos 1.272 kilómetros de carreteras primarias con sus puentes y qué significan en el contexto del país, no sólo desde el punto de vista cuantitativo -esto es, qué significan 1.200 kilómetros sobre 8.000, lo que arroja un porcentaje bastante ínfimo-, sino también de la calidad de la obra. Quien habla, que se considera un hombre bastante andador, pero por sobre todas las cosas que conoce bastante bien la Ruta 8 -porque al final de la misma, en la ciudad de Melo, tiene su casa-, mira qué hay en ella. Y en ese sentido advierte que lo que van a concesionar es el tramo de Minas a Treinta y Tres, al que hace tres años se le ha hecho la carpeta asfáltica de quince centímetros de espesor; además, el 80% de los puentes que hay en el mismo están muy bien hechos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En función de ello, me pregunto qué va a pasar con la Ruta 8 desde Treinta y Tres a Melo. Decimos esto, porque el Ministerio aduce no tener recursos -luego veremos algunas declaraciones del señor Ministro Cáceres en ese sentido-, y la verdad es que esa ruta está absolutamente desecha hace más de cuarenta años. ¿Cuál va a ser la tarea del concesionario durante muchos años en ese tramo entre Minas y Treinta y Tres? Seguramente, lo será cortar el pasto de las banquinas, pintar alguna raya amarilla que esté despintada o quizá cambiar algún cartel de señalización con el que algún cazador furtivo juegue al blanco. Por ese motivo, durante muchos años va a recibir -porque, repito, la carpeta asfáltica está bien, y quizá sólo haya que hacer algún puente- el beneficio del peaje. Además, como ya se ha dicho, lo ha hecho el Estado.

Cuando uno mira el mapa de las concesiones, advierte que hay un gran vacío en el interior. Por ejemplo, nos referimos a las Rutas 26 -que atraviesa el Uruguay de oeste a este, de Paysandú a Río Branco-, 30, 31, 7 y, en fin, una cantidad importante de ellas que tiene el país. Según el señor Ministro Cáceres, no tiene recursos para atenderlas.

En una publicación de una revista titulada "El Constructor", que vincula a las Cámaras Empresariales del ramo, se dice: "Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Lucio Cáceres, afirmó que los recortes previstos para su Ministerio en el proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento, dejan a la Cartera en una situación bastante comprometida para enfrentar las obligaciones ya asumidas. Según el Ministro, tendrán que postergarse varias previsiones en materia de inversión y de funcionamiento, lo que determinará que la megaconcesión de obra pública a privados será la única fuente de recursos para atender la red vial del país."

En alguna oportunidad, cuando hablé con el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas sobre el tema de la Ruta 8 -con respecto al cual me asiste autoridad para hablar por el conocimiento que tengo del mismo-, se nos dijo: "Nosotros concesionamos este pedazo de Minas a Treinta y Tres que está bueno". Entonces, le preguntamos: "¿Y de Treinta y Tres a Melo?" Nos respondió: "Bueno, de Treinta y Tres a Melo vamos a arreglarlo -y así el ejemplo es válido para todo el país- con lo que ahorremos del mantenimiento de entre Minas y Treinta y Tres." Sin embargo, resulta que ahora tampoco existen estos recursos, por lo que se nos plantea una gran incertidumbre. ¿No hubiera sido mejor, de pronto, ya que hicimos los peajes, haberlo cobrado nosotros por un tiempo determinado para atender esta red vial que, sin lugar a dudas, va a quedar fuera de atención? Son dudas que uno tiene y las preguntas que uno se hace.

Creo que ninguno de los compañeros del Encuentro Progresista - Frente Amplio está en contra de la concesión de obra pública; por el contrario, estamos a favor. Sí nos preocupa la modalidad y también, por qué no, la oportunidad. Precisamente, hablando de oportunidad, tampoco nos gusta mucho esto de la concesión por iniciativa privada en lo municipal.

¿Por qué digo esto? Este es un viejo tema de los Municipios. Durante diez años fui Intendente y este es el símil de la contribución por mejoras. Quizás el señor Senador Pereyra se acuerde. En este momento el señor Senador Larrañaga no se encuentra en Sala y quizás él aseveraría lo que voy a decir. La contribución por mejoras es un instrumento que se utiliza -y solamente se necesita un decreto municipal- para cobrar aquellas obras que se hacen a los vecinos y que tienen un efecto de acrecentamiento del valor del inmueble. Por ejemplo, una casa sobre una calle de hormigón vale más que otra igual sobre una calle de tierra, y sucede lo mismo si cuenta o no con saneamiento. También un predio rural con buen acceso tiene mejores perspectivas de ser vendido que otro con un pésimo acceso. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tenemos en este momento sobre el tema?

Quiero aclarar que durante los años en que estuve al frente de la Intendencia nunca cobré este tipo de contribución por mejoras, porque me parecía que era suficiente con los impuestos que se le cobraba a la gente, pero no lo descarto. ¿Cuál es el problema que se nos plantea? En este momento las Intendencias están absolutamente no diría quebradas pero sí con un déficit impresionante, producto no de la mala administración de los Intendentes sino de una realidad que golpea: la gente está más pobre, no puede pagar los impuestos porque no hay actividad. Por lo tanto, al no poder abonarlos, la Intendencia no puede realizar las obras necesarias que, a su vez, reclaman los ciudadanos. Esto es una suerte de círculo vicioso. ¿Cuál es la preocupación nuestra? La gente no puede pagar las contribuciones rurales o urbanas por la pobreza del país, porque si el Producto Bruto Interno cae un 10% todos somos un 10% más pobres. ¿Cómo entendemos que haya iniciativa privada que realice estas obras y que las cobre a los contribuyentes a través de la contribución inmobiliaria rural? ¿No será una transferencia demasiado violenta de recursos de algunos sectores de la población que ya están con bastantes dificultades como para agregarles más? Esto nos preocupa mucho, al igual que la otra iniciativa -creo que la mencionó el señor Senador Gargano- de la securitización o de la privatización de las morosidades municipales.

Entonces, vamos a plantearnos por un momento un escenario que se puede dar. Por ejemplo, si un grupo de inversores puede decidir hacer una carretera de la Ruta 7 a Pueblo Arévalo, en Cerro Largo, que son 64 kilómetros y está deshecha, el Intendente puede decir: "Bueno, no tengo plata; háganla y después le tendrá que cobrar a los ciudadanos". Y si al no pago se le suma la morosidad anterior y, en consecuencia, se tiene una norma que permite privatizar una deuda, la solución sería nombrar a un conjunto de abogados para que ejecuten esos bienes. Naturalmente que ahí va a haber una colisión frontal de intereses privados y municipales. No quiero ser apocalíptico, pero me imagino ese escenario por las dificultades que veo en la gente.

Esta norma la considero inoportuna; me parece que no es momento para hacer una tentativa de esta naturaleza, que puede acarrear lo que estamos visualizando.

SEÑOR DE BOISMENU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador de Boismenu.

SEÑOR DE BOISMENU.- Me ha llamado la atención una parte de la exposición del señor Senador Nin Novoa. Tal vez el señor Senador Heber no ha sido lo suficientemente claro en el inicio de la sesión, pero él habló de determinadas obras o rutas, más específicamente mencionó la Ruta 26 -y podemos seguir hablando de las Rutas 31, 25 o la 24, que cruzan de este a oeste nuestro país- y le entendí que en esta circunstancia particular que vive el país desde el punto de vista económico, se intentaba buscar fondos para que todos esos caminos que tanto nos cuesta recorrer puedan ser atendidos.

Si ustedes no consiguen -y esto parece perogrullesco- una inversión de algún tipo en eso que denominan la "ruta importante" -que son las rutas que integran esta megaconcesión-, evidentemente los que tenemos que recorrer de Este a Oeste los caminos nos vamos a ver con impedimentos bastante injustos.

El señor Senador Larrañaga planteó el hecho de que el crecimiento debe producirse desde el interior del país y esto me lleva a tener la siguiente reflexión. Evidentemente esto va a ameritar tener controles. Sé que la concesión causa urticaria y que vamos a tener que ir adaptándonos a este tipo de situaciones. El mundo está cambiando y a determinada gente le cuesta cambiar. Hace unos momentos recibí un fax de la Intendencia de Río Negro y del propio Puerto, e increíblemente me preguntan por qué no pueden participar de lo que se propone para otros. El mundo cambia a una velocidad muy grande, señores. En lo personal valorizo oírlos, sobre todo valorizo las teorías -y creo que hay que conservarlas como reliquias del pasado- de algunos Senadores. Creo que los genetistas europeos hablan de los materiales genéticos que deben ser recuperados a los treinta o cuarenta años y en ese sentido creo que hay viejas ideas que hay que guardarlas para la historia. Tal vez algún día, si uno dispara hacia otras metas con más rapidez, va a haber que recuperar algunas cosas que están guardadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: redondeo y repito el concepto -que me parece importante- sobre este posible escenario de las Intendencias Municipales en la concesión de obra por iniciativa privada, que nos parece inoportuno. Puede haber, sin lugar a dudas, un aceleramiento de la transferencia de pobreza. No se puede hablar en otros términos. Hay mucha gente que compulsivamente va a tener que pagar obras -aunque no pueda hacerlo y las necesite-, amenazada por alguna ejecución a manos privadas, con intereses totalmente contrapuestos a los intereses públicos y municipales en este caso.

No nos gusta el tema de los aeropuertos. Me parece que seguimos concentrando las posibilidades de comercio, de riqueza.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- No nos gusta mucho esto de la privatización de los aeropuertos. Entendemos que hay algunos servicios que tienen que estar en manos privadas, como los "free shops", pero lo que no nos convence es que sólo los tenga una empresa y que sigamos concentrando actividades como lo venimos haciendo con el comercio, con la tierra, con la riqueza, en este modelo de sociedad que tenemos.

En cada proyecto que viene del Poder Ejecutivo, por lo menos en los más importantes, siempre aparecen nuevos impuestos, y esto no nos gusta. Más concretamente, en este aparece un nuevo tributo, me refiero al 5% sobre los pasajes de transporte fluvial para hacer un fondo de turismo.

No nos gusta porque es otra imposición para un sector de la sociedad que está harto de impuestos y que no soporta más cargas tributarias, por más que muchos de los que viajen lo hagan por placer, aunque sin duda muchos otros lo harán por trabajo.

Como casi estoy terminando, creo que no hubiera precisado la prórroga que, generosamente, propuso la señora Senadora Xavier.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Vengo siguiendo con mucha atención el razonamiento del señor Senador Nin Novoa y veo que ha cambiado de tema. La verdad es que no comprendí muy bien su razonamiento en cuanto a que esto de alguna manera puede transferir la carga mediante el tema de las concesiones recargando el costo que le significa a los pobladores, en términos generales, para lo cual se hace una referencia a los gobiernos. Me parece un concepto muy centralizador y creo que el señor Senador se ha contagiado un poco. Antes, cuando integraba nuestro partido, era más descentralizador que lo que es ahora, ya que no confía en los Gobiernos Departamentales. Yo creo en los Intendentes electos del interior, que saben muy bien cuando tienen que securitizar sus deudas. Todos sabemos que hay productores y gente con alto poder adquisitivo, que tiene deudas en el cono urbano de las distintas capitales. Al respecto, todos tenemos ejemplos en los distintos departamentos. Esta gente, muchas veces amparada en el relacionamiento y en el hecho de que, de alguna manera podía "arreglar", a pesar de tener posibilidades de pagar, no lo hacía. Estoy seguro que el señor Senador conoce varios casos de gente poderosa en Cerro Largo de cuando era Intendente.

SEÑOR NIN NOVOA.- Conocía cuando era Intendente, pero ahora no.

SEÑOR HEBER.- Y no los ejecutó.

SEÑOR NIN NOVOA.- A algunos sí.

SEÑOR HEBER.- Pero no los ejecutó a todos porque "pueblo chico, infierno grande" y todos sabemos que eso generaba un enfrentamiento. No tengo ninguna duda de que los Intendentes y las Juntas Departamentales tienen buen criterio y pueden fiscalizar. Además, no creo que esa securitización pueda significar darle armas a estudios de abogados para que vayan a ejecutar a la gente en las zonas suburbanas. Estoy seguro que van a empezar por gente de gran capacidad contributiva y que sistemáticamente no ha cumplido con sus deberes. Por un lado, me pareció un concepto un poco centralizador el del señor Senador Nin Novoa al no confiar en sus ex colegas. Por mi parte, entiendo que el hecho de que el llamado a interés y la concesión esté en manos de los Intendentes, es mejor a que esté a cargo del poder central. Aquí se dice claramente que es la Intendencia Municipal la que determinará la utilidad y prioridad de esas concesiones, y como dije, confío en los señores Intendentes.

Por ejemplo, hoy se hablaba de las concesiones y el señor Senador Gargano se refirió a tres, pero creo que se le cayeron varias sotas. Digo esto porque la Intendencia Municipal de Montevideo tercerizó el Parador del Cerro, dio una concesión al Hotel Oceanía para instalar un casino municipal, otra para el estacionamiento tarifado y otra concesión para el Hotel Carrasco. Aclaro que estas dos últimas las mencionó el señor Senador Gargano dentro de las tres a las que hizo referencia. También, dio concesiones por el mantenimiento de plazas públicas y dio la concesión de restaurantes a cambio del mantenimiento de plazas como la del Entrevero y la de los Treinta y Tres Orientales. A su vez, la Intendencia otorgó una rara concesión, digna de análisis, y que olvidó mencionar el señor Senador Gargano, que es el ensanche de la Avenida Batlle y Ordóñez, que fuera bastante cuestionada. Esa concesión se le dio a quien trajo la idea, y es lo que dice este proyecto de ley, es decir, otorga potestades o prioridades en función del proyecto. Esa sota también se le cayó al señor Senador Gargano. A su vez, se otorgó una concesión del famoso peaje sombra que es el que se arregla en función de la cantidad de autos que transitan. Si yo fuera concesionario, estaría pasando constantemente, porque me pagan en función de la cantidad de autos que circulan. Esas son formas y formas de concesionar y, de todas las Intendencias, no hay otra que haya dado más concesiones. Eso no es privatización; entonces, como no es una privatización cuando se dan concesiones en Montevideo, tampoco se trata de privatización o venta cuando lo pide este proyecto.

Para terminar -y agradezco la interrupción que se me concedió-, pido que seamos parejos a la hora de juzgar. Si se concesiona, no se privatiza ni se vende y voy a insistir toda la tarde en eso. Reitero que no se está vendiendo ni un solo activo y sigue siendo propiedad del Estado. Lo que se venden son las concesiones, en este caso, por 15 años y eso también lo ha hecho la Intendencia Municipal de Montevideo. Por tanto, lo que se está pidiendo es la misma condición para poder hacer esto.

Agradeciendo la generosidad del señor Presidente y del señor Senador Nin Novoa, sobre los hoteles a que él hace referencia, le contestaría después.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ha sido muy generosa en el tiempo que se le ha dado al señor Senador Heber, por lo que comprenderá que debe terminar con la interrupción.

Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pensé que el señor Senador Heber me había pedido a mí la interrupción pero, al parecer, se la solicitó al señor Senador Gargano que habló hace una hora y media. No hablé de los hoteles, pero si quiere puedo hacerlo y después le concedo otra interrupción, aunque no sé muy bien qué decir sobre el tema porque no lo tenía previsto.

Aclaro que dije que creía efectivamente en los Gobiernos Departamentales cuando manifesté que no podía creer que los déficit de todas las Intendencias fueran por malas administraciones. Entonces, señor Presidente, pido que el señor Senador Heber no ponga palabras en mi boca, pues no he dicho nada de eso. Creo que si hay un proyecto que emana del centralismo es éste, porque las Juntas Departamentales tienen autonomía suficiente como para crear mecanismos similares, que es el de la contribución por mejoras. Entonces, no precisan de ninguna ley impulsada desde la coalición, desde el Parlamento ni desde ningún otro ámbito, para llevar adelante esas cosas. Por tanto, centralizador, no señor; descentralizador, sí.

Si nos ponemos a hablar de las Intendencias y de las cosas que hace la Comuna capitalina, podríamos referirnos a algunas contradicciones en las que caen ciertos Partidos cuando le exigen a la Intendencia de Montevideo la creación de la figura del defensor del vecino, habiendo tres Intendencias que no la han creado. En consecuencia, debo decir que me estoy remitiendo a los hechos, tratando de analizarlos lo más seriamente posible y planteando mis dudas sobre este proyecto de ley. No estoy hablando de las concesiones de los estacionamientos, ni de nada de eso. Cuando el señor Senador Heber quiera una interrupción sobre lo que yo digo, con mucho gusto se la daré como se la concedo a todos los señores Senadores porque, como decía hace un rato el señor Senador Brause, esta es la sal de la discusión y de allí sale la luz.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En primer lugar, quiero agradecer la interrupción que se me concede porque creo que es lo correcto, ya que acá tenemos que confrontar. El señor Senador se refirió a los impuestos y éstos están ligados al tema de los hoteles; por eso hice referencia a estos últimos.

Es cierto que se establece un impuesto a la salida del Uruguay por el que se paga un 14% que estamos exonerando de los hoteles. Pero también miremos la otra mitad del vaso: hay una exoneración a los hoteles, que es el atractivo que queremos introducir para que vengan los turistas, mientras que cobramos un pequeño impuesto a aquellos que se van del país a hacer turismo fuera, que se paga cuando se compran los pasajes, ya sea por vía aérea o fluvial. En el otro artículo se habla de la compra de pasajes; de modo que se establecen dos impuestos.

Simplemente quería decir que no estaba tan fuera de tema, señor Senador, cuando no mencionó los hoteles, porque no los relacionó, pero yo sí lo hago porque esa es justamente la intención.

Agradezco y pido disculpas por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NUÑEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Agradezco al señor Presidente y al señor Senador.

Voy a apuntar hacia lo que venía argumentando el señor Senador Nin Novoa en el sentido de que parece poco reactivador y contradictorio con el título del proyecto, aprovechar una "ley ómnibus" como ésta, en la que aparecen una cantidad de artículos -algunos de los cuales venían primariamente del Poder Ejecutivo y otros se agregaron acá- para crear un impuesto. Si bien el impuesto va destinado a quienes salen del país -obviamente, a los que salen de Buenos Aires rumbo al Uruguay no se les va a cobrar un impuesto uruguayo-, cuando los turistas regresan al suyo deben pagarlo. Reitero: la creación de un impuesto no tiene nada de reactivador.

Ahora bien, este impuesto que se une a la contribución por mejoras que se va a generar en la Intendencia Municipal de Montevideo en un momento inoportuno -como algunas otras cosas que se hacen en materia de modificación de impuestos en este mismo texto- nos hace acordar a lo que decía el señor Senador Brause al principio -así como el señor Senador Heber, en su calidad de Miembro Informante- acerca de la importancia que ellos daban a la reestructura tributaria de este país.

¿Qué podemos entender por reestructura tributaria o por reestructura del Estado? Hay una concepción según la cual reestructura es achicamiento en términos generales. Entonces, reestructurar el Estado es achicarlo. Reestructurar los tributos o el sistema tributario parece ser pasar de 28 impuestos a cuatro grandes impuestos, de acuerdo con lo que dice la Carta Intención: el IVA generalizado -del cual nos han hablado-, el impuesto a los consumos -como si el IVA no fuera un impuesto al consumo-, el impuesto a los ingresos -del que no sé cuál será el contenido- y el impuesto a las tarifas de comercio. A eso es a lo que aparentemente se le llama reestructura tributaria. Yo estoy ansioso por discutir este tema -que me parece realmente importante y trascendente-, porque tiene que definirse cómo el Uruguay va a financiar su presupuesto y de dónde va a sacar los impuestos y la mayor parte de los egresos; si los va a sacar de quienes tienen más, pueden aportar más y tienen mayor capacidad de pago, o de quienes tienen menos. Una reestructura no es simplemente achicar la cantidad de impuestos; es ver de dónde se saca el dinero y a quién se le hace aportar de la sociedad en su conjunto, y cómo se le hace aportar. Si se mantiene una estructura en la que el 70% es un impuesto a los consumos o a las retribuciones personales, aunque se establezca sólo uno o dos impuestos, en realidad no es una reestructura. Quiero referirme más adelante a este punto, pero quería destacar lo que decía el señor Senador en el sentido de que crear un impuesto aquí o modificar otro allá -en el artículo 40 también se modifica otro-, de reactivador no tiene nada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Por las razones que hemos expuesto, nosotros vamos a votar en general en contra de este proyecto de ley. Lo hacemos también con un alto sentido de responsabilidad, sabiendo que hay iniciativas que acompañaremos porque las consideramos buenas, es verdad; pero en el balance final, desde el punto de vista cualitativo, es más lo que predomina y nos lleve a adoptar esta posición.

Culmino mi exposición con un dicho de mi abuelo, Nin Lavalleja, si el señor Presidente me permite la licencia. Lo hago no para faltarle el respeto a nadie ni para que tenga un sentido de reproche, sino para que sirva -como él me lo decía- de aliciente, de estímulo, de afán de superación.

Decía así: "Si de tu trabajo este es el fruto, ¡ay qué bruto!"

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: la Bancada nacionalista solicita un cuarto intermedio por treinta minutos.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Naturalmente, vamos a votar la moción -no hay ninguna duda-, pero creo que las alusiones que se hicieron sobre este momento habría que contestarlas ahora, porque hacerlo después no tiene sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, el señor Senador contestaría la alusión y después se votaría la moción del señor Senador García Costa.

Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: me parece muy bien el planteo del señor Senador Heber cuando habla de las concesiones. Todo el mundo habla de las concesiones de la Intendencia Municipal de Montevideo; y cuando digo todo el mundo me refiero a que están a favor de ellas.

La primera aclaración que corresponde -porque no está aquí ahora el señor Senador Korzeniak, que me elaboró un estudio sobre este tema- es que para poder hacer una concesión, de acuerdo con el numeral 8º) del artículo 273 de la Constitución, las Intendencias tienen que contar con la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta Departamental, cosa que el Poder Ejecutivo acá no hace. Según interpreta un importante número de expertos -yo creo que correctamente-, si a un municipio, que es una entidad jurídica pequeña, limitada a un departamento, se le exige que lleve la concesión a un órgano legislativo para que se convalide a través de una ley departamental -porque las ordenanzas son leyes departamentales, que es lo que las Juntas votan-, debería hacerse lo mismo con las que otorga el Poder Ejecutivo. El constitucionalista que tengo aquí como colega dice que no, pero la mitad del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de la República dice que sí; de modo que no es sencillo. Y tanto dicen que sí, que cuando en el Partido Nacional redactaron la ley de privatizaciones -mal llamada de empresas públicas-, incluyeron el tema de las concesiones en una ley, lo que quiere decir que lo tenían en mente.

A propósito de este tema, he dicho en la Bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio, y lo digo acá, que si hay que hacer una concesión a una empresa privada porque se entiende que es conveniente para el país, caso por caso -y así lo hemos puesto en nuestro programa de emergencia- no me niego a hacerlo, del mismo modo que pienso que las Intendencias tampoco se pueden negar.

Por otro lado, celebro que se esté aplaudiendo a la Intendencia Municipal de Montevideo por parte del señor Senador Heber, por el criterio que ha tenido desde siempre. Porque desde que vine a Montevideo en el año 1950, los quioscos de la Rambla y de las playas, siempre se otorgaron por concesión, y lo mismo ocurrió con el Parador del Cerro, que nunca fue explotado directamente por la Intendencia. De modo que el señor Senador está descubriendo cosas estupendas, entre otras ese túnel o peaje sombra, que no existe; "ese bicho nao existe" como decía un brasileño cuando le mostraban una jirafa. No hay una ley ni una ordenanza votada; le dieron mal los datos y, en todo caso, si alguien tiene esa idea, que la exponga para discutir, porque quizás podamos estar de acuerdo o no.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador García Costa en el sentido de que se pase a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 19 y 51 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Así se hace. Es la hora 20 y 44 minutos)

- Tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: voy a ser breve en mi exposición y trataré de aclarar mi pensamiento porque, a esta altura, es muy poco lo que hay que agregar a lo que han expresado los distintos compañeros que han hecho uso de la palabra.

En primer lugar, debo decir que este proyecto de ley de reactivación realmente nos entusiasma y queremos apoyarlo. Hace más de un año que venimos hablando de muchos de los artículos que en él están contenidos y vemos la necesidad que de ellos tiene el país. Lamentablemente se ha demorado mucho tiempo y si bien no asigno culpas parecería que en varios aspectos llegamos tarde. Como decía, no asigno culpas porque el país ha vivido situaciones muy difíciles en los últimos meses, pero la verdad es que hace más de un año que el Partido Nacional viene hablando de la necesidad de implementar muchos de estos artículos.

Este proyecto de ley, tal como se ha dicho -no quiero repetir lo que ya se mencionó para no alargar aún más el debate- contiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, algunas medidas de reactivación con el fin de favorecer con rebajas de impuestos, de aportes, etcétera, es decir, cosas que permitan llevar adelante la posibilidad de interesar a quienes quieran invertir o trabajar en nuestro país. El otro aspecto es el que tiene que ver con un análisis de las concesiones en general que, podemos decir, no son reactivadoras, sino recaudadoras, tal es el criterio que se intenta llevar adelante en las distintas expresiones de los artículos.

O sea que, por un lado, se quieren llevar adelante rebajas impositivas o de otro tipo, para incentivar la inversión privada. Ojalá eso se logre, pero tal como aquí se ha dicho el país no está viviendo un buen momento como para tener esperanzas ilimitadas al respecto.

El otro aspecto, el más importante y el central, es el que tiene que ver con las concesiones. Acá se ha hablado con lógica sobre estos puntos que son los principales. En tal sentido, el proyecto de ley tiene como efecto atractivo lo que se vaya a hacer con estas concesiones. En medio de todo este espectáculo de concesiones, se encuentra la denominada megaconcesión o, tal como lo expresó no sé si el señor Senador Fernández Huidobro o el señor Senador Nin Novoa, la mal llamada megaconcesión. Esto es así porque la megaconcesión ya está funcionando y el artículo 21 y siguientes no agregan absolutamente nada a su funcionamiento. Si no se votaran estos artículos, que es lo que voy a proponer, no pasaría nada con la megaconcesión porque seguiría operando. Pero antes de entrar en ese análisis, que es lo que me va a motivar votar, quiero entrar a otro tema que tiene que ver con esto, pero que es más filosófico, para decirlo de alguna manera.

En primer lugar, la megaconcesión ya está desarrollándose, está pronta y diría que hasta financiada en este momento. Como dijo el señor Senador Fernández Huidobro es el más grande monopolio que se ha dado a una empresa privada estatal. Frente a otros monopolios del Estado, éste es el más importante y yo diría que es el que tiene mayor efecto de repercusiones estratégicas desde el punto de vista territorial y económico. Entonces, la megaconcesión ya está funcionando y está financiada, tanto que están culminando las licitaciones de los tramos, las adjudicaciones que se van a hacer cuando se tenga el dinero que ya se consiguió, que se ha gestionado mediante un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, a la cual se ha integrado el Uruguay y que hace poco tiempo votamos. Esta es una de las cosas que hemos hecho con real efectividad en este Parlamento. Votamos luego de escuchar el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales y ya somos titulares de un crédito. Esto demuestra que los uruguayos somos rápidos para utilizar las ventajas internacionales que se nos ofrecen. Voy a referirme a este crédito porque se ha hablado del efecto que tendría sobre la deuda pública.

Este préstamo de la Corporación Andina para el Desarrollo, que fue gestionado con la intervención directa del actual Presidente del Banco Central -que anteriormente presidía la Corporación Nacional para el Desarrollo- se otorga como si fuera a una empresa privada, es decir, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, porque para las autoridades tiene la garantía de ser una Institución sólida y estable. Incluso, se hace con intereses que son para emprendimientos privados, o sea, superiores a los de obra pública. Esto está establecido ya en este préstamo que está próximo a hacerse efectivo. Según la información que tengo el mismo será de 5 puntos por encima de la Tasa Líbor, lo que no ocurre en la obra pública, ya que es de aproximadamente 3.5 por encima de dicha tasa, pero hay que tener en cuenta que todas estas cosas son variables.

En definitiva, el préstamo a la Corporación Nacional para el Desarrollo es como si se otorgara a una empresa privada; si se le quiere dar carácter de aumento de la deuda pública, lo que yo reclamaría es que se le cobrara menos intereses, cosa que no es así.

Entonces, como la megaconcesión está operando esto no le agrega absolutamente nada para que no funcione. Por tanto, si se considera la megaconcesión como un proceso de reactivación, ya existe, por lo que no precisa de este proyecto ley.

Antes de entrar a estas consecuencias, quisiera decir que el concepto de megaconcesión -lo digo también por algunos razonamientos que se han hecho aquí en Sala-, más allá de que estoy de acuerdo con que se aplique porque ya está en funcionamiento, en principio no lo comparto. Sí estoy de acuerdo con que se aplique la concesión de obra pública como se venía haciendo hasta el momento, obra a obra, control a control y análisis de cada obra en particular.

Me llena un poco de temor la creación de este instituto tremendo que, si bien no va a controlar todas las rutas del país, sí atenderá aquellas que son de capital importancia: las arterias por donde se mueve la economía y la vida del país. Hablar de que van a estar bajo la megaconcesión las Rutas 5, 3, 1, 8 y 9, es hablar del país. Decir que en esos tramos van a haber tres peajes para llegar a destino, es exigir un sacrificio muy grande a todo el país, a la gente y más particularmente al interior de la República. Esto nos tiene que llevar a meditar si no hay un camino mejor que éste. Sé que la situación del país está muy mal, pero si la situación del país está muy mal, la de la gente está peor. Si van a haber aumentos de los peajes en el interior -como seguramente sucederá- habrá encarecimientos, más disminución de la calidad de vida de la gente y menores posibilidades de viajar, y todo eso recae en el costo y en la calidad de vida de la gente.

A mí no me entusiasma que me digan, en este momento, que van a hacer el tramo comprendido entre Cufré y Colonia -debe hacer 20 años, desde que era jovencito que lo venimos reclamando- y que a cambio de eso, antes de que se hayan llevado a cabo las expropiaciones, porque todavía está delimitándose por dónde va a ir la ruta -que, en principio, va a ser ensanchada- ya tengamos el peaje colocado como una muestra de la inflexibilidad del Estado para recaudar y sacar dinero a la gente. Claro: hay gente que dice que la ruta la tiene que pagar el que circula por ella; es una buena teoría. Precisamente, la aplicaron los países europeos, pero son los que hacen grandes rutas, con caminos al costado para que la gente se pueda movilizar y para que la economía y la vida social no se vean afectadas. Esa gran ruta es para el que va en auto, por ejemplo, de Milán a Roma y pueda llegar rápido sin que se encuentre con ningún estorbo. Lo mismo con la famosa Ruta 95 de Estados Unidos que une el Norte del país con el Sur. En todos estos casos siempre hay rutas laterales. Acá no es así y vamos a quedar prisioneros de esas casillas. En este sentido, puedo citar el Río Cufré -hablando de mi departamento-, el cual no podemos atravesar si no pasamos por el peaje; no hay otra forma de hacerlo. Podríamos venir por la Ruta 11, pero también tenemos otro peaje. No hay escape. Eso a la gente le duele, porque ya le está afectando mucho todo lo que está pasando.

Por eso digo que si bien acepto lo que ya está resuelto, preferiría que se utilizara el sistema anterior, que se cambió ahora con este Ministerio. La verdad es que la actuación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha sido muy negativa. Quizás, por experiencia, digo que quisiera tener el Uruguay de antes donde la obra pública, era la obra pública, es decir, lo principal del país, programada y llevada adelante con grandes análisis de lo que era más conveniente para el país.

Cuando era niño me acostumbré a escuchar hablar de la gestión de don Tomás Berreta, por ejemplo, que transformó la obra pública nacional; un hombre de Canelones que no era ingeniero ni tecnócrata, pero tuvo la visión política de transformar técnicamente la obra pública aprovechando la maquinaria que había aparecido en la época de la guerra. Fue así que realizó una gran obra pública, recibiendo también el reconocimiento del pueblo que, por ello, lo llevó a ser Presidente de la República.

También recuerdo al ingeniero Luis Giannattasio, posteriormente Ministro de Obras Públicas, que encontró una obra pública deshecha. Creó un Fondo de Obra Pública que se respetó, se aplicó y permitió transformar la obra vial del país. No quiero citar a otros, no obstante lo cual, digo que también hubo grandes Ministros de Obras Públicas en la época del proceso militar, aunque suene mal decirlo en estos momentos. Esos Ministerios de Obras Públicas estudiaban, planificaban, llevaban adelante los proyectos que más le convenían al país, los controlaban y gastaban en la medida en que el Erario nacional lo permitía.

Ahora estamos con la Megaconcesión y con esto que viene en el famoso artículo 21 y siguientes que, como decía, no agregan absolutamente nada porque se habla de que vamos a venderla para lograr la inversión de los privados. Vamos a pensar en la hipótesis de que eso ocurra, que la Corporación Nacional para el Desarrollo vende su concesión a una compañía equis -en realidad, son pocas las que puede haber-, ¿cuánto se va a pagar? ¿Cuánto a recaudar? Lo cierto es que esa empresa va a pagar sólo por una llave de U$S 5:000.000 o U$S 6:000.000, no creo que más. Según consta en el artículo 21, la Corporación Nacional para el Desarrollo le va a transferir toda la recaudación que tiene, inclusive, el préstamo que recibe de la Corporación Andina de Fomento más lo que va a percibir la Corporación Vial -que es la empresa concesionaria-, el subsidio de obras públicas y la recaudación total de los peajes, por lo que no veo qué negocio se hace en la cesión. En cambio, sí -en mi opinión- se crea un grave antecedente, que voy a referir una vez más y pido disculpas por ello: transferimos, como decía el señor Senador Fernández Huidobro, un gran monopolio de una empresa privada del Estado a un monopolio de una empresa totalmente privada. Se me dice que va a estar controlada, y es cierto, pero, ¿qué garantías tengo de que va a estar bien controlada si sé que todos los controles que ha llevado a cabo el Estado directamente, por ejemplo, en la concesión de la Ruta 1, han sido mal hechos y a favor del concesionario, no del Estado? Esto es algo que he dicho en este ámbito, no se trata de ninguna novedad -no sé si alguno lo recordará porque ¿quién va a prestar atención a las cosas que uno dice?-, puesto que hace algunos meses expuse largamente acerca de las obras de la Ruta 1. Además de demostrar el incumplimiento total de los trabajos, dije algo que ahora voy a reiterar. Voy seguido por esa zona y puedo decir a los señores Senadores que no hay más que pasar por allí para darse cuenta que las obras están como el año pasado, cuando se prorrogó la concesión porque su plazo había vencido. Esos trabajos, incluyendo el puente y la doble vía hasta Libertad, tenían que haber estado terminados a diciembre del año 2000. Pero, por sucesivas prórrogas otorgadas por incumplimiento, han llevado ese plazo hasta el 2004. Pero eso no es lo más grave porque -lo dije entonces y lo reitero ahora- si el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hubiera rescindido el contrato por incumplimiento, el costo de terminar las obras, inclusive, con las mismas empresas y sin llamar a una nueva licitación, sería de, aproximadamente, U$S 15:000.000. Sin embargo, a una empresa que había incumplido totalmente se le otorgaron 15 años de peaje, lo que para el Estado significa una recaudación de U$S 75:000.000 aproximadamente.

Con respecto a este tema, no voy a mencionar otros aspectos que ahora se niegan -en otro momento lo discutiremos aquí- como, por ejemplo, que estaba prohibido en la licitación ceder el peaje, pero la empresa lo hizo para saldar deudas que tenía con la banca de Buenos Aires. Asimismo, cedió el ingreso del peaje a una empresa consultora que aquí se ha mencionado y que era la que intervenía en ese momento.

En consecuencia, no puedo tener garantías de que todo esto se esté controlando bien. Cuando el tema se acota a una obra -recuerden la discusión que hemos tenido, a tal punto que hace un año y medio que vengo hablando del tema y no he logrado que nadie atienda ni resuelva nada-, el Estado tiene la potestad de planificar cuál le conviene más llevar a cabo y en qué momento. Pensemos, entonces, en el caso de una concesión que incluye a todas las grandes rutas nacionales.

A veces he dicho en comentario vulgar que al Estado, a la Nación, a la sociedad -no al Estado como institución, sino a todo el país- le pueda interesar que, por ejemplo, el tráfico por las Rutas 8 ó 9 sea barato o que no se cobre nada para poder sacar en forma competitiva por ejemplo el arroz desde Treinta y Tres y Cerro Largo. Esas son opciones estratégicas que le permiten saber dónde tiene que invertir.

Ayer escuchaba al Presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, hablar de la admiración que él tenía por el Uruguay, por su equilibrio económico y social.

Ese era el Uruguay que fue, no es el actual; ese fue el Uruguay de cuando hubo un Estado orientado -lo tengo que reconocer y me duele que algunos no lo reconozcan ahora- y planificado por José Batlle y Ordoñez, en el que se buscaba que la inversión fuera al lugar de desarrollo prioritario para el país. No creo que el Uruguay se hubiera desarrollado como lo hizo si ello se hubiera dejado librado a las fuerzas del mercado. Había un Estado que planificaba. Por eso digo que en este Uruguay moderno tenemos que tener mucho cuidado. No soy estatista, pero hay áreas estratégicas y de control en las que el Estado no puede desaparecer. Una de ellas son las rutas. Por eso, todo esto que se habla de la Megaconcesión me produce cierto temor, máxime cuando ella -tal como está redactado el texto- no agrega absolutamente nada porque está funcionando, pero sí puede traer graves problemas en el futuro. Honestamente, tal como está redactado esto, no asumo la responsabilidad de acompañarlo.

También se ha dicho acá -no es una idea mía- que esto debería ameritar un análisis más exhaustivo, un estudio de la obra pública en general, que tiene que estar coordinada, planificada, en la que se tome en cuenta qué es lo que va primero, orientada y con cierta intervención, aunque se haga la concesión; no estoy en contra de la concesión, pero pienso que debe hacerse con una influencia determinada y más clara del Estado sobre cómo se tiene que invertir. Al fin de cuentas el concesionario tiene que cumplir con lo que el Estado y la sociedad uruguaya quieren; para eso le dan la oportunidad de que gane y que lo haga seguro con la inversión que realice.

Reitero que esto habría que meditarlo un poco más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Varios señores Senadores han solicitado que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT.- A este razonamiento -que puede estar equivocado- se agrega que no se detiene en nada la marcha de la Megaconcesión ya que no empiezan en agosto porque todavía no están terminadas las casillas de peaje, pero en cuanto estén prontas, ya está el dinero y, por lo tanto, se puede empezar a adjudicar las obras y a trabajar. Ya está todo, el dinero del préstamo, la adjudicación a las empresas y ahí está la reactivación que se pide. Creo que esto daría lugar a algo que voy a proponer -ya ha sido planteado, por lo que no es original- en cuanto a que esto se desglose del proyecto y se estudie más profundamente este plan de obras públicas o esta posible concesión de la concesión, a la que yo no me niego. Reitero que esto que está acá no agrega nada, pero sí puede traer grandes preocupaciones e inconvenientes en el futuro.

Muy brevemente, me voy a referir al tema del Aeropuerto Internacional de Carrasco que, a mi entender, es uno de los lugares o puestos estratégicos del país. Este Aeropuerto Internacional es el único que tenemos en el país y es muy importante para nosotros, es la fachada, la puerta y el tráfico aéreo que viene al Uruguay. Además, hay otro factor económico que no entiendo. He escuchado decir a los técnicos que mejorar las obras de infraestructura, hacerla apta y moderna insumiría aproximadamente U$S 75:000.000. Aunque llevemos esta cifra a U$S 100:000.000, quiero decir que este Aeropuerto está generando para Rentas Generales U$S 28:000.000, aún en este momento. Quiere decir que en lo que respecta al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en menos de cuatro años tendríamos el dinero para hacer las obras. Según el proyecto en consideración, vamos a dar 30 años de concesión . Si estamos hablando de reactivación y de negocios, creo que este es uno pésimo; así lo miro yo.

El otro tema, que para mí es totalmente impotable, es el de la Terminal Polivalente del Puerto de Nueva Palmira. Para nosotros, los colonienses, dicho Puerto es algo de lo que nos sentimos orgullosos; su tráfico viene creciendo tremendamente y ha operado con casi 800.000 toneladas de transporte de carga en el último año. Lo que tenía hace unos años atrás el Puerto de Montevideo, hoy lo tiene el Puerto de Nueva Palmira, en cuanto al tráfico, tránsito, carga y descarga de mercadería, etcétera.

Hay que conocer al Puerto de Nueva Palmira; hay que ir allí para entender cuál es el tema. Este es un puerto -lo digo con orgullo, porque trabajamos mucho en esa época-que durante el Gobierno del Partido Nacional se modernizó enormemente. Tiene la mejor terminal granelera de Nueva Palmira y un muelle que se extendió y que está en condiciones óptimas de trabajar. Prueba de ello es el nivel de trabajo que tiene hoy en día.

Desde hace mucho tiempo se viene hablando de proyectos para realizar un puerto en esa zona. El proyecto de los paraguayos de hacer un puerto aguas abajo del Puerto de Nueva Palmira, nunca se concretó porque pensaron que era más útil usar el que ya estaba; eso era lo más barato. Al costado del Puerto se encuentra la terminal Frigofrut, cuyos propietarios, en su oportunidad, me dijeron que iban a hacer un puerto en esa área, pero razonando, con toda lógica, después decidieron no realizarlo, ya que estaba el de Nueva Palmira, que opera perfectamente.

Del otro lado, está Navíos, en la Zona Franca, que es una empresa sobre la que dije, durante muchos años en la Cámara de Representantes, que operaba sin costos y ni siquiera pagaba por el espejo de aguas del Puerto. Argumentaban que esa área estaba dentro de la Zona Franca, pero ésta se ubica dentro y no sobre el agua.

Posteriormente, sin pagar absolutamente nada, como venían barcos cada vez más grandes, quería que la Administración Nacional de Puertos -porque Navíos tiene una chata, no un muelle, en la que termina una cinta transportadora de granos- le permitiera amarrar los barcos a las bitas del puerto, que está a menos de 100 metros. Con toda lógica, dicha Administración le respondía que le cobraría por eso. Entonces, hacía mil cosas, dejándolos, por ejemplo, en el antepuerto, donde no pagaba nada, para después atracarlos.

Al parecer, ahora le estamos brindando el negocio regalado. Le decimos: "Háganse socios, paguen algo por esas acciones -que van a ser la llave- pero después no tienen que pagar más porque son socios del puerto". Y por esas 400.000 ó 500.000 toneladas, que es el volumen que ellos mueven y por las que tienen que pagar, no pagarán nada porque, repito, ahora van a ser socios.

Entonces, si esto reactiva algo, que me lo expliquen. ¿Qué es lo que reactiva? Reactiva las economías de los que se asocien con la Administración Nacional de Puertos, que va a dejar de percibir lo que percibía y de tener esas posibilidades de ingreso -como se argumenta aquí- para mejorar, perfeccionar y avanzar en la tecnología del puerto, porque ahora va a tener que compartir las ganancias con quien no ha hecho ninguna inversión en el puerto, porque las inversiones que se efectuaron fueron muchas veces millonarias y son las que ahora están dando el movimiento que tiene el Puerto de Nueva Palmira. Me refiero a ese gran movimiento que allí hay y a las enormes posibilidades futuras de crecimiento.

A su vez, está el Canal Martín García, que también fue hecho con los aportes de la sociedad uruguaya, si bien se cobra el peaje.

Esta Terminal Polivalente tiene, como aquí se ha dicho, un título muy interesante, pero las cosas son como las he dicho aquí. Personalmente, algo conozco del tema; hace años que estoy hablando de él. No lo conozco solamente por haberme interesado en él, sino también porque durante una época trabajé en el proyecto de Zonas Francas, de modo que conozco bien el alcance y las posibilidades de todo esto.

Señor Presidente: a no ser por los artículos que me han merecido los razonamientos que acabo de expresar, en general estoy de acuerdo con el proyecto de ley. Sin embargo, mociono, teniendo presente lo que han dicho otros señores Senadores, en el sentido de que este artículo 21 y el siguiente, referidos a la Megaconcesión que, a mi parecer, no agregan nada, sean desglosados del proyecto de ley.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: días atrás, el Senado de la República consideró un proyecto de ley referido a la opción que se daba a los jubilados y pensionistas en lo concerniente al lugar de cobro de las prestaciones que reciben. La consideración de dicho proyecto de ley dio lugar en su momento a distintas opiniones que fueron expresadas aquí en Sala y finalmente terminó siendo aprobado con nuestro voto contrario. Así, se transformó en ley y naturalmente habrá de regir a partir del momento en que sea promulgado.

El punto es que la señora Senadora Arismendi ha hecho afirmaciones aquí, en Sala, en cuanto a que el Directorio del Banco de Previsión Social estaría tomando medidas a los efectos de clausurar las cajas que actualmente existen en el atrio principal del local central de la Institución. Una afirmación de esa naturaleza sería como decir de manera indirecta que el Directorio del Banco de Previsión Social está violando la ley.

Por nuestra parte, tenemos información de que eso no es así. Lo que el Directorio del Banco de Previsión Social ha resuelto y próximamente pondrá en práctica es llevar a cabo una reforma del local central, a fin de aprovechar ese espacio en el que originalmente se llegó a atender el cobro de más de 100.000 jubilados; incluso, tengo entendido que llegaron a ser hasta 120.000 en su momento. Hoy en día, atento a la descentralización de los lugares de pago que ha programado y llevado a la práctica el Directorio de la Institución, se atiende aproximadamente 40.000 prestaciones.

De manera que lo que se procura es reformar el atrio central para adaptarlo a las nuevas circunstancias. La idea es que haya lugares de cobro para ese número de jubilados y pensionistas y, a la vez, utilizar el resto del local para instalar una sucursal de ATYR.

Esto es lo que quería aclarar, señor Presidente, a fin de que no quedara ninguna duda en cuanto a que el Directorio del Banco de Previsión Social ni directa ni indirectamente va a violar la ley que ha sido sancionada por este Parlamento.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Gracias, señor Presidente. Sé que está dando muestras de gran flexibilidad al conceder la palabra, ya que no es este el tema sobre el que estamos discutiendo.

Personalmente, me alegro de que el señor Senador Brause haya hecho las afirmaciones que ha realizado en Sala. Parto de la base de que esto asegura que se seguirá atendiendo a los jubilados -como él dijo-, para pagar sus jubilaciones en el atrio. Me han dicho además que la reforma -en lo personal, no lo sé con certeza, pero quiero que quede planteado esto como una interrogante- para que ATYR ocupe parte del hall del Banco de Previsión Social saldría U$S 70.000. Realmente, en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, me interesaría saber bien si se realizará una obra de esta envergadura.

A su vez, quiero señalar que la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio ha firmado un llamado a Sala al señor Ministro Alonso debido a este tema. No lo hemos hecho llegar a la Mesa porque preferimos esperar hasta constatar una de dos cosas: si estábamos equivocados -finalmente, el señor Senador Brause ha indicado que sí lo estábamos y realmente me alegra de que así sea- o si se iba a tomar un camino para revertir la situación, puesto que ella no estaba de acuerdo con el espíritu ni con el texto de la ley aprobado.

De todas maneras, queremos dejar sentado que estaremos atentos a estos acontecimientos. Reitero que tenemos firmado el llamado a Sala del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y estamos dispuestos -lamentablemente, no se encuentra presente en este instante el señor Senador Michelini, Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que fue quien habló con el señor Ministro en estas horas- a que el señor Ministro y los integrantes del Directorio del Banco de Previsión Social concurran a la Comisión sin ningún tipo de dilatoria fruto de este debate, de la Rendición de Cuentas ni de ningún otro.

Si eso se cumple en pocas horas, en un día, en el comienzo de la semana que viene, está correcto; de lo contrario -y no es una amenaza, sino que queremos dejar sentado hechos-, vamos a presentar el llamado a Sala al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social para que explique al Senado de la República de qué manera el Banco de Previsión Social implementa las resoluciones del Parlamento Nacional.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: sin ánimo de extenderme demasiado porque nos hemos ido del tema que nos ocupa y nos preocupa en el día de hoy, queremos agregar algunos elementos que nos parece importante considerar respecto de este tema.

Se nos ha informado por parte de gente interesada -fun-cionarios y algunas asociaciones de jubilados- que en el día de mañana se estaría procediendo a ocupar, de alguna manera, y a modificar la estructura del atrio central. El señor Senador Brause ha dicho que ello se hace porque ahora allí cobra menos gente; sin embargo, creo que no sólo la letra es importante, sino también el espíritu de la ley. Entonces, a poco de que el Parlamento aprueba una ley devolviendo el derecho a los jubilados -más allá de que se haya estado a favor o en contra de cobrar en el local tradicional-, no parecería una buena señal que mañana, a las 14 horas, se iniciara una obra de remodelación que prácticamente implicará destruir y construir nuevamente -el costo corre por cuenta de la señora Senadora, que está más informada que quien habla- el atrio central.

Además, creo que es importante atender otras necesidades. Sabemos que ATYR está precisando instalarse -a este respecto sí nos hemos informado- y tenemos conocimiento de que otras opciones serían por la entrada de la calle Mercedes o en algún edificio ubicado sobre Brandzen; consideramos que sería importante que se tuvieran en cuenta estas opciones para las actividades de ATYR.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 28. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: adjudico a este proyecto de ley una enorme importancia, más allá de discrepancias que se puedan tener con algunos de sus artículos.

Siendo tan importante el proyecto de ley, entendí que debía hacer uso de la palabra durante la discusión general; sin embargo, en determinado momento no me sentí atraído de hacerlo, en virtud de que ha habido más debate político que profundización en el estudio del tema. Me parece que -naturalmente respetando todas las opiniones- en un momento en que vamos a tratar un proyecto de ley de reactivación productiva, el enfrascarnos en un debate político no hace sino dilatar aquello que ha sido motivo de expresiones de todos los partidos políticos y de la mayoría de los señores Legisladores presentes en esta Sala.

A mi juicio, el proyecto de ley tiene la enorme importancia que se ha destacado y que reclamamos nosotros cuando se votó la Ley de Ajuste Fiscal en febrero.

Comprendo, señor Presidente, que a esta altura todos estemos cansados, pero quiero destacar que he escuchado silenciosamente a todos los señores Senadores. Simplemente, estoy explicando por qué no ingresé en un debate de fondo y ahora estoy fundamentando el voto.

Cuando se votó la Ley de Ajuste Fiscal en febrero dije, entre otras cosas: "A nuestro juicio, no se puede abordar el tema del gasto público y del ajuste fiscal si no lo complementamos con una honda preocupación por la situación de los sectores productivos." Agregamos que aunque se votara todo el proyecto de ley tal como venía del Poder Ejecutivo, se aprobaran mayores medidas y gravámenes y se hicieran mayores ahorros en el sector público, no serviría de nada; sería simplemente un remedio circunstancial si no procedíamos a la reactivación del aparato productivo del país.

Habiendo expresado esa preocupación, creo que ha llegado el momento de destacar que aquí no estamos deseando participar de un debate político, sino poner por encima de determinadas circunstancias políticas el enfoque de las necesidades nacionales.

Aquí se ha hablado con razón de que el Parlamento y distintas instituciones políticas vienen siendo criticadas asiduamente por parte de la opinión pública que, precisamente, quiere que el Parlamento se aboque a legislar sobre los grandes temas nacionales, entre los cuales indudablemente está, en primer término, la reactivación del aparato productivo del país.

Pocos señores Senadores han hablado acerca de la importancia de las obras que se mencionan en el proyecto de ley, más allá de que puedan aparecer obstáculos, como sucede en casi todos los planes.

Las obras públicas constituyen uno de los elementos fundamentales para crear riqueza y trabajo en el país. Ahora se objeta la concesión de obra pública. En mi larga vida de Legislador he visto planes de obras públicas. Algunos grandes que aquí se han citado, aunque aún no era Legislador, los seguí de cerca por circunstancias que no es del caso analizar. En la década del 40 y aún antes, los planes de obras públicas se financiaban con deuda pública. Posteriormente, cuando quien habla ya era Representante Nacional, se recurrió a los grandes préstamos internacionales. Siendo miembro de la Comisión de Obras Públicas participé en el plan para la Ruta 5, verdadera columna vertebral de la vialidad de las obras públicas nacionales. Asimismo, participé en el préstamo que habilitaba la construcción de la Ruta 26 y de otras que posteriormente se incorporaron.

Después de esos préstamos, se optó por incluir partidas en los planes presupuestales. Hoy, con los recortes que se han debido efectuar -cualquiera sea el juicio sobre la generalidad o la falta de criterio selectivo con que se haya procedido-, lo cierto es que ni el Gobierno ni el país tienen los medios para incluir partidas presupuestales importantes como para hacer las grandes transformaciones que el Uruguay necesita en esta materia. Entonces, hoy se recurre a la concesión de obra pública. Es el elemento que se tiene a mano para realizar las obras que dinamicen el trabajo nacional, que creen riqueza y faciliten el crecimiento económico del país.

De manera que, señor Presidente, con la vista puesta en el futuro del país -como creo haber procedido siempre- y el compromiso con el país, que pienso tenemos todos los señores Legisladores, he dado con satisfacción mi voto favorable a este proyecto de ley.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de ingresar a la discusión particular, la Mesa quiere recordar que hasta ahora ha sido bastante flexible en el uso del tiempo de que disponen los señores Senadores, así como con la inclusión de algún asunto que estaba fuera del tema. En virtud de que la discusión particular del proyecto de ley va a ser muy larga, la Mesa advierte que no va a ser tan flexible en el tema del tiempo de aquí en más, por lo que solicita a los señores Senadores que colaboren en ese sentido.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: no hemos participado en el debate, pero queremos dejar una mínima constancia. ¿En qué sentido? Tenemos la memoria fresca en cuanto a las declaraciones del ex-Ministro Bensión, que representaba al Gobierno, en la primera interpelación que tuvo lugar en este Recinto cuando dijo: "Cada día creemos menos en las políticas activas." Lo dijo con hondo convencimiento; expresó lo que pensaba.

A lo largo de estos años de Gobierno nos pareció ver muy definida en la contextura ideológica del Partido Colorado, particularmente, esta visión, que hay derecho a tener y que nosotros no cuestionamos aunque discrepamos. El desarrollo y el crecimiento económicos están más allá de la esfera de los Gobiernos y a estos compete dar un marco lo más creíble y seguro posible para que el juego de la economía vaya resolviendo los problemas. Esta es una posición muy fuerte que tiene paradigmas teóricos en el mundo muy importantes. Esta discusión estuvo planteada desde el principio cuando se hablaba de un plan de emergencia y de reactivación económica. Entonces para las medidas que hace tres años se pudieron haber tomado y con ello logrado algún efecto, hoy ya es tarde. En economía hay momentos y momentos. Las medidas econometristas de sacudir, en parte por vía de la obra pública y otros recursos, a un país que tenía U$S 4.000:000.000 de reserva y ciertas posibilidades, se enmarcaban en un cuadro donde eran previsibles las consecuencias. Reconocemos la persistencia, particularmente en el último año y medio, del Partido Nacional, en el sentido de tomar algún tipo de medida reactivadora. Si se demoró tanto, por algo habrá sido. A esta altura, en estas circunstancias, deberíamos aceptar el desafío intelectual de que la nuestra es una nación enormemente empobrecida y como tal debemos enfrentar la etapa epopéyica de levantar en parte nuestra economía para generar puntos de partida que hagan que sea mirada hasta con ambición desde afuera. Nunca vendrá capital positivo a colocarse en el Uruguay si no cambiamos la economía. Es tal el peso de la crisis, de la pobreza de nuestros medios y de los compromisos del Estado, que los recursos que activamente podemos poner en juego, son demasiado pobres ante esta situación. Para los pobres, el primer camino es el mercado y, el segundo, el trabajo. Sólo el trabajo y el mercado producen capital, a la corta o a la larga. La verdadera política reactivadora del Uruguay pasa por proteger el esmirriado mercado que tiene, para asegurar un mínimo de trabajo de baja productividad, pero masivo, hasta que podamos respirar. El verdadero mercado que nos asegura el trabajo no está en la obra pública porque hoy somos muy pobres. Eso es posible pero en otras circunstancias; está en nuestra ropa, en nuestros zapatos, en nuestro pan, en nuestras necesidades elementales e insoslayables que están ligadas a la vida, aunque no para siempre. Mucho trabajo con baja productividad, repito, es lo posible para un país pobre. Sé que esto viene acompañado de un desprecio ínsito al valor del mercado interno en el cual se ha caído por desprecio intelectual de una alambicada manera de mirar a la literatura que viene en materia de economía del mundo central.

En el Siglo XIII, la naciente Inglaterra se desarrolló cortándole la mano a aquellos que eran capaces de enseñar los secretos de los primitivos herreros a los extranjeros y crucificando en la playa a los contrabandistas. Fue la medida más protectora que he visto en la historia de la humanidad. Luego que estuvieron enriquecidos, inventaron otras cosas: dejar hacer y dejar pasar. Naturalmente, los tiempos no son los mismos pero, sinceramente, creo que más que las leyes que se puedan aplicar y votar en el Parlamento, el tema pasa por las políticas que asuma el Gobierno.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: a pocos metros de aquí hay un campamento de agremiaciones rurales que levantan una bandera de la que muchos se han reído y que dice: "Rentabilidad o Muerte". Con anterioridad, los Gobiernos garantizaron a distintos sectores del país rentabilidad para poder vivir. En este proyecto de ley, al menos para el caso de la megaconcesión, se garantiza la rentabilidad, demostrando que esa es una tarea del Gobierno. Insisto, el concesionario, el prestamista y las demás sociedades anónimas que se autorizan para otras concesiones, tienen asegurada la rentabilidad. Quiere decir que esa bandera y exigencia que a esta gente se ha negado sistemáticamente en aras de una filosofía económica -para mí una doctrina, un dogma- se va a sancionar en este proyecto de ley.

Por ese motivo, he votado negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- (Reducción de aportes a las obras privadas).- Los propietarios de las obras privadas del sector de la construcción que construyan al amparo del régimen de propiedad horizontal o con declaración de interés turístico o nacional, iniciadas antes del 31 de diciembre de 2003 o que estando suspendidas a la fecha de la promulgación de la presente ley se reinicien antes del 31 de diciembre de 2003, pagarán en concepto del Aporte Unificado de la Construcción previsto en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, una alícuota del aporte unificado del 50% (cincuenta por ciento). Este beneficio también alcanzará a las construcciones que sean propiedad de cooperativas de vivienda.

Las viviendas nuevas que se construyan fuera del régimen de propiedad horizontal, en las condiciones establecidas en el inciso precedente, pagarán en concepto del Aporte Unificado de la Construcción una alícuota que no superará el 62% (sesenta y dos por ciento).

El beneficio previsto en los incisos anteriores regirá para los aportes que se devenguen desde la vigencia de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2005."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR BORSARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORSARI.- Señor Presidente: no podría dejar pasar esta sesión sin referir a los tres primeros artículos en virtud de que con muchos compañeros de nuestro Partido hemos dado una larga lucha para tratar de implementar esta iniciativa. Con los señores Senadores Heber, Larrañaga y Gallinal presentamos al señor Ministro de Economía y Finanzas, hace más de un año, en forma independiente de toda otra norma, un proyecto de ley en este sentido. Sin ninguna duda, ello estaba anunciando una realidad que en el país se veía, que era la desocupación y la inactividad en una industria multiplicadora por esencia, como es la de la construcción. En aquella oportunidad advertimos, por medio de varios planteos, además de haber presentado la iniciativa en los más altos círculos del Estado e incluso por intermedio del Directorio del Partido Nacional, sobre la alarma que había en el país por la desocupación.

Hoy hemos comprobado que miles de compatriotas que operan en esta industria están parados. Cuando advertíamos al país y al Poder Ejecutivo que cobrar el 102% de cero es igual a cero, lamentablemente teníamos razón. Por eso ahora se está aprobando esta norma, que establece una rebaja sustancial, como señalaba con énfasis el señor Senador Heber. Esta reducción, por lo menos, va a dar el marco a los agentes económicos y a las familias para que haya inversión, porque en nuestro país, nuestros abuelos -y nuestros padres, muchas veces, si no casi todas- han invertido sus ahorros en la construcción, en tener propiedades que les dieran una renta en su vejez. Y esto, además de ese beneficio, oficiaba de multiplicador de la economía. Hoy, obreros de la construcción, carpinteros, sanitarios, transportistas, etcétera, están parados; las barracas no trabajan y hay una multiplicación ad infinitum que ha trancado la economía. Basta con decir lo que ha señalado el señor Senador Heber -y que nosotros hemos repetido con insistencia- en cuanto a que en el presente año solamente dos permisos de construcción de edificios han sido presentados en la Intendencia Municipal de Montevideo. Esto nos da la pauta de que esta industria está parada, congelada. Y, ¿qué es lo que hacen los países que tienen una economía en serio cuando quieren reactivarla? Me refiero, por ejemplo, a la economía que es el motor de buena parte del mundo, que es la de Estados Unidos. Cuando hay que reactivar, siempre toman dos medidas que son un axioma: bajar las tasas de interés y reducir los impuestos. "Más vale tarde que nunca", decía mi abuela; lo estamos haciendo ahora, y ojalá que estas medidas tengan respuesta en los inversores, en los agentes económicos y también en los particulares, porque no olvidemos que esto le va a servir, por ejemplo, a quien se quiera hacer una casa en Guichón, ya que va a poder ahorrar más del 40% de los aportes, y esta es una rebaja del costo.

Además, se ha agregado al proyecto original que habíamos presentado la idea -a la que saludamos y damos la bienvenida- de incluir a las cooperativas de vivienda en esta dinámica.

Queremos creer que estas medidas van a contribuir a reactivar el país, pero si ello no ocurre habrá que estudiar otras, porque según los datos de que dispongo hay en el Uruguay entre 60.000 y 80.000 parados en la industria de la construcción, lo que significa que estamos ante un problema nacional. Pienso que, con estos primeros tres artículos, vamos estar dando el marco para que en el país se pueda invertir.

Nos está restando otro tema, que es el de la obra pública en cuanto a vivienda. Seguramente la discusión de este asunto, que corresponde al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Banco Hipotecario del Uruguay, se va a dar en otro momento, pero sin ninguna duda tiene que ser complementaria de ésta, porque como decía el señor Senador Pereyra, la inversión pública, sobre todo en vivienda, ha sido en el último siglo uno de los motores, de los multiplicadores de la economía de nuestro país.

Por todas estas razones, vamos a votar con beneplácito y satisfacción, luego de una larga lucha, estos primeros tres artículos de este proyecto de ley de reactivación.

SEÑOR NÚÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- También yo voy a hablar de los tres primeros artículos en conjunto, dado que contienen un mecanismo de incentivo similar para la construcción y la venta de viviendas. El primer artículo establece la reducción de los aportes patronales y personales de las obras de la construcción. El artículo 2º, en tanto, dispone la reducción de los intereses que se cobran por los préstamos destinados a la primera enajenación o promesa de enajenación de unidades de propiedad horizontal. Y el artículo 3º prevé la exoneración, en similares condiciones, del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales.

Es cierto que, como dijo el señor Senador preopinante, cuando hay baja de la actividad económica, uno de los mecanismos que se utiliza es el de los incentivos fiscales, es decir, la reducción de impuestos o aportes, pero también suelen emplearse estímulos de otro tipo, como la inversión en obra pública y, en el caso de Estados Unidos -que también se mencionó-, en la industria del armamento, que es muy importante. De modo que hay mecanismos muy distintos.

Estos tres artículos son incentivos para la construcción porque rebajan los costos de la mano de obra, en la medida en que se disminuyen los aportes al Banco de Previsión Social y se reducen impuestos. Pero el problema aquí es que no se trata sólo de rebajar costos. Es verdad que el 120% de cero es peor para la recaudación que el 50% de algo, pero si bien vamos a votar estos artículos -porque creemos que por lo menos son un intento de ayuda-, me parece que hay que tener claro que el problema de hoy en la construcción no es exclusivamente por falta de incentivos o por costos. Más bien es un problema de falta de demanda y de exceso de stock de viviendas. Se trata de apartamentos, construcciones de propiedad horizontal y otro tipo de edificaciones que fueron realizadas a costos muy altos, pero que hoy en el mercado, por la crisis económica y la recesión, seguramente se estén vendiendo muy baratos, y ni que hablar de los que se están vendiendo a través de juicios, que muchas veces se regalan en los remates.

Entonces, si bien nos parece que el mecanismo de incentivo de rebaja de costos, de exoneración de impuestos, es una ayuda a la reactivación o tiende a la creación de alguna obra más y en consecuencia puestos de trabajo, opinamos que lo fundamental es generar un aumento en la demanda, lo que obviamente no es posible en esta situación de recesión.

En base a estas consideraciones, a pesar de que relativizo la importancia que esto puede tener en la reactivación de la industria de la construcción, por entender que va en buen camino la intención de estos tres artículos, es que los vamos a votar afirmativamente.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en ocasión de la discusión general, anuncié que iba a votar este artículo y mencioné las dudas que tenía al respecto en cuanto a que fuera efectivamente un instrumento útil para la reactivación de la industria de la construcción. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho acá con relación a la parálisis. A su vez, he escuchado al Presidente de la Liga de la Construcción anunciar que para el mes de setiembre, si no surgen mecanismos para la reactivación de la industria, la parálisis iba a acercarse al 70% del personal que estuvo ocupado años atrás en esta área, con las consecuencias que esto trae no sólo para la construcción sino también para la constelación de industrias y servicios que se mueven en torno a ella; me refiero a la madera, al hierro, la sanitaria, la electricidad, los transportes, etcétera. Creo que se trata de una situación muy grave y cuando este dirigente de la Liga de la Construcción analizaba el mecanismo de desgravación o disminución de la carga tributaria, decía que serviría si realmente se diera la reactivación, porque actuaría como un elemento que contribuiría a alentar el desarrollo de la industria si hubiera empleo. Existen aportes cuando hay empleo y en ese caso se pueden rebajar; en cambio, si no hay aportes, no hay forma de que este mecanismo funcione.

Por lo tanto, creo que es menester introducir en el proyecto algunos mecanismos que permitan la utilización de recursos existentes ya previstos por la ley para que se vuelquen a la actividad de la construcción. En este sentido hay dos mecanismos previstos por la legislación existente. Uno es el que tiene relación con el Fondo Nacional de Viviendas, que se construye fundamentalmente con los aportes que todos los activos de este país realizan en un 1% o un 2% de acuerdo con su remuneración. Una parte de ese impuesto a los sueldos tiene como destino el Fondo Nacional de Vivienda y vale la pena destacar que se recauda tanto en la actividad privada como en la pública.

Cuando se discutió el Presupuesto, estimamos que el volumen que podía recaudarse por este mecanismo, de acuerdo con las estimaciones que había proporcionado el propio Gobierno, no era menor a U$S 80:000.000 al año. Esta es una recaudación que hace el Estado con destino a la construcción de viviendas y existe otra -que expliqué en la discusión general- relativa a los descuentos que se efectúan a los jubilados y pensionistas, para atender a aquellos jubilados carenciados que no tienen medios para disponer de una vivienda. Se trata de viviendas que se construyen por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y que se otorgan en calidad de lo que podríamos llamar un comodato o un usufructo del cual dispone el jubilado hasta su fallecimiento. A partir de ese momento se vuelve a disponer de esta vivienda para ser entregada a otra persona que esté en la misma situación que la anterior. A estos efectos existen listas y cierta reglamentación para que estas viviendas se otorguen con justicia.

Creo que estas obligaciones que tiene el Estado -porque la ley así lo dispone- no se han cumplido. En primer lugar no se cumplen en el caso de la recaudación para el Fondo Nacional de Viviendas porque el Ministerio de Economía y Finanzas dispone a placer, ya que cuando lo cree conveniente inyecta los fondos que recauda por el impuesto a los sueldos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y le da instrumentos para llevar adelante la política de vivienda, y cuando cree que tiene que disponer de esos fondos para otros fines, los usa, cuando en realidad no debe hacerlo.

En el año 1995, cuando discutimos el Presupuesto, escuchamos argumentos de una perversidad total, porque se nos decía que si se inyectaban todos los recursos que se obtenían a través de la recaudación del impuesto, la economía se podía recalentar. Cuando solicitamos que se nos explicara qué significaba esto, se nos dijo en forma muy sencilla -aquí hay señores Senadores que escucharon estos argumentos por parte de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y también de algunos Legisladores- que la economía se recalienta porque si hay demasiada cantidad de viviendas en construcción, la demanda de mano de obra va a ser muy intensa y, en consecuencia, la presión en la demanda va a determinar que aumenten los salarios, y si esto sucede crece la inflación. De modo que no inyectar los recursos era un mecanismo no para construir viviendas, sino para que no se incrementara la inflación porque se recalentaba la economía, lo que era de una perversidad absoluta.

Allí, con mucho esfuerzo, conseguimos una solución para una parte del tema, que era la construcción de viviendas para jubilados. La estimación exacta que se hizo en 1995 era que se recaudaban U$S 30:000.000 con ese fin.

Existió un largo período de recaudación de este impuesto -creo que data del año 1987- de por lo menos ocho años en el que tampoco se vertía por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la construcción de viviendas. Nosotros conseguimos que se introdujera en el Presupuesto una disposición que obligaba al Banco de Previsión Social a depositar en una cuenta especial del Banco de la República lo recaudado, la que se votó afirmativamente. Cuando en el año 2000 discutimos este Presupuesto que está en vigencia, el Director Nacional de Vivienda, ante nuestro pedido de explicación acerca de cuánto se disponía en ese Fondo, nos dijo que la cifra rondaba los U$S 70:000.000, y cuando lo consultamos acerca de por qué no se utilizaba, nos contestó que ese Fondo estaba constituido no por dinero en efectivo sino por Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería.

Imagine, señor Presidente, que en la actualidad el Fondo está reducido a la mitad en su capacidad de compra porque los Bonos y las Letras de Tesorería hoy están a la mitad de su valor en el mercado con respecto a lo que valían antes. Esto fue así en el momento en que se quiso comprar porque me hago cargo que el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente disponiendo de esos fondos y sabiendo, además, el Ministerio de Economía y Finanzas que los tiene, debe haber dicho "cómpreme tal cantidad de Bonos porque necesito efectivo para pagar las cuentas del Estado". Esta es también una perversión del mecanismo, porque de esta forma difícilmente el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente pueda construir y llevar adelante sus planes.

En consecuencia, creo que a este artículo 1º hay que agregarle un par de incisos que le inyecten recursos a la construcción. Personalmente he redactado un texto muy conciso que establece lo siguiente: "El Ministerio de Economía y Finanzas verterá mensualmente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la totalidad de los recursos que se recauden para el Fondo Nacional de Viviendas.

El Banco de Previsión Social tendrá igual obligación con los fondos recaudados para las viviendas de jubilados y pensionistas. Los fondos deberán retenerse en efectivo en la cuenta especial existente en el Banco de la República Oriental del Uruguay."

Estoy seguro de que si se cumplen estos dos requisitos, la industria de la construcción va a poder disponer por lo menos, aún con la recesión que hay, de U$S 50:000.000 o U$S 60:000.000 más al año, provenientes de su utilización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Voy a hacer llegar a la Mesa esta propuesta, que creo que puede ser compartida por todos los señores Senadores, en virtud de que representa una justicia total. Además, no supone cargas adicionales, ya que lo que se establece es un mecanismo para utilizar los recursos existentes en los destinos previstos por la ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Singer.

SEÑOR SINGER.- No sabía que el señor Senador Gargano iba a proponer un aditivo. Me pareció escuchar que había consenso en torno a los tres primeros artículos e iba a proponer que se votaran en bloque, suprimiendo la lectura a efectos de agilizar un poco la discusión particular. Creo que igualmente esto podría hacerse, sin perjuicio de votar por separado la propuesta del señor Senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Están anotados otros dos señores Senadores para hacer uso de la palabra, pero posteriormente podemos tratar ese asunto.

Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Simplemente, para dejar constancia de que si bien este artículo 1º es de los que pudiera dar más empleo y fuentes de trabajo, de acuerdo con la redacción que tiene abarca una parte de la operativa de la construcción y no toda. Cuando hay una oferta importante de viviendas nuevas y una demanda restringida, este artículo tal cual está redactado alcanza a la construcción nueva y deja de lado todo el resto de la construcción. Además, en varias oportunidades, a nivel de la Comisión sostuvimos que a partir de las miles de decisiones que puede haber en este momento si esto abarcara las reformas de vivienda, aunque no sean viviendas nuevas, en volumen cada una de las construcciones puede ser superior a la propia vivienda nueva. A esos efectos, en algún momento estuvimos manejando la idea -incluso para hacerlo más beneficioso- de autorizar al Poder Ejecutivo a exonerar en este tema al resto de la construcción que aquí no se detalla. Aparentemente esto no generaba consenso y, en esta circunstancia, no queremos provocar ningún tipo de mecanismo que trabe este proyecto de ley que las mayorías están llevando adelante.

En consecuencia, vamos a votar este primer artículo con la constancia mencionada. Creemos que si se quiere dar empleo habría que ampliar esto a toda la construcción, aunque se manejaran en el tema de la reforma, plazos más breves.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Durante la discusión general señalaba que hay algunos artículos que por sí mismos, solos, aislados, sin otras políticas más agresivas para aumentar determinadas actividades, no sirven. De todas maneras, aunque sirviera para un puesto de trabajo, para alguna posibilidad u obra, estaríamos dispuestos a acompañarlo, tal como hicimos con otros en oportunidad de tratarse otras leyes que lamentablemente no han servido para reactivar. Esto es así porque aplicados como instrumentos solitarios no sirven para eso.

De todas maneras, sobre este artículo tenemos una preocupación que quizás el Miembro Informante pueda resolver. Acá se plantea la reducción de los aportes en un 50% para un caso, y en un 62% para otro. Cuando concurrió el Sindicato Unico de la Construcción (SUNCA), realizó un planteo en la Comisión y preguntó sobre los beneficios que sirve el Banco de Previsión Social y que, en definitiva, podrían verse afectados por esta disposición. Hicimos las consultas correspondientes con el equipo de representantes de los trabajadores en el Banco de Previsión Social y nos señalaron que de acuerdo con las normas que la institución tiene desde hace tres años, los beneficios se sirven en función de los aportes realizados. Esto es que en el caso de la alícuota del Aporte Unificado del 50%, no estaría cubriendo la posibilidad de atender el conjunto de los beneficios, por las propias disposiciones que el Banco tiene. Frente a esta dificultad habría tres posibilidades u opciones, pero queremos saber cuál de ellas es la que estamos votando. Una sería que directamente aumente el déficit del Banco de Previsión Social en el caso de que esto comience a actuar. Otra salida es que la diferencia se pague por la transferencia que Rentas Generales hace al Banco de Previsión Social. Finalmente, la tercera posibilidad es que los beneficios se reduzcan en función de lo que el artículo está planteando.

En lo personal no me inclino por ninguna de las tres opciones porque, en definitiva, si bien la transferencia al Banco de Previsión Social podría ser una salida, también es verdad que estamos hablando de una especie de círculo vicioso porque la plata de algún lado sale. En consecuencia, si se hace una transferencia para cubrir el déficit que podría estar generando la aplicación en la práctica de este artículo, en última instancia se está cubriendo esa diferencia con lo que pagan activos y pasivos. Por lo tanto, también se está cubriendo con el que consume y con todo lo que se le recauda a la población para luego volcarlo al Banco de Previsión Social.

Quisiera que quedara expresamente dicho, si es posible en el mismo artículo, que en ningún caso se van a afectar los beneficios que reciben los trabajadores y que son servidos por el Banco de Previsión Social. Pueden ser cantidades grandes o pequeñas; a lo mejor esto actúa en una pequeña medida a nivel de las obras privadas que pueden ser pocas o muchas. De todos modos sería importante que quedara asegurado que en esa resolución que existe, de que se paga en función del conjunto de los aportes que se realizan -y aportes terminados que equivalen al conjunto de los beneficios-, quede expresamente dicho quién va a compensar esa diferencia. En el caso del 50% me señalan que para poder servir todos los beneficios tendría que tener un 63% o un 65% de alícuota.

Planteo esto como una preocupación y me gustaría que quedara estipulado qué es lo que va a pasar en el caso de los beneficios y, en ese caso, estaríamos acompañando el artículo, con todas las dudas que de todas maneras nos merece.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Voy a empezar por el final, contestando a la señora Senadora Arismendi, y me parece que es una buena pregunta para aclarar definitivamente esta situación.

No creo que sea conveniente dejar esto aclarado específicamente en el artículo, porque hasta ahora las cargas salariales que conforman el aporte unificado a la construcción representan el 62%. Por eso, de alguna manera están subsidiados o exonerados los aportes que hace la obra pública cuando el destino es la educación y la salud; así, el aporte unificado se transforma en el 62% para no afectar las cargas salariales y no quitar beneficios a los trabajadores.

En una primera instancia habíamos llegado a esta cifra por un acuerdo con el Poder Ejecutivo para, reitero, no afectar las cargas salariales, pero entendíamos que se hacía necesario un esfuerzo mayor de subsidio -esto es, un aumento de las transferencias de Rentas Generales al Banco de Previsión Social, sin afectar, por lo tanto, los beneficios- y, de esa manera, el Poder Ejecutivo bajó del 62% al 50%. Entonces, donde hay una carga, pierde de recaudar el Poder Ejecutivo, ya que ha habido rebajas del aporte unificado que en estos tiempos lo han llevado del 102% a poco más del 90%. Ese porcentaje se puede llevar al 62%, donde el perjuicio es perder recaudación y luego, del 62% al 50% -como quedó convenido con el señor Secretario de la Presidencia, doctor Raúl Lago- se llegaba mediante un subsidio por el aumento de las transferencias de Rentas Generales al Banco de Previsión Social, como dije, para no afectar los beneficios salariales que corresponden a los trabajadores por Seguro de Enfermedad, licencia u otros que conforman el aporte unificado hasta el 62%. Esto quiere decir que estamos hablando de un 12% de subsidio al aporte unificado.

Este fue un artículo muy problemático, en el que llegamos a un entendimiento -y no tengo por qué ocultarlo- dificultoso. Hasta último momento estuvimos pensando las nuevas redacciones como para poder incluir algo más. Entonces, toda modificación que apunte a mejorar el tema de la construcción genera problemas de entendimiento. Como dijo el señor Senador Borsari, hace más de un año que venimos discutiendo este tema.

El señor Senador Gargano presenta dos aditivos que nos sentimos tentados a votar, pero creemos que uno de ellos es más propio de la Rendición de Cuentas, oportunidad en la que vamos a discutir el tema de la inversión pública y a hablar sobre los recortes que se han hecho en esta materia, así como sobre los impuestos que se fijan por ley con un destino muy claro -como decía el señor Senador Gargano-que no han tenido afectación al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en función de los topes de ejecución que esta Cartera tiene actualmente. Este artículo y los otros dos atienden, más que nada, al sector privado de la construcción, y no al público, sobre el que vamos a discutir en la instancia de la Rendición de Cuentas. Para ello, el día lunes tendremos una reunión con el nuevo Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry, y con el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ingeniero Cat, en la que pretendemos aclarar las cuentas y analizar las dificultades que notoriamente debe tener Rentas Generales. Por supuesto, esta reunión no va a contemplar las aspiraciones del señor Senador Gargano, porque la va a mantener mi Partido, que además tiene la Cartera de Vivienda, y al que le preocupa -y mucho- la afectación y los topes de ejecución -que se acrecentaron- que le ha impuesto el Ministerio de Economía y Finanzas casi desde el comienzo de la gestión. Seguramente, con los recortes habrá un tercer tope que llevará a que la ejecución no llegue al 50% de sus posibilidades. Creo que el porcentaje está por ese entorno, lo que hace el problema más grave aún.

Personalmente, mantendré una entrevista con el señor Ministro de Economía y Finanzas porque, con el sentido de la realidad que debemos tener frente a la caída de la recaudación, y teniendo en cuentas las emergencias que existen, queremos analizar qué está pasando. Además, venimos pidiendo que si fuera del caso, en los temas que nos alejan del Poder Ejecutivo, en la instancia de la Rendición de Cuentas se tuviera un criterio selectivo con los recortes, de modo tal de poder liberar más recursos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a los que tiene derecho por ley. Por la falta de tiempo y por no consultar, los topes de ejecución vinieron en términos generales para toda la inversión pública y ello ha afectado tremendamente la ejecución de esta Cartera. En la reunión que tenemos pactada con ambos Ministros para el día lunes, pretendemos llegar a un entendimiento. No sé si llegaremos a los niveles que deberíamos alcanzar, y que se establecen por ley, pero sí pretendemos mejorar, por lo menos sustancialmente, lo que ha sido la reducción enorme que ha sufrido, en función de los topes que se han impuesto al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Quiero señalar nuevamente que no desconocemos que existe una caída de la recaudación, como tampoco desconocemos la problemática general, pero lamentablemente estos recortes -con motosierra y no con bisturí- que se hicieron en la Rendición de Cuentas, que nos alejan de sentirla como propia, llevan a que de esta gestión del lunes con los dos Ministros mencionados dependan muchas cosas del futuro.

Naturalmente, este aditivo es tentador para el Partido Nacional, pero no está enmarcado en el concepto que aquí estamos tratando -que es la reactivación de la actividad privada de la construcción-, sino que es un tema de la Rendición de Cuentas que empezaremos a estudiar el próximo lunes. Por esa razón, antes de empezar a tratar ese proyecto en Comisión, queremos reunirnos con ambos Ministros para ver cuáles son las posibilidades de mejora que podemos tener para esta Cartera, que cumple una misión social, reactivadora y empleadora muy importante. No estamos de acuerdo con el Poder Ejecutivo con respecto a los recortes que se han hecho, tanto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que lleva a la concesión, como en el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Al respecto, tenemos dos o tres ideas para plantear, una de las cuales presentaremos más adelante, concretamente en el artículo 64. Allí se posibilita que se optimice el subsidio que tiene esta Cartera para, en acuerdo con la financiación privada, generar y mejorar el Fondo de Viviendas. Es lo único público que se trata en materia de vivienda, pero en este proyecto siempre se relaciona con la financiación privada, para optimizar el subsidio que esta Cartera tiene. De todos modos, esto va a ser materia de discusión.

Lamento decir que estoy muy de acuerdo con el aditivo que presenta el Encuentro Progresista y que explicó el señor Senador Gargano, pero no puedo acompañarlo en esta instancia, porque es de otra naturaleza, está en otro tiempo y depende de otro acuerdo que necesitamos tener con el Poder Ejecutivo al respecto.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: este artículo ha sido muy discutido en Comisión y ha habido muchas propuestas sobre las cuales se ha ido avanzando, desde la original del Poder Ejecutivo que, como todos saben, se limitaba al sector de la construcción que se realiza al amparo del régimen de propiedad horizontal o con declaración de interés nacional o turístico. Ya de por sí, la rebaja del 50% del aporte unificado significa, como se dio a conocer en la Comisión, la necesidad de un subsidio importante de parte del Erario para poder llegar a estos límites; pero además, se fue ampliando para alcanzar, no sólo las construcciones de propiedad de cooperativas de viviendas, sino que al final, como bien se ha explicado, también se incorporó la vivienda nueva a una sustancial rebaja del aporte unificado, equiparándola a la que reciben las obras relacionadas con la educación y la salud públicas.

De manera que se ha avanzado en la materia en base a entendimientos, más allá de la voluntad de integrar más obras hasta alcanzar las nuevas, ampliando de esta manera el concepto que finalmente se acordó. En tal sentido, chocamos con la realidad, que demuestra que se ha sufrido y se sufre una importante baja en la recaudación a causa de los motivos por todos conocidos. De manera tal que señalo que no perdamos de vista dicha realidad. En las conversaciones que mantuvimos con el señor Ministro de Economía y Finanzas hemos aprendido acerca de las dificultades que estamos atravesando. Más allá de la buena voluntad que se pueda tener y de que, eventualmente, se agregue un inciso con un "facúltase" al final, que comprenda todo tipo de obra nueva y que autorice al Poder Ejecutivo, entendemos que no sólo debemos respetar los entendimientos a que se ha arribado para proponer este texto al Senado de la República, sino que también debemos tener en cuenta esa realidad, que para quien administra las finanzas públicas hoy en día, constituye un problema muy serio.

Por lo tanto, sugiero votar el artículo tal cual viene propuesto por la Comisión de Hacienda.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: como no he hecho uso de la palabra en esta sesión, y teniendo en cuenta que usted hizo referencia a que hoy es mi cumpleaños, alguien podría entender que por ese motivo no aparezco en la versión taquigráfica. Por lo tanto, no tengo más remedio que decir algo antes de la medianoche.

La verdad es que la fundamentación del señor Senador Borsari me obliga a hacer esta intervención. ¡Vaya paradoja!, voté este artículo y lo voy a volver a hacer, pero sin duda no acompaño ni una sola de las apreciaciones del señor Senador Borsari. En primer lugar, no acompaño el diagnóstico, porque éste siempre contiene dos cosas: por un lado, una breve descripción de un fenómeno y, por otro, su interpretación. La breve descripción es que la industria de la construcción está paralizada, que la desocupación es muy alta, etcétera. Esta es la descripción pero, ¿cuál es la causa de que la construcción se encuentre en esta situación? Muchas veces oímos que estamos cansados de diagnósticos y que queremos propuestas. En la realidad, generalmente no hay diagnóstico; hay una descripción del fenómeno sobre la que todos están de acuerdo porque es un dato objetivo y, normalmente, estadístico. Pero la interpretación de la causa o del porqué del fenómeno puede ser diversa.

El señor Senador Borsari hizo referencia a que la rebaja de costos va a ser fundamental para el avance de la industria de la construcción. En infinidad de ocasiones hemos votado rebajas de costos. Por ejemplo, había un problema de rentabilidad en las actividades productivas y siempre se decía que había que rebajar costos. Si bien nunca creímos en ello, lo hemos acompañado. Largamente lo explicitamos en la interpelación que le realizáramos al ex -Ministro Bensión y, por supuesto, no vamos a reiterar ninguno de esos elementos, pero el hecho concreto en el caso de la construcción -como mencionaron otros compañeros del Senado- es que el problema radica fundamentalmente en la demanda y no en los costos. Si se bajan los costos al sector privado, pero no hay demanda, sobran viviendas y hay stock de más; es muy difícil que se pueda reactivar el sector de la construcción. Eso es lo que dicen los empresarios de este sector: el problema es de demanda y no de costos. De pronto mejora alguna obra por esta baja de costos -y bienvenida sea para generar empleo-, pero en realidad el tema central pasa por el hecho de que en el sector de la construcción se está pidiendo inversión pública.

Sin embargo, por una decisión del Poder Ejecutivo, en el año 2000 la inversión pública descendió; por una decisión del Poder Ejecutivo, en el año 2001 la inversión pública descendió; por una decisión del Poder Ejecutivo -acompañada por el Parlamento-, en el año 2002 la inversión pública descendió, y en la Rendición de Cuentas viene una propuesta de un descenso, primero del 19%, y después del 28%. Esto es lo que muchas veces denominamos política fiscal procíclica: cuando hay más recesión, la multiplicamos y profundizamos bajando la inversión pública, aunque nosotros siempre sostuvimos exactamente lo contrario.

Recuerdo que cuando bajamos los aportes patronales de la industria manufacturera del 14% al 6% -es decir, ocho puntos-, el desempleo no sólo no bajó sino que se incrementó. Esto demuestra que no es la causa fundamental del problema de estas actividades productivas y del desempleo.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Correa Freitas)

- Por último, el señor Senador Borsari habló de la economía motor, de la que lidera, la de los Estados Unidos, y dijo que cuando está en recesión rebaja la tasa de interés, y es verdad; y a veces también rebaja los impuestos. Esto tiene mucho que ver: cuando la cosa funciona bien, se supone que la causa es la ideología que uno pretende. Muchas veces leemos en la prensa: "El Sudeste asiático avanzó". Se dice que si esto es así es porque se abrió el mercado y hubo liberalización; sin embargo, es todo lo contrario, porque no hay mayor intervención del Estado que en el Sudeste asiático. Sí creció en un período determinado, y algunos economistas dijeron que era porque se había abierto la economía, se había liberalizado, desregulado, privatizado, etcétera; sin embargo, nada de esto se hizo en el Sudeste asiático.

También recuerdo que en un mes de enero asumió Clinton la Presidencia de los Estados Unidos y que en febrero hizo un discurso diciendo que había que cambiar el modelo porque había un problema de desempleo, y que para resolverlo había que hacer obras de infraestructura. De esta manera, planteaba una inversión pública de U$S 30.000:000.000, diciendo que la iba a financiar con la alícuota del mayor nivel de ingreso del impuesto a la renta a las personas físicas. Recuerdo que manifesté esto en muchas oportunidades acá en Sala y dije estar de acuerdo con esa propuesta del Presidente Clinton.

El 11 de setiembre, en los Estados Unidos, después de las acciones terroristas, bajó el nivel de consumo, de turismo y de transporte aéreo, fruto de la situación imperante y de los temores, y el Gobierno decide aumentar el gasto público, cosa que hace en la industria armamentista.

Este es el elemento central que permitió en el año 2002 un crecimiento en los Estados Unidos, pese a los actos que ocurrieron el 11 de setiembre.

De manera que -¡oh paradoja!-, estoy fundamentando todos los elementos distintos a los que escuché con anterioridad, pero nosotros, pese a que no sentimos que este sea un punto central, igualmente lo vamos a acompañar, tal como lo hicimos con todas las rebajas impositivas que se plantearon en los últimos años sin resultados concretos para el país.

SEÑOR BORSARI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORSARI.- En realidad, señor Presidente, para contestar múltiples alusiones. Al parecer, en virtud de su cumpleaños, el señor Senador Couriel se ha concedido algunas licencias porque, a pesar de no estar de acuerdo con nada, va a votar estos artículos. Ahora bien, el señor Senador se declara creyente en el sistema de la oferta y la demanda y dice que el problema es de demanda y no de costos. Sin embargo, la asociación de promotores privados del Uruguay -que habrá estado en el Senado, tal como lo ha hecho en múltiples oportunidades en la Cámara de Representantes para ver a los Legisladores- es la que, precisamente, demanda estas medidas, debido a la paralización de la industria de la construcción. Lo cierto que son ellos los que han llevado adelante esta idea.

Entonces, sin ninguna duda, nosotros estamos siendo sensibles a las solicitudes de un sector de la economía que consideramos muy importante.

Ahora bien, el señor Senador Couriel pide inversión pública, además de la privada. Quiero decir que nosotros estamos de acuerdo con esto y, tal como lo ha señalado el señor Senador Heber, cuando consideremos la Rendición de Cuentas haremos los planteos pertinentes respecto del sector vivienda; y lo vamos a hacer con firmeza, a los efectos de que este sector tenga el impulso desde el punto de vista público, como lo va a tener desde el privado. Así lo hemos dicho cuando fundamentamos nuestro voto respecto de estos tres artículos y lo reiteramos ahora.

Sin embargo, en este momento no se trata de la inversión pública que pueda hacer el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Banco Hipotecario del Uruguay, sino que lo que importa es instrumentar un sistema para que los particulares, los agentes privados, puedan tener el marco adecuado para invertir y, tal como lo ha señalado la señora Senadora Arismendi, si esto ayuda a que podamos crear aunque más no sea algunos puestos de trabajo, creo que ello va a significar mucho más de lo pensado. Demos pues, entonces, este marco que se plantea. No seamos agoreros del futuro, seamos positivos, y si esto no camina en el futuro estudiaremos otras medidas para incentivar la industria de la construcción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Singer, en el sentido de que se voten en conjunto los artículos 1º, 2º y 3º y que se suprima su lectura.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una consulta.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Pregunto a la Mesa cuándo se va a votar el texto aditivo que hemos presentado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- El texto aditivo propuesto por el señor Senador Gargano y otros integrantes del Encuentro Progresista - Frente Amplio, se va a votar inmediatamente después que se voten en bloque los artículos 1º, 2º y 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1º, 2º y 3º y la supresión de su lectura.

(Se vota: )

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el texto aditivo al artículo.

(Se lee: )

"El Ministerio de Economía y Finanzas vertirá mensualmente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la totalidad de los recursos que se recauden para el Fondo Nacional de Vivienda. El Banco de Previsión Social tendrá igual obligación con los fondos recaudados para las viviendas de jubilados y pensionistas. Los fondos deberán retenerse en efectivo en la cuenta especial existente en el Banco de la República Oriental del Uruguay. Firman: los señores Senadores Arismendi, Couriel, Mujica y Gargano"

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota: )

-12 en 25. Negativa.

A continuación correspondería pasar a considerar el artículo 4º.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en primera instancia, solicitaría que votáramos la suspensión de la lectura de todos los artículos y, en segundo término, en virtud de que todo este tema de la refinanciación del Banco de Previsión Social, salvo el artículo 10, que provoca algunas observaciones por lo cual deberíamos discutirlo, que van desde el artículo 4º al 9º, diría que luego de dedicarnos a su análisis, votáramos en bloque, pues todos tienen que ver con la refinanciación. Por supuesto esta propuesta está sujeta a que algún señor Senador quiera tratar aparte alguno de los artículos. Sé que el artículo 10 ofrece reparos y merecería una discusión particular.

En concreto, formulo moción para que se suspenda la lectura de todos los artículos y para que luego de discutirlos se vote en bloque desde el artículo 4º hasta el 9º.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se va a votar la moción formulada en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos y se voten en bloque los que van desde el 4º al 9º.

(Se vota: )

- 23 en 24. Afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Estoy de acuerdo con el planteo del señor Senador Heber. Simplemente quisiera hacer una sugerencia al Senado con respecto al texto del artículo 4º y sustituir la expresión "las empresas" por "los contribuyentes". Creo que es una modificación más técnica y de este modo se comprende a todos los que son verdaderamente contribuyentes con el Banco de Previsión Social y se adecuan al objetivo que creo tiene el Poder Ejecutivo al proponer este artículo.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Es para manifestar, señor Presidente, que estoy totalmente de acuerdo con la sugerencia del señor Senador Larrañaga, por cuanto desde el punto de vista técnico el sujeto pasivo naturalmente es el contribuyente y, por lo tanto, es importante que la redacción recoja esa figura. Pero, además, si dejáramos que la redacción exprese "las empresas" estaríamos dejando afuera no sólo aquellas empresas que no son privadas, sino además a las Intendencias Municipales del país que también, como contribuyentes, pueden ampararse a este beneficio.

Por lo tanto, teniendo presente que la iniciativa del Poder Ejecutivo recogió, naturalmente al tiempo que había sido elevada, la fecha del 31 de mayo de 2002, propondría que se extendiera al 30 de junio de 2002.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Concretamente, la moción que plantea el señor Senador Brause es que en lugar de "31 de mayo de 2002" se establezca "30 de junio de 2002".

SEÑOR BRAUSE.- Simplemente quisiera agregar que si se aprueba la idea de sustituir la expresión "las empresas" por "los contribuyentes" habría que modificar la redacción y, en lugar de decir "deudoras", tendría que expresarse "deudores".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Será corregido por la Mesa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En la misma línea sugerida por el señor Senador Brause, me parece que también habría que adecuar la fecha del artículo 5º.

SEÑOR BRAUSE.- Exactamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 4º a 9º inclusive.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Señor Presidente: el artículo 10 aborda un tema harto repetido en la legislación, tema recurrente en el Parlamento. Aquí se plantea una vez más, con una solución que, "corsi e ricorsi", es una vez para un lado y otra vez para otro. Esta oportunidad no cobran honorarios los curiales del Banco de Previsión Social.

No he de entrar al fondo del problema y he de aceptar el criterio que se expone en este artículo, criterio que tiene muchos bemoles y que seguramente va a provocar, inclusive, algún litigio que en su momento se aclarará. Pero aun tomándolo como viene, creo que debería tener otra redacción. En su parte final, como repararán los señores Senadores, se dice: "pertenecen al organismo, el que podrá disponer libremente el destino a dar a los mismos, incluyendo la renuncia a su percepción.". Este es un sistema que, realmente, ha de implicar un caos dentro del Banco de Previsión Social. Pensamos en el Directorio sometido a los requerimientos de quienes creen que pueden entrar en la distribución en la que válidamente pueden ser incluidos -y ¡vaya cómo hará el Directorio para decirles que no!-, o a la inversa: un Directorio que empieza a repartir fondos que no tienen destino legal alguno, excepto la voluntad del jerarca. Podemos ver, pues, que en una u otra apreciación se pueden cometer graves errores en el uso de esos fondos.

En función de ello, propongo una modificación con el alcance de que la expresión "pertenecen al organismo" -la "pertenencia" incluso no parece adecuada- sea sustituida por "corresponden al organismo, el que deberá reglamentar con carácter general el destino a dar a los mismos," -a los honorarios, por supuesto- "incluyendo la eventual renuncia total o parcial a los referidos".

Hay pues que reglamentar la norma, porque de no determinarse así, no sé cómo se va a escabullir el Directorio del Banco de Previsión Social de que en un caso cobre el 100%, en otro el 20% y en otro el 50% de los honorarios. Deberá reglamentarlo con carácter general -y bastante problema tendrá para hacerlo-, pero por lo menos se acogerá a su propia reglamentación general y objetiva.

SEÑOR BRAUSE.- Apoyado.

SEÑOR SINGER.- Apoyado.

SEÑOR HEBER.- De acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- En función de que el señor Miembro Informante está de acuerdo, se va a votar el artículo 10, con la redacción dada por el señor Senador García Costa.

(Se vota:)

- 19 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR FERNÁNDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNÁNDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: la inquietud que queríamos plantear con relación a este artículo titulado "Ventanilla única para trámite de inversores" y que, en líneas generales, implica una idea correcta, compartible, es que entendemos necesario la creación de algún mecanismo o forma de control lo más transparente posible sobre lo que, a través de este instrumento, de aquí en más -es decir, luego de aprobada la ley- se puede llevar adelante. O sea que por esto, que se denomina "Ventanilla única para los trámites de los inversores" -incluso nosotros lo conectamos con artículos posteriores en los que se establecen facilidades para que la iniciativa privada a través del Estado, del Ente Autónomo o Servicio Descentralizado, como dice el artículo 11 y otros en los que se habla de facilidades para plantear ideas de inversión, inclusive, por medio de concesiones-, por un lado, se aceleran trámites -y eso está bien- pero, por otro, se da un poder de enormes proporciones a este instrumento a crearse. Lo que nos parece indicado es que esté acompañado de mecanismos de control de la máxima transparencia posible, a los efectos de que ese poderoso instrumento, esa formidable palanca que se crea no dé lugar a problemas de la más variada índole.

Estas son, en general, las observaciones que queríamos hacer en torno a este artículo.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: es evidente que la premura en el trámite quizá me haga cometer un error; aunque me precio de tener buena memoria, puedo incurrir en un error.

Una disposición semejante a esta se discutió en la Ley de Inversiones -de eso tengo absoluta certeza-, y recuerdo que estableció un mecanismo similar. Por lo tanto, quizá el señor Miembro Informante me pueda decir si ya no existe una norma de esta naturaleza.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el Miembro Informante.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: es verdad que se le cometió al CEPRE en aquella instancia el estudio de una disposición para crear una oficina, en donde se hablaba de los Ministerios y donde se fijaban muchas condicionantes. Tanto es así, que no se hizo nada al respecto; esta es una de las cosas que el CEPRE tiene pendiente. Por eso se le comete al Poder Ejecutivo el establecimiento de mecanismos que simplifiquen, no metiéndonos en qué tiene que hacer ni dónde debe estar la oficina. Inclusive, la redacción original del Poder Ejecutivo también involucraba al CEPRE, pero nosotros quisimos que la discusión de esto la hiciera aquel.

Aquí se trata, simplemente, de una simplificación; no son facilidades, como señalaba el señor Senador Fernández Huidobro, quien me ha desilusionado porque si hay algo que admiraba dentro del anarquismo es aquello de menos Estado, menos burocracia, menos papeles. Creo, entonces, que él no le está haciendo mucho honor al viejo anarquismo, que vive y lucha todavía. Lo que busca esto es tener menos papeles, menos burocracia y, también, un lugar para que todos los organismos del Estado ayuden a la inversión y no que estemos paseando al inversionista por sus distintas oficinas. Eso es lo que se le comete al Poder Ejecutivo.

Es verdad lo que dice el señor Senador Gargano en cuanto a que ya se estudió el tema, pero no es el momento para entrar en los detalles de las otras normas que le cometen una serie de condicionamientos al CEPRE; tanto es así que no pudo reunir a nadie para poder instrumentar esta ventanilla única, que no se llamaba así sino de otra manera. Se hablaba de una oficina o repartición para atender todos los temas vinculados a la inversión, en términos generales. Así lo entendí yo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Quiero decir que no estaba tan despistado, ya que esa disposición existía; lo que sucede es que al organismo al que se le encomendó la realización de la tarea, no la hizo. El CEPRE es una oficina muy peculiar. Aquí hay una constatación. Creo que en este caso tampoco se va a lograr y puede correrse el riesgo de que suceda lo que señalaba el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Aquí se cumple lo que hoy leía el señor Senador Nin Novoa sobre la fuerza de las palabras, porque dice "Ventanilla única" y a cualquiera de nosotros, que detestamos y que padecemos el hacer todo tipo de trámites, nos suena hermosísimo. "Ventanilla única para trámites" es un nombre realmente atractivo. Resulta que se le comete al Poder Ejecutivo que establezca los mecanismos y, por otro lado, se dice "incluyendo la creación de un único organismo" -estamos creando un organismo y no se sabe cómo ni cuál va a ser; es más, el señor Senador Heber dice que no vamos a entrar en detalles- "que actúe como coordinador de las consultas y de los trámites que se deban cumplir ante cualquier oficina del Estado, propiciando la colaboración interinstitucional y la abreviación de los plazos y los procedimientos". Acá estamos creando un organismo. ¿Cómo se va a formar y a constituir? ¿Cuáles son las atribuciones que va a tener? ¿Cómo va a articular las distintas oficinas del Estado? No se dice nada al respecto.

Se mencionaba al CEPRE y yo le decía al señor Senador Gargano: de triste memoria. ¡Vaya si discutimos sobre el CEPRE y la reforma del Estado! ¡Lo que costó! Además, desde nuestro punto de vista no simplificó nada.

En este caso, la "ventanilla única" viene con un organismo colgado. Por tanto, no voy a votar la creación de un organismo que no sé lo que es, por más que su nombre sea muy atractivo, tal como se lo designa en el artículo 11. Si realmente queremos estudiar como simplificar todas estas cosas, debería formar parte de una verdadera reforma del Estado y no lo que se ha dado en llamar "Reforma del Estado". Tendríamos que saber cuáles son los trámites para inversores que queremos simplificar, de qué manera lo vamos a hacer y cómo vamos a coordinar esto con las distintas oficinas e instituciones del Estado. Por lo tanto, no le voy a encomendar una tarea al Poder Ejecutivo que no sé exactamente cómo va a funcionar, ni cuáles son las prerrogativas que va a tener. En realidad, la historia de las monstruosidades en el Estado, de la superposición de tareas, de las dificultades de los organismos y de todo lo que se ha dado en llamar burocracia, ha sido obra -durante más de un siglo- de quienes han estado en el Gobierno, de uno u otro partido, en toda su historia.

Por estas razones, deseo que este artículo se retire de este proyecto de ley, ya que estaría vinculado con la Rendición de Cuentas. Esta disposición no tiene nada que ver con la reactivación económica y productiva del país, pero está muy relacionada con las modificaciones presupuestales, por lo que, repito, debería incluirse en la Rendición de Cuentas que empezará a estudiarse la semana que viene.

Por lo expuesto, no vamos a acompañar este artículo.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¡Kropotkin, Bakunin y Heber un solo corazón! en esta sesión del Senado, donde se ven y se oyen cosas insólitas.

Quiero contestar la alusión porque también puede ser aclaratorio en el sentido de lo que hoy afirmé, al contrario de lo que opina la señora Senadora Arismendi, que evidencia que ni siquiera nuestra Bancada pudo discutir con paz, serenidad ni la debida reflexión estas cosas.

Por un lado, me agrada mucho el propósito que se tiene en cuanto a que elimina burocracia, pero a veces estamos elaborando leyes en medio de desconfianza: el que se quemó con leche, ve la vaca y llora. Me temo que la palabra "única", que me hace recordar a vertientes ideológicas distintas a las del anarquismo, termine, no para los planes, sino para las inversiones, en un gigantesco "GOSPLAN" manejado por cinco o seis condecorados burócratas, con el pecho lleno de constelaciones, que en esta materia manejen un poder inexorable.

Independientemente de que se someta a votación el artículo tal como está, me ofrezco para redactar una cláusula de un aditivo que después de donde se hace referencia a la eliminación de trámites innecesarios, diga "contemplando también la debida transparencia y control" acerca de lo que por esta ventanilla se deje pasar o no.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: como integrante de la Comisión de Hacienda apoyé este artículo, básicamente, porque es una expresión de buenos deseos. Creo que, en el fondo, lo mismo que pasó en la Ley de Inversiones, sucederá en este proyecto de ley. O sea que se trata de un conjunto de buenas intenciones que crea una coordinación eficaz de trámites -incluso centralizando en un solo organismo-, pero no va a ir más allá de eso. Por lo tanto, no le doy la trascendencia de estar votando un artículo que estaría creando un organismo. Tal como se observó en esta discusión, la Bancada del Encuentro Progresista no discutió esta disposición. No tengo reparos en cuanto al objetivo que persigue. Por lo tanto, votaré el artículo y luego el aditivo del compañero Fernández Huidobro.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11 tal como está propuesto por la Comisión.

(Se vota:)

-18 en 24. Afirmativa.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Simplemente, quisiera hacer un apunte a lo que ha dicho mi compañero, el señor Senador Núñez. Él dice que se trata sólo de una buena intención y yo le recuerdo que el camino al Infierno está empedrado de buenas intenciones.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: hemos comenzado esta sesión a las 10 de la mañana, por lo que llevamos más de doce horas de trabajo, y debo decir que algunos de nosotros ya tenemos unos cuantos años; hoy uno más. En realidad, se trata de 73 artículos y recién vamos a entrar a analizar el artículo 12 -que acarreará un poco de discusión- y luego entraremos en las disposiciones relativas al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Esto puede llevar mucho tiempo, sin duda. Además, todavía estamos lejos de entrar en la consideración de la megaconcesión.

Entonces, me parece que sería razonable en estos momentos que buscáramos alguna fórmula para poder descansar y reanudar la tarea cuando se entienda más conveniente. O sea que propongo que descansemos a partir de este momento y, por ejemplo, volvamos mañana a las 10 o en horas de la tarde. Si hay dificultades para continuar mañana, podríamos hacerlo el lunes, porque siempre tendríamos tiempo para que la iniciativa vaya la semana que viene a la Cámara de Representantes.

Dada la cantidad de horas que llevamos en sesión y la extensión de los artículos, repito que ésta me parece una propuesta razonable y estoy intentando ver si logramos un consenso, a los efectos de poder descansar después de esta larga tarea que hemos llevado adelante.

SEÑOR FAU.- ¿Cuál sería, concretamente, la propuesta del señor Senador Couriel?

SEÑOR COURIEL.- La propuesta sería pasar a cuarto intermedio y continuar, por ejemplo, mañana a las 10, pero escucho otras ofertas para postergar este análisis hasta el lunes u otra fecha.

SEÑOR FAU.- Esto no es un remate, señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Por supuesto que sí es un remate.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- La Mesa recuerda a los señores Senadores que deben dirigirse a ella para solicitar la palabra.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Quería formular moción en el sentido de que se pasara a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 10.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Astori.

(Se vota:)

- 11 en 23. Negativa.

En consideración el artículo 12.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: me propongo ser muy breve en mi fundamentación de la discusión particular.

En este artículo, se habla de la iniciativa privada y se faculta al Estado -y, obviamente, menciona alguno de los órganos componentes del Estado, para ratificar que en especial, también están comprendidos, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales, porque son parte del mismo, cosa que ya sabíamos- "a recibir iniciativas privadas a ser ejecutadas mediante concesión, sea a impulso de parte o mediante invitación de oficio.".

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Hay murmullos en Sala. La Mesa hace notar a los señores Senadores que está en uso de la palabra el señor Senador Núñez.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Nosotros, en la Comisión, criticamos este acápite por la falta de claridad y por tratar todo junto el tema de las iniciativas. Al mismo tiempo, también se da la visión de que esas iniciativas, por la sola voluntad del organismo de que se trate, se pueden convertir en concesiones. Entonces, por ese solo hecho ya quedaría facultado el organismo -en virtud de este artículo- a recibir alguna iniciativa para invertir en un servicio o en una obra pública y a darlos en concesión.

Nosotros planteamos la posibilidad de dejar bien establecida la diferencia entre, por un lado, la presentación de la iniciativa y, por otro, la autorización de la concesión. Esto es porque la autorización de una concesión tiene que cumplir con un conjunto de requisitos -algunos de ellos se incluyen en la Constitución, y otros en las leyes- y debe contar con determinados mecanismos para que se pueda llevar a cabo.

Esa mezcla de las dos cosas -me refiero a la recepción de la iniciativa y, al mismo tiempo, de la autorización de la concesión- de alguna forma no fue recogida en ningún momento por la Comisión, a pesar de que al menos en el señor Ministro de Economía y Finanzas había tenido una cierta receptividad. Tengo claro que la explicación que el doctor Atchugarry dio en la Comisión iba por el lado de que en este artículo quedaba absolutamente claro que la recepción de la iniciativa no implicaba, de por sí, la autorización para dar la concesión. Sin embargo, de la lectura que nosotros hacemos, esa mezcla, esa posibilidad y esa interpretación son posibles. Entonces, no queremos votar este artículo, no porque nos parezca malo que existan iniciativas privadas para invertir en obras y servicios públicos y para dar ideas a la Administración sobre qué cosas se pueden hacer con ellos. No estamos en desacuerdo con eso. Sí lo estamos con que esta redacción, de alguna forma, no deje claro el tema y dé lugar a interpretaciones diversas sobre si al mismo tiempo se está autorizando de cualquier manera, por el sólo hecho de ser presentada la iniciativa, y según la voluntad del organismo, a dar la concesión de la propuesta recibida.

Entonces, estando en desacuerdo con este acápite tal como está redactado -a pesar de que no nos negamos a que el Estado, a través de estos organismos, reciba iniciativas de todo tipo-, debo decir que votaremos negativamente esta disposición y, en consecuencia, tampoco el artículo 13 tiene validez para nosotros porque está vinculado al anterior.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: creo que el artículo que estamos considerando es uno de los más graves -si no el más grave- que contiene este proyecto de ley. De la lectura literal del acápite y del inciso 2º -llamémosle "inciso 1º y 2º" a lo que se ha denominado "acápite"- se desprende que allí se establece que se faculta al Estado a recibir iniciativas privadas. Supongo que se está refiriendo a la Administración Central, porque el Estado también son los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados. ¿Qué son los Entes Autónomos? ¿Actividad privada? Me dicen que no, que no es Estado, pero estoy deteniéndome en la estructura y en la forma de redacción del artículo.

Lo que importa es decir que aquí hay una facultad que se extiende a todo el Estado, a los Entes Autónomos, a los Servicios Descentralizados y a los Gobiernos Departamentales, de recibir iniciativas privadas para ser ejecutadas mediante concesión, sea a impulso de parte o mediante invitación de oficio. Se trata de dos modalidades: una, que un particular se presente y diga por qué no concesiona tal cosa; y, otra, que el Ente Autónomo exprese que tiene la voluntad de concesionar tal cosa. Eso es actuar de oficio, lo que significa que la propia entidad que va a hacer la concesión decide llamar a que se le presenten iniciativas. Esta es la interpretación ajustada del texto.

A renglón seguido, en el inciso segundo, se dice: "A tal efecto, la reglamentación establecerá las condiciones y requisitos a ser cumplidos por la Administración y los particulares en relación con la presentación de iniciativas privadas y otorgamiento de concesiones u otros mecanismos en virtud de dicho régimen." Literalmente se está diciendo en esta disposición que no sólo el Estado Central, los Ministerios, los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, las entidades que se rigen por otro sistema, sino también todos los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados -estoy hablando de UTE, ANCAP, ANTEL, del Puerto, entre otros- pueden recibir una iniciativa para dar en concesión, por ejemplo, la telefonía celular de ANCEL. Además, como dice el inciso segundo que acabo de leer, la reglamentación no sólo va a establecer las condiciones y requisitos a ser cumplidos por la Administración y los particulares en relación con la presentación de iniciativas privadas, sino también el otorgamiento de concesiones u otros mecanismos en virtud de dicho régimen. Es decir que estamos habilitando a que reciban la iniciativa, practiquen la concesión y la otorguen.

Entonces, yo me hago esa pregunta, porque supongo que este asunto encuadra en la manera de entender de los miembros de la Comisión. Por ejemplo, hicimos un planteo de referéndum con respecto al tema de ANCEL, pero vemos que ahora, mediante la concesión, se puede hacer el otorgamiento, al igual que en UTE, en ANCAP o en el Puerto, porque no hay ninguna limitación. No se me puede decir lo contrario, porque el texto tiene la extensión que he descrito. Me parece de una gravedad tremenda.

En el literal d) -lo marqué, porque se me intentó explicar que no era como lo entendía-, se dice: "el procedimiento competitivo y el contrato respectivo podrá adjudicarse por subasta pública,". ¿El contrato de qué? El de concesión. Es decir que se puede hacer absolutamente todo lo que se quiera. Es algo descomunal, desde el punto de vista de la autorización y de la latitud que se da al conjunto del Estado. Después el Presidente nos podrá explicar qué diferencia hay entre el Estado y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Sin embargo, cuenta poco la explicación, porque cuando uno dice "Estado" está comprendiendo absolutamente todo.

Leí el proyecto de ley con detenimiento, si bien tuve que hacerlo entre las 17 horas de ayer y hoy. En el literal f), se indica: "si el promotor se presentare al procedimiento competitivo sólo o integrado a un consorcio o sociedad, tendrá como única compensación el derecho a beneficiarse con un porcentaje no menor al 5% (cinco por ciento) ni mayor al 20% (veinte por ciento) sobre el valor ofertado,". Es decir que lo incluyen en la oferta, y le dicen: "Como usted presentó la iniciativa, le damos un beneficio de entre el 5% base y el 20%." Es algo de un tamaño descomunal. Lo leo y no puedo creer que se haya insertado pacíficamente esta disposición en el proyecto de ley. Luego, se agrega: "que deberá ser precisado en el pliego de condiciones particulares de acuerdo con la complejidad de la iniciativa." Creo que más claro y mejor interpretado que esto no hay nada. Pienso que deberían tomarse -aclaro que no es un consejo- precauciones con respecto a este asunto. Digo esto, porque la latitud de desarme del Estado que se puede hacer a través de este mecanismo es brutal.

He dicho esto y estoy más convencido que al principio de mi intervención en el sentido de que esto no debe figurar en el proyecto de ley. Incluso, adelanto desde ya que haré todo lo posible, por todos los medios constitucionales y legales, para que esto no quede vigente.

Nada más. Muchas gracias.

14) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Senado solicita prórroga de la licencia que le fuera concedida por el día de hoy, hasta el día 23."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 22 de agosto de 2002.

Sr. Presidente en Ejercicio de la Cámara de Senadores

Don Walter Riesgo

Presente.

De mi mayor consideración:

Solicito se me conceda prórroga por el día viernes 23 de agosto de la licencia que me fuera concedida.

Lo saluda atentamente,

Don Luis Hierro López, Presidente."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) REACTIVACION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y CONCRECION DE PROYECTOS DE INVERSION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se procede a la reactivación de los sectores productivos y a la concreción de planes de inversión.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: en la situación actual, el sistema de concesión es un contrato administrativo y, por ende, puede realizarse sin condicionamiento de clase alguna. Por estas normas del proyecto de ley ponemos condicionantes. La actitud natural del Parlamento estimamos debería ser entender correcto que se le pongan condicionantes a la Administración; por el contrario, hacerlo puede considerarse erróneo si se desea mantener una facultad irrestricta de concesionar para todos los organismos del Estado. ¿Es mejor que condicionemos o que sigamos con un sistema irrestricto de facultades para cada uno de los organismos del Estado que tienen ahora posibilidad de celebrar contratos de concesión? La respuesta es obvia: ¡Condicionémoslo! Es bueno que lo hagamos, porque resulta mejor para la actividad del Estado. Si el Senado resuelve no votarlo, ¿no habrá concesiones? No, señor Presidente; habrá todas las concesiones que cada organismo de los mencionados quiera realizar, sin estas limitaciones, porque desaparecen las que se proponen. Parece muy claro y, naturalmente, lleva a una votación positiva de este artículo.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: con los debidos respetos al señor Senador García Costa, que es una persona que tiene un profundo conocimiento de los mecanismos jurídicos del Estado, debo decir que está profundamente equivocado. En esta norma se otorga una facultad al Estado, a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como a los Gobiernos Departamentales, para realizar y dar concesión de obra pública. Aunque el señor Senador García Costa diga lo contrario, no estoy de acuerdo con él.

Además, dicho señor Senador se olvida de que hay servicios públicos que están monopolizados por el Estado, y por este mecanismo se rompe dicho monopolio. Se dice que "no se puede dar en concesión". ¿Se puede dar en concesión la refinería de ANCAP? Si no, ¿para qué hicieron la ley? ¿Para dar lugar a la formación de una sociedad anónima? ¿Por qué se incluyeron los artículos 612 y 613, si podía hacerse por concesión? Si en el Puerto se puede dar por concesión cualquier cosa, ¿por qué se incluyen disposiciones y hay una Ley de Puertos que dio expresamente la autorización para realizarlo?

Como decía, y lamento decirlo, me parece que quienes redactaron este artículo no cometieron un error, porque sabían perfectamente bien lo que querían y buscaban. Ojalá que el equivocado sea quien habla y no ocurra lo que acabo de expresar. Estoy convencido de que es como lo estoy planteando.

Por ejemplo, UTE podría dar en concesión la Represa de Baygorria o Rincón del Bonete, que es un servicio público y que ejerce en las condiciones que su Ley Orgánica establece. ¿Lo puede hacer? Creo que no y por este mecanismo lo va a poder realizar, ya sea porque se le ocurra y lo plantee de oficio o porque venga un privado que tome la iniciativa y le diga: "vamos a concederlo por subasta pública". Es lo que dice el texto del artículo y no tengo ninguna duda con respecto a eso.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Creo que el equivocado es el señor Senador Gargano porque en el tema del Puerto -ejemplo que él plantea-, ¿no se acuerda que se trató de hacer cuatro licitaciones y sin ley? No hubo ley y se hizo la concesión. Fracasó la licitación por otros temas. La ley se dictó porque se quiso instrumentar la subasta como un nuevo sistema para otorgar la concesión. Todo esto estaba regulado y planificado por el TOCAF.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto. Cedo el uso de la palabra para que le explique lo que pasa en Paysandú.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: no le voy a explicar lo que pasa en Paysandú sino simplemente lo que ocurrió con su puerto. Bajo el régimen de iniciativa privada se concesionó el Puerto de Paysandú, se licitó, y hay una empresa adjudicataria de la misma que lo está llevando adelante. Hay problemas de otra naturaleza en la adjudicación con la integración de las garantías que no vienen al caso, pero el régimen de concesión y de iniciativa privada está establecido en los textos legales. Existen determinadas áreas en las cuales hay restricciones porque está en el Marco Regulatorio de la Electricidad como, por ejemplo, el tema de la electricidad, de las represas, etcétera. Este es un asunto diferente en el área de la Administración Pública y la concesión de determinadas obras está dada por el régimen de iniciativa privada. Creo que aquí, como expresó el señor Senador García Costa, se está reglamentando, incluso, el porcentaje que marca la perspectiva de premiar al que impulsa la iniciativa privada para que nadie se aproveche de ella en un procedimiento licitatorio.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Hay que leer bien el artículo ya que no se puede empezar a leer la primera frase "Se faculta al Estado" y pasar a lo último. ¿A qué faculta al Estado y a los Entes Autónomos? A recibir iniciativas privadas para ser ejecutadas por concesión, pero no se otorga una facultad al Estado para concesionar todo. Repito que se le da la potestad de recibir para ser ejecutado en concesión. A tales efectos, señor Presidente, se reglamenta y establece todo un sistema para preservar la confidencialidad, que es lo que procura cuidar el artículo, y no la concesión. Aquel que elabora una idea gasta en estudiarla porque el Estado dice especialmente que no va a gastar nada ya que no quiere y no puede. Entonces, que venga la iniciativa privada con determinada idea que sea para concesionar y para ahorrar al Estado la inversión. En la fase de presentación la iniciativa expresa que el promotor asumirá los riesgos de su elaboración y no percibirá contraprestación alguna. Claramente esto significa que es el que tiene que estudiar y gastar. Más adelante dice que en caso de ser aceptada por la Administración, levantará la confidencialidad y retirará los estudios de factibilidad -ahora sí del Estado- lo que será llevado a cabo por el promotor a su cargo y controlado en su calidad y costo a plenitud por nuestra Administración. Luego se establece un plazo máximo y una audiencia pública para llamar a licitación para promover el procedimiento competitivo que se determine. En esa instancia le da el beneficio por lo que ha gastado en el estudio que ha realizado porque hasta ahora no ha pagado nada la Administración. No es ésta la que llama para concesionar porque ella lo determina, sino que llama a interesados para ver qué negocios plantean al Estado, el cual dirá que sí o que no. ¿Cuál es el inconveniente? En el literal f) del artículo 14 se expresa: "tendrá como única compensación el derecho a beneficiarse con un porcentaje no menor al 5% (cinco por ciento) ni mayor al 20% (veinte por ciento) sobre el valor ofertado." ¿Por qué esto? Porque gastó y los demás no. La otra competencia no gasta nada; se sirve de la idea, se hace el estudio de factibilidad y entra después a competir con quien ya venía gastando. Es exactamente lo mismo que hizo la Intendencia Municipal con la ampliación de la Avenida Propios cuando la dio a uno de los interesados que estudió...

SEÑOR GARGANO.- ¿A quién?

SEÑOR HEBER.- Averigüe en su Intendencia que dio beneficios a uno porque hizo el plan o el estudio del ensanchamiento de la Avenida Propios. Entonces, esa empresa tiene privilegios frente a quienes no lo hicieron. Pero si lo hacen allá está bien y si lo hacemos acá, está mal. Eso es lo que me irrita del razonamiento del señor Senador Gargano. Se desconfía si no lo hago yo; si lo hace otro está bajo sospecha. ¿Por qué? No desconfío de que haya habido nada malo en que se le haya dado un beneficio a la empresa que se adjudicó la concesión del ensanchamiento de la Avenida Propios. ¿Por qué voy a desconfiar si hizo un estudio de probabilidades y gastó? Entonces, se le da la concesión para hacer dicha obra.

Creo que está muy claro que hay que votar este artículo porque, de alguna manera, da la posibilidad de que lleguen ideas. Lo único que quiere decir esto es que haya interesados y hasta ahora no se nos ha ocurrido otra cosa. Quizás pueda haber una instancia en la cual un privado diga que puede hacer determinada cosa mejor que el Estado y le puede dar ganancias. Éste no está vendiendo nada, señor Senador; es una concesión por cuatro, cinco o diez años como se puso en la megaconcesión de los peajes. No se vende sino que se da para que se ejecute mejor y dé ganancias. Todo esto si el Estado lo aprueba ya que siempre tendrá esa potestad, amén de los argumentos que ha presentado el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: puedo estar muy mal informado, pero que va a haber un peaje de la Avenida Garzón al inicio de la doble vía de Propios, es la primera vez que me entero. Quisiera que me trajera la resolución de la Junta Departamental porque esto es una concesión. Si se hizo esto debe haber habido una votación por mayoría en la Junta Departamental. Creo que los Gobiernos Departamentales pueden hacer concesiones de acuerdo con el numeral 8º) del artículo 273 de la Constitución de la República, el cual leí hoy y volveré a hacer. Dice que la Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor y, además de las que la ley determina serán sus atribuciones las de otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes.

Este es el mecanismo por el cual los Gobiernos Departamentales pueden hacer concesiones; está en la Constitución y no se puede borrar con una ley.

De modo que aunque lo establezcan en este proyecto de ley, lo que rige está en la Carta.

En segundo lugar, el señor Senador Larrañaga ponía como ejemplo al Puerto de Paysandú. Este se dio en concesión como se va a dar la posibilidad de construir el de M´Bopicuá o se piensa licitar el de Punta del Este, porque la Ley de Puertos y las sucesivas leyes referentes a puertos otorgaron la facultad de hacerlo a la Administración Nacional de Puertos y no porque hubiera una disposición general que lo autorizara. Antes se ejercía en forma monopólica la función de administrar los puertos del país, y ahora no sucede lo mismo. Por eso pudo vender espacios; están todos los galpones -incluso los he recorrido- para estructurar el puerto libre. Además, hay muelles que están concesionados. Luego se hizo el llamado a subasta para la Playa de Contenedores, porque la Ley de Puertos lo autorizaba a hacerlo, y repito que no porque exista una disposición general como ésta que le permita hacerlo.

La conclusión que saco a raíz de la exposición del señor Senador Heber es categórica: ha dicho que se llamará a la iniciativa privada o la tomará un particular, sin necesidad de que actúe de oficio la Administración, Entes Autónomos o Servicios Descentralizados. Y luego de un procedimiento que está establecido acá, se dará en concesión. Si esta autorización se da para Entes que tienen monopolizados determinados servicios, se está rompiendo con los monopolios, porque con este instrumento se los está autorizando a hacer todo. La explicación que ha dado el señor Senador Heber cuando ha hablado de cinco, diez o quince años, es la misma que he dado yo: eso se va a poder hacer así, de acuerdo con esta disposición. Ahora no se puede.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR BRAUSE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Antes de concederle la interrupción al señor Senador Brause, quisiera explicar lo que he dicho sobre la calle Propios, porque se ha puesto en duda.

SEÑOR MILLOR.- Su nombre actual es Bulevar José Batlle y Ordóñez.

SEÑOR HEBER.- La concesión del Bulevar José Batlle y Ordóñez es entre Camino Lecocq y Coronel Raíz, y se trata del Contrato Nº 1.471. Está declarado de interés municipal por el señor Intendente en el Expediente Nº 3.199/01 y los Decretos Nos. 27.957 y 26.607. El "peaje sombra", que dijeron que no existía, se paga semestralmente, y el contrato es por valores presentes de los ingresos. El contrato establece en el artículo 102 que se puede ceder el contrato igual que lo que establece y pide la "megaconcesión". En éste se establece la preferencia para el ensanchamiento del Bulevar José Batlle y Ordóñez o Propios para Grinol S.A. del 5% de la ventaja. Si pierde, tiene derecho a esa mejora de oferta. Reitero que eso lo establece el contrato. ¡Es gravísimo! No, señor Senador, no es gravísimo; es lógico que lo haga la Intendencia, como así también que lo hagamos acá.

Le concedo la interrupción al señor Senador Brause.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: quiero manifestar que el señor Senador Miembro Informante lo ha expresado con total claridad y no hay que plantearse dificultades por lo que está sencillamente establecido en la redacción de este artículo. Lo único que persigue es la forma de estimular la presentación, evaluación y aprobación de proyectos que vienen de la iniciativa privada. Reitero que son ideas que vienen de los privados y que, por lo tanto, el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales pueden utilizar, y si cumplen con todo el procedimiento que aquí se establece, pueden conceder. En una palabra, pueden hacer lo que ya los organismos aquí mencionados han realizado porque el Derecho se los autoriza.

Como bien se decía, si ya está dentro de sus atribuciones el poder conceder los servicios que preste -y lo pueden hacer en forma general, cumpliendo con las normas lega-les-, acá estamos estableciendo un régimen que lo que persigue es aprovechar las ideas que puedan tener los particulares para llevar a cabo las obras o la prestación de servicios que, de todas maneras, podrían conceder estos Entes. No se debe confundir con la exclusividad en la prestación de los servicios públicos o monopolios. Ese es otro tema. La existencia de la exclusividad determina si ese servicio puede ser realizado por una persona pública o en forma de concurrencia con otras personas. Acá no se dice absolutamente nada, eso queda intacto. No quiere decir que se pierdan las exclusividades en materia de servicios públicos que puedan tener el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados o los Gobiernos Departamentales. De lo que estamos hablando es de dar un procedimiento especial que le facilite el desarrollo, la evaluación y la concesión a instancias de la iniciativa privada.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Como bien lo expresó hace un rato el señor Senador García Costa, se está reglamentando la iniciativa privada, que se va a ejecutar mediante concesión, obviamente en los casos en que sea procedente o en los que haya habilitación legal para ello. Esto lo leyó correctamente el señor Senador Gargano con respecto a los Gobiernos Departamentales, con la requisitoria de que las Juntas Departamentales intervengan. En el caso de la Administración Central, esto se aplica en los casos y en los objetos que corresponda. Se limita lo que ahora no está legislado, que es el régimen de iniciativa privada, que es un instrumento de enorme potencialidad para la Administración Pública en general, no para que la iniciativa privada haga lo que quiera o lo que esté prohibido por la ley concesionar, sino lo que esté permitido, estableciendo límites concretos. Esa es la interpretación de este artículo, señor Presidente. La interpretación del señor Senador Gargano no resiste la más mínima juridicidad. Lo digo con absoluto respeto, como sabe que le tengo el señor Senador Gargano. Estamos en el ámbito específico de un régimen de iniciativa privada; no se puede confundir el instrumento con el modo de ejecutarlo, que es el régimen de concesión. Reitero que no se va a poder concesionar cualquier cosa. Creo que, incluso sin norma habilitante, las Intendencias Municipales han acudido por analogía o interpretación a la iniciativa privada de algún grupo de empresas que quieren atender, por ejemplo, a los paseos públicos de una plaza -como sucede en muchas partes del mundo-, que son mantenidas por empresas mediante un canje de contrato de publicidad que se les permite hacer en ellos.

Creo, señor Presidente, que no se puede hacerle decir a este artículo lo que este conjunto de disposiciones no establece, en una materia que, repito, como lo expresó el señor Senador García Costa, legisla, limita, está reglamentando el régimen de la iniciativa privada, como el "nomen juris" de la propia disposición del artículo 12 lo está estableciendo. Esto lo expreso con la limitación de ser un mero "abogado de campaña", señor Presidente.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pienso que lo que voy a decir expresa lo que manifesté al principio de mi intervención, en oportunidad de la discusión en general, en cuanto a la falta de discusión, la rapidez, la velocidad y hasta cierta improvisación.

Independientemente de que hago mías las observaciones que compañeros de Bancada han hecho, miro el artículo y veo en él y en muchos otros una especie de tendencia de este proyecto de ley que viene como "escorado por estribor" en el sentido de la concesión de obra pública -o la concesión, ya que a veces ni siquiera es de obra pública-, como si en lugar de ley de reactivación mereciera el nombre de ley de concesiones.

En este artículo -y sirva como ejemplo lo que vengo diciendo, para contribuir a echar una mirada desde otro ángulo- se dice que se faculta al Estado a recibir iniciativas privadas. Me pregunto por qué no se dice sencillamente a recibir iniciativas. Porque una entidad pública también puede tener iniciativas -supongo- para con otra actividad pública. La Universidad, por ejemplo, puede tener una idea, una iniciativa como tal, para lo mismo que se dice acá, con relación a un Ente Autónomo o a un Municipio. Pero acá se ciñe a algo que se denomina privado, que puede ser una empresa o una persona y se descarta lo otro. Me estoy poniendo en el espíritu de quienes están de acuerdo. Pero luego se le agrega la condicionante de ser ejecutadas mediante concesión. ¿Por qué tiene que ser mediante concesión? Podría decirse mediante concesión o también mediante el Estado. Por eso digo que viene "escorado por estribor" en el sentido de ser ejecutadas por obra pública. Por ejemplo, si en el artículo 11 -el señor Senador Larrañaga dijo un nombre en latín que me dejó mal-, en vez de "iniciativa privada" dijera "iniciativa" o "iniciativas", podría auspiciarse, con la misma reglamentación, sin descartar esto -independientemente de que uno esté de acuerdo o no-, que se premiará toda iniciativa -privada o no- que mejore ahorrando o generando fuentes de trabajo cualquier cosa que el Estado esté haciendo mal, sin necesidad siquiera de llamar a licitación. Si la idea que tiene ejecuta mejor lo mismo que se está ejecutando sin gastar tanto y creando fuentes de trabajo, a quien la invente -público o privado- se le premiará de determinada manera. Porque si de lo que se trata es de reactivar, de ahorrar y de generar fuentes de trabajo, tanto da que la iniciativa sea forzosamente ejecutable por cesión de obra como que sea buena en el sentido de que mejora una parte sustancial de la gestión del Estado o de lo que éste está realizando, ya se trate de un Ente Autónomo, una Intendencia, etcétera, con los fines reactivantes que se buscan aquí.

Entonces hay como un desequilibrio y una parcialización de la mirada, que vienen tiñendo varias páginas de este proyecto de ley en un sentido escorado en torno incluso a lo que se quiere auspiciar, que es motorizar la riqueza creativa de quienes puedan tener iniciativas del más variado tipo para ayudar a salir de la situación en la que estamos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: en este artículo se habla de iniciativa privada, precisamente para privilegiarla en este caso como un instrumento a fin de generar fuentes de trabajo mediante el procedimiento de ejecución, que es la concesión.

Lo que expresaba el señor Senador Fernández Huidobro cuando preguntaba por qué no una iniciativa pública y hablaba de la Universidad, es otra cosa completamente diferente; es un asesoramiento que quizás en el marco de la gestión pública, la Universidad de la República pueda dar. Pero no es iniciativa en cuanto al instrumento jurídico iniciativa privada para desplegar una determinada actividad, y puse como ejemplo una práctica porque en el ámbito municipal es una de las que se utilizan para hacer, por el régimen de concesión, que los paseos públicos mediante la iniciativa privada sean mantenidos por instituciones financieras o de cualquier naturaleza, a las que se les paga por una publicidad. Esta es la realidad y la verdadera interpretación, señor Presidente, de este artículo.

No se puede apreciar esto con el subjetivismo de ver en todo este proyecto de ley que lo privado es lo que tiene privilegio por encima de todo, y por este mecanismo hacer concesionable lo que no se puede concesionar. Si mañana alguien se presenta por iniciativa privada para desplegar las funciones del Ejército Nacional, no lo va a poder llevar adelante. Es en todo lo que la ley habilite a ser objeto de la concesión. Creo que es un instrumento que va a facilitar el trabajo y la presentación de iniciativas de agentes privados, quizás en lo grande y en lo chico, que puedan generar mano de obra, reactivación y fuentes de trabajo.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- La redacción de este artículo, señor Presidente, fue desde luego muy elaborada por la Comisión y, como bien lo ha dicho el señor Miembro Informante, lo que persigue es aprovechar las ideas que provienen de la iniciativa privada. La circunstancia de que se haga expresa referencia a ella no quiere decir permanecer ajenos a las iniciativas que provengan de Entes públicos, como lo mencionó el señor Senador Fernández Huidobro, pero ello va de suyo ya que está implícito en las normas generales existentes. Lo que aquí en definitiva se persigue es recoger ideas que provienen de la actividad de aquellas personas que sienten que a través de esa iniciativa pueden estimular la presentación, evaluación y aprobación de proyectos, pero esto no excluye lo otro, que también se rige por normas generales. Está clarísimo. Si para recoger la sugerencia del señor Senador Fernández Huidobro hay conformidad en quitarle el "nomen juris" al artículo, no hay ningún inconveniente, porque seguimos estando dentro de la filosofía de lo que se persigue. También, eventualmente, se podría agregar en el primer inciso que se faculta al Estado, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales a recibir iniciativas privadas a ser ejecutadas mediante concesión o aquellas otras iniciativas que dentro de la Constitución y la ley pudieren presentar organismos públicos, no tengo inconveniente alguno en aceptarlo; pero eso sí, dejando el resto del articulado tal cual está previsto en la norma.

Esto sería así, simplemente para acceder a la sugerencia del señor Senador Fernández Huidobro, siempre que el resto de la disposición quede como está. Si se aviene a esa modificación, no tendría inconveniente en aceptar en el inciso primero una pequeña modificación que, en definitiva, aun cuando sea sobreabundante -a nuestro modo de ver ya está previsto en las normas que existen sobre la materia-, pienso que el señor Miembro Informante, de quien me gustaría escuchar su opinión, no tendría inconveniente en aceptarla, en aras de que se logre el consenso aquí en Sala para votar esta disposición.

SEÑOR FERNÁNDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- El precio que pide por mi idea el señor Senador Brause es muy alto. Si la idea es buena, amerita otro artículo, pero que me la tome si yo acepto la que considero mala, no. Las ideas son buenas o malas por sí mismas y no por el precio político o el trámite parlamentario que aquí se le pone. Me estarían contrabandeando si yo aceptara la otra propuesta que no comparto totalmente, a cambio de la que se reconoce como aceptable y viable. Dicho sea de paso, la he visto aplicada en muchos países en la práctica. Lástima que en este momento no está en Sala el señor Senador Larrañaga, porque de algún modo también aludió en este tema.

Debo decir que conozco universidades al lado de las cuales existen gigantescas instalaciones que llevan el nombre de determinados proyectos de interés para esos países centrales e importantes a nivel mundial. En esos lugares, las entidades universitarias como tales, o grupos estudiantiles autorizados por las universidades como tales, elaboran y patentan con la debida ayuda, inventos. Tetrapack, por ejemplo, el invento del envase de cartón que todos usamos en la actualidad, dio lugar a la creación de una gigantesca empresa, y lo mismo ocurrió con los que inventaron nada menos que el riñón artificial. Esto funcionó mediante la aplicación de ideas como la que he propuesto aquí y que, obviamente, no es mía sino que es bastante vieja. Por lo tanto, no resulta tan claro que no pueda ser posible que organismos oficiales también elaboren y auspicien en su propio seno la elaboración de ideas con relación a otros organismos, o a sí mismos.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Doctor Ruben Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- La verdad es que la historia del análisis de este artículo en Comisión revela que lo que aquí se intenta constituir como novedad sobre estas cuestiones es la posibilidad de recibir iniciativas, tal como lo dice su propio acápite. Pero también hay que reconocer que algunas fallas de redacción y otras ausencias, generan inquietudes que legítimamente han sido planteadas en Sala. Algunas de ellas fueron señaladas por parte del señor Senador Gargano y creo que es necesario tenerlas en cuenta. Otras han sido planteadas por el señor Senador Fernández Huidobro y considero que representan aportes valiosos para mejorar este artículo.

Por otra parte, creo que la expresión "Facúltase"... "a recibir iniciativas privadas a ser ejecutadas mediante concesión" tiene una lectura ambigua, y al mismo tiempo, por la ambigüedad de la lectura genera, por lo menos, algunas de las conclusiones que planteaba el señor Senador Gargano. Me parece que modificando esa redacción, sin alterar el espíritu del artículo, se pueden solucionar esos temas.

Luego, el señor Senador Fernández Huidobro plantea dos iniciativas, a mi juicio importantes, que no hay por qué desechar, en virtud de que se pueden incorporar mejorando el artículo. El dice: ¿por qué "iniciativas privadas" y no "iniciativas"? Yo digo que esto no deja de lado las privadas, por supuesto, y no modifica en absoluto la naturaleza y la intención del artículo. También nos pregunta por qué señalar que se refiere a actividades concesionables y no prever que sean ejecutadas directamente por el Estado. Eso tampoco altera la naturaleza del artículo, dada la inquietud y la finalidad fundamental que tiene el mismo.

Simplemente solicité la palabra porque creo que con otra redacción se pueden contemplar todas las opiniones que se han dado en Sala y mantener el espíritu del artículo. Por supuesto que podemos suprimir el "nomen juris" que ya quedaría inadecuado de acuerdo a las propuestas que se han hecho. Tendríamos que sacar "iniciativas privadas", y si se quiere dejar "iniciativas", está todo bien. Dicha redacción sería la siguiente y se refiere sólo al primer inciso: "Facúltase al Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales a recibir iniciativas relativas a actividades susceptibles de ser ejecutadas directamente por los organismos referidos o de ser concesionadas de acuerdo con las normas constitucionales y legales en vigencia, sea a impulso de parte o mediante invitación de oficio". Eso es lo que se quiso decir, pero se dijo mal.

SEÑOR HEBER.- El Miembro Informante está de acuerdo.

SEÑOR ASTORI.- Entonces, votémoslo así.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 con la redacción propuesta por el señor Senador Astori para el inciso primero.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Como ha resultado evidente voté en contra, a pesar de que se incorporaron en el texto algunas de los aspectos que plantée. El problema es que el resto del texto del artículo 12 reglamenta de tal modo los pasos a dar que sólo es aplicable dicha reglamentación a la iniciativa privada para una construcción de obra pública. No reglamenta de qué modo se premia la iniciativa pública o privada que no se ejecute por cesión de obra pública. ¿Qué premio o qué incentivo se le da a un grupo de estudiantes, a una persona que está en su casa o a un empleado público que esté en una oficina o en un Ente industrial del Estado, para que elabore ideas que mejoren, ahorren, generen fuentes de trabajo sin mayores costos o como se quiera? Esto no figura porque el artículo no fue elaborado para eso. Entonces, la disposición va a quedar cojitranca porque se le incluyeron otras cosas arriba, algunas de las cuales están contempladas abajo, pero otras no.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Walter Riesgo)

- Daría la impresión de que quien tuviera una iniciativa a ser ejecutada directamente por una dependencia de las que aquí se mencionan, trabajaría absolutamente gratis y no obtendría nada a cambio del invento que produjo. Mientras tanto, quienes elaboraran ideas que de acuerdo con la Constitución y la ley pudieran ser iniciativas de concesión, sí tendrían las ventajas que aquí se arbitran.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 13.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Confirmando lo que dije anteriormente con respecto a la escora desequilibrada del proyecto de ley, destaco que aquí ya no se propone una concesión de obra pública, sino que simplemente se premia una idea porque, en realidad, se concede un bien o un servicio que, quizás, está totalmente pronto para ser explotado. Aquí se omitió "iniciativa privada", porque se puso sólo "iniciativa".

SEÑOR HEBER.- Está perfecto.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Este sí obedece a cierto razonamiento. Pero vuelve a lo mismo: la concesión.

SEÑOR ASTORI.- Es en ese caso.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Efectivamente, es en el caso en que la iniciativa tuviera por objeto la concesión de un bien. ¿Por qué? La iniciativa puede tener por objeto decirle al Ministerio de Turismo que debe llevar a cabo algo que no está haciendo, lo que puede resultar una buena idea. Puede no concederlo a nadie pero premiar la idea de otra forma que aquí no está reglamentada. Por eso digo que ni siquiera se concede una obra a realizar, a la creación de algo que no existe, sino que se otorga al aprovechamiento de algo que sí existe. Ahora bien, quien la invente obtiene el derecho a participar en la automática concesión. ¿ Por qué? En la actualidad, cosas que hoy están en el dominio público y que forman parte del propio Ministerio de Turismo, como por ejemplo, el Parador Tajes, que está siendo administrado por el Ministerio de Defensa Nacional, pero que le pertenece a la Cartera de Turismo, están infrautilizadas como atractivo turístico de nuestro país. Menciono solamente este ejemplo y destaco que no sería necesario conceder nada a nadie sino que, simplemente, habría que modificar una serie de cosas que ya se están llevando a cabo, para hacerlas de otro modo.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Considero que el artículo 13 es sobreabundante, ya que lo que establece está contemplado en el artículo 12 y dice que cuando se trate de un asunto vinculado al turismo sea dirigido al Ministerio de Turismo. También se dice "En el caso en que la iniciativa tuviera como objeto...", por lo que no descarta el resto. Además, si se eliminara el artículo 13, su contenido ya estaría contemplado en el 12, ya que se presentará ante el Ministerio de Turismo, porque así lo reglamenta el Poder Ejecutivo. Me parece que hasta se podría votar en contra el artículo 13 y no pasaría nada.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Teniendo en cuenta las observaciones que hacía el señor Senador Fernández Huidobro, que también son legítimas y de recibo, y para acordar una redacción coherente con el artículo 12, quería proponer que el artículo 13 -que en mi modesta opinión habría que dejar- dijera: "En el caso en que la iniciativa refiera a un bien o servicio con destino turístico, la presentación de la misma se realizará ante el Ministerio de Turismo o el Gobierno Departamental que corresponda. El receptor" -eliminaríamos "de la iniciativa", porque ya está dicho- "deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 12 de la presente ley, en forma conjunta, con el organismo o institución propietaria del bien".

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el Miembro Informante.

SEÑOR HEBER.- Acepto las modificaciones que sugiere el señor Senador Astori, sobre todo si contempla la posición de todo el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13.

(Se vota:)

- 18 en 22. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Voy a volver a plantear la necesidad de pasar a un cuarto intermedio. Debemos tener en cuenta que hace exactamente 14 horas y cuarto que estamos sesionando y no creo que sea saludable proseguir en estas condiciones. Además, entiendo que es necesario poner un mínimo de atención a estos temas por la gravedad de los mismos. Todavía queda nada más y nada menos que el tratamiento del punto correspondiente al Aeropuerto Internacional de Carrasco y el de la megaconcesión, por lo que me parece pertinente pasar a un cuarto intermedio hasta la hora 10 de mañana. La señora Senadora Arismendi me acota algo que también debe tenerse en cuenta y es que lo pedimos no solamente por nosotros, sino también por los trabajadores, es decir, los taquígrafos, los Secretarios, los auxiliares de la Mesa y el resto de las personas que se encuentran aquí desde hace prácticamente un día.

SEÑOR HEBER.- Solicitaría un cuarto intermedio de cinco minutos para cambiar opiniones con respecto a la propuesta del señor Senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Heber.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace. Es la hora 0 y 18 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Así se hace. Es la hora 0 y 32 minutos)

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: atendemos, por cierto, la propuesta del señor Senador Gargano de realizar un cuarto intermedio teniendo en cuenta que hace más de catorce horas que estamos trabajando. Pero consideramos que esta iniciativa es muy importante y trascendente para la vida del país, en tanto lo que persigue es la reactivación económica con los objetivos claros para fomentar la inversión y darle los instrumentos al país, para que su gente tenga trabajo. Por lo tanto, atentos a este interés general, debemos continuar en este esfuerzo más allá de cualquier sacrificio y, por tanto, consideramos que el Cuerpo debería continuar su trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gargano.

(Se vota:)

- 12 en 28. Negativa.

Continúa la consideración particular del artículo 14.

SEÑOR NÚÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NÚÑEZ.- En la discusión en general dijimos que, desde nuestro punto de vista, como este artículo no menciona el conjunto de obras a llevar a cabo por la concesión que aquí se realiza, desconocemos absolutamente qué papel cumple en la reactivación económica o en la generación de empleo. Sí tenemos claro el mecanismo por el cual se crea la sociedad anónima, luego se subastan sus acciones y que la misma va a ser la concesionaria de todos los servicios del Aeropuerto, salvo los que expresamente quedan excluidos en su segundo inciso, que son los servicios de tierra que se presten a las aeronaves y todos los servicios de seguridad, en especial aquellos que refieren a los controles aéreos, de aduana, de migración, meteorología, bomberos, sanitarios, policiales y de actividad portuaria.

Partimos de la base de que desconocemos por qué no se ha hecho el contrato entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Corporación Nacional para el Desarrollo, cosa que sí teníamos en el caso de la megaconcesión, o tenemos y, por lo tanto, no sabemos cuánta obra pública e inversión se va a realizar. En la redacción de este artículo, desde mi punto de vista, el Gobierno se apresura a entregar, a una sola empresa, en subasta, los servicios que hoy se cumplen en el Aeropuerto. Muchos de esos servicios desde hace algún tiempo ya estaban en manos privadas, en concesiones ya vencidas. Nada dice de las obras que, supuestamente, debería hacer el concesionario. Nosotros creemos que, como omisión, es bastante grave, ya que ese sería el objetivo de la reactivación. El propio Secretario de la Presidencia, doctor Lago, debió admitir en la Comisión de Hacienda que se habían olvidado de expresar, aun en la fundamentación o en el propio texto de la ley, cuáles iban a ser esas obras.

Por otra parte, quiero decir que, desde nuestro punto de vista, este artículo constituye, de alguna forma, un cheque en blanco porque simplemente le vamos a dar una concesión a una empresa que vamos a privatizar, vender todas sus acciones y nada más. No es parte de un plan estratégico de desarrollo del Aeropuerto, ni del transporte de entrada y salida de mercaderías y de personas del país. Es evidente que desde la lógica del empresario privado, el concesionario tratará de extraer el mayor beneficio con la menor inversión posible. Por lo tanto, no existen posibilidades de que por este planteo el empresario genere, por iniciativa propia, una inversión productiva, sino que simplemente va a tratar de operar para sacar la mayor ganancia posible. Las inversiones privadas que se realicen, podrán apuntar esencialmente a mantener la operativa del Aeropuerto mientras dure la concesión. Al final de la misma, el Uruguay se va a encontrar con un Aeropuerto más obsoleto -porque no estoy convencido de que esto vaya a modernizarlo- en la medida en que no tenemos un plan director o un proyecto estratégico que lo defina o que le indique al concesionario cuáles son las cosas que el país quiere.

Si se entrega toda la operativa aeronáutica y no aeronáutica a un concesionario privado, el Estado uruguayo resigna absolutamente la obtención de recursos derivados de la actividad aeroportuaria. En esta hipótesis, deberá llamar nuevamente a otro concesionario, al finalizar el plazo de 30 años, porque de alguna forma abandonó las tareas de infraestructura propia como para volver a operar un Aeropuerto. Si analizamos los recursos de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica -DGIA- en dólares corrientes desde el año 1992 al 2001, veremos cómo en el período 1992 - 1998 el país creció en términos acumulativos anuales de su producto y los ingresos de la DGIA también lo hicieron en forma sostenida y a una tasa promedio del 10%. Crecieron más los ingresos de la DGIA que el Producto Bruto Interno del país.

Esto llevó a que los ingresos que estaban en U$S 18.7 millones en 1992, ascendieran en 1998 a U$S 32.6 millones. A partir de ese año, los ingresos se estancaron, perci-biéndose incluso un descenso que se ubica en U$S 28.1 millones en el año 2001. En primer lugar, quiero señalar que advierto que el año de detención del crecimiento de los ingresos coincidió con el año en que deja de crecer el Producto Bruto Interno. Entonces, mientras la economía del país creció, la actividad económica del aeropuerto aumentó a un ritmo todavía mayor. Esto nos demuestra que, más que causa de reactivación económica, la actividad aeroportuaria es consecuencia de la misma. Aquí volvemos al problema del huevo y la gallina. ¿A qué tenemos que apuntar? ¿A dar en concesión de obra pública un aeropuerto, otras cosas, o apuntar a una reactivación económica en el mercado interno capaz de generar el aumento de la actividad en general y, por lo tanto, la recaudación y la actividad del aeropuerto en sí misma? A mi entender, si se incrementa la actividad económica, también se incrementa la actividad aeroportuaria.

De todas formas, si a la cifra actual de U$S 28:000.000 de ingresos de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, le sumamos el producto generado por las otras actividades comerciales que están concesionadas en el momento actual -de acuerdo al canon percibido por dicha Dirección- se podrán estimar en U$S 40:000.000 para el 2001. Podemos afirmar que el producto bruto global del Aeropuerto Internacional de Carrasco se sitúa en el entorno de los U$S 70:000.000. Esta es una cifra importante como para que el Estado uruguayo pueda encarar la actualización del aeropuerto, partiendo de la base de que una inversión necesaria actual podría no superar los U$S 100:000.000.

Se podrá argumentar que el Estado uruguayo no puede contar, al principio, con todos los recursos necesarios y eso es lógico, pero en la misma situación va a estar el concesionario privado. Ningún empresario privado en su sano juicio -tal como decía el señor Senador Fernández Huidobro- con el interés de asumir riesgos, pero con capacidad de generar iniciativas, invertiría U$S 100:000.000 en un negocio que registra tasas de crecimiento negativo desde l998. Esto es lo que hemos comprobado: desde que el país dejó de incrementar su producto, también el Aeropuerto dejó de crecer en su funcionamiento y en su recaudación. Como vimos, esta recaudación y esta actividad dependen directamente del crecimiento del Producto Bruto Interno.

Se podrá argumentar, también, que el Estado uruguayo puede establecer controles que aseguren el correcto funcionamiento de la concesión. Pero, desde nuestro punto de vista, esto es teoría pura. Existe sobrada evidencia empírica que demuestra la incapacidad que han tenido en los últimos tiempos los gobiernos uruguayos o el Estado en su conjunto, a través de los distintos gobiernos, para establecer controles adecuados en la evaluación o auditoría de actividades estatales que han sido privatizadas o tercerizadas. Aquí ya se ha citado el ejemplo de PLUNA, pero tenemos también el caso en el que el propio Gobierno no ha sido capaz de controlar adecuadamente el cumplimiento del tercer inciso del artículo 511 de la Ley Nº 16.320, que establecía la obligatoriedad de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica de destinar el 35% de sus ingresos para inversiones. Si esto se hubiera realizado y dicha Dirección hubiera destinado, permanentemente en estos diez años, el 35% de sus ingresos en el Aeropuerto, actualmente se dispondría, aproximadamente, de U$S 100:000.000 para las inversiones que se necesitan realizar hoy directamente en el Aeropuerto de Carrasco; esto lo podría hacer el Estado solamente.

Si bien estas razones económicas son lo suficientemente importantes como para oponernos a este artículo, más importantes aún son las razones de índole estratégico políticas. De acuerdo a lo expresado por la redacción del artículo, en la transferencia de la operación privada se incluyen algunas actividades aeronáuticas y no aeronáuticas, excluyéndose aquellas que se detallan expresamente. Ahora bien, las actividades no aeronáuticas, en el momento actual, ya están concesionadas en su casi totalidad y la novedad que se plantea por el lado de las aeronáuticas, a cuya responsabilidad el Estado no puede renunciar, es que ahora se van a concesionar.

Hace poco menos de un mes estuvo en Uruguay el cientista político estadounidense Berck Rockman, quien fuera invitado por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, contando también con el apoyo de las universidades privadas, además del auspicio de la Embajada de Estados Unidos. El doctor Rockman alertó, precisamente, acerca de los riesgos que se asumen cuando el Estado transfiere actividades que le son propias, al ámbito privado, sin los adecuados controles. En ese sentido, puso como ejemplo el luctuoso accidente producido hace poco tiempo en un aeropuerto de Suiza. El doctor Rockman planteaba que no es posible descartar la responsabilidad que puede haber tenido, en el suceso, la privatización en el control del tránsito aéreo en Suiza. Si bien el Estado puede delegar la actividad, no puede escapar de la responsabilidad que tiene como Estado signatario de los convenios internacionales en cuanto a la seguridad aeroportuaria. Digo esto, a pesar de que ahora este tema se excluye expresamente del artículo, porque la responsabilidad del Estado va más allá de las actividades con las cuales se queda para sí y tiene que ver con todo el funcionamiento del aeropuerto. Cuando algunas cosas en el aeropuerto fallan, si no existen los controles adecuados, si no se controla correctamente, la responsabilidad de todo lo que suceda seguirá siendo del Estado, tanto aquí como en el mundo. Entonces, se debe recalcar que es el Estado el responsable de un conjunto de actividades de un aeropuerto de esta envergadura y que esa responsabilidad no disminuye en razón de las deficiencias que se presenten en el mecanismo disponible para ejecutar las concesiones.

Por eso creemos que al poner en manos de una única empresa privada la operativa de un aeropuerto internacional, creando prácticamente un monopolio que tiene que ver con todo el funcionamiento de esa terminal, el Estado uruguayo está renunciando a una buena parte de su soberanía, tanto en política aeronáutica como en la definición de políticas estratégicas geopolíticas de desarrollo.

Es claro y hasta lógico que un operador privado se interese por objetivos netamente particulares, pero los objetivos del Estado deben ser otros. ¿Qué garantías tenemos de que el eventual operador de Carrasco, en esta hipótesis, no tenga determinados intereses que sean contrarios a los objetivos fijados por el Estado en materia de desarrollo del país y de la puerta de entrada del Uruguay?

Desde el punto de vista de una concepción nacionalista, este proyecto de ley también es inaceptable. Asimismo, pone en grave riesgo el inmediato mantenimiento de buena parte de la operativa de la Fuerza Aérea uruguaya, lo cual afecta también la defensa de nuestra soberanía, por más que he visto un artículo propuesto por varios señores Senadores que quieren dotar con U$S 10:000.000 -sacados de la concesión, de lo que va a subastar esta sociedad anónima- a dicha Fuerza para adquirir los radares necesarios. Me parece que eso no es suficiente. Pienso, además, que privatizar por un lado y tratar de sacar de ahí para que después el Estado se haga cargo de la infraestructura y de dar seguridad, es también un contrasentido. En un país con las características geográficas como las que tiene el nuestro, entregar toda la operativa del principal aeropuerto a manos privadas, pone en jaque las posibilidades que tiene el Estado para diseñar una política aeronáutica propia, adecuada y que colabore con los procesos de reactivación productiva, en el diseño de las políticas en relación con la industria del turismo, en la defensa de nuestra soberanía, etcétera.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que no se puede entender la actividad del Aeropuerto Internacional de Carrasco en forma separada, sino que deberá considerarse como formando parte de un sistema nacional de transporte, en conjunto con las otras modalidades de ese sistema, como han expresado aquí varios señores Senadores.

La problemática del Aeropuerto Internacional de Carrasco es demasiado compleja como para ser tratada en un artículo de un proyecto de ley con este contenido y debe ser considerada tomando en cuenta todas las variables relacionadas con el sistema de transporte aéreo. No cabe duda de que el Aeropuerto Internacional de Carrasco requiere modificaciones, pero deben estar encuadradas en un plan estratégico de desarrollo global.

En función de estas consideraciones, es importante desglosar este artículo del proyecto de ley y asumir la discusión específica del tema de los aeropuertos, de la aviación civil uruguaya, de las carreteras y de las vías, como un todo. De alguna forma, esto es lo que estamos solicitando, aspecto que ya ha propuesto el compañero señor Senador Fernández Huidobro.

No nos oponemos, en términos generales, a la intervención de capitales privados en una reactivación; ni siquiera nos oponemos a la participación de los capitales privados en el aeropuerto, pero hay sectores del aeropuerto que no pueden ser si no trabajados por capitales privados. De ningún modo creemos que todo deba de ser público; eso no lo aceptamos como crítica. Sí nos parece que la modalidad de esta concesión y las que se pudieran realizar deberían estar de acuerdo con pautas bien definidas -teniendo características de la intervención privada y su eventual capitalización- pero siempre bajo el control del Estado, como único responsable de la operativa aeronáutica y, de alguna forma, de la soberanía nacional, que es lo que está en juego cuando hay un accidente aéreo, una falla o cuando en ese aeropuerto no se hacen las cosas correctamente.

Muchas gracias.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: no voy a hacer en este momento algunas apreciaciones que hice en oportunidad de discutir en general el proyecto de ley. De todos modos, voy a tratar de expresar mis ideas más puntualmente con relación a este problema.

No puedo desprender la discusión del tema del Aeropuerto Internacional de Carrasco con lo que viene ahora incorporado a continuación, que refiere al Aeropuerto de Santa Bernardina, bajo las mismas condiciones. Tampoco puedo olvidar un hecho nuevo que es que los concesionarios del Aeropuerto de Laguna del Sauce acaban de entregar sus acciones, que están en poder del Banco Central. Entonces, no sabemos qué va a pasar de ahora en adelante con esa concesión.

De hecho, tres aspectos importantes de la aeronáutica civil en nuestro país hoy están en debate. No es poca cosa, ya que es prácticamente todo lo que tiene que ver con la aviación civil en nuestro país.

No puedo desprender tampoco la discusión de este tema de la política de transporte. Se da la paradoja increíble -creo que única en este país- de que cuando le preguntamos al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas sobre asuntos vinculados a este aeropuerto y a este proyecto de ley, nos dijo que habláramos con el Ministro de Defensa Nacional. Parece tener poca lógica que nada menos que el transporte aéreo civil de nuestro país, de carga y de pasajeros, esté bajo la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, mientras el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que debería tener a su cargo toda la política nacional de transporte, pública o privatizada, está en un compartimento estanco de tal magnitud que incluso el plan maestro que existe para el desarrollo futuro del Aeropuerto Internacional de Carrasco está en manos de la Cartera de Defensa Nacional. Entonces, para tratar este tema hay que llamar al Ministro de Defensa Nacional. ¡Pobre Ministro de Defensa Nacional -lo digo de paso- que tiene que ocuparse, además de las labores inherentes por lo menos al nombre que lleva su Ministerio, de la Aviación Civil, que incluye no sólo esto, sino también los aeropuertos en el interior, el entrenamiento de pilotos civiles para las labores de trabajo, etcétera!

No puedo desprender esto de una concepción global del transporte. Sin ir más lejos, acá se establece la concesión del régimen de puerto libre en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Esta es una novedad de enorme significación con relación al pasado, porque esto está estrechamente vinculado al puerto de Montevideo, ya que muchos de los contenedores en tránsito, incluso los marítimos, que forman parte de una de las apuestas más grandes que ha hecho el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y este Gobierno en cuanto a lo que se llamó "Uruguay país de servicios", hoy tienen como destino la terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco, en donde se traslada la mercadería a contenedores aéreos y viceversa, porque mucha mercadería viene por el aeropuerto y tiene como destino el puerto.

¿Por qué es una novedad? Los actuales aviones de carga -cosa extraña que desde hace algunos cuantos años hasta la fecha hemos podido ver mirando desde la Ruta 101 los aterrizajes y las demás maniobras de los aviones- muy grandes y sin ventanas, tienen un tamaño similar al de los de pasajeros o más y lo único que traen es carga, similar en cantidad a la que traían antiguamente algunos buques mercantes. Entonces, no se puede despreciar de ninguna manera el rol que las terminales de carga en los aeropuertos internacionales, incluso en los de cabotaje nacionales, ha cobrado debido al desarrollo de los aviones y del transporte aéreo. Obviamente, ello es indispensable y muy bueno para mercaderías de ciertas características que deben ser trasladadas urgentemente a otros confines. Esto forma parte sustantiva del desarrollo de uno de los tres elefantes o locomotoras del sector servicios de nuestro país que, a mi juicio, son la salud, el turismo y el transporte. De modo que no puedo desprender el diseño de carreteras, peajes, vías férreas, etcétera, de la instalación de terminales polivalentes e intermodales de los aeropuertos.

Estamos hablando de un aeropuerto con una terminal de cargas de la que va a disfrutar desde el régimen de puerto libre, a pocos kilómetros del Puerto y de la Zona Franca de Montevideo. Miremos el mapa y también cualquier folleto de propaganda que hoy hace la Zona Franca de Montevideo en el que se dice: "Estamos a pocos kilómetros de la terminal de cargas del Aeropuerto de Carrasco". Esto adquiere una significación tremenda, sobre todo para el futuro de una estrategia exportadora del Uruguay.

Por eso no debemos tener presente sólo el tema de los pasajeros, cuyo número total asciende a un millón por año, lo que no es poca cosa, tenemos que recordar también el turismo y todo lo que tiene que ver, otra vez, con la potenciación o no de Uruguay como país de turismo, de servicios, etcétera, etcétera. Adopto el discurso en el que el propio señor Ministro de Transporte y Obras Públicas ha hecho gran énfasis.

La novedad de ahora es que vamos a dotar al Aeropuerto de Carrasco de las ventajas inherentes al régimen de puerto libre. A eso debemos agregar que en el plan maestro de desarrollo del aeropuerto figura la multiplicación por ocho, por lo menos, del espacio disponible para esta futura terminal de cargas, sustituyendo el lugar donde actualmente está. Esto es lógico, ya que, de otra manera, para qué otorgamos el régimen de puerto libre. Todo esto va a transformar a ese aeropuerto y a toda esa zona en un área no sólo de gran movimiento de pasajeros sino de una enorme importancia desde todo punto de vista.

Ya he hablado sobre la oportunidad para, incluso, concesionar lo que aquí se dice, a mi juicio, mal, porque si bien se han excepcionado explícitamente ciertas cosas relativas a la concesión, se dice que se creará una sociedad anónima para operar, administrar y explotar el Aeropuerto Internacional de Carrasco. A pesar de que después se establezcan excepciones, me parece que esto constituye una exageración tremenda. Pienso que la operatividad del Aeropuerto Internacional de Carrasco debe estar en manos del Estado; sobre esto, no me cabe la menor duda.

Aclaro que soy partidario de las privatizaciones aquí y, de hecho, las postulo. Por ejemplo, creo que el "free shop" debe ser privatizado. Estoy seguro de esto, y la explicación de las razones demandaría demasiado tiempo. En general, estoy convencido de que el Estado no debe intervenir en esas cosas. Considero que las áreas comerciales, las librerías, cafeterías, etcétera, también pueden ser privatizadas. Hay cosas que el Estado no debe hacer y que tampoco puede hacer, porque si eso sucede, las hará forzosamente mal. No puede competir con ningún privado, y éste debería pagar al Estado un buen canon por el usufructo de la concesión de eso, pero el resto, y en especial la terminal de cargas que hoy se crea con un volumen cuantioso, tiene que quedar en manos del Estado, sabiendo que los operadores que actuarán allí obviamente serán todos privados. Pero, ¿por qué vamos a regalar eso, con el valor que ahora adquiere si se le añade al aeropuerto el carácter de puerto libre?

Fíjese además, señor Presidente, que a diferencia de la megaconcesión, donde las obras a realizarse están explicitadas en el contrato en forma minuciosa y milimétrica, así como también lo están, de antemano, los controles y multas, acá no hay una sola palabra acerca de qué obras concretas se compromete a hacer el concesionario en el Aeropuerto. No hay una sola palabra que diga qué partes del plan maestro de desarrollo del Aeropuerto de Carrasco, que obra en poder del Ministerio de Defensa Nacional, se compromete a llevar a cabo el concesionario por medio de esta concesión. Tuvimos que preguntar sobre esto al señor Ministro Cáceres, quien nos pasó un dato confidencial, casi como un chisme, porque nos pidió que habláramos con el señor Ministro de Defensa Nacional.

Tampoco se explicita en este artículo el destino de los fondos. Se dice que se van a vender las acciones, pero no se dice -como sí se hace en relación con todos los demás casos- cuál será el destino de esos fondos. Hasta en el caso de la megaconcesión se dice que los fondos por la venta de las acciones irán a la Corporación Nacional para el Desarrollo con destino a obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, acá no se dice nada; se privatiza, se faculta a vender, pero no se menciona ese aspecto. ¿Acaso el destino de los fondos será el financiamiento de las obras? ¿Sí o no? ¿Y de qué obras estamos hablando? ¿O acaso esos fondos irán a Rentas Generales? ¿Irán tal vez a la ANEP? ¿Adónde irán y quién financiará las obras? ¿Qué queda obligado a hacer el concesionario a cambio de la concesión? Todo esto no figura en el artículo. Y no se trata sólo de eso, sino también de que, según veo, no consta en actas que se haya discutido sobre el tema. A mi juicio, esto es grave.

Pero a última hora se agrega el Aeropuerto de Santa Bernardina de Durazno, donde ni siquiera hay un plan maestro. Entonces, nos preguntamos cuál será el destino de lo que se obtenga. ¿Y qué debe hacer el concesionario allá, en Durazno -donde, reitero, ni siquiera hay un plan maestro- a nuestro favor, a cambio de la concesión?

Por esto no puedo discutir en forma separada ahora la cuestión del Aeropuerto Internacional de Carrasco y la del Aeropuerto de Durazno. En el caso de éste último, la situación es peor, ya que no tenemos el destino de los fondos ni tampoco las obras a ser realizadas. ¿De qué obras estamos hablando? Construir una terminal de cargas es poner un alambrado; los galpones después los construyen los operadores privados. Entonces, ¿qué estamos vendiendo a la famosa sociedad anónima esa? ¿O qué le estamos pidiendo a cambio nada menos que de un puerto libre en el centro de la República, en una Base Aérea? Por ahí aparece un aditivo para comprar un radar. Preguntémonos si por un radar vamos a cambiar esto, cuando la Fuerza Aérea tiene problemas mucho más grandes. Con todo respeto, hoy la Fuerza Aérea es la cosa más peatonal y menos volátil que existe en el Uruguay. Por ejemplo, no tenemos un avión interceptor. Si el radar detecta un no cooperativo avión -como aquí se dice- le tenemos que chiflar de abajo y decirle por radio que se vaya, porque los aviones que tenemos no sirven para interceptar aviones que vengan con esa intención. Y este tipo de aviones salen caros. Verdaderamente, los problemas que tiene la Fuerza Aérea son otros y mucho más graves. Aquí no se contempla ni siquiera eso; pero bueno sería que se constituyera una sociedad privada en Santa Bernardina para financiar el presupuesto de la Fuerza Aérea, en una política de reactivación. ¿De qué reactivación estamos hablando, si aquí ni siquiera se piden obras? Además, si lo fuera, ¿por qué no nos quedamos nosotros como Estado con la explotación de la terminal de cargas que se propone en Santa Bernardina, cobrando así el canon para cada operador privado que quiera actuar ahí adentro? Me refiero al caso de cada galpón, carpa o quiosco que se quiera construir. ¿Cuál es el misterio de administrar esto? ¿Precisamos a los privados para que hagan todo esto, porque el Estado no puede llevarlo a cabo? Me parece que esto es algo muy exagerado.

Repito una vez más que tenemos ahí la frutilla en el postre. ¿Qué hacemos con el Aeropuerto de Laguna del Sauce, donde jamás se aportó nada a cambio de la explotación? Me estoy refiriendo a ese importantísimo aeropuerto desde el punto de vista turístico, que también opera desde hace tiempo en los aledaños de una Base Aeronaval y de una importante Unidad del Ejército. Se trata de un lugar estratégico desde el punto de vista militar en nuestro país.

Tampoco puedo olvidar las opiniones que ha manifestado el doctor Jorge Batlle que, además, tuve oportunidad de conocer en los estudios que he tenido que realizar desde que integro la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Nuestro país pagó por sus servicios a las más grandes instituciones de consultoría aeronáutica del mundo y cuando se les preguntó qué convenía hacer a Uruguay en relación con su Aeropuerto Internacional, todas ellas estuvieron contestes en que nos teníamos que mudar de allí.

Ahí no puede estar más el Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde ningún punto de vista; ni por seguridad, como tampoco por el valor inmobiliario de lo que otrora fuera una zona lejana del centro de Montevideo. Hoy es una de las zonas más apetecidas desde el punto de vista inmobiliario, así como de la proyección geoestratégica en una política de transporte inteligente. Las consultoras internacionales dicen que a Uruguay le convendría que el Aeropuerto estuviera ubicado en las cercanías de Libertad y sobre el eje de la Ruta 1, cerca de Buenos Aires. Esos serían sueños recomendados hace ya muchos años por los peligros que hoy existen por el hecho de que el Aeropuerto Internacional de Carrasco esté ubicado en ese lugar, teniendo en cuenta los aterrizajes y el decolado de los aviones, que a veces deben sobrevolar forzosamente zonas densamente pobladas. Además, el Aeropuerto ni siquiera puede expandirse porque está constreñido, al igual que el Puerto de Montevideo, por problemas territoriales, por la Base Aérea Nº 1, así como también por la densidad de población. Aquello ya dio sus frutos; estuvo bien hecho y bien pensado, pero el mundo y el Uruguay cambiaron, y el agua pasó debajo de los puentes. En esa proyección que sí requerirá grandes inversiones pero también enormes ingresos por su venta para otros fines, habría que encuadrar este tipo de cosas. De lo contrario, lo que estamos haciendo es improvisar parches, atando con alambre fino y pedazos de nylon lo que debería ser una proyección estratégica en materia de política de transporte, y en este caso, de aeronáutica civil del Uruguay. Lo que se está haciendo ahora, incluso en materia de plan maestro, era una de las alternativas parche que proponían las propias consultoras internacionales. "Si no da la nafta" -perdóneseme el lenguaje empleado- para hacer lo que conviene estratégicamente, van a tener que ampliar ciertas pistas, pero siempre estarán mal, colocándose remiendos a una situación que en la proyección que ya traspasamos en materia de años, no conviene al Uruguay. No reprocho esto a nadie. Sé las cosas que han pasado en este país y las carencias que hemos tenido. Sin embargo, frente a todo eso que viene acumulado y pagado por este país, e incluso apoyado por el actual señor Presidente de la República cuando aún no lo era, se nos propone esto.

Perdón, pero vuelvo a lo del principio. Este proyecto de ley ha sido insuficientemente discutido y no se ha reflexionado al respecto con la serenidad debida. Se está metiendo mano en cosas muy estratégicas para la vida del país con cierto nivel de apremio justificable, pero ante el cual deberíamos serenarnos para no cometer errores garrafales.

Omito hacer consideraciones en materia de cifras, que son escandalosas y que fueron aportadas por señores Senadores que ya hicieron uso de la palabra sobre el particular. En las versiones taquigráficas de la Comisión respectiva constan, en función de lo expresado por los trabajadores vinculados al control aéreo, entre otros, los niveles de recaudación que tiene el Aeropuerto, y los de costos de las obras proyectadas en su plan maestro. Vemos esos niveles y que prácticamente en cuatro años, con lo que hoy recaudamos, pagamos la inversión, y entonces advertimos lo que significa realmente estar diciendo que vamos a dar esa concesión a alguien hasta por treinta años. Digo esto, salvo lo del "free shop", que lo apruebo con las dos manos levantadas, así como otras explotaciones comerciales. Acá habría que poner taxativamente, no lo que se descarta, sino lo que se privatiza, que hoy es lo menos.

Como dije, tenemos una desventaja. La venta de un Aeropuerto hoy es como hacer un remate de muebles en Montevideo en Semana Santa. Esto es desubicado, sobre todo después del atentado a las Torres Gemelas, porque estamos en el peor momento de la aviación mundial. Entonces, no es aconsejable esta instancia para obtener buenos resultados en una privatización de esta envergadura.

En todo lo demás, y si no se explicita ni siquiera en ese caso a cambio de qué obra del plan maestro y qué destino tendrán los recursos, tal como está resulta insuficientemente discutido.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: propongo que se voten en bloque los artículos 14, 15, 16 y 17, que tiene que ver con el Aeropuerto de Santa Bernardina.

Asimismo, quiero contestar rápidamente dos temas puntuales, porque el debate ya se dio en la discusión en general, por lo que si entrara en él estaría reiterándolo.

Simplemente, deseo aclarar que cuando no se fijan los recursos, rige la Ley de Empresas Públicas, en donde se establece que los recursos de las concesiones vayan a nutrir las inversiones de ANEP en materia de educación, y creo que también habla de salud pública.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Solicito que se desglose el artículo 16 de la propuesta realizada por el señor Senador Heber.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 14, 15 y 17.

(Se votan:)

-17 en 23. Afirmativa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: quisiera saber si lo que acabamos de votar es la autorización de la consideración en bloque o los artículos en sí.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se acaban de votar los artículos, señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- En tal caso, señor Presidente, y como entendí que estábamos en la consideración de los artículos en bloque, solicito la reconsideración del artículo 17, sobre el que quiero plantear una precisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 17.

(Se vota:)

- 18 en 23. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 17.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: al final del inciso segundo del artículo 17, luego de la expresión "previsto en los artículos 14, 15 y 16 de la presente ley", viene el texto que me interesa señalar. Allí se dice: "o cualquier otro que establezca la reglamentación". Me parece una fórmula demasiado etérea como para ser considerada posibilidad legal. A mi juicio, habrá que indicar: "o cualquier otro legalmente procedente". Si se dejara la expresión: "o cualquier otro que establezca la reglamentación", daríamos la facultad de crear figuras nuevas de contratación, que es obviamente tarea de la ley y no de la reglamentación.

Concretamente, pues, propongo que donde dice "o cualquier otro que establezca la reglamentación", se establezca "o cualquier otro legalmente procedente".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 17 con la modificación propuesta por el señor Senador García Costa.

(Se vota:)

- 18 en 24. Afirmativa.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: como integrante de la Comisión de Hacienda debo decir que ingresé a este proyecto de ley sobre la base de que, por lo menos, pretendía la reactivación. Hice un gran esfuerzo en el sentido de creer que el país tenía que dar una señal. También hice un gran esfuerzo en el sentido de creer que el conjunto de los partidos políticos tenían que dar una señal política positiva.

El país está viviendo momentos extremadamente difíciles. No creo que jamás en la historia del Uruguay haya habido una crisis como la que vivimos en estos momentos. Dentro de mi Partido, en el seno del Encuentro Progresista - Frente Amplio, sostuve que había que dar una señal positiva. Cuando llevé las argumentaciones a mi Bancada, escuché a dos integrantes que trabajan en la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Entonces, me encontré con que había una cantidad enorme de argumentos que yo francamente no conocía sobre la megaconcesión -aclaro que no trabajo en esa Comisión- y el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Hoy, los señores Senadores Núñez y Fernández Huidobro -especialmente este último- expusieron una serie de argumentos muy fundados sobre ambos temas. No tuvieron respuestas. No las oí en la discusión general. Ahora, en la discusión particular, con toda franqueza debo decir que tampoco las hay, y eso es una especie de destrato hacia esta fuerza política. Personalmente, me siento destratado. Tienen derecho a votar, a seguir hasta las seis de la mañana a no apoyar el pedido de cuarto intermedio que propusimos; pueden hacer lo que quieran. Den el nombre que ustedes deseen a esta institución Parlamento donde hay un Legislador que hace un planteo muy fundado y nadie le responde. Insisto, pónganle el nombre que quieran. Es claro que algo raro está pasando en esta institución Parlamento.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 18.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: estas disposiciones que siguen -en especial los artículos 18, 19 y 20- hacen referencia a la necesidad del control a través del Tribunal de Cuentas de los estados contables, en las circunstancias en que "las sociedades comerciales respecto de las cuales un órgano del Estado", "o cualquier persona pública no estatal, sea tenedor de acciones" o de participaciones, "cualquiera fuere el porcentaje de las mismas dentro del capital social". Hemos estado analizando estas atribuciones que se confieren al Tribunal de Cuentas y a nuestro modo de ver exceden las facultades constitucionales y legales que le corresponden. En realidad, lo que la Constitución de la República le consagra expresamente es la calidad de intervenir en todo lo que concierne al control de la hacienda pública. Naturalmente, estamos hablando de empresas o sociedades que no integran el concepto de hacienda pública y, por consiguiente, se estaría excediendo de las facultades expresamente previstas para el Tribunal de Cuentas. En el ánimo de aceptar la filosofía que persiguen estas normas, esto es, el debido control de las sociedades comerciales en las que participe el Estado, se nos ocurre que sería pertinente hacer que ese control recaiga en aquella institución a la que le corresponde la supervisión de todo lo que refiere al mercado de valores porque, en definitiva, estamos hablando de eso. Se trata de sociedades abiertas en las que el Estado participa y, por lo tanto, ingresan dentro del concepto de mercado de valores. En tal sentido sugerimos que el artículo 18 tenga una variante en la redacción y su texto sea el siguiente: "Las sociedades comerciales respecto de las cuales un órgano del Estado, incluyendo Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o Gobiernos Departamentales o cualquier persona pública no estatal, sea tenedor de acciones o sea titular de participaciones, cualquiera fuere el porcentaje de las mismas dentro del capital social, deberán inscribirse en el Registro de Valores del Banco Central del Uruguay de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º y 4º de la Ley Nº 16.749, de 30 de mayo de 1996". Asimismo, agregaría un segundo inciso que diría: "La información contable suministrada a ese Registro estará sujeta a las mismas condiciones de publicidad y requisitos de auditoría externa exigidos a los emisores de valores". Allí terminaría el artículo 18. Cabe destacar que la ley a que hacemos referencia es la de Mercado de Valores.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRAUSE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: estos artículos fueron propuestos por nuestra Bancada y son lo suficientemente complejos como para analizarlos de a uno.

Antes que nada quiero decir que los cambios que propone el señor Senador Brause se justifican por dos razones. En primer lugar, por la referencia a la Ley de Mercado de Valores, que tal como él señala, en los artículos 3º y 4º contiene providencias que aseguran lo que aquí se procura lograr. En segundo término, hay una razón que no está directamente exhibida en esta propuesta y que está contenida en la que se conoce como segunda ley de urgencia, promulgada en el año 2001. En el artículo 7º se establece que los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado autorizados legalmente al efecto sólo podrán participar en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras cuando el consorcio o sociedad a constituir admita jurídicamente la existencia de un órgano de contralor interno, integrado por su representante en forma proporcional a su participación. También señala que los mencionados organismos deberán informar al Poder Ejecutivo -es decir, lo que se procuraba en esta disposición que ahora se pretende modificar- sobre la configuración de tales extremos con una antelación no menor a treinta días de la proyectada formalización del emprendimiento o asociación. Luego establece -y pido especial atención a esto- que deberán informar anualmente al Poder Ejecutivo -que es otro aspecto que aquí se solicita- sobre la gestión de la sociedad y el emprendimiento respectivo y remitirle toda otra documentación de carácter contable, jurídico o empresarial que sea sometida a su consideración en un plazo no mayor a los treinta días de recibida la misma. Culmina señalando que la Auditoría Interna de la Nación establecerá las normas técnicas generales a las que deberán someter su actuación los representantes de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado que integren los órganos de contralor interno previstos en el inciso primero de dicho artículo.

Por lo tanto, señor Presidente, creo que la modificación no sólo es aceptable sino que está en línea con las normas que están en vigencia y, en consecuencia, las aceptamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Brause.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una nueva interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRAUSE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- No quiero vivir interrumpiendo el análisis que está haciendo el señor Senador Brause, pero creo que sería mejor ir considerando artículo por artículo y luego votando, porque hay cambios que están encadenados a éste.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- Terminé, señor Presidente.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: aquí se introducen cambios importantes con respecto al texto venido de Comisión. Quienes no la integramos o estuvimos sólo parcialmente en algunas sesiones y no asistimos a la discusión interna, no nos encontramos habilitados para un pronunciamiento en este momento. Si en definitiva existiera un acuerdo entre todos los integrantes de la Comisión y esto no diera lugar a más discusión, votaríamos esta disposición haciendo una concesión a los compañeros que sí la conforman.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PEREYRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: el señalamiento que hace el señor Senador Pereyra es válido. En su mérito es de oportunidad que quien habla refiera que ha trabajado en el tema y tuvo la misma preocupación que el señor Senador Brause. La redacción original que tiene delante el señor Senador Pereyra y demás Senadores, que es la del repartido, adolece de importantes problemas en cuanto a su aplicación. A poco que se repare en su texto, se está obligando al Tribunal de Cuentas a una labor que, desde el punto de vista constitucional, es muy cuestionable que tenga capacidad para llevarla adelante, puesto que no es su tarea opinar sobre la viabilidad de empresas, sino acerca de la legalidad del cumplimiento de las normas, que es otra cosa. Por otra parte, el Tribunal no tiene el aparato administrativo suficiente para todo lo que se pide en el artículo 18 en la redacción repartida, en donde se llega a requerir que el Tribunal de Cuentas "se expresará y responsabilizará respecto de la razonabilidad y consistencia de los estados contables" y nada menos que de sociedades comerciales ajenas al Estado. De llevarse adelante esto, dejando de lado las dudas que existen en cuanto a su viabilidad constitucional, implicaría, según los jerarcas del Tribunal de Cuentas que hemos consultado, una presencia permanente de sus funcionarios en las sociedades a auditar, para poder emitir, con visos suficientes, lo que se exige por este artículo. Ante esa situación, el señor Senador Brause, en consulta que notoriamente ha realizado con el señor Senador Astori -que entiendo fue quien dentro de su Bancada trabajó estos artículos- combinó esta nueva redacción por la que se consiguen los objetivos buscados y que, a juicio también de quien habla, puede sustituir perfectamente el actual artículo 18 sin imponer al Tribunal disyuntivas imposibles de cumplir, haciendo más racional la tarea y logrando los designios que llevaron originalmente a la propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Cuando se me solicitó la interrupción estaba diciendo que si esto no daba lugar a mayores discusiones y si las personas que han seguido de cerca el tema y tienen especialización en la materia aconsejan aprobarlo, hago confianza en los miembros de la Comisión y lo voto. Pero si puede dar lugar a una discusión en la que se confronten opiniones, adelanto que no estoy en condiciones de pronunciarme, por lo que en ese caso solicitaría un cuarto intermedio o, en su defecto, que se postergue su consideración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Da la impresión de que todos los integrantes de la Comisión estarían de acuerdo con la nueva redacción. En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18 en la nueva redacción dada por el señor Senador Brause.

(Se vota:)

- 19 en 23. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante.

SEÑOR HEBER.- Simplemente, para hacer una pregunta a los miembros de la Comisión: ¿hay acuerdo también en torno a los artículos 19 y 20? Formulo la interrogante porque, de ser así, podríamos votarlos de inmediato.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Para dos aclaraciones. En primer lugar, creo que sería aconsejable verlos en conjunto, porque están encadenados; en segundo término, para reiterar algo que dije y es que este acuerdo que ha sido mencionado tiene que entenderse a la luz de la coherencia entre esta nueva propuesta y otras normas que están en vigencia, que no pertenecen a este proyecto de ley y que no han sido tenidas en cuenta en la formulación original.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- En línea entonces con lo aprobado en el artículo 18, correspondería que en el artículo 19 se elimine la referencia "por el Tribunal de Cuentas".

SEÑOR ASTORI.- La primera referencia, señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- De acuerdo, porque efectivamente como señala el señor Senador Astori, al final de la disposición figura nuevamente la expresión "el Tribunal de Cuentas", que se debe mantener allí por cuanto refiere a que controlará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, dando cuenta a la Asamblea General.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19 con la modificación planteada por el señor Senador Brause.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

16) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Formulo moción en el sentido de que se levante la sesión en régimen de cuarto intermedio y que continuemos el lunes a la hora 10.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta el día lunes a las 10 horas.

(Así se hace, a la hora 1 y 40 minutos del día 23 de agosto, presidiendo el señor Senador Walter Riesgo y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Borsari, Brause, Correa Freitas, Couriel, Dalmás, de Boismenu, Dini, Fau, Fernández Huidobro, García Costa, Heber, Millor, Núñez, Pereyra, Pou, Sanabria, Singer y Virgili.)

SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO Presidente en ejercicio

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.