N° 248 - TOMO 354 - 15 DE JUNIO DE 1993

PRESIDE EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

- Oportunidades laborales para la minoridad.
- Lo presenta el señor Senador Jude.
- Se modifican normas referentes a la inscripción de los nacimientos (Artículos 16 y 26 del decreto-ley Nº 1.430, del 12 de febrero de 1879).
- Lo presentan los señores Senadores Irurtia y Millor.

- Se resuelve, a propuesta de la Comisión de Hacienda, el archivo de la Carpeta Nº 276/90.
- Se resuelve, por moción del señor Senador Blanco, retirar del archivo la Carpeta Nº 469/91.
- Se resuelve, por moción del señor Senador Bruera, retirar del archivo la Carpeta Nº 580/86.
- Se resuelve, por moción del señor Senador Pérez, retirar del archivo la Carpeta Nº 76/90.
- Se resuelve, por moción del señor Senador Arana, retirar del archivo la Carpeta Nº 1.451/89.

- Manifestaciones del señor Senador Bruera.
- Se resuelve, por moción del señor Senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Directorio del Banco de Previsión Social y al PIT-CNT.

- Manifestaciones del señor Senador Arana.
- Se resuelve, por moción del señor Senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a las Intendencias y Juntas Departamentales de Canelones, San José, Florida y Montevideo.

- Manifestaciones del señor Senador Pérez.
- Se resuelve, por moción del señor Senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Directorio del Banco de Seguros del Estado, al Directorio de FRIPUR y al Congreso Uruguayo de Trabajadores de la Pesca (CUTIP).

- Manifestaciones del señor Senador Alonso.
- Se resuelve, por moción del señor Senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca a y a los Directorios del Banco de la República y de ANCAP.

- Manifestaciones del señor Senador Cigliuti.
- Se resuelve, por moción del señor Senador remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN, y a los tres Consejos Desconcentrados del organismo.

- El señor Senador Bruera informa que en esa fecha los integrantes de la bancada del Frente Amplio no podrán concurrir a esas sesiones.

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

- Se autoriza al señor Senador Gargano a realizar una manifestación de protesta durante 15 minutos en la media hora final de la sesión.
- Explosión del señor Senador Gargano.
- Se resuelve, por moción del señor Senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN, al Consejo de Educación Técnico Profesional y a las asociaciones de docentes de Educación Secundaria y de la UTU.

- Se autoriza al señor Senador Bouzas a realizar una exposición de 30 minutos sobre el tema en la sesión del día 7 de julio.

(En sesión secreta)
- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para destituir a tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y devolver, a efectos de completar los antecedentes, la correspondiente a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

- Se resuelve, por moción del señor Senador Ricaldoni, destinar ambos proyectos a la Comisión de Constitución y Legislación integrada con Hacienda.

- Se resuelve, por moción del señor Senador Santoro, iniciarla a la hora 17 y considerar las venias informadas por la Comisión de Defensa Nacional.

23) Se levanta la sesión.

"Montevideo, 11 de junio de 1993.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 15, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar el Ministerio de Defensa Nacional Fondos provenientes de un crédito concedido por el Gobierno de España, a efectos de proceder a la reparación del Buque de la Armada Nacional "Capitán Miranda".

(Carp. Nº 1085/93 - Rep. Nº 605/93).

2º) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para exonerar de sus cargos a:

tres funcionario del Ministerio de Educación y Cultura (Plazo constitucional vence 16 de junio de 1993).

(Carp. Nº 1072/93 - Rep. Nº 606/93).

LOS SECRETARIOS".

ASISTEN: los señores Senadores Alonso, Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Arana, Astori, Belvisi, Blanco, Bouza, Bouzas, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Elso Goñi, Gargano, González Modernell, Grenno, Irurtia, Jude, Korzeniak, Librán Bonino, Millor, Olascoaga, Pereyra, Pérez, Ricaldoni, Santoro, Urioste, y Zumarán.

FALTAN: con licencia, el señor Senador Batalla; y, con aviso el señor Senador Silveira Zavala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 1 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 15 de junio de 1993.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley.

Por el que se designa con el nombre "Doctor Alfredo Sanjuan Suárez" al Hogar de Ancianos del Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande;

- A la Comisión de Salud Pública.

Y por el que se dispone que los nacidos en la 10ª. Sección Judicial del departamento de Lavalleja, gozarán de dos días de asueto, con motivo de festejarse los 75 años de la fundación de la ciudad de José Pedro Varela.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

la Presidencia de la Asamblea General remite varios mensaje del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por el que se aprueba el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado, correspondiente al Ejercicio 1993;

por el que se sustituyen partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondiente al Ejercicio 1992;

y por el que se autoriza a la Unidad Ejecutora "Dirección de Proyectos de Desarrollo" del Programa "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público", del Inciso "Presidencia de la República", a efectuar la trasposición de créditos presupuestales en varios proyectos de inversión del mismo Programa.

-Ténganse presente.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes solicitando venias para:

designar al Cr. Humberto Capote como miembro del Directorio del Banco Central del Uruguay.

- A la Comisión de Asuntos Administrativos. Por disposición reglamentaria se efectuó el reparto.

destituir de sus cargos a cuatro funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Turística Uruguayo- Paraguaya;

por el que se eleva a la categoría de ciudad al Pueblo San Bautista, departamento de Canelones;

y por el que se designa con el nombre "Francia" la Escuela Nº 49 del departamento de San José.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

La Suprema Corte de Justicia remite un Mensaje solicitando la aprobación para la designación del Dr. Elías Piatniza como miembro del Tribunal de Apelaciones.

- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Turismo acusa recibo de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor Senador Carlos Julio Pereyra sobre el servicio social que presta la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales.

- Oportunamente le fue entregado al señor Senador Carlos Julio Pereyra.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por los señores Senadores Walter Belvisi, Carlos W. Cigliuti y Américo Ricaldoni, referente al monto y reservas brutas del Banco Central del Uruguay al 28 de febrero de 1990.

- Oportunamente le fue entregada a los señores Senadores Belvisi, Cigliuti y Ricaldoni.

El Ministerio de Educación y Cultura remite la información solicitada por el señor Senador José Korzeniak sobre el sumario administrativo que se sigue al Fiscal Letrado Dr. Jorge Recioy Trócoli.

- Oportunamente le fue entregado al señor Senador José Korzeniak.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba la modificación al artículo XV del Acuerdo de Transporte Aéreo Comercial con el Reino de España.

- A la Comisión de Asuntos Internacionales.

por el que se aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito en ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

por el que se establecen normas que regulan la actividad de los representantes de firmas extranjeras.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se otorga una compensación por el término de seis meses al núcleo familiar del funcionario público fallecido en actividad.

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

por el que se crea en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el Registro de Administradores de Edificios.

- a la Comisión de Hacienda.

La Cámara de Representantes comunica la sanción de los siguientes proyectos de ley :

por el que se aprueban las Enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina;

por el que se autoriza a Sub-Oficiales Mayores Combatientes y a Sargentos 1os. a realizar cursos de capacitación en la Escuela Militar;

y por el que se concede pensión graciable al señor Américo Celestino del Cioppo.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

El señor Senador Raumar Jude presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se instrumentan mecanismos a fin de que las empresas contraten a menores en calidad de aprendices.

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

El Presidente ad-hoc de la Comisión de Asuntos Internacionales eleva el informe entregado por el señor Senador Reinaldo Gargano, conteniendo lo actuado por el Grupo de Parlamentarios Uruguayos en la 11ª. Conferencia Interparlamentaria Comunidad Económica Europea - América Latina, realizada en la ciudad de San Pablo solicitando que el mismo sea puesto en conocimiento de los señores senadores.

- Repártase.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los proyectos de ley; por el que se contempla la provisión de vacantes transitorias de los jerarcas de la Administración Nacional de Educación Pública, y por el que se designa con el nombre "Cristóbal Colón" la Escuela Nº 50 de 1er. Grado del departamento de Tacuarembó.

- Repártanse e inclúyanse en el orden del día de la próxima sesión del Senado.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informes relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para conferir los ascensos al Grado de Coronel del Ejército a varios Tenientes Coroneles, y al Grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios Tenientes Coroneles.

- Repártanse e inclúyanse en el orden del día de la próxima sesión del Senado".

"Montevideo, 15 de junio de 1993.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de presentar el siguiente proyecto de ley, con la correspondiente exposición de motivos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Sin lugar a dudas, uno de los temas que más nos preocupa, a todos quienes tenemos responsabilidades de gobierno, es el del constante éxodo de nuestros jóvenes hacia mejores destinos, en el exterior de la República.

Y esta constante sangría se constata en la casi totalidad de las localidades de todo el país que visitamos con frecuencia, encontrándonos un día si y otro también, con poblaciones de niños y de mayores de edad, y con la casi inexistencia de jóvenes, los que se han ido, o están en vías de hacerlo.

Cabe agregar, además, que en vez de asistir a diario, como lamentablemente lo hacemos, al triste espectáculo de una minoridad siempre protagonista de hechos delictivos y de violencia, preferimos hoy apostar todos nuestros esfuerzos a un camino de alternativas, a un camino que ofrezca a los más jóvenes un poco de fe y optimismo para sentirse respaldados en un futuro que ellos mismos podrán forjarse.

Esto nos lleva a reflexionar acerca de nuestro rol como legisladores, y a elaborar proyectos como el que hoy prestamos, no como la mágica solución al problema anotado, pero al menos como un principio, una base de discusión sobre el asunto.

La idea central del proyecto es simple; instrumentar un mecanismo rápido y efectivo para conseguir que las empresas se interesen en contratar, en determinadas condiciones, a menores en calidad de aprendices, obteniendo para ello condiciones de exoneración de aportes y de disminución de salarios que les resulten ventajosas. Asimismo, se crea para aquellos jóvenes con la inquietud y el tesón suficientes, una expectativa cierta de ingreso al mercado laboral, en el que además de completar su formación en un medio real, se benefician con una remuneración y un horario que les permita la culminación de sus estudios.

En su artículo 5º el proyecto establece la intervención del Consejo de Educación Técnico-Profesional, en cuanto a calificar a los menores que se encuentren en condiciones de acceder a esta oferta laboral, por entender que es el organismo más apto para ello. Cabe agregar que es sólo a los jóvenes que cursen en dicho centro de estudios, a quienes se dirige la iniciativa, como forma de incentivarlos a completar su formación técnico-profesional.

En cuanto a la remuneración prevista, se entienden como lógico que esta no puede ser igual a la de un obrero estable en la empresa, con experiencia, capacidad y responsabilidad superiores a las del aprendiz.

En el final del artículo 6º, se establece que no se le efectuará al aprendiz descuento alguno, a pesar de reconocerse que existiría la necesidad de arbitrar un mecanismo para asegurar a los menores los beneficios del Seguro de Accidentes de Trabajo, materia que sin duda deberá tratarse en la futura reglamentación de la ley.

Esta iniciativa constituye, reiteramos, una base de discusión y como tal, es perfectible, pero estamos convencidos de que merecerá un amplio, profundo y sincero intercambio de ideas, que contribuyan a plasmar en una solución legislativa la línea de acción propuesta.

PROYECTO DE LEY

OPORTUNIDADES LABORALES PARA LA MINORIDAD

Artículo 1º.- Todo menor que haya cumplido los 14 años, podrá ingresar como aprendiz en la industria o el comercio.

Art 2º.- La condición de aprendiz sólo podrá mantenerse, a los efectos de esta ley, hasta que el menor cumpla los 18 años de edad.

Art. 3º.- Durante el período de aprendizaje, el menor y el patrono estarán exonerados de los aportes y contribuciones destinados a los organismos de Previsión Social, sean ya de carácter nacional o departamental, que debieran pagarse por la contratación de ese menor.

Art 4º.- las empresas sólo podrán tomar en carácter de aprendices un número de menores que no exceda del 20% del total de trabajadores mayores de edad, de cualquier categoría que revistan en la empresa.

Art. 5º.- El Consejo de Educación Técnico-Profesional determinará, en un plazo que no excederá de los 60 días de reglamentada la presente ley, los requisitos indispensables para que sus alumnos puedan acceder a una lista de aprendices disponibles, la que será llevada por el propio Consejo, y estará a disposición de las empresas interesadas, en cada capital departamental.

Art. 6º.- Todo menor que acceda a ingresar como aprendiz en una empresa, deberá percibir una remuneración que nunca podrá ser inferior al 50% (cincuenta por ciento) de lo que perciba un mayor de edad que desempeñe iguales tareas; a lo percibido por el menor no se le realizará descuento alguno.

Art. 7º.- Los menores aprendices deberán figurar en las planillas de trabajo correspondiente.

Art. 8º.- Todo patrono deberá facilitar a sus aprendices el tiempo necesario para continuar sus estudios con normalidad.

Art. 9º.- En caso de que una empresa, con la finalidad de su propio provecho, falseare la edad de un determinado menor aprendiz, dicha empresa serán sancionada con la prohibición de tomar menores aprendices por el término de dos años, sin perjuicio de las demás sanciones legales que pudieran corresponderle.

Art. 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro de los 60 días de su promulgación.

Art. 11.- Comuníquese, etc.

Raumar Jude. Senador.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Raumar Jude. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de archivo de una Carpeta.

(Se da de la siguiente:)

"La Comisión de Hacienda aconseja al Senado el Archivo de la Carpeta Nº 276/90, que contiene el proyecto de ley por el que se reforma el procedimiento de reajuste anual de los préstamos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay".

- Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) SALARIO MINIMO NACIONAL. Ajuste por ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Bruera.

SEÑOR BRUERA.- Señor Presidente: en estos breves minutos de que dispongo, quiero referirme a una iniciativa originada en la Cámara de Representantes, que considero de estricta justicia. Se trata del proyecto de ley por el que se procederá al ajuste del Salario Mínimo Nacional por etapas, quitándole esta potestad al Poder Ejecutivo, quien a lo largo de estos años lo ha depreciado en forma deliberada, llevándolo a límites intolerables.

Actualmente, el Salario Mínimo Nacional, fijado por el Poder Ejecutivo, se encuentra en los $ 332.50, la sola mención de esta cifra alcanza para advertir que no es siquiera tenida en cuenta por las patronales a la hora de determinar el salario de un aprendiz, porque por esa suma no se trabaja debido a que en realidad se pierde dinero.

El Salario Mínimo Nacional sirve de pauta para establecer los montos mínimos jubilatorios, así como los topes máximos y una serie de beneficios sociales. Además, tiene directa relación con la asignación familiar, que reciben más de 430.000 niños; se utiliza como referencia para fijar los subsidios por enfermedad -que es abonado por DISSE- y maternidad; el seguro de paro, la prima por antigüedad y el hogar constituido.

No queremos formular ninguna alusión política, porque sabemos es improcedente en la hora previa y porque no es ese el espíritu de nuestra intervención. Solamente diremos en forma objetiva que el Salario Mínimo Nacional que, reitero, actualmente está fijado por el Poder Ejecutivo en $ 332.50, para mantener su valor adquisitivo debería estar en $ 779, es decir, tendría que aumentarse en un 134%. Esto demuestra la magnitud de su caída desde que fuera creado en el año 1969.

De esta manera constatamos su tremendo deterioro y las consecuencias negativas que perjudican a aproximadamente un millón de compatriotas.

Al respecto, el señor Representante Jorge Machiñena ha tenido la iniciativa de que se proceda a su ajuste cuatrimestral por vía de la ley y de acuerdo con los porcentajes de inflación, llevando por etapas el proceso de su recuperación progresiva a lo largo de cinco semestres. Estoy plenamente de acuerdo con la esencia del proyecto y desde aquí quiero darle mi apoyo.

Sabemos que la iniciativa ha levantado objeciones en el Poder Ejecutivo por ser gravosa para el Banco de Previsión Social y por el supuesto impacto inflacionario que podría generar. En ese sentido, el representante del PIT-CNT en el Directorio del Banco de Previsión Social, señor Ernesto Murro, ha dado respuesta ajustada a estas objeciones. Ha dicho, con razón, que medidas del Poder Ejecutivo tales como el retiro obligatorio de los funcionarios públicos a los 65 años o la exoneración en el pago de tributos jubilatorios a las empresas que los absorban, por ejemplo, tienen un impacto más gravoso que el que pueda significar la recuperación del poder adquisitivo del Salario Mínimo Nacional.

Por otra parte, el propio Ernesto Murro ha dicho que esa recuperación del Salario Mínimo Nacional obrará como dinamizador de la economía y de las arcas del Banco de Previsión Social.

No debemos olvidar que esa cantidad de dinero que hoy se retacea sin justificación y en forma discrecional a un millón de uruguayos, por vía de un incremento del consumo interno y el consiguiente pago de impuestos -particularmente el IVA- retornaría, en cierta medida, a las propias arcas de Banco de Previsión Social.

En síntesis, por la justicia que entraña, porque beneficiará en particular a los sectores más desposeídos y porque hay que terminar con esta suerte de arbitraria discrecionalidad con que hoy se procede a su fijación, doy mi apoyo en el sentido de que el Salario Mínimo Nacional sea ajustado por ley en el futuro asegurando la recuperación de su valor. Deseamos que esto se haga realidad en los términos más breves posibles.

Por todo lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Directorio del Banco de Previsión Social y al PIT-CNT.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Bruera.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: desde hace años, vecinos de los departamentos de San José, Canelones y Montevideo, están solicitando la efectiva coordinación del transporte colectivo de pasajeros. Además, han intentado tener un ámbito donde se puedan hacer oír sus demandas.

Luego de innumerables reuniones con ediles, directores de tránsito de las Intendencias, directores de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se concretó a fines de 1992, en el Plenario Inter-Juntas del área metropolitana -que integran ediles de todos los sectores políticos de Canelones, San José, Montevideo y más recientemente de Florida- que ha contado con la asistencia del Director Nacional de Transporte en representación del Ministerio respectivo, la creación de una Comisión Asesora del Area Metropolitana. Esta, en definitiva, se ha integrado con directores de tránsito de las Intendencias Municipales de San José, Canelones, Florida y Montevideo, con ediles de las Juntas Departamentales, y con el Director Nacional de Transporte de esa Cartera, actuando como Presidente. A su vez, se ha sumado a ella una Comisión Consultora integrada por delegados de los vecinos del área, de los trabajadores del transporte y de las empresas de transporte.

Esta resolución, señor Presidente, facultó al Director Nacional de Transporte a convocar a reunión a todos estos sectores. A pesar de los insistentes reclamos de los vecinos, hasta la fecha no se ha logrado que esta Comisión fuese convocada.

Cabe agregar que los vecinos ya han tenido una primera entrevista con el nuevo Directorio de Transporte del Ministerio quien se mostró receptivo respecto alas inquietudes presentadas, pero hasta el momento no ha habido respuesta en cuanto a la convocatoria.

Consideramos que para los habitantes de estos departamentos es prioridad número uno la reimplantación urgente del transporte por ferrocarril, por su bajo costo, por la seguridad que representa y por la reinserción de la gente en las zonas rurales, así como por la promoción del turismo interno, entre otros factores.

Obviamente, los vecinos tienen plena conciencia de que tal opción exige la indispensable coordinación con el resto del transporte.

Otro tema percibido con mucha preocupación es el que resulta de las modificaciones que por la entrada en vigencia del Decreto 116, de marzo de 1993, agrava la situación actual para los usuarios. Según su artículo 6º, este Decreto divide las tarifas en tramos de cuatro quilómetros, sin tener en cuenta la específica realidad de los núcleos poblados a nivel local. Por ejemplo, no son equiparables los cuatro quilómetros que separan el tramo comprendido entre el quilómetro 19 y el quilómetro 23 de la Avenida Giannattasio que el comprendido entre los quilómetros 29 y 33 de la misma avenida, o el que se extiende entre los quilómetros 23 y 27 de la Ruta 1.

Por otra parte, el artículo 13, referido a servicios semidirectos, se considera negativo porque permite que las tarifas puedan ser superiores. Con respecto a este artículo y al 15, los usuarios opinan que en lugar de tarifas mínimas, deben colocarse servicios de corta distancia que impidan el detenimiento de los vehículos para el descenso de pasajeros hasta un recorrido predeterminado. En este sentido, los vecinos sugieren que, por ejemplo, los coches que salen de Montevideo hacia Pando deberían comenzar a parar para bajar después del quilómetro 16, y que los que tienen destino en Playa Pascual, lo deberían hacer luego de Paso de la Arena. Esto significaría que el servicio fuera utilizado por los usuarios que más lo necesitan, es decir, quienes se encuentran radicados en zonas alejadas del centro.

Por su parte, el artículo 19 habla del descuento para abonados, sin embargo, hoy no existe tal descuento para quienes viven próximo al quilómetro 18, ya sea por avenida Giannattasio, por la Ruta 8 o por Camino Carrasco, puesto que deben pagar el mismo precio por boleto que por unidad de abono.

En cuanto a la rebaja de boletos para estudiantes, el artículo 22 habla de un porcentaje del 35%, que por la implementación de la tarifa de protección, hoy ni siquiera se cumple, pues la rebaja real determinada por el artículo 23 es apenas de un 10%.

Es reclamo de los vecinos del área -que consideramos de estricta justicia y compartimos en su totalidad- que se implemente el boleto gratuito para los estudiantes del ciclo secundario, pues lo que se cobra hoy resulta lesivo para la mayoría de la población.

Aún hay dos aspectos negativos. Uno de ellos es el hecho de que se ha eliminado el boleto a mitad de costo para menores entre 6 y 12 años, y el otro es que por el artículo 37 del referido Decreto se autorizan rebajas a jubilados del orden del 30% para todo el año -esto ocurre en líneas suburbanas- cuando antes de su entrada vigencia, ese costo se rebajaba a la mitad, por lo menos entre los meses de abril y setiembre de cada año.

Creemos, señor Presidente, que los problemas aquí expuestos merecerían una consideración especial por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Por lo expuesto, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras, sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a las Intendencias y Juntas Departamentales de Canelones, San José, Florida y Montevideo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Arana.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Pérez.

SEÑOR PEREZ.- Señor Presidente: voy a referirme a la situación de los trabajadores de FRIPUR, empresa que se dedica a la elaboración de productos de pesca y cuyo propietario es el señor Máximo Fernández.

Hace un par de semanas estos trabajadores concurrieron a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado a fin de relatar los atropellos de que son víctimas en la empresa. En esta época moderna, realmente hay pocos ejemplos de la existencia de una explotación tan grosera y brutal, que va en detrimento de la salud física y siquica de las mujeres -que son mayoría en la planta procesadora- así como de los hombres.

Por otra parte, existe un permanente manoseo de la organización gremial y se producen amenazas de toda clase, que conducen a situaciones de conflicto que luego la empresa reprime en forma muy dura. Por estos motivos, los trabajadores han recurrido a las Comisiones respectivas de ambas Cámaras y a la prensa, a efectos de tratar, de alguna manera, de poner coto a los desmanes y a la explotación despiadada que realiza esta patronal.

En esta empresa se aplican métodos que, en general, exigen una productividad que va a más allá de lo humano. Ello provoca despidos por insuficiencia laboral, planteos de mejoras de servicio a mujeres con más de 13 años de antigüedad en la empresa, suspensiones que se aplican a diestra y siniestra por cualquier motivo e insultos, prepotencia y malos tratos por parte de las encargadas y sus asistentes por "atraso de la producción", entre comillas. Además, se impiden los relevos por necesidades fisiológicas elementales para ir al baño o a la enfermería y, principalmente, a la mujer obrera que está en su período menstrual no se le permite higienizarse, lo que ha ocasionado que algunas trabajadoras se desmayaran y se mancharan la ropa.

Toda esta situación conduce a un desgaste físico, que produce lesiones diversas, calambres en piernas y brazos, contracturas musculares, tendinitis, problemas en la columna, jaquecas, etcétera. Los casos más agudos son apenas atendidos en la enfermería, que ni siquiera merece llamarse de esa manera porque funciona en una forma totalmente deplorable. Allí existe material que sólo sirve para curar tajos que se produzcan en los dedos, pero no se cuenta con aspirinas, calmantes o elementos básicos para mitigar los dolores de los trabajadores. Unicamente en los casos en los que existe un verdadero riesgo de vida, el empleado es enviado al Banco de Seguros del Estado. Incluso ha habido casos de personas que cumplieron sus tareas vendados o entablillados por la enfermera de turno, con prohibición de concurrir a dicha institución, debiendo esperar dos o tres días para que el médico de la empresa, el doctor Coliberti, los autorizara a ir a DISSE y, sólo en casos gravísimos, al Banco de Seguros del Estado.

Podríamos seguir relatando innumerables denuncias, pero creemos que con lo que hemos expuesto es suficiente para tener una idea cabal de lo que ocurre en esta empresa.

Además podríamos mencionar las irregularidades que existen en la cantina, ya que se ha constatado que los precios y los alimentos se encuentran adulterados. También hay deficiencias tremendas en los baños y vestuarios, tema sobre el cual podríamos elaborar un capítulo extenso y a la vez terrible.

Ante todos estos hechos, los trabajadores han reclamado, en primer lugar, el reintegro de todos los obreros despedidos por represión sindical. En segundo término, solicitan el cese de los malos tratos y de las sanciones por la aceleración de los ritmos de trabajo. En tal sentido, exigen una humanización de los mandos medios, que utilizan métodos groseros y brutales. Estos últimos son, al mismo tiempo, expoliados desde la propia Dirección de la fábrica para que procedan de esa manera, porque de lo contrario pueden ser destituidos. Todo esto genera una cadena de mando realmente tremenda para todos los que trabajan en la empresa.

En tercer lugar, los trabajadores afirman que no son contrarios a la productividad, pero reclaman que ésta sea concertada en una mesa de negociaciones con la organización gremial.

Por último, reivindican el reconocimiento de la organización sindical.

En esta oportunidad no dispongo de tiempo suficiente como para referirme a los problemas que existen en la flota de esta empresa, donde se cumplen tareas en condiciones que recuerdan la época en que los esclavos trabajaban en las galeras, porque es realmente terrible lo que allí ocurre.

Por las razones expuestas, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Banco de Seguros del Estado y al CUTIP, que es el Congreso Uruguayo de Trabajadores de la Industria de la Pesca.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Pérez.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

SEÑOR PEREZ.- Disculpe, señor Presidente, pero deseo solicitar que la versión taquigráfica de mis palabras también sea enviada al Directorio de FRIPUR.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Pérez.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Alonso.

SEÑOR ALONSO.- (Nelson, Dr.).- Señor Presidente: días pasados tuvimos ocasión de visitar el departamento de Salto y tomar contacto con una serie de problemas que, aunque ya los conocíamos, cuando se les vive directamente se tiene la experiencia "in situ" y se habla con los protagonistas, los mismos afloran con otros tonos y otros grados de angustia.

En consecuencia, nos sentimos en la obligación de expresar al Senado la profunda preocupación que nos genera la situación económica del litoral norte del país. Tradicionalmente, ha sido una zona rica y próspera, pero si no se resuelven los graves problemas que hoy están planteados, por un tiempo seguirá siendo rica, pero desde ya no es próspera. Me refiero tanto a los problemas que afectan a la ganadería bovina y ovina, como a la explotación de los cítricos, a los vinculados con la horticultura -con toda la agroindustria que ello implica- y a los que tienen que ver con la caña de azúcar.

Podríamos decir que algunos de estos problemas no tenemos -ni como Estado, ni como Gobierno, ni como uruguayos- la capacidad de resolverlos, porque los mismos hacen al ámbito mundial en el cual, desgraciadamente, pesamos muy poco. Por ejemplo, los problemas que afectan a la lana tienen que ver con la crisis mundial de este producto, con el avance tecnológico en materia de tejidos y con el sobre-stock de Australia, por lo cual poco podemos incidir, a todo ello, se agregan las dificultades de la exportación cuando nos manejamos con un dólar subvaluado.

En lo que tienen que ver con los ganaderos del litoral norte, debemos decir que, además de los problemas comerciales que enfrentan con la carne, se sienten sometidos a una sobrecarga fiscal que, en forma inexorable, convierte en deficitaria su explotación.

Asimismo, vemos que hay problemas por los médicos utilizados para la erradicación del cancro cítrico. Si bien se trata de un combate que todos los uruguayos tenemos que aplaudir, las conversaciones o el diálogo necesario en cuanto a los métodos aplicados no han sido manejados con la suficiente prudencia, generando resistencias y daños económicos que reputamos innecesarios.

También debemos decir que los horticultores están angustiados, porque contaban con los recursos de un crédito internacional que se vio sustituido por un financiamiento que daría el Banco de la República, organismo que aparece exigiendo garantías reales para el otorgamiento de préstamos que no son cuantiosos y que, por cierto, son de corto plazo. Todos sabemos el carácter intensivo que tiene la explotación del horticultor; que el valor de la tierra no es muy considerable; que la misma no siempre es de su propiedad y que, además, no se toma en consideración ni se evalúa el costo de las instalaciones agregadas.

Queremos decir que pensamos que es una política equivocada. Si bien no exigimos por parte del Banco de la República una política liberal, imprudente desde el punto de vista financiero, sí le reclamamos que cumpla una función de fomento de la producción, que parecería no estar cumpliendo.

Detrás de toda la angustia que viven los horticultores, se encuentra la crisis de la agroindustria que alimentan esos horticultores, que es una fuente de divisas para el país y que, sobre todo, ocupa gran cantidad de mano de obra.

A todo esto habría que agregar la ya legendaria discusión sobre el problema de la explotación de la caña de azúcar, sombra que amenaza con la desocupación -si no con la desaparición- a grandes poblaciones del Norte, como sería el caso de Bella Unión, Constitución y Belén, afectadas por la política que se ha seguido con la producción de la caña de azúcar y por la posición muy dura, -intransigente, diría yo- del propio Directorio de ANCAP. Seguramente, un análisis más objetivo, más abierto, más receptivo de las distintas posibilidades que ofrece esta explotación -incluso, para la producción de alcohol, con su fácil colocación en el mercado brasileño, ávido de esta materia prima- abriría cauces para no generar un drama de desocupación que sería algo desolador para el litoral norte del país.

Queremos decir que no vinimos a hacer reclamos arbitrarios, intransigentes o con un cariz demagógico. Sin embargo, queremos hacer notar que cuando una zona tiene cinco o seis medios de producción de fundamental importancia, eso no es solo trascendente para dicha zona, sino también para el país todo. Por lo tanto, no podemos dejar de sentir una gran inquietud cuando vemos que todos y cada uno de esos rubros de producción, de esas fuentes de mano de obra, se ven amenazados por una crisis inminente o ya presente.

Por todo lo expresado, señor Presidente, sentimos el deber de expresar en el Senado nuestra preocupación por el presente y el porvenir de ese litoral norte tan amenazado.

En consecuencia, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se remita a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca y a los Directorios del Banco de la República y de ANCAP.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada en el sentido de que la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas se pase a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca y a los Directorios del Banco de la República y de ANCAP.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI.- Señor Presidente: me voy a referir a algunos aspectos relativos al funcionamiento de los órganos de educación dependientes del CODICEN.

Declaro que se trata de un trabajo en cuya elaboración he participado y que es obra de un conjunto de docentes que están en actividad y que tienen una gran preocupación, dado que algunos de los problemas más graves de la educación subsisten todavía. Incluso, es posible que se presenten situaciones que deban ser consideradas en la órbita legislativa, porque las soluciones que determinaron en su momento un entendimiento, como consecuencia de la inteligente y patriótica mediación de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, entre el cuerpo docente, las autoridades del CODICEN y las Poder Ejecutivo, probablemente tengan que ser objeto de revisión.

En consecuencia, me pareció apropiado hablar en el Senado para trasmitir, por su intermedio a la opinión pública y expresamente a los órganos de enseñanza, algunos de los comentarios que esta situación está provocando con las circunstancias reiteradas que se producen al momento de iniciar un nuevo año lectivo, con las carencias y limitaciones que todos los señores senadores y docentes conocen. Lo mismo sucede en Primaria, Secundaria y en UTU, a lo que a continuación me voy a referir.

Ahora, se está hablando de la reforma educativa. El antiguo Plan Piloto se limitó a algunos liceos. El Ciclo Básico Unico de 1986 fue objeto de intenso debate e intervenciones legislativas y, en este momento, muchos de los defensores de entonces han adoptado actitudes severas, críticas y se cambian los programas, según el impulso y el enfoque de las autoridades de turno. Se enfoca la educación como un asunto de gobierno cuando, en realidad, debería ser tratada como una cuestión de Estado. Ello implica estar por encima de las posiciones de carácter político para atender exclusivamente las que tienen relación con la enseñanza. Muchas veces los docentes se enteran por la prensa de los cambios a introducirse, y a cualquier altura de los cursos se modifican los métodos de evaluación. A pesar de su participación en la estructuración de los programas o planes, la misma resulta irrelevante ante la proximidad del comienzo de los cursos y cuando las decisiones a nivel jerárquico ya se han tomado. Ni qué hablar de la inefectividad de la Comisión Coordinadora de la Educación. Creo que en un futuro, cuando las autoridades parlamentarias y el Poder Ejecutivo se aboquen a revisar y a sustituir la Ley de Emergencia de la Educación, habrá que dar una participación efectiva -que ahora no la tiene- a dicho Poder.

En una oportunidad que intercambié ideas con el doctor Justino Jiménez de Aréchaga, me manifestaba con razón que nuestro país era raro porque el Poder Ejecutivo no tenía potestad para tener una política de educación. Esta gira en otros ambientes, y el Poder Ejecutivo lo único que hace es mandar el Mensaje al Senado para nombrar los miembros de los Consejos Directivos y este Cuerpo otorga el consentimiento correspondiente. Es necesario que esta Comisión Coordinadora -que ahora se la deja a un lado- tenga una constante y activa participación en la orientación de la enseñanza, con la intervención del señor Ministro de Educación y Cultura, que debe presidirla, así como del Rector de la Universidad y los Directores de los Consejos Desconcentrados, que son quienes tratan directamente este problema.

En el ámbito de la ANEP, los estudiantes superan las setecientas cincuenta mil personas y en Educación Media hay doscientas mil; pero a pesar de la reiteración de buenas intenciones, el actual sistema formal de la educación no da respuesta a la expectativa de la sociedad, de los jóvenes y docentes, y es ineficaz para realizar el necesario ajuste entre educación y trabajo, a pesar de la abundante ayuda tecnológica y económica a nivel internacional que viene recibiendo, en particular en UTU. Cambiar en forma drástica la situación, es un imperativo de todos.

Lo mismo sucede en los últimos años con el comienzo del año lectivo, ya que se ha caracterizado por la implantación de reformas, de nuevos planes, de programas y diseños curriculares -es decir, la creación de asignaturas para las que no hay docentes, supresión de las existentes, modificación de la carga horaria, creación o supresión de liceos, turnos o grupos- designación o traslados en cargos de dirección o llamado a aspiraciones en vísperas del comienzo de las clases, etcétera, y todo ello lleva en su aplicación a la confusión y al caos, a lo que se le suma una reubicación general de docentes.

Es erróneo pensar que sin un estudio, una investigación, una discusión amplia o priorizando el factor económico, se pueda cambiar en su base anualmente la realidad educativa, por más que en general se pueda coincidir en los objetivos, a los factores anteriores se le sumó la culminación del conflicto de la enseñanza, por reivindicaciones salariales que se venían planteando de tiempo atrás. En esta instancia tuvo un rol protagónico el Poder Legislativo a través de las Comisiones respectivas, y posibilitó que se llegará a un trabajoso acuerdo que, en la actualidad, ha provocado varios traumas; entre ellos, parece que aún están pendientes de cumplimiento algunas concesiones recíprocamente aceptadas, así como que el gremio se ha dividido, lo que en este momento lo ha llevado, en cierta medida, a la pasividad.

Con lo expuesto deseo significar que este es un asunto con el que habrá que tener mucho cuidado en el futuro inmediato, porque seguramente va a reclamar una atención especial de las autoridades, incluso de aquellas que actuaron en la instancia anterior.

Otro punto que deseo destacar es el de las designaciones de personal docente. El artículo 19, inciso 6º, de la actual Ley de Educación, dispone que "el sistema de concurso será de precepto para ocupar en efectividad cualquier cargo de los escalafones docentes del Ente". Y el artículo 23 del Estatuto del Funcionario Docente, sancionado en 1986, un año después de entrar en vigencia la ley, requiere el concurso para el ingreso a la docencia en efectividad, de conformidad a lo establecido en ella. Sin embargo, no siempre, ni en todos los casos, se ha cumplido con lo dispuesto o se ha actuado con la diligencia necesaria, existiendo en el cuerpo docente -en especial en Secundaria y en UTU- una injusta inquietud, motivada por el casi nulo adelanto en la marcha de las diversas etapas de los concursos.

En UTU un altísimo porcentaje de docentes no son efectivos, y no se ha puesto en práctica una política de concursos destinada a regularizar y estabilizar los cuadros docentes.

En secundaria, el anterior Consejo proyectó -y el CODICEN los aprobó- los nuevos reglamentos de concurso, que de conformidad con la Ley de Educación, privilegia para la docencia de las asignaturas a los egresados de los Institutos de formación docente. Sin embargo, los concursos en trámite se han enlentecido en forma notoria, no cumpliéndose en los plazos previstos las distintas etapas, dilatándose las notificaciones o la sustanciación de las solicitudes de vista, o la sustanciación de recursos. Existen cargos, respecto a los que no existe descripción o especificación ni se ha aprobado el reglamento para su provisión, ya sea en forma efectiva o interina, existen los reglamentos y no se ha llamado a aspiraciones; el concurso está prácticamente paralizado y se han efectuado designaciones en forma directa; sin darse los presupuestos anteriores, como por ejemplo los llamados Planes de Orientación Pedagógica. En el caso de los llamados a aspiraciones en plazos de cuarenta y ocho horas, se llevan a cabo sin cumplirse con la debida publicidad en tiempo y forma.

Creo que este es un asunto que deberá provocar una iniciativa parlamentaria para que se sustituya la Ley de Emergencia vigente, por una buena Ley de Educación, que cuente con la participación de todos. Pero estos problemas puntuales a los que acabo de referirme impiden que se pueda llegar a una solución adicional de este tipo. Esperamos que el año que viene se puedan iniciar los cursos de otra manera, es decir, con otras bases, reglamentaciones y, por supuesto, con otra Ley de Enseñanza.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase al CODICEN, aunque me saludo pero no me trato con este organismo. En una sesión anterior, he hecho alguna referencia al CODICEN, el que rechazó dichas expresiones, "sobre cuyo tenor y estilo el señor Presidente dispondrá lo que estime pertinente", textual. Naturalmente, no tomo muy en cuenta esas expresiones, porque espero que de la concurrencia de todos los elementos e inteligencias se pueda conseguir una superación del estado actual.

Asimismo, formulo moción en el sentido de que la versión taquigráfica de mis palabras se pase al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo Directivo Central de ANEP y a los Directorios de los órganos descentralizados, es decir, Primaria, Secundaria y UTU.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Cigliuti, en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras, se pase al Ministerio de Economía y Finanzas, al Consejo Directivo Central de ANEP -con quien el señor Senador Cigliuti se saluda pero no se trata- y a los Consejos no descentralizados sino Desconcentrados de los tres organismos que dependen del CODICEN.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BLANCO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BLANCO.- Señor Presidente: solicito que la Carpeta Nº 469/91 sea retirada del archivo y vuelva a consideración de la Comisión.

Deseo complementar este pedido con la siguiente información: la Carpeta a la que he hecho referencia está vinculada a un proyecto de ley presentado por quien habla y relacionado con modificaciones al régimen de empresas públicas, es decir que tiene que ver con el tema de la reforma del Estado.

Como es notorio, en estos días han ingresado a la consideración del Senado otros dos proyectos de ley relacionados con la materia. El señor Presidente ha tenido a bien darles el trámite correspondiente a los efectos de que puedan ser considerados por la Comisión de Constitución y Legislación en sus diversas integraciones. Precisamente, en el transcurso de la sesión de la mencionada Comisión en la tarde de hoy, anuncié mi intención de solicitar la vuelta a Comisión de la Carpeta a que me he referido, a los efectos de que pudiera ser considerada junto con los otros proyectos de ley, de modo tal que recibiera un trámite análogo al dispuesto oportunamente en relación con ellos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el retiro del archivo de la Carpeta Nº 469/91, que en tal caso volverá a la consideración de la Comisión de Constitución y Legislación.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto de ley presentado.

"Los señores Senadores Pablo Millor y Dante Irurtia presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican normas referentes a la inscripción de los nacimientos, artículos 16 y 26 del decreto-ley Nº 1.430 de 12 de febrero de 1879".

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El decreto-ley que actualmente nos rige en materia de Registro de Estado Civil data del año 1879. Más de un siglo ha transcurrido desde su redacción original. Hoy, el mismo texto continúa rigiendo realidades e instituciones que, por lógica, no pueden resultar idénticas a las de entonces. Las soluciones plasmadas en su cuerpo, en casos concretos, terminan por lesionar derechos y legítimas expectativas.

Las necesidades de una comunidad afincada en un determinado lugar y su forma de satisfacerlas han variado desde entonces a hoy. Del aislamiento topográfico y las deficiencias de los medios de comunicación, determinantes del "localismo", hemos pasado a un fenómeno diferente, que involucra la movilidad de grupos humanos, transformando la base territorial. De la "circunscripción territorial" de ayer evolucionamos a la "interacción" de hoy. De la matrona que iba a domicilio a asistir a la parturienta hemos pasado a la parturienta que recorre quilómetros para llegar a un centro asistencial. Esos niños son inscriptos en el Registro de la Sección en la cual se verificó el parto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 del decreto-ley Nº 1.430. Tal disposición hace primar a los efectos el presupuesto del hecho del lugar en que se haya verificado el hecho vital sobre el del domicilio de los interesados. Semejante situación falsea una estadística: miles de habitantes llamados a ser nativos de un departamento resultan naturales, en cambio de otro.

El trasiego de embarazadas emigrantes es importante a nivel nacional. Según un cuadro confeccionado por la División Estadística del Ministerio de Salud Pública, correspondiente a nacimientos vivos ocurridos y registrados durante el año 1986, a título de ejemplo, podemos señalar los siguientes datos:

1) De 6.318 residentes en el departamento de Canelones, 3.552 dieron a luz fuera de ese departamento.

2) De 1.993 en Colonia, lo hicieron 225.

3) De 1.121 en Durazno, lo hicieron 79.

4) De 1.211 en Florida, lo hicieron 211.

5) De 999 en Río Negro, lo hicieron 123.

6) De 1.730 en San José, lo hicieron 758.

El problema se plantea también dentro de los límites departamentales, donde las capitales o ciudades importantes concentran el grueso de las estadísticas en nacimientos, y los pueblos sin habitantes nativos se multiplican. A modo de ejemplo, así sucede con la ciudad de Cardona (13ª. Sección Judicial del departamento de Soriano) y la villa de Florencio Sánchez (13ª. Sección Judicial del departamento de Colonia).

Florencio Sánchez cuenta con una población que podría estimarse alrededor de los 4.000 habitantes, 1.000 padrones urbanos, y una extensa zona rural. Dispone de Junta Local, dependiente de la Intendencia Municipal de Colonia, que administra los correspondientes servicios municipales, y cuenta con una Policlínica de Atención Primaria a la Salud. En la Escuela Pública Primaria de la villa, la N° 93, ingresan por año entre 50 y 60 alumnos, en su mayoría hijos de familias residentes del lugar. A pesar de todo eso, en la circunscripción territorial Florencio Sánchez la verificación e inscripción de nacimientos son prácticamente nulas. Ello se debe a la inexistencia dentro de sus límites de unidades asistenciales de parturientas, mientras en la vecina ciudad de Cardona tienen asiento la unidad pública Hospital Dr. Rogelio C. Sosa y la privada UMERCO. De esta manera convergen en Cardona embarazadas emigrantes desde Florencio Sánchez, quienes dan a luz en los referidos centros asistenciales. Debido al artículo 16 del decreto-ley Nº 1.430 una localidad como Florencio Sánchez se ve privada de tener habitantes nativos, y sus residentes del derecho natural a inscribir sus hijos en el lugar donde habitan, por la simple circunstancia de no contar por el momento con un hospital o un sanatorio en su territorio.

En 1993 el trasiego en procura de centros asistenciales es cosa común. Por ello, el presente proyecto privilegia un presupuesto de hecho diferente para fijar el lugar del asiento, con respecto a los nacimientos: en vez de aquél en que se haya verificado el hecho vital (inciso 1º del artículo 16 actual), el del domicilio de la madre, salvo declaración de voluntad expresa en contrario de la interesada.

Consecuentemente, se propone modificar el artículo 26 del decreto-ley Nº 1.430, a efectos de armonizar su redacción.

Montevideo, 8 de junio de 1993.

Pablo Millor, Dante Irurtia. Senadores.

SE MODIFICAN NORMAS REFERENTES A LA INSCRIPCION DE LOS NACIMIENTOS
(Arts. 16 y 26 del decreto-ley Nº 1.430 del 12/2/79)

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Modifícanse los artículos 16 y 26 del decreto-ley Nº 1.430 de 12 de febrero de 1879, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Los nacimientos se inscribirán en el Registro de la sección en que se hayan verificado.

De no mediar declaración expresa de voluntad en contrario por parte de la interesada, se presumirán verificados en el lugar de residencia habitual de la madre aquellos nacimientos ocurridos fuera de él, dentro del territorio nacional. En tales casos, previa presentación del certificado de vecindad respectivo, se hará constar dicha circunstancia en la documentación expedida por la persona o institución interviniente en la asistencia del parto, a los efectos de la inscripción ante el Registro que, en consecuencia, corresponda.

Los matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro de la sección en que se hayan verificado, aun cuando los interesados fueran vecinos de otro lugar, guardándose siempre las formalidades establecidas.

ARTÍCULO 26.- Están obligados a hacer la declaración del nacimiento, en primer lugar el padre; en su falta o por su impedimento la madre; por falta o impedimento de ambos el pariente más próximo del recién nacido, siendo mayor de edad y residiendo en el lugar donde deba efectuarse la inscripción; en último término, el dueño de la casa donde ocurrió el parto.

Si el nacimiento ocurriese en algún establecimiento o edificio público o perteneciente a alguna corporación, la persona a cuyo cargo estuviera la dirección del mismo estará también subsidiariamente sujeta a la obligación impuesta por este artículo.

Montevideo, 8 de junio de 1993.

Pablo Millor, Dante Irurtia. Senadores".

SEÑOR BRUERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRUERA.- Señor Presidente: solicito que la Carpeta Nº 580/86 sea retirada del archivo y pase a consideración de la Comisión de Medio Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Bruera en el sentido de que la Carpeta Nº 580/86 sea devuelta del archivo a la Comisión de Medio Ambiente.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PEREZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREZ.- Señor Presidente: solicito que la Carpeta 76/90 sea retirada del archivo y sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se retira del archivo la Carpeta Nº 76/90 a fin de que pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BRUERA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRUERA.- Señor Presidente: el próximo martes 22 de junio, la bancada de diputados y senadores del Frente Amplio mantendrá una reunión que pensamos será extensa. Por lo tanto, nos vemos obligados a declarar que nos será prácticamente imposible concurrir a las reuniones que puedan ser citadas en esa fecha.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa señala que el martes 22 de junio no es día de sesión ordinaria.

SEÑOR BRUERA.- Me refiero a las Comisiones, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Téngase presente.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional fondos provenientes de un crédito concedido por el Gobierno de España, a efectos de proceder a la reparación del Buque de la Armada Nacional ‘Capitán Miranda’. (Carp. Nº 1085/93 - Rep. Nº 605/93)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1085/93
Rep. Nº 605/93

Montevideo, 30 de marzo de 1993.

Señor Presidente
de la Asamblea General
Presente

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir adjunto al presente Mensaje un proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional, la suma de hasta U$S 6:000.000 (seis millones de dólares estadounidenses), con fondos provenientes de un crédito concedido por el Gobierno del Reino de España, a efectos de proceder a la reparación del buque de la Armada Nacional R.O.U. 20 "CAPITAN MIRANDA".

El Poder Ejecutivo promulgó el 19 de marzo de 1993 la Ley Nº 16.346, por la que se autoriza la salida del país del referido buque y su tripulación, con motivo de la realización del decimotercer viaje de instrucción, desde el 15 de marzo hasta el 4 de octubre de 1993.

Tal como se explicitara en el Mensaje remitido oportunamente, el viaje se desarrollará en dos fases, 1era. Fase. Viaje de reparación y 2da. Fase: XIII viaje de instrucción.

Las referidas reparaciones se efectuarán en el astillero donde fue construida la embarcación y se encuentra previsto que las mismas insumirán un período de 90 días.

Desde el punto de vista académico militar, el Poder Ejecutivo entiende imprescindible mantener al buque escuela en perfectas condiciones por lo que solicita, ante la inminente partida del buque, una rápida sanción del proyecto.

Saluda al Presidente, con la mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Ignacio de Posadas Montero, Mariano Brito, Sergio Abreu.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 6:000.000 (seis millones de dólares estadounidenses), con recursos provenientes de un préstamo concedido por el Gobierno del Reino de España para financiar la reparación del Buque de la Armada Nacional R.O.U. 20" CAPITAN MIRANDA".

Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo de Prestamos realizado con el Gobierno del Reino de España.

Facúltase, a esos efectos a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.

INFORME

Al Senado:

Con fecha 30 de marzo de 1993, el Poder Ejecutivo envió al Senado, Mensaje y proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a designar el Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 6:000.000 (seis millones de dólares estadounidenses), con fondos provenientes de un crédito concedido por el Gobierno del Reino de España, a efectos de proceder a la reparación del buque de la Armada Nacional R.O.U. 20 "CAPITAN MIRANDA".

De acuerdo a lo planteado por el Poder Ejecutivo tanto en el mensaje que acompaña al proyecto de ley, como a través de la concurrencia del Sr. Ministro de Defensa a esta Comisión resulta necesario mantener al buque escuela en perfectas condiciones, para lo que es imprescindible llevar a cabo una reparación mayor del mismo.

En virtud de lo expuesto, aconsejamos al Cuerpo la aprobación del referido proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 3 de junio de 1993.

Alvaro Alonso Tellechea (Miembro Informante), Juan Carlos Blanco, Carlos Cassina, (con salvedades), Julio C. Grenno. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee:)

- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Alonso Tellechea.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo a los efectos de habilitar a que se realice una reparación mayor al Buque de la Armada Nacional ROU 20 "Capitán Miranda".

Como antecedente, quisiera señalar que por la Ley Nº 16.346, de 19 de marzo de 1993 fue autorizada la salida del país de este buque, con un doble propósito: el de llevar a cabo una reparación mayor y el de realizar un viaje de instrucción, tal como se hace regularmente. A su vez, debemos dar cita al Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España y también al acuerdo económico que forma parte del mencionado Tratado. A través de estos dos instrumentos, España otorga créditos de hasta U$S 200:000.000 a los efectos de que se le vendan servicios o bienes a nuestro país y que gocen de financiaciones especiales.

De acuerdo con lo que establece la Ley Nº 16.320 en su artículo 64, se utilizó parcialmente esa línea de crédito en un monto de U$S 17:000.000, destinado al Ministerio de Salud Pública a los efectos de posibilitar la construcción y equipamiento de los hospitales de Canelones y Las Piedras. A su vez, por el artículo 67 de la misma ley, se le concedió al Ministerio de Salud Pública la posibilidad de utilizar hasta U$S 50:000.000 para el equipamiento técnico asistencial de sus reparaciones en todo el país. Por ello, a la fecha quedan aún sin adjudicar aproximadamente U$S 130:000.000.

Cabe señalar que la Comisión de Hacienda procedió a invitar oportunamente al señor Ministro de Defensa Nacional a concurrir a una de sus sesiones. Efectivamente, el señor Ministro se hizo presente, acompañado por asesores del Ministerio, a fin de ilustrar a los integrantes de la Comisión acerca de cuáles eran las características más salientes de la reparación prevista. Así, en principio debemos aclarar que se trata de una reparación mayor, teniendo en cuenta que el barco fue construido en el año 1930. Lleva ya 63 años navegando, y la última de las reparaciones de las que ha sido objeto, tuvo lugar en el año 1977. Desde esa fecha hasta el presente se le han llevado a cabo reparaciones menores o de mantenimiento.

Cabe agregar que el barco es originario -me refiero a su construcción- de España y precisamente se propone que la reparación mayor se lleve a cabo en el mismo astillero en el que fue construido hace varias décadas.

Las funciones que actualmente cumple este Buque Escuela Nacional, son conocidas -por lo menos, así lo creo- por la gran mayoría de los integrantes de este Cuerpo. De todas formas, considero que vale la pena señalar que cumple una doble función: por un lado, la capacitación de los guardia-marinos que en él navegan -capacitación ésta que forma parte de la carrera de oficiales del Arma- y, por otro, el relacionamiento internacional que permite, por ejemplo, colocar en aguas y en puertos de distintas partes del mundo, la bandera de nuestro país.

Esta reparación mayor permitirá- de acuerdo con lo señalado por los señores asesores del Ministerio de Defensa Nacional- un reciclaje casi absoluto de la embarcación. A vía de ejemplo, podría decirse que alrededor del 60% de las chapas que forman el casco del barco, serán reemplazadas y a través de esta gran inversión en la embarcación se podrá ampliar la capacidad locativa de la misma, a los efectos de trasladar en los viajes de instrucción a los diferentes oficiales que en él aprenden determinados oficios. Por otra parte, se debe adecuar la exigencia de las normas de seguridad, ya que actualmente éstas pueden haber variado respecto a la fecha de la última reparación o construcción del Buque.

Así, la Comisión de Hacienda ha designado a quien habla como miembro informante, a los efectos de presentar este informe al Cuerpo y a fin de que se autorice al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 6:000.000 destinados a financiar la reparación del Buque de la Armada Nacional ROU 2O "CAPITAN MIRANDA".

Muchas gracias.

SEÑOR JUDE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR JUDE.- Señor Presidente: el miembro informante, señor Senador Alonso Tellechea, se ha expresado muy claramente acerca de este proyecto de ley, a consideración del Senado.

El buque "Capitán Miranda" cumple una función docente y educativa, y actualmente se encuentra en España. Cabe señalar que es necesario que este proyecto se apruebe en el día de hoy, porque dicho barco debe ingresar en el dique para ser reparado de acuerdo con un préstamo en especies -que vence el día 27 de junio- otorgado por el Reino de España. Justamente, este texto debe recibir la aprobación de ambas Cámaras a efectos de que se puedan realizar las obras de reparación.

Como ya se destacó, se trata de un buque de más de 60 años que prácticamente no puede destinarse a ninguna otra función. Por lo tanto, resulta absolutamente imperioso que se restaure dicho barco de acuerdo con este préstamo internacional con España. Entiendo que esta es la oportunidad de aprobar el proyecto, que habrá de permitir que de inmediato comiencen las obras de reparación en aquel país.

Por otra parte, además de aumentar la capacidad locativa del "Capitán Miranda", se lo va a modernizar, salvo en lo que hace a su estructura básica. Cabe recordar que este buque cumple una verdadera función docente con la juventud de las distintas Armas de las Fuerzas Armadas, y esa es la razón por la que adhiero a este proyecto, que además contó con el apoyo de la Comisión de Hacienda.

Muchas gracias.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: hace relativamente poco tiempo, y en oportunidad de una solicitud del Poder Ejecutivo para realizar una emisión adicional de Bonos del Tesoro -tema que también fue tratado por la Comisión de Hacienda, que integro- además de dar nuestra opinión sobre el proyecto que planteábamos la inconveniencia e incluso la incomodidad parlamentaria de estar tratando hechos prácticamente consumados.

En aquella oportunidad señalamos que prácticamente se hablaba de dónde se irían a colocar los nuevos Bonos del Tesoro que emitiría el Gobierno uruguayo, aunque todavía no había llegado el proyecto al Parlamento. Inclusive, el señor Subsecretario de Economía y Finanzas, que vino a informar y asesorar a la Comisión en aquel momento, reconoció que el proyecto tendría que ser aprobado ese mismo día porque, de acuerdo con los trámites que era preciso seguir para emitir y colocar estos valores, prácticamente se estaba fuera de plazo.

A propósito de esa situación, destacamos lo inconveniente de trabajar sobre esas bases. Incluso, en la prensa de aquellos días aparecía opiniones internacionales sobre la nueva emisión de Bonos del Tesoro que realizaría el Uruguay; sin embargo, su Parlamento aún no había aprobado la ley imprescindible para poder poner en práctica esa medida.

He realizado esta pequeña introducción, señor Presidente, porque ahora el barco se hizo a la mar -siguiendo la expresión que utilizamos en la Comisión- pero el proyecto de ley para repararlo todavía no había llegado. Fue remitido mucho después, con lo que se creó también un hecho prácticamente consumado a la Comisión de Hacienda.

Comienzo por esta primera reflexión a propósito de este tema del "Capitán Miranda" y de su reparación que, si mal no tengo entendido, zarpó el 28 de abril. Hoy, 15 de junio, estamos discutiendo un proyecto de ley en el Senado para ver si autorizamos a que se gaste U$S 6:000.000 en su reparación. Entonces, no puedo menos que volver a llamar la atención sobre una metodología de trabajo que no es buena en absoluto. Si antes había que prever que la emisión de Bonos del Tesoro debía ser realizada en cierta fecha, hoy también hay que tener en cuenta que la reparación del "Capitán Miranda" -reparación mayor, como señalaba el señor Senador Alonso Tellechea- debería haber sido prevista con anticipación. Esta es simplemente una reflexión metodológica y no de fondo, señor Presidente, acerca de un hecho que se viene reiterando y que no deseamos aceptar como régimen común y normal de trabajo.

Voy a referirme ahora a la cuestión de fondo, y adelanto que los señores senadores del Frente Amplio no vamos a acompañar este proyecto de ley, no porque estemos en contra del hecho de que se repare el "Capitán Miranda" -ese buque que cumple las funciones que han sido detalladas en el informe- sino porque nos parece que hay un gran contrasentido entre la dedicación de una cifra que no es menor -se trata de U$S 6:000.000- y las actitudes que en materia de gasto público se han venido adoptando con profunda falta de flexibilidad por parte del Poder Ejecutivo. Es cierto que esta suma estaría siendo financiada con cargo a un convenio proveniente del Reino de España, que significa un endeudamiento muy blando para el país. Pero también es cierto que los recursos con que cuenta un gobierno forman un todo global, incluyendo estas fuentes de endeudamiento. Dicho sea de paso, este mismo convenio con el Gobierno de España puede ser dedicado -y de hecho ya ha comenzado a destinarse por parte de este Parlamento- a financiar actividades y acciones que, a juicio de la bancada del Frente Amplio, son absolutamente prioritarias respecto a la reparación del "Capitán Miranda". Me refiero, por ejemplo, a los gastos con destino a la salud pública, que financiamos con cargo al mismo acuerdo en el pasado proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Señor Presidente: partiendo de la base de que las fuentes de recursos a las que apela un gobierno son únicas y conforman una masa global, y tomando en cuenta que tenemos un gobierno que nos repite un día sí y otro también que no tiene recursos, a veces ni siquiera para conceder pequeñas cantidades de fondos para solucionar problemas sociales muy graves, ahora tenemos la obligación de aplicar el mismo criterio al resolver si se gastan U$S 6:000.000 en reparar el "Capitán Miranda". Cabe destacar que no se trata de U$S 100.000, U$S 200.000 o U$S 1:000.000; estamos hablando de U$S 6:000.000. esa misma suma, aquí, en esta misma Sala, se utilizó como argumento decisivo para no suspender un reajuste del Banco Hipotecario; por esa misma suma, en este mismo Cuerpo -y también en sus Comisiones- se argumentó que no era posible resolver conflictos universitarios que con esa cifra podían quedar absolutamente superados. Por esa cantidad, o por montos similares, se hubiera podido evitar otros conflictos, no ya en el sector público, sino en el sector privado, que hoy están en pleno desarrollo en el país.

Entonces, advertimos que existe inflexibilidad en estos casos, pero rapidez -en el sentido de configurar rápidamente una actitud afirmativa, pero no en el trámite, al punto tal que se presenta prácticamente como un hecho consumado- en los otros. En consecuencia, decimos que no, señor Presidente. Y reitero que no es porque estemos contra las funciones que cumple el "Capitán Miranda" digo más; con un Poder Ejecutivo, con una conducción económica que tuviera un mínimo de flexibilidad -es decir, diferente a lo que tenemos en la realidad- habríamos mirado y considerado con otros ojos esta decisión, y hasta la habríamos acompañado.

Sin embargo, no podemos acompañar una decisión tomada por un Gobierno que, a veces, por una cantidad de recursos significativamente inferior a ésta que hoy está en juego, genera conflictos con el Parlamento, con fuerzas sociales, con actividades privadas y también conflictos dentro del sector público y, en definitiva, esa situación general de rechazo hacia la conducción económica que nadie puede negar existe en el Uruguay. Repito que esto es así por mucho menos de U$S 6:000.000. resulta que ahora, prácticamente sin discutir, porque el barco ha zarpado hace ya un tiempo, hay que votar U$S 6:000.000 para reparar al "Capitán Miranda".

En consecuencia, señor Presidente, es por esta cuestión de fondo -que repito está referida a la actitud que en general ha tomado en esta materia el Gobierno que ahora propone gastar esa suma- que no estamos dispuestos a acompañar este proyecto de ley. A mi juicio, esta es una contradicción flagrante porque, ¿por qué razón no adoptamos con flexibilidad, ya no disponer de un buque escuela en buenas condiciones, sino tener escuelas, hospitales, viviendas o impartir enseñanzas en buenas condiciones? Sé que hay limitaciones de recursos; pero el problema es que el argumento de la limitación de recursos, para nada ha sido utilizado en este caso.

Es por estos fundamentos, señor Presidente -y aclaramos que no es nuestra intención extendernos más- que llamamos la atención sobre la metodología de trabajo que, una vez más, se aplica nuevamente y también, decimos que no vamos a acompañar este proyecto de ley que acabamos de comentar.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para señalar que por un malentendido en el informe que ha circulado y que está en poder de los señores senadores, no aparece nuestra posición discorde, tal como debió suceder. Ello no se debió a que estuviéramos ausentes de la votación; en la Comisión de Hacienda votamos en contra de este proyecto de ley. Entonces, puesto que, como dijimos no aparece nuestra firma discorde en el informe correspondiente, queremos que quede la debida constancia de que así ha sido.

Es cuando deseábamos manifestar.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: como los señores senadores habrán podido observar, del informe de la Comisión de Hacienda surge que hemos votado este proyecto de ley con salvedades, las que me voy a referir en Sala.

Comienzo por señalar que votamos esta iniciativa con una incomodidad que se basa en las razones que hace un momento expuso el señor Senador Astori.

Normalmente, estas propuestas del Poder Ejecutivo nos llegan sobre la fecha en que deben realizarse las operaciones militares, en este caso concreto, la reparación de un buque que ya hace más de un mes ha salido del país para cumplir otro de sus viajes de instrucción. Esto por un lado. Pero, además, porque para esta reparación -que creemos necesaria- se va a emplear una suma, si bien proveniente de un préstamo del Reino de España -razón por la que, seguramente, no habrá de abonarse de inmediato, muy significativa, que el Estado uruguayo autorizará cuando, como es sabido, a través de la política del Poder Ejecutivo retacea o niega recursos para inversiones y servicios absolutamente imprescindibles dentro del país, particularmente en las áreas sociales.

Más de una vez, ante la necesidad que nuestro país tiene de reducir el gasto público -lo que creo nadie discute- hemos reclamado que tales reducciones operen con severo criterio de selectividad de tal modo de no afectar áreas sociales como las que hacen a la salud pública, a la educación, a las remuneraciones de los funcionarios y a la vivienda, por citar algunas. ¿Por qué razón, entonces, votamos este proyecto de ley?

En primer lugar, como ya se expresó, porque en cierto modo asumimos un compromiso, si bien no definitivo, cuando le dimos aprobación al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se autorizó el viaje de este buque. En el correspondiente Mensaje del 13 de enero de 1993, el Poder Ejecutivo expresó que parte del viaje iba a comprender 90 días en los que el buque estaría anclado en puerto, en España, a los efectos de que se operara una labor de reparación mayor. Pienso ahora -obviamente lo digo por los dos senadores que integramos la bancada del Partido por el Gobierno del Pueblo, puesto que sería un atrevimiento hablar en nombre de los restantes señores senadores- que, quizá en aquel entonces debimos preguntar de qué clase de reparación se trataba, cuánto costaría y con qué recursos se iba a pagar. Hoy sentimos que, de algún modo, asumimos -por lo menos, en lo que a nosotros respecta- un primer compromiso en lo que tiene que ver con la reparación de este buque.

En función de esta autorización dada por el Parlamento, que se expresa en la Ley Nº 16.346 de marzo de este año -y que como todo este tipo de iniciativas relacionadas con la salida o el ingreso de tropas o de buques, repito, siempre votamos apresuradamente porque no se nos dan los plazos suficientes- el buque partió en este viaje de instrucción, cuyas primeras etapas correspondían a escalas en varios puertos de Brasil y posteriormente de España donde, como manifestamos, la reparación mayor habría de realizarse. Entonces, nos encontramos ante el hecho consumado de la partida del "Capitán Miranda" hacia España, con algo así como un primer aval dado por el Estado a través de la ley, a fin de realizar una reparación mayor cuyo costo desconocíamos y tampoco sabíamos de dónde saldrían los recursos. Posteriormente se envía esta iniciativa, en la que se precisa que tal reparación tiene un costo aproximado de U$S 6:000.000, que habrá de efectuarse en los astilleros españoles donde el buque fue construido hace 63 años y, además, que los recursos para llevar adelante esta tarea de reparación habrán de ser aportados, en principio, por el Reino de España a través de un convenio celebrado con este país amigo, que acaba de ser aprobado por la Cámara de Representantes, por lo cual suponemos que en estos días se ha transformado en ley. Desde nuestro punto de vista, no podía hacerse un gasto concreto en relación dicho préstamo mientras el Convenio con España no estuviera aprobado por la ley; pero, claro, distinta es la situación de las obras presupuestadas en la última Rendición de Cuentas para emprendimientos en el área de Salud Pública con cargo a este convenio, puesto que se trataba de algo a realizar en el momento en que estuvieran disponibles los recursos entre otras cosas, cuando dicho convenio se hubiera aprobado.

Aquí se trata de realizar una obra en este momento y, obviamente, no puede encararse sin contar con los recursos de este préstamo. Naturalmente, nuestro país no podía disponer de él en la medida en que no había sido aprobado legislativamente el referido convenio.

Por otro lado, queremos destacar que en la Comisión de Hacienda manifestamos nuestra preocupación por la envergadura y el costo de la reparación que se va a realizar. En ese sentido, solicitamos la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional, quien concurrió acompañado del señor Comandante de la Flota de Mar, Contralmirante Murialdo y varios oficiales de nuestra Armada, quienes nos brindaron su asesoramiento sobre este tema. En esa instancia, nos señalaron que actualmente el buque se encuentra en condiciones de difícil navegabilidad, que se llueve, que ya no podría realizar otros viajes de instrucción sin riesgo y que la adquisición de un nuevo buque de características similares supondría para el país una inversión de aproximadamente U$S 20:000.000. en ese sentido, las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional -particularmente en el ámbito de la Armada- consideran que si bien la reparación tienen un costo elevado, se ha logrado hacerla por el mínimo posible en tanto que otros presupuestos que se habían solicitado a diversos países, llegaban a U$S 9:000.000 y U$S 10:000.000. debemos destacar que se ha logrado un costo menor debido al interés demostrado por España en realizar este trabajo, ya que se trata de un buque construido en ese país y que va a ser separado en los astilleros en que fue construido hace 63 años. Asimismo, debemos tener en cuenta que se trata de un buque de características singulares, del que existen pocos ejemplares en el mundo.

Creemos que el Poder Ejecutivo no ignoraba la necesidad de reparar este buque desde hace tiempo si tenemos en cuenta las informaciones que se nos proporcionaron acerca de su estado actual; tanto que se nos informó que va a entrar al dique, y va a ser totalmente desguazado ya que prácticamente va a quedar en la quilla, a fin de poder realizar la reparación. A nuestro juicio, esto debió plantearse en oportunidad de remitirse el Mensaje de Rendición de Cuentas que el Parlamento consideró y aprobó el año pasado, tal como se hizo con las inversiones destinadas, al Ministerio de Salud Pública. Lamentablemente ello no ha ocurrido y se nos trae el hecho consumado de la reparación de este buque que ya está en el puerto español y, si no me equivoco, estaría prácticamente en condiciones de ingresar inmediatamente a dique.

En consecuencia, nuestro voto afirmativo debe entenderse en el sentido de habilitar una reparación que parece imprescindible teniendo en cuenta lo que yo llamaría el decoro del país. No olvidemos que, de alguna manera, se ha comprometido la dignidad del país en lo que hace a la reparación de este buque, en tanto el mismo ya se encuentra en puerto a tal efecto. Además, reitero, que este buque no puede continuar navegando en esas condiciones de seguridad. Como dije anteriormente, desde nuestro punto de vista -y respetando el de los demás colegas y sectores de este Cuerpo- por lo que hace al decoro del país, ahora no queda otro camino que el de aprobar este proyecto de ley.

En consecuencia, sin comodidad, daremos nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley por el Poder Ejecutivo a fin de que este buque sea reparado de inmediato.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Confieso que no pensaba que este proyecto de ley fuese a generar una polémica, pero ante el debate que se ha producido en Sala, quisiera dejar constancia de que nuestra bancada lo va a votar afirmativamente.

Pienso que al Poder Ejecutivo le sobran abogados para defender su posición, pero frente a lo que se ha señalado en cuanto a que se trata de un hecho consumado -y sin que esto signifique ningún tipo de alusión- debo decir que este proyecto de ley fue enviado al Parlamento el 30 de marzo próximo pasado. En consecuencia, no siento que voy a votar algo que está consumado, si tenemos en cuenta que hace más de dos meses que esta iniciativa está radicada en el Poder Legislativo.

Por otra parte, sí entendemos que los recursos con los que se maneja un país constituyen un todo real, pero también lo son los problemas que un país debe solucionar. ¡Vaya si hemos luchado por algunos de los temas que se han mencionado en Sala, tales como los relativos al Banco Hipotecario, a la salud, etcétera! De todas formas, entendemos que hay otro tipo de problemas que el Uruguay también debe solucionar. No podemos olvidar que el "Capitán Miranda" es el único buque escuela con que cuenta nuestro país y aquí no se trata de realizar una apología de nuestra Marina de guerra, sino de constatar la realidad de que somos un país marítimo. Creo que algún día nos vamos a tener que dar cuenta de que poseemos una riqueza impresionante en el mar, que debemos comenzar a defender. Evidentemente, esta tarea no puede realizarse si no se cuenta con una Marina entrenada para navegar.

Estoy de acuerdo con el señor Senador Cassina cuando hizo referencia al decoro nacional, pero yo hablo del decoro de nuestra enseña y de nuestra Marina que ha paseado nuestra bandera por todos los mares. Asimismo, me pregunto si vamos a suprimir la Escuela Naval o simplemente nos dedicamos a realizar entrenamiento en algún río interior.

El sólo planteamiento del tema, nos está indicando que de alguna forma debemos solucionar la reparación del único buque escuela que tenemos y que debe ser, además -me atrevo a decirlo- uno de los más longevos que navega en el planeta.

En consecuencia, respetando las posiciones que se han expuesto en Sala y sin considerar que nos vemos apremiados por un hecho consumado, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley porque tiende a resolver uno de los tantos problemas que tiene el país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

-17 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

"ARTÍCULO UNICO.- Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 6:000.000 (seis millones de dólares estadounidenses), con recursos provenientes de un préstamo concedido por el Gobierno del Reino de España para financiar la reparación del Buque de la Armada Nacional R.O.U. 20 "Capitán Miranda".

Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo de Préstamo realizado con el Gobierno del Reino de España.

Facúltase, a esos efectos a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente".

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que será comunicado a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud del señor Senador Gargano.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Gargano solicita autorización para realizar una manifestación de protesta por 15 minutos en la media hora final de la sesión del día de la fecha, relativa a una sanción aplicada por el Consejo de UTU a dos profesores".

-Léase.

(Se lee:).

"Montevideo, 15 de junio de 1993.

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

En aplicación del Art. 66, literal D, numeral 4, del Reglamento del Cuerpo, quisiera ocupar 15 minutos de la media hora final de la sesión ordinaria del día de la fecha, para efectuar una manifestación de protesta. La misma, se refiere a la, a nuestro juicio, injustificada sanción que aplicara el Consejo de U.T.U. a dos jóvenes profesores del departamento de Canelones.

Sin otro particular, saludo a Ud. con la atención de siempre.

Reinaldo Gargano. Senador".

-Se va a votar si se autoriza al señor Senador Gargano a realizar la referida manifestación por el lapso de 15 minutos durante la media hora final de la sesión.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud del señor Senador Bouzas.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Bouzas solicita autorización para realizar una exposición de 30 minutos en la sesión ordinaria del día 7 de julio del corriente año".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 15 de junio de 1993.

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente y de acuerdo al artículo 168 del Reglamento del Senado, solicito a usted se me conceda la autorización necesaria para realizar una exposición de treinta (30) minutos, en la sesión del miércoles 7 de julio, para referirme al tema: funcionamiento de la democracia dentro de la empresa y su relación con el desarrollo del sindicalismo.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atte.

Carlos Bouzas. Senador."

-Se va a votar si se autoriza al señor Senador Bouzas a realizar una exposición de 30 minutos sobre el tema referido durante la sesión del 7 de julio del corriente año.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Solicito que la Carpeta Nº 1451/89 sea extraída del archivo para su consideración en la Comisión de Educación y Cultura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se autoriza el retiro del Archivo de la Carpeta Nº 1451/89, para que pase a la Comisión de Educación y Cultura.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el segundo punto del orden del día: "Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venias para exonerar de sus cargos a varios funcionarios públicos".

El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace, es la hora 17 y 35 minutos)

(En sesión pública).

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 40 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste).- El Senado, en sesión secreta, concedió al Poder Ejecutivo venia para destituir a tres funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura y devolvió, a fin de complementar antecedentes, la solicitud de venia para destituir a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gargano para efectuar la exposición de 15 minutos, que ya fue votada.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: confieso que no es con agrado que voy a referirme al tema que he anunciado al hacer la solicitud que elevé a la Mesa. Se trata de una sanción impuesta por el Consejo de Educación Técnico Profesional a dos jóvenes profesores del departamento de Canelones, en el curso del mes de noviembre del año pasado y ratificada por una resolución de 27 de mayo del presente año.

Digo que no es con agrado que voy a hablar sobre este tema, porque creo que el Consejo de Educación Técnico Profesional no ha cometido un error de carácter jurídico o de hecho, sino que, a mi juicio, ha incurrido en un acto de persecución política clara y terminante.

Los hechos son los siguientes. Con fecha 12 de noviembre de 1992, por un acta Nº 121, el Consejo de Educación Técnico Profesional dispone la instrucción de un sumario administrativo con separación del cargo y retención total de haberes a los profesores Patricia Ferrari y Oscar Pessi. Estos docentes tienen 21 y 23 años de edad y una antigüedad de dos años y un año y medio en esa función.

La presunta falta es la realización de inscripciones electorales en un muro del Liceo Tomás Berreta de Canelones. De los expedientes judicial y administrativo, cuyas fotocopias tengo en mi poder, y que obraron conjuntamente para la adopción de la decisión por el Consejo de Educación Técnico Profesional, surge que la inscripción que realizaron, o a la que asistieron -porque hasta puede decirse que materialmente ellos no escribieron nada, sino que estuvieron presentes en el acto acompañando a otra persona que realizó la inscripción- no se hizo en una dependencia del Consejo, sino en un muro lateral del Museo Histórico de Canelones, dependiente de la Intendencia Municipal de ese departamento.

Los imputados, que nunca fueron detenidos, pero que fueron voluntariamente a la comisaría, luego de conversar con un funcionario policial, admitieron haber asistido a esa pintada y, como está probado y consta en el expediente, se encargaron personalmente de borrar la inscripción.

Posteriormente, se instruyó un presumario judicial y la Justicia, con fecha 6 de noviembre de 1992, no encontró -ni el Fiscal ni el Juez- mérito para instruir sumario alguno. Es decir que no sólo no hubo procesamiento por la comisión de un delito, sino que ni siquiera hubo una falta. La justicia mandó archivar los expedientes.

Los directores de los institutos docentes donde estos profesores dictan clases manifestaron la absoluta corrección de procederes de ambos docentes, señalando que jamás faltaron a sus deberes de laicidad, que tienen las mejores calificaciones y que son de una asiduidad encomiable en el cumplimiento de sus funciones. Pese a ello, el Consejo de Educación Técnico Profesional, con una rigurosidad digna de mejor causa, los separa del cargo y les retiene la totalidad de sus haberes. Esto ocurrió una semana después de que la Justicia no encontró mérito ni siquiera para imputarles una falta; los trató, inclusive, sin que haya la menor prueba fehaciente de ello, como responsables de haber cometido un delito o una falta grave, porque este tipo de sanción que se adopta cuando se instruye un sumario administrativo, sólo corresponde en esos casos.

El 27 de mayo, en una votación que afortunadamente no fue unánime, el Consejo de Educación Técnico Profesional ratificó la decisión. La Consejera Fanny Aarón votó en contra de esta resolución, diciendo que a mayor abundamiento no había mérito para aplicar ninguna sanción y que había que levantar la que se había impuesto debido a que el asunto había sido sobreseído por la Justicia Penal.

Quiero hacer varias reflexiones sobre este hecho inédito. En primer lugar, la Justicia, informada por la Policía archiva el expediente el 6 de noviembre; en segundo término, el CODICEN remite los antecedentes al Consejo de Educación Técnico Profesional y éste, en tercer lugar, sin más antecedentes y sobre la base exclusivamente del parte policial, resuelve instruir un sumario, con separación del cargo y retención total de los haberes. En cuarto término, esto lo hace una semana después de que la Justicia decretara que no había mérito siquiera para imputarles la comisión de una falta. En quinto lugar, actúa persiguiendo un hecho -y esto es lo más grave- que no se comete en el edificio donde se presta la función docente, ni sobre bienes de pertenencia del CODICEN. En sexto término, no sólo sigue adelante con los procedimientos administrativos, en posesión de los antecedentes judiciales que prueban que las inscripciones fueron hechas en los muros de propiedad de la Intendencia Municipal de Canelones y no en los locales del CODICEN, sino que termina aprobando una sanción de enorme gravedad. En séptimo lugar, el Consejo de Educación Técnico Profesional comete una gravísima ilegalidad, porque persigue un hecho que la Justicia considera que no da mérito a que se considere una falta, acaecido fuera de las horas de clase, del recinto educacional y de los predios del CODICEN; persigue, en realidad, un acto de propaganda electoral, que no fue ni siquiera partidaria, que los sancionados realizaron en su condición de ciudadanos. Creo que ni siquiera puede hablase de un acto proselitista, porque lo que se hizo fue una simple manifestación de libre expresión de la voluntad, derecho constitucional que pueden y deben ejercer todos los ciudadanos frente a un hecho de carácter electoral como fue la convocatoria que se hizo para que el 5 de julio concurrieran a manifestar su deseo de que hubiera un referéndum. Entiendo que el Consejo de Educación Técnico Profesional no sólo ha exorbitado sus funciones, sino que lo ha hecho además con pleno conocimiento de todos los antecedentes y con un debate esclarecedor en el mismo Consejo, en el que una señora consejera advierte de sus fundamentos para no acompañar esta grave sanción. En octavo término, los artículos 171 y 186, del Decreto 500 de 1991, exige la existencia de irregularidad, omisión, delito o falta grave para la instrucción de un sumario administrativo de esta naturaleza. Ninguno de estos extremos se ha probado e igualmente se ha aplicado una sanción con suspensión y retención total de los haberes, que sólo corresponde en los casos mencionados.

Pienso que no conviene resignarse a admitir que la decisión del Consejo de Educación Técnico Profesional de 27 de mayo sea totalmente producto de un error de Derecho o de hecho, dado los claros antecedentes y alegatos de los sumariados y de la Consejera Fanny Aarón que demostraron concluyentemente que no correspondía sanción alguna. Tenemos la convicción moral de que en el caso se trata, específicamente, de un acto de persecución política incompatible con las normas que rigen en un Estado de Derecho. Advierto, también, que este mismo Consejo fue el que demoró un año -ello está documentado en el Senado- en contestar un pedido de informes sobre la provisión de las horas de clase en 1992; tal pedido fue enviado en 1992 y respondido en febrero de 1993. Tiene mucho más rapidez para resolver sobre la responsabilidad de docentes que pertenecen a su plantilla de profesores -que han hecho una inscripción electoral en un muro propiedad de la Intendencia Municipal de Canelones- y a quienes empeñosamente quiere castigar, sancionándolos finalmente.

Estimo que éste no es un hecho aislado. En otros ámbitos del CODICEN -de los cuales nos vamos a ocupar- se han dado decisiones de intolerancia filosófica y política.

Quiero señalar simplemente que en ejercicio de nuestras funciones vamos a seguir observando y denunciando estos hechos con el objetivo de defender la laicidad de nuestra enseñanza, que es violada gravísimamente por estas resoluciones, al igual que los valores fundamentales de nuestro sistema democrático.

Solicito que la versión taquigráfica de la exposición que he realizado sea remitida al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN, al Consejo de Educación Técnico Profesional y a la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria y de la Universidad del Trabajo del Uruguay.

SEÑOR OLASCOAGA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR OLASCOAGA.- Quiero solicitar al señor Senador Gargano que precise cuál fue el texto de la inscripción en el muro y, al mismo tiempo, pido excusas si ya lo ha mencionado y no lo escuché.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Puedo buscarlo en el expediente, pero el texto de la inscripción me parece absolutamente irrelevante. En la parte policial, el texto que figura es: "5/7 de este año vote contra lo que se queja", es decir vote contra aquello de lo que se queja. Eso es lo que se quiso significar con dicha frase. Supongo que esa fue la inscripción que el señor policía vio escrita en la pared. Se trataría de una gravísima imputación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Olascoaga.

SEÑOR OLASCOAGA.- Agradezco al señor Senador la referencia al texto y señalo que tengo una pequeña controversia con él. ¡Si habrá sido relevante su conocimiento que motivó a través del murmullo la intervención de varios señores senadores!

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Gargano para que la versión taquigráfica de sus palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN, al Consejo de Educación Técnico Profesional y a la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria y de la Universidad del Trabajo del Uruguay.

(Se vota:)

-24 en 25.- Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- En nombre de la Comisión de Constitución y Legislación quisiera solicitar la rectificación de un trámite. Hay dos proyectos que se han remitido con algunos días de diferencia a la citada Comisión. Uno de ellos, firmado por los señores Senadores Zumarán, Korzeniak y otros, está vinculado a lo que se suele denominar la reforma del Estado. Para éste, se dispuso un trámite que fue el estudio por parte de la Comisión de Constitución y Legislación. Días más tarde, ingresó a esta Comisión otro proyecto firmado por los senadores del Foro Batllista y de la Cruzada 94 sobre el mismo tema y para él se indicó como trámite el análisis por parte de la Comisión de Constitución y Legislación integrada con Hacienda.

En la sesión de la Comisión celebrada esta tarde todos pensamos que ambos proyectos debían seguir el mismo trámite y en ese sentido formulamos moción, aunque no nos pronunciamos sobre cuál es la iniciativa que debe primar.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia pregunta si los señores senadores recuerdan cómo se integró la Comisión que consideró la Ley de Empresas Públicas.

SEÑOR RICALDONI.- Fue la Comisión de Constitución y Legislación integrada con Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, los proyectos serán estidiados por la comisión de Constitución y Legislación integrada con Hacienda.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Quiero hacer referencia a la sesión de mañana. Tuvimos información de que, en principio, no habría asuntos en el orden del día, pero hoy se ha dado cuenta de que la Comisión de Defensa Nacional procedió a informar algunas solicitudes de venia para otorgar ascensos a nivel de oficiales de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, solicitamos que en la sesión de mañana se consideren las venias que oportunamente fueron informadas por la Comisión de Defensa Nacional.

Teniendo en cuenta que en el día de mañana se hará un homenaje al señor Wilson Ferreira Aldunate en ocasión de presentarse un libro que contiene su actuación parlamentaria y varios de sus escritos proponemos que la sesión del Senado comience a las 17 hora y que no haya hora previa, a los efectos de poder considerar las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo. Formulamos moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia apoya la moción del señor Senador Santoro porque, además del acto de presentación de la obra en homenaje al señor Wilson Ferreira Aldunate, a las 16 horas sesionará la Comisión Administrativa, que va a tratar algunos asuntos que es imposible postergar. Por consiguiente, pensamos que es correcto sesionar a partir de las 17 horas y que se suprima la hora previa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Santoro.

(Se vota:)

-16 en 24. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 17 y 56 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Alonso, Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Arana, Astori, Belvisi, Blanco, Bouza, Bouzas, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Elso Goñi, Gargano, Irurtia, Olascoaga, Pereyra, Pérez, Ricaldoni, Santoro, Urioste y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.